Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

Antofagasta, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, domiciliados en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección a favor nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Antofagasta; en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, persona jurídica, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, solicitando que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundó su acción constitucional, en los descuentos sufridos en su remuneración, provocándole una privación y perturbación en su derecho de propiedad.

Señaló que, desde el año 2006, contrajo un crédito social con la recurrida, cayendo en mora en el año 2007, debido a que fue despedido de su trabajo.

Luego en el año 2007 hasta el mes de enero de 2024 La Caja de Compensación no interpuso ninguna acción judicial de cobro, como tampoco efectuó descuentos en su remuneración a pesar de haber tenido diversos empleadores durante dicho tiempo, a saber, 17 años.

Añade que el recurrente en el año 2007, pactó con la recurrida un mutuo de dinero, denominado “crédito social”, el cual fue estipulado en 48 cuotas, venciendo la primera de ellas, el 31 de julio de 2007 y la última el 30 de junio del año 2011, cuyos pagos se realizarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Sin perjuicio de lo anterior, el actor, tomó conocimiento en el año 2024, que la suma de $67.125, fue descontada en su remuneración por la recurrida, es decir, después de 17 años, y sin previo aviso, fue privado de parte de su remuneración sin posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa, lo que corresponde a un actuar antojadizo de la Caja La Araucana, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho consagrado en la Ley antes citada que le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

En consecuencia, mencionan que el descuento realizado por C.C.A.F., La Araucana, en su remuneración, es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad, pues, alega no haber sido informado por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos por concepto de la deuda que mantenía con la recurrida, haciendo alusión al tiempo transcurrido, considerando que operó un cobro inoportuno.

Solicitando en definitiva acoger en todas sus partes el recurso, y declarar arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de establecer el imperio del derecho lo siguiente:

1.- Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones.

2.- Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S Ilustrísima mejor estime.

3.- Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la recurrida, solicitó el rechazo del recurso por falta de oportunidad de la acción constitucional impetrada por don nombre reservado, por los siguientes argumentos:

Señaló que con fecha 22 de junio de 2007 el señor nombre reservado, solicitó un crédito por la suma de $1.603.911, pagadero en 48 cuotas de $67.125, operación registrada bajo el folio 043-0000091743. Añade que en los meses de enero y febrero de 2024, se descontó del deudor la suma total de $134.250, lo cual corresponde en primer término a lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 18.833 que expresa: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil”.

Luego, a lo prescrito en el artículo 22 de la citada Ley indica: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, de las normas transcritas, se desprende que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, adicionando que la recurrida no ha hecho sino disponer el cobro de una obligación mediante el mecanismo establecido en la normativa aplicable, por lo que no se podría estar ante una actuación arbitraria ni menos ilegal.

A mayor abundamiento, menciona que la Superintendencia de Seguridad Social en su Dictamen N°2659-2020 de 12 de agosto de 2020, dispone en su inciso final lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”.

Conforme a lo antes señalado, solicitan el rechazo de la accióń de proteccióń incoada por cuanto ha perdido oportunidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en efectuar descuentos improcedentes en su remuneración provenientes de créditos sociales cuya acción de cobro se encontraría prescrito.

SEXTO: Que es un hecho no controvertido que la Caja La Araucana efectuó descuentos de la remuneración del actor. Ello, a raíz de una obligación existente entre las partes, en virtud de un crédito social otorgado por la recurrida al actor, el día 22 de junio del año 2007, por la suma de $1.996.890, pagadero en 48 cuotas, cada una de ellas, por la cantidad $67.125.- SÉPTIMO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama consiste en el descuento realizado en sus remuneraciones a contar del mes de febrero del año 2024, en relación con un crédito del año 2007.

OCTAVO: Que, tal como se ha venido resolviendo, esta Corte de Apelaciones comparte los fundamentos expuestos en causa Rol 41.479-2017 de 29 diciembre de 2017 de la Excelentísima Corte Suprema: “Cuarto: Que en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación siempre que se trate de un cobro oportuno, pero que de este modo ha forzado unilateralmente, garantía de pago improcedente considerando que durante aquellos diez años dio claras señales de desinterés en perseguir su solución, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios. Quinto: Que en efecto, las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, se encuentran vinculadas a la Constitución, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella, entre las que se encuentra el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, esto es, que la función que ejercen debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo, encontrándose obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones a la afectada, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa de la trabajadora de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que la actuación denunciada afectó la esencia de las garantías previstas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Carta Política. Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde ser declarado y otorgar amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas y esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente, en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo.”

NOVENO: Que las cuestiones centrales planteadas en el fallo citado en el motivo anterior son aplicables a este caso. Así, después de casi diecisiete años de que las obligaciones se hicieron exigibles, la recurrida de manera unilateral, inconsulta e ilegal procede a descontar de las remuneraciones del recurrente las cuotas impagas, haciendo valer un contrato preexistente.

De esta manera, se ha configurado la arbitrariedad e ilegalidad reclamada al vulnerar los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política, por ende, es procedente el cese y restitución de los descuentos efectuados en las remuneraciones del actor.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, SIN COSTAS, el recurso de Protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, actuando en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ordenando el cese inmediato de los descuentos en las remuneraciones del actor, y la restitución de los montos descontados y no restituidos a esta fecha.

Regístrese y comuníquese.

Rol 271-2024 (PROT)