nombre reservado con CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA

Antofagasta, diecinueve de abril dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Mauricio Olivares González, abogado, quien en favor de la nombre reservado, Rol único Tributario N° 65.157.609-1, representada legalmente por su presidente, don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, dedujo acción de protección en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), acusando irregularidades en el procedimiento para obtener la personalidad jurídica, solicitando se concluya el procedimiento administrativo de constitución de la nombre reservado sin observaciones, dictando la resolución administrativa que así lo determine y se ordene el Registro definitivo y no provisorio de la mencionada Comunidad en el Registro Público de Comunidades y Asociaciones Indígenas que lleva CONADI, sin más trámite, todo lo anterior en el más breve plazo, con costas del recurso.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar se fundó en irregularidades en el procedimiento administrativo para obtener la personalidad jurídica de la nombre reservado.

Cuenta que mediante la solicitud de fecha 13 de septiembre del año 2023, se procedió al depósito y entrega del acta constitutiva, estatutos y demás documentos de la nombre reservado, a la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, otorgándose al efecto el respectivo comprobante de inicio de trámite. En este sentido el órgano público recurrido tiene un plazo legal de 30 días contados desde la fecha del depósito de los documentos respectivos en alguna de sus Direcciones, Subdirecciones u Oficinas para formular observaciones a la constitución de una comunidad o asociación indígena, cuestión que en el caso no ocurrió.

Luego, recién con fecha 30 de noviembre de 2023 se formulan y se le entregan las observaciones que la recurrida determinó a su proceso de constitución, encontrándose a esa fecha el plazo vencido.

Así las cosas, con fecha 05 de febrero del año 2024, presentó una carta dirigida a la Jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas, San Pedro de Atacama, con la finalidad de dar cuenta de la situación antes indicada, solicitándole que, dado que las observaciones fueron formuladas de manera extemporánea, debía jurídicamente entenderse que las mismas no fueron debidamente formuladas, debiendo consecuencialmente darse por terminado el procedimiento legal y administrativo de constitución de la nombre reservado, sin observaciones.

Dice que sin perjuicio de aquello, conforme lo establece la Ley, por el sólo hecho del depósito de los estatutos, la nombre reservado respectiva goza de personalidad jurídica por el sólo ministerio de la ley y en consecuencia debe inmediatamente ser inscrita en el Registro Público de Comunidades y Asociaciones Indígenas que el órgano público recurrido mantiene al efecto, otorgándose el certificado de vigencia.

Lo que no ha ocurrido, ya que sólo se han proporcionado, certificados de personalidad jurídica provisorios.

Añade que ante la nula respuesta por parte de la Oficina de Asuntos Indígenas San Pedro de Atacama, tanto en lo que dice relación con la omisión y falta de respuesta a la carta presentada con fecha 05 de febrero de 2024 y ante la infracción a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.253, la Directiva de la Comunidad decidió recurrir al superior jerárquico respectivo, esto es, la Subdirección Nacional Norte de CONADI con sede en la ciudad de Iquique. Dicha Subdirección contestó vía correo electrónico, con fecha 27 de febrero de 2024, que se le había requerido informe sobre las irregularidades antes referidas a la Oficina de Asuntos Indígenas San Pedro de Atacama, sin que a esta fecha se hubiere dado una respuesta formal a aquello y mucho menos se hubiere dictado acto administrativo alguno, configurándose al efecto una acción y omisión arbitraria e ilegal.

Finalmente, con fecha 05 de marzo del año en curso, el Presidente de la Comunidad, insiste por una respuesta formal y solución definitiva a la problemática que le afecta a la Comunidad ante la Subdirección Nacional Norte de CONADI, órgano público que se limitó a responder vía correo electrónico de fecha 13 del mismo mes y año, que aún se encontraban a la espera del informe que debía evacuar la Jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas San Pedro de Atacama.

Expone que los hechos antes relatados, han provocado serios inconvenientes al normal desarrollo de la comunidad, entre otros, el que el Banco Estado no reconoce la personalidad jurídica provisoria, por lo que no ha permitido la apertura de cuenta corriente; así como que los organismos públicos y privados no los reconocen como comunidad, todo por las acciones y omisiones de la recurrida, las que obedecen a un mero capricho, apartándose de texto legal expreso, pues, han extendido plazos que orientan la actuación de los órganos de la administración.

Alegando como conculcados las garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 2, 15 y 24 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida el abogado Nik Torres San Martín, solicitando el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Como cuestión previa alegó la extemporaneidad del recurso, puesto que la recurrente envió una carta el 05 de enero del presente, en la que solicitó tener por formuladas determinadas observaciones, tomando en consecuencia, conocimiento desde esa fecha del arbitrio que reclama en esta sede, por lo tanto a la fecha de interposición de la acción cautelar ya había transcurrido con creces el plazo contemplado para estos efectos.

Luego, sostiene que es efectivo que se establece un plazo de 30 días para realizar observaciones a la solicitud de constitución de la comunidad, sin perjuicio de ello, hace presente que tiempo después de su primera presentación, el recurrente envió una segunda carta, de fecha 30 de septiembre de 2023, solicitando el reingreso de sus documentos con el fin de incorporar en antecedentes a la Tesorera electa, doña nombre reservado, así como a la Segunda Consejera, doña nombre reservado, agregando que dicha elección fue aprobada en asamblea ordinaria el 29 de septiembre de 2023, con la asistencia de 15 socios, en la cual firman nombre reservado (presidente), Mariló nombre reservado (secretaria), nombre reservado (tesorera), nombre reservado (1° consejero) y nombre reservado (2° consejero), con timbre de la comunidad, carta que no menciona el recurrente en su recurso, omisión conveniente para sostener una postura que no se ajusta a la real tramitación de la solicitud administrativa en comento.

Sostiene que en la oficina existe un libro de registro de comunidades indígenas en que precisamente aparece consignada la recurrente. Dice, que sólo faltó para efectos de tramitación el traspaso oportuno a la plataforma correspondiente. Además, efectivamente se han otorgado certificados provisorios, lo que no es irregular. En efecto, consta certificado manual otorgado, timbrado por la CONADI, ello por cuanto no se pueden descargar automáticamente de la plataforma digital creada para tales efectos, por encontrarse en revisión, siendo la misma plataforma la que arroja un estado de “provisorio”, de forma automática al ingresarla, sin permitir la emisión del certificado digitalizado, por lo que con el objeto de subsanar dicha situación y entregar a los solicitantes un certificado que acredite su personalidad jurídica, se otorgan o proporcionan de forma manual.

Por otra parte, señala el recurrente que el certificado provisorio le ha acarreado inconvenientes al normal desarrollo de su comunidad en bancos, organismos públicos y privados, en los cuales no le reconocen dicho certificado. En este aspecto hace presente que es primera vez que les señalan de comunidades y asociaciones en vías de constituirse, que tienen dicho inconveniente; en segundo lugar, en el mismo recurso se señala un RUT de la comunidad, N° 65.157.609-1, el cual corresponde a la comunidad como contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, lo cual viene a demostrar que no son del todo ciertos los inconvenientes con los órganos públicos que no lo reconocen como tal. Controvirtiendo tales hechos.

Finalmente, indica que el término de 30 días, no tiene el carácter de fatal para la Administración, incluso pudiendo extenderse hasta 06 meses. En consecuencia, el cumplimiento del plazo a que alude el recurrente en ningún caso acarrea como consecuencia la constitución de la Comunidad que solicita, por el sólo ministerio de la ley, toda vez que la normativa aplicable no se señala expresamente dicho efecto.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en mérito de los antecedentes expuestos, lo que la recurrente pretende por esta vía cautelar es que el servicio recurrido, disponga la conclusión del procedimiento administrativo de constitución de la nombre reservado sin observaciones, y se dicte la resolución administrativa que así lo determine ordenándole el Registro definitivo y no provisorio de la mencionada Comunidad en el Registro Público de Comunidades y Asociaciones Indígenas que lleva CONADI, sin más trámite.

SEXTO: Que previo a fijar el marco normativo que resulta aplicable, necesario es hacerse cargo de la alegación planteada por el Servicio recurrido, en cuanto a los presupuestos facticos tendientes a demostrar que el presente recurso, fue deducido de manera extemporánea.

Así, el elemento fundante lo es, una carta de fecha 05 de enero de 2024, mediante la cual, la nombre reservado a través de su presidente, formuló determinadas observaciones.

De la simple lectura de la misiva, aparece que la acción cautelar no se limita a las circunstancias en ella planteadas, puesto que en la especie, se abarca situaciones que se encuentran la margen de ella, y que siguiendo la línea argumentativa planteada, abordan diversas irregularidades que se han presentado en la tramitación de un determinado procedimiento administrativo, siendo precisamente la alegación principal que éste aún no ha fenecido, lo que permite establecer que los efectos del mismo se han prolongado en el tiempo, debiendo en consecuencia rechazarse la alegación planteada según se expondrá en lo resolutivo del presente fallo.

SÉPTIMO: Que luego, resulta pertinente anotar las disposiciones contempladas en la Ley N°19.253.

El artículo 11 dispone que “La Corporación no podrá negar el registro de una nombre reservado. Sin embargo, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha del depósito de los documentos, podrá objetar la constitución de la nombre reservado si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley y el reglamento señalan para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado por carta certificada al presidente del directorio de la respectiva nombre reservado”.

Por su parte, el artículo 10 inciso 4, prescribe que “La nombre reservado gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de realizar el depósito del acta constitutiva. Cualquier persona que tenga interés en ello podrá solicitar a la Corporación el otorgamiento de un certificado en el que conste esta circunstancia”.

El artículo 5° de la Resolución Exenta N° 287, de 29 de marzo de 2005, específicamente en el inciso 2° cuando señala que “las inscripciones se practicarán en dos libros de Registro de Inscripciones, uno para las comunidades indígenas y otro para las asociaciones indígenas, que se llevarán foliados …”

OCTAVO: Que de las normas transcritas, no cabe duda que la nombre reservado goza de personalidad jurídica por el solo hecho de realizar el depósito del acta constitutiva, lo que así ocurrió en la especie y por lo demás ha sido reconocido por el Servicio recurrido.

Ahora bien, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha del depósito de los documentos, el Servicio recurrida podrá objetar la constitución de la nombre reservado si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley y el reglamento señalan para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado por carta certificada al presidente del directorio de la respectiva nombre reservado.

Ello reviste especial relevancia, desde que pese a certificarse el hecho de contar con personalidad jurídica, de todas formas queda a salvo un plazo para que el Servicio recurrido pueda formular observaciones, lo que efectivamente se hizo, pero transcurrido los treinta días contemplados en la Ley, no avizorando perjuicios en relación a este efecto, pues, no parece cierto que producto de acciones u omisiones desplegadas por la recurrida, la comunidad no sea reconocida por instituciones bancarias, o instituciones públicas o privadas, ya que, precisamente al singularizarse y conforme consta de la los documentos incorporados, cuenta con Rol único Tributario, que permite una adecuada identificación y por ende, reconocimiento por parte de diversas entidades.

NOVENO: Que siguiendo la línea argumentativa señalada, parece ser, que lo realmente pretendido por la comunidad recurrente, es obtener, pese a las observaciones realizadas por el servicio público recurrido- que ciertamente han sido realizadas fuera de plazo y podrán tener el reproche administrativo que corresponda- obtener por esta vía de urgencia, la conclusión de un procedimiento administrativo de la constitución y se obligue a la recurrida dicte la resolución administrativa que así lo determine ordenándole el Registro definitivo y no provisorio de la mencionada Comunidad en el Registro Público de Comunidades y Asociaciones Indígenas que lleva CONADI, sin más trámite.

Ello importaría la ineficacia de aquella norma que precisamente dispone, se realicen observaciones, desde que bastaría con el depósito ya anotado para entender constituida por el sólo ministerio de la Ley la comunidad que singulariza sin ser necesarias las observaciones que se puedan realizar, desnaturalizando desde luego, el propósito del legislador.

DÉCIMO: Que despejado lo anterior, es necesario anotar que salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella, de manera que si bien el organismo público debe hacer expeditos los trámites respectivos, el principio de celeridad lo ha de llevar tan sólo a tender o a instar por la pronta terminación del procedimiento administrativo, sin que pueda estimarse razonablemente que esa circunstancia le ha de compeler, con carácter definitivo, a concluir tales procesos sólo y únicamente en los perentorios términos fijados por el legislador. El esfuerzo hacia el que ha de propender el órgano público en esta materia no puede vincularlo de tal manera, que el incumplimiento de estos plazos transforme en fútil su esfuerzo fiscalizador. En efecto, un mínimo equilibrio entre sus distintos deberes lleva necesariamente a una conclusión como ésta, pues de lo contrario se habría de convenir en que la fiscalización y los derechos e intereses del Estado y de los administrados habrían de ceder y quedar subordinados a la celeridad, conclusión irracional que no puede ser admitida.

Lo descrito no resulta baladí para los efectos del recurso, puesto que, finalmente lo que se pretende, es concluir un procedimiento administrativo, omitiendo cualquier tipo de observación que se pueda realizar, ello justificado en el sólo hecho de ser las mismas extemporáneas.

DÉCIMO PRIMERO: Que entonces, no cabe atribuir a la recurrida acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías Constitucionales alegadas, debiendo rechazarse el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

-SE RECHAZA la extemporaneidad alegada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

-SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Mauricio Olivares González en favor de la nombre reservado en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud de los principios de eficiencia, impulsión de oficio y de celeridad, previstos en los artículos 3° y 8° de la ley N° 18.575, y 7° de la ley N° 19.880, se insta a la autoridad recurrida disponer las gestiones conducentes para la pronta conclusión del citado sumario administrativo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 270-2024 (PROT)