nombre reservado con ADT SECURITY SERVICES S.A.

Antofagasta, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, en representación de nombre reservado, jubilado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, ambos de la ciudad de Calama, quien interpone recurso de protección en contra de ADT SECURITY SERVICES S.A, con domicilio en domicilio reservado, por su actuar ilegal y arbitrario.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda su recurso en que don nombre reservado fue cliente de la recurrida, en virtud del contrato N° 1022088 de fecha 10 de septiembre de 2014 y de la orden de trabajo N°1022088.

El 5 de septiembre del año 2017, fue incorporada la renuncia al sistema del recurrente, la que fue enviada vía correo certificado N°1135379, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la recurrida, en cuanto a fecha de presentación y pago de los servicios correspondientes a los meses de septiembre y octubre, es decir, 60 días adicionales contados desde la fecha de presentación de la misma. Lo anterior fue verificado y aprobado por personal del área de atención al cliente de la casa matriz de la recurrida, el 20 de marzo del presente. Asimismo, fue emitido un informe de deudas, dado que habría sido ingresado a DICOM por una deuda que luego se verifico como no efectiva. La ejecutiva se comprometió a eliminar las boletas cobradas erróneamente, y además coordinar el retiro de los equipos de la propiedad.

Sin embargo, se siguen recibiendo boletas electrónicas de cobros que no corresponden, toda vez que ya la relación comercial se encuentra finalizada. Además, recibe constantes llamados de cobranza por las deudas y se le informó que fue ingresado a DICOM en dos oportunidades, el 23 de julio por un monto de $41.260 y el 30 de agosto del presente por $41.319, pesar de que en marzo se entregó informe DICOM en el cual se informaba que no mantenía deuda.

Señala que el actuar de la recurrida vulnera la garantía fundamental contemplada en el N°1 inciso 1° del artículo 19 de la Constitución, referente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. En la especie las conductas reiteradas en el tiempo por parte de la recurrida, de pretender el cobro, por medio del hostigamiento y publicación en el boletín de DICOM, de una obligación inexistente, afecta la integridad psíquica y moral del actor.

En segundo lugar, la recurrida ha afectado la garantía establecida el Nº4 del mismo artículo de la norma en comento, en relación al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, debido a los requerimientos de cobro y la publicación en el boletín comercial DICOM, que continúa hasta la fecha. Lo anterior, unido a la desidia de sus funcionarios para solucionar la situación en las reiteradas ocasiones en que se solicitó.

Hace presente que el cobro extrajudicial por la vía telefónica, al menos desde el mes de octubre de 2017 hasta la fecha, constituye el ejercicio abusivo de una facultad, puesto que si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticia al deudor de su morosidad, esto se logra con una comunicación, pero la reiteración resulta desproporcionada e intimidatoria.

Concluye que el actuar señalado, desde el mes de octubre de 2017 hasta la fecha de interposición del recurso es arbitrario e ilegal.

Indica que, si eventualmente la recurrida alegara que las acciones de cobranza fueron efectuadas por una empresa externa a ella, tal alegación debe ser rechazada, ya que toda actuación se ha efectuado con autorización de esta última, y con un mandato de por medio.

En consecuencia, solicita se acoja el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, tomando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y en particular 1) ordenar al recurrido cesar de inmediato con las llamadas telefónicas a los números de don nombre reservado; 2) ordenar al recurrido gestionar la eliminación de los antecedentes del informe comercial DICOM; 3) se le ordene cesar de inmediato toda acción de cobranza extrajudicial de la supuesta deuda y; 4) se le otorgue un certificado en el que se establezca que dio por terminado el contrato de prestación de servicios y que no mantiene ninguna deuda con la misma.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, la abogada Macarena Oyarzun Ithurralde, solicitando el rechazo del recurso.

Comienza señalando que la generalidad de la reclamación del recurrente y la falta de antecedentes que acrediten sus dichos, va en directa contradicción con las exigencias impuestas por la Excelentísima Corte Suprema en recursos de protección de idéntica naturaleza.

Niega que la recurrida haya acosado telefónicamente al recurrente, ya que si bien se realizaron llamados, ellos no han sido de la intensidad que se manifiesta.

Alega que la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en su artículo 37 permite las gestiones de cobranza extrajudicial, con ciertos límites, indicando que “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”

El propio recurrente reconoce que los llamados se han efectuado a su teléfono celular, por lo que es imposible que ADT haya incurrido en la prohibición vinculada con llamados de ciertas características en la “morada del deudor”. No obstante, ADT tiene la precaución de no realizar llamados fuera del horario establecido en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, puesto que las ejecutivas que los realizan, trabajan en horario normal de oficina.

En cuanto a las normativas supuestamente vulneradas, indica que las llamadas se han enmarcado en la esfera de la legalidad y no ha existido hostigamiento que signifique algún tipo de privación, perturbación o amenaza a la integridad síquica del recurrente. Además, no señaló la forma en que se habría conculcado su derecho a la integridad psíquica, y menos ha acreditado tal supuesta vulneración, no siendo suficientes sus propios dichos.

En conclusión, no se configuran los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, ya que no existió acto ilegal y arbitrario que amenazara al actor, toda vez que, no resulta arbitrario intentar el cobro extrajudicial de una obligación adeudada; no existe ilegalidad en las llamadas telefónicas, ya que se ha cumplido cabalmente la normativa que regula la cobranza extrajudicial; no ha habido amenaza a la integridad síquica de la recurrente, toda vez que la cobranza extrajudicial se ha efectuado dentro del marco respectivo de una acreencia válida, sin que se haya informado a terceros dicha morosidad y; no se han acreditado los supuestos acosos, ilegalidad o arbitrariedades en que funda su recurso.

Agrega que la judicatura está conteste en la facultad de realizar llamados de cobranza extrajudicial como los que efectuó ADT. Además, se ha indicado que debe precisarse las oportunidades en las cuales fueron efectuadas las llamadas telefónicas, lo que no ocurre en el recurso deducido, por lo que debe rechazarse.

Hace presente además, que el recurrente a esta fecha no se encuentra informado en los registros de DICOM, lo cual demuestra que la informante no ha hostigado o pretendido perjudicar a la recurrente.

En consecuencia, solicita que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En este caso el recurrente aduce que se han perturbado su honra e integridad física y psíquica por los reiterados llamados telefónicos efectuados por la recurrida para el cobro de una eventual deuda, comunicaciones que la recurrida no ha desconocido.

CUARTO: Que para decidir sobre el presente recurso se debe determinar si los reiterados llamados telefónicos de cobro realizados por la recurrida al recurrente constituyen actos arbitrarios e ilegales que importen vulneración de las garantías constitucionales ya indicadas.

QUINTO: Que si bien el artículo 37 de la Ley 19.496, permitiría gestiones de cobranza extra judicial mediante llamado telefónico, la persistencia en ellos importa desvirtuar la finalidad de la norma ya indicada, al reiterarse los mismos, puesto que es indiciario de que no se logró su propósito, afectando en consecuencia no solo la privacidad del hogar del presunto deudor, sino además su integridad psíquica por cuanto esa conducta deviene fácticamente en una forma de hostigamiento, en circunstancias que la ley contempla la posibilidad de exigirla judicialmente.

SEXTO: Que así las cosas, careciendo la cobranza extrajudicial de racionalidad y justificación, unido a la existencia de un medio judicial para obtener el pago de una deuda, las acciones desplegadas por la recurrida antes analizadas, constituyen un ejercicio abusivo y arbitrario, por lo que procede se le ordene cesar en los llamados reiterados que ha ejecutado, imponiéndosele el pago de las costas por haber sido vencido.

SÉPTIMO: Que las demás peticiones exceden los propósitos de la acción cautelar ejercida en autos, por decir relación con cuestiones que deben ser resueltas en un procedimiento judicial de cobranza o de otro tipo de acción legal.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de ADT SECURITY SERVICES S.A., sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de practicar llamadas telefónicas al recurrente en la forma en que lo ha hecho.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2668-2018 (PROT)

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