CARLOS ROJAS SUAZO LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO LOA-CALAMA

Antofagasta, siete de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Edgar Fernando Iligaray Koo, abogado, quien, en representación de la Sociedad de Servicios Carlos Rojas Sazo Limitada, empresa del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, RUT N° RUT reservadodomiciliada en domicilio reservado, por haber negado ésta última la información solicitada respecto a las denuncias que dieron origen a las fiscalizaciones a las que fue sometida en un procedimiento administrativo, solicitando, se ordene al recurrido, brindar dicha información.

Que informó la recurrida al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, señaló que el 14 de marzo del año 2023 fue notificada por doña nombre reservado, Fiscalizadora de la entidad requerida, del inicio de dos procesos de fiscalización en su contra, individualizados como 478 y 492. Conjuntamente con dicha notificación se le solicitó una serie de documentos los cuales fueron enviados por correo electrónico a la Fiscalizadora.

Cuenta que, luego, con fecha 21 de marzo del año 2023, mediante correo electrónico dirigido a doña nombre reservado -funcionaria a cargo de la fiscalización casilla correo reservado solicitó conforme a lo señalado en la resolución exenta N° 1241 de fecha 28 de septiembre del año 2021, la cual Aprueba el manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, se le hiciera entrega de copia de las denuncias que dieron origen a las fiscalizaciones y, de todo otro documento que no haya sido entregado por su parte en el transcurso de dicha investigación a la fecha, sin obtener respuesta alguna por parte de la fiscalizadora.

Así indicó, que, con fecha 28 de marzo, realizó la misma presentación de forma física en la oficina de partes de la requerida y al no obtener respuesta oportuna, ingresó la petición al correo correo reservado, con fecha 11 de abril del año curso. Lamentablemente, por tercera vez no obtuvo respuesta.

Finalmente, recibió un correo electrónico el 05 de mayo del presente, en que la recurrida, por medio de correo electrónico rechazó su petición por ser de carácter confidencial y reservado, vulnerando con ello las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s, 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado, Agustín Campillay Robledo, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Luego de sostener que es improcedente la acción cautelar promovida, desde que ha sido utilizada como sustituto procesal, enfatizó que no existe actuar arbitrario o ilegal de su parte, ya que, los procesos de fiscalización N° 201/2023/478 y 201/2023/492, se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 1º del D.F.L N.º 2 de 1967 norma que dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, entre otras funciones “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”, función que, de acuerdo con la normativa laboral, cumple a través de las respectivas Inspecciones. El artículo 505 inciso 1º del Código del Trabajo, a su vez dispone: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo (…)”. Es decir, es la misma norma, la que otorga las facultades que la actora pretende desconocer por esta vía.

Recalcó que el manual que sirve de fundamento al recurrente, señala que “El empleador o su representante facultado deberá ser entrevistado, salvo razones fundadas, ambos casos deben ser señalados expresamente en el Informe de Fiscalización. La entrevista podrá ser realizada de forma presencial (en el lugar fiscalizado o en oficina) o por medios o plataformas digitales, lo que dependerá de la modalidad en que se realice la fiscalización, lo cual debe ser señalado expresamente en el Informe de Fiscalización”. Esta entrevista es esencial cuando se constaten infracciones, pues, tiene como objetivo informar al empleador los hechos constatados y que éste entregue argumentos adicionales que estime pertinentes, que pudieran extinguir su responsabilidad o para que aporte antecedentes que eventualmente desvirtúen los hechos ya constatados, esto en conformidad con el principio de bilateralidad, no estando el procedimiento aún afinado.

En la entrevista realizada al empleador, deberá aportar la información sobre las materias que se abordarán en el proceso de la fiscalización, permitiendo que entregue argumentos adicionales que estime pertinentes, puntualizando que ya se han realizado las fiscalizaciones de rigor, coordinando las respectivas visitas y la documentación requerida por el órgano público. En consecuencia, es esencial en el caso que eventualmente se constaten infracciones, informar al empleador, para que éste, entregue argumentos adicionales que estime pertinentes, que pudieran extinguir su responsabilidad o para que éste aporte antecedentes que eventualmente desvirtúen los hechos ya constatados, esto en conformidad con el Principio de Bilateralidad.

Además, indicó que conforme la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, en particular su artículo 10, establece en lo pertinente “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”, y luego establece dos excepciones a este respecto: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Por lo anterior, y teniendo presente que la denuncia fue realizada por una organización sindical que, eventualmente, pueda ver afectado los derechos de los trabajadores asociados, es necesario que determinados antecedentes permanezcan en reserva, para un adecuado proceso de fiscalización.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, lo pretendido por el actor es obtener información respecto a las denuncias realizadas en su contra y que, originaron los procedimientos de fiscalización.

Al efecto, el recurso de protección no es un procedimiento idóneo para demandar la publicidad de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las competentes autoridades públicas, a vía de configurar una nueva instancia que evalúe los fundamentos de la respectiva decisión que, precisamente, optó por resguardar los datos contenidos en la denuncia. Instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación de una decisión administrativa, no resulta conducente, desde que el control que se ejerce por la presente vía, no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un proceso administrativo, sino, como ya se indicó en consideraciones previas, a derechos que resulten indubitados o preexistentes. Si bien, no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, ello no puede importar –como se postula en la especie- que por vía proteccional se controlen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades del recurrido.

Además, el acto que se pretende enmendar o dejar sin efecto, forma parte de un procedimiento complejo que aún no contiene una decisión definitiva, de tal suerte que configura un acto intermedio o de trámite inmerso en el procedimiento administrativo que, en cuanto a su finalidad, apunta a que se pueda adoptar, a la postre, el acto final de cumplimiento o de término de dicho proceso sobre la base de la responsabilidad que eventualmente se determine y carece, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto en tal sentido.

Incluso, la Resolución Exenta N°1.241 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece, “V.- Derechos de los trabajadores, de sus representantes y de las organizaciones sindicales durante el procedimiento de fiscalización: b) Derecho a la confidencialidad de la denuncia, salvo en aquellos casos específicos en que la naturaleza de la materia a fiscalizar lo impida o que el propio trabajador u organización sindical renuncien a dicho derecho”. Es decir, existe norma expresa al efecto, que aprobó el Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, destinada precisamente, a resguardar el fin perseguido por dichas vías, disciplinarias de fiscalización, en que, eventualmente el administrado, pueda ser objeto de algún tipo de infracción por el quebrantamiento de normas laborales, el que se podría ver frustrado sin dicho mecanismo de protección, no advirtiendo de todas formas, en qué medida, podría por ello verse conculcados los derechos que se pretenden, si, precisamente el actor, siempre conservará la posibilidad de efectuar los descargos que estime pertinentes, en un procedimiento que aún no se encuentra fenecido y en pleno desarrollo, el que conforme a los documentos incorporados, contiene todos los antecedentes que permiten una adecuada inteligencia para una tramitación eficaz y libre de todo vicio en la ejecución de las fiscalizaciones en curso.

En consecuencia, el Fiscalizador, obró dentro de las esferas de sus atribuciones, no vulnerando los derechos que se alegan como conculcados por el recurrente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Edgar Fernando Iligaray Koo, en representación de la Sociedad de Servicios Carlos Rojas Sazo Limitada en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, Regístrese y comuníquese.

Rol 2666-2023 (PROT)