nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Javier Mandaleris Jara, en representación de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente basa su acción cautelar en que el 28 de abril de 2016 obtuvo de la recurrida un crédito por la suma de $10.456.626, pagadero en 53 cuotas de $361.728, de las cuales solo pagó 5 cuotas, no pudiendo pagar el resto por razones de distinta índole.

Al momento de solicitar el crédito, suscribió el pagaré que en una de sus cláusulas mandata a su empleador de la época e incluso a empleadores futuros para realizar los descuentos de sus emolumentos respecto de las cuotas del mutuo, lo anterior, conforme al artículo 58 del Código del Trabajo.

En la actualidad presta servicios para otra empresa, y en atención a su incumplimiento su acreedora y recurrida decidió presentar demanda ejecutiva, como consta en causa Rol 4119-2017 del Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, instancia en que se intentó notificar la demanda el 18 de noviembre de 2017, sin éxito, ya que el domicilio consignado no correspondía. Finalmente, la causa se archivó el 24 de diciembre de 2018 por no existir gestiones en ella.

Sin perjuicio de lo señalado, en marzo de los corrientes, comenzó a prestar servicios para la empresa Geoblast S.A, descontándole su empleador en junio del mismo año la suma de $639.350, debido al crédito adeudado. Dicha actuación obedece al mero capricho de la recurrida, puesto que no consta con su autorización para haberle descontado una cantidad equivalente al 33% de sus emolumentos, vulnerando el artículo 58 del Código del Trabajo. Por su parte, para el cobro que se pretende por la recurrida se debe establecer una fórmula que le otorgue un nivel de comodidad al trabajador, ya que no es una deuda morosa, considerando que el legislador ha establecido mecanismos para su cobro, especialmente el juicio ejecutivo, como ha ocurrido en la especie, en donde hace más de un año y medio la recurrida no ha realizado ninguna gestión tendiente a cobrar su crédito.

Luego, cita un fallo de la Excelentísima Corte Suprema (Rol 41.459-2017), solicitando en definitiva acoger su acción, declarando que el cobro pretendido por la Caja de Compensación Los Andes, es arbitrario e ilegal, infringiendo el artículo 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley 18.833, conculcando sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24 respectivamente, y ordenar oficiar a su actual empleador para que se abstenga de efectuar descuentos en sus remuneraciones, se le restituya la suma de $639.350 correspondiente al descuento ya realizado, además de todos los que se practiquen durante la tramitación del presente recurso, con costas.

SEGUNDO:

Que informó Matías Amigo García en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del presente arbitrio, en virtud de los siguientes antecedentes:

Conviene que en la fecha señalada por el recurrente se le otorgó un crédito por un capital inicial de $10.456.626, con una tasa de interés del 1,89%, pagadero en 53 cuotas de $361.728, de las cuales, solo se pagaron 5 cuotas entre julio y octubre de 2016. Luego, el 10 de julio del año en curso, se recibió la suma de $639.350, valor que se registró y contabilizó como cuota N° 6 por la suma de $360.345, intereses por mora $212.716, y abono de la cuota N°7 por $66.289.

Precisa que en la actualidad el crédito se encuentra moroso respecto de las cuotas N° 7 a 37, y aquellas próximas a vencer hasta octubre de 2020. En consecuencia, el mutuo se encuentra plenamente vigente y es actualmente exigible, siendo absolutamente procedente su cobro en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.883.

Refiere que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación tienen carácter de social, conforme a lo dispuesto en la ley citada y dada la naturaleza de las mentadas instituciones el legislador ha considerado necesario establecer garantías para su cobro, en este sentido, el artículo 22 de la ley dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.” En este orden de ideas, el hecho de haberse entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré no obsta al descuento para el pago de las cuotas adeudadas, atendió el carácter imperativo de la norma transcrita.

Ilustra que el recurrente yerra al sostener que el tope de los descuentos es de un 15%, ya que el artículo 58 del Código del Trabajo se refiere a descuentos de carácter facultativos, los que requieren acuerdo escrito entre trabajador y empleador, cuestión que ha sido recogida en Dictamen Ordinario N° 3741/036 de la Dirección del Trabajo. Por su parte, ha sido la Superintendencia de Seguridad Social a través de su circular N°2.052 (punto 10.2 inciso primero) quien ha establecido que: “la cuota mensual de los créditos otorgados por una Caja de Asignación Familiar no podrá exceder el 25% de la remuneración liquida mensual del trabajador.”

Precisa que por un error del sistema de emplanillado se informó al empleador del recurrente un descuento superior a dicho porcentaje, generándose un pago en exceso de $277.622, suma que se encuentra a disposición para el retiro del actor en las cajas pagadoras de las sucursales a lo largo del país, enmendándose el error a contar del descuento del mes de septiembre del año en curso, puesto que las planillas son enviadas a los empleadores los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivo los descuentos.

Hace presente que todo pago en exceso que se generé en el intertanto será restituido al recurrente.

Finalmente, sostiene que no existe afectación de las garantías constitucionales reclamadas, citando jurisprudencia en la materia.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, de los antecedentes acompañados al presente recurso, se colige que el recurrente se constituyó en deudor de la Caja de Compensación requerida, mediante la suscripción del pagaré N°03.RUT reservado suscrito y autorizado por ministro de fe el 28 de abril de 2016, comprometiéndose a pagar el crédito otorgado a través de descuentos en sus emolumentos, conforme a las normas que regulan la procedencia y forma de los pagos a las Cajas de Compensación, a saber, el artículo 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley 18.833, otorgando mandato para que su empleador o los futuros, descuenten las cuotas del crédito y luego la enteren a la institución acreedora.

SEXTO: Que, la actuación de la recurrida se realizó conforme a la normativa que rige la materia, puesto que corresponde a un crédito otorgado por la entidad recurrida, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, el cual fue otorgado en conformidad a la Ley 18.883, específicamente según lo establecido en los artículos 21 y 22 de dicho cuerpo normativo. En consecuencia, no se divisa un acto arbitrario y/o ilegal de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al solicitar el descuento de las cuotas morosas del mutuo, mediante el descuento por planilla efectuado mensualmente de la remuneración del recurrente. Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida por un error de emplanillado en el mes de junio de los corrientes instruyó un descuento mayor al porcentaje legal, equivocación que ha subsanado a partir del mes de septiembre del año en curso, poniendo a disposición del trabajador las sumas descontadas en exceso los periodos anteriores.

SÉPTIMO: Que, la existencia de una demanda ejecutiva no desvirtúa lo razonado, puesto que ni siquiera se encuentra notificada, y por lo tanto no existe un litigio pendiente entre las partes. A mayor abundamiento, tampoco ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción de cobro del crédito, ya que tal como lo reconocen ambas partes, la operación crediticia data del año 2016 y el descuento que se impugna mediante la presente acción se realizó en junio del año en curso.

OCTAVO: Que, en virtud de lo indicado en las consideraciones precedentes, no se divisa por parte de la recurrida una actuación que pueda ser calificada como ilegal o arbitraria, y en consecuencia la acción cautelar intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección interpuesto por Javier Mandaleris Jara, en representación de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2697-2019 (PROT)

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