SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE ASISTENTES DE AULAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO O SOCI

Antofagasta, a quince de julio de dos mil veinte VISTOS:

La comparecencia de Ramón Miranda Tapia, quien en representación de Sindicato de Establecimiento de Asistentes De Aula Corporación De Desarrollo Social De Antofagasta y de todos los trabajadores asistentes de aula dependientes de la Corporación de Desarrollo Social que se encuentran asociados al sindicato, todos con domicilio en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, representada legalmente por su presidenta, nombre reservado, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en excluir de la nómina que se debe remitir a la autoridad administrativa para que los trabajadores asistentes de la educación reciban, la asignación contemplada en el artículo 59 de la Ley 20.883, modificado por la Ley 21.196, lo que deriva en el no pago de este mes a mes, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su acción en que los asistentes de la educación y los asistentes de aula prestan servicios a la recurrida bajo el régimen del Código del Trabajo, pero tienen regulación especial en cuanto a ciertos beneficios que deben percibir por parte del estado en sus remuneraciones. Por ello, para efectos prácticos la dirección del trabajo y los tribunales han estimado que los asistentes de aula se equiparan dentro del concepto de asistentes de educación para los efectos de los derechos y beneficios que puedan percibir. Así, al realizar las mismas funciones, les son aplicables las disposiciones legales que sean establecidas en favor de dichos funcionarios.

Señaló que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 19.464, se entiende por asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen las siguientes funciones: a) De carácter profesional, de trabajadores no afectos a la ley 19.070 y que cuenten con un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por una universidad o instituto reconocido por el estado; b) De paradocencia que es aquella función de nivel técnico complementario a la labor educativa dirigida a apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje incluyendo labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento del establecido debiendo contar con a lo menos una licencia médica y un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico profesional y; c) Labores auxiliares de cuidado, protección y limpieza de los establecimientos que no requieran título de conocimientos técnico específico.

Durante el periodo 2016 a 2019, los asistentes de la educación son beneficiados por una asignación especial impuesta en el artículo 59 de la Ley 20.883, el que fue modificado por la Ley 21.196, a partir del presente año. Dicha asignación consiste en el bono ascendiente a $24.500.- mensuales, dirigido al personal cuya remuneración el mes anterior fuera igual o inferior a $385.251, considerando el sueldo base, y que tenga contrato de trabajo vigente para desarrollar las funciones señaladas en el artículo citado.

Entiende el recurrente que la alusión a “asistentes de la educación” no es taxativa, ya que esta calidad está entregada por las funciones que realiza el trabajador. Así, los asistentes de aula desarrollan las mismas funciones, y cumplen con los mismos requisitos del referido artículo 2 de la Ley 19.464, referente a las funciones de los asistentes de educación, y a lo establecido en pronunciamientos del Ministerio de Educación, en cuanto a apoyar docentes de educación básica en las distintas etapas de la planificación y preparación de sus clases aportando principalmente en la elaboración de material didáctico y la gestión de los recursos pedagógicos TIC; colaborar en la gestión de docencia apoyando un clima apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención de la diversidad; facilitar la transición de niños y niñas en la educación parvulario en la enseñanza básica de 1 y 2 estableciendo una conexión entre los requerimientos pedagógicos y formativos de estos niveles; apoyar en el cuidado de la trayectoria escolar de acuerdo con el desarrollo emocional social y psicológico de niños y niñas; ayudar a docentes de primero y segundo básico facilitando procesos de enseñanzas en las competencias básicas de la trayectoria educativa a fin de que cada estudiante alcance los aprendizajes básicos esperados durante sus primeros años de vida escolar. Además, dicha calidad fue reconocida por la Dirección del Trabajo en el año 2017, a través de una resolución administrativa.

En consecuencia, que el empleador reconozca o no la calidad de asistente de educación de las asistentes de aula no es condicionante para tener el derecho a percibir y exigir el pago de este bono, pues si las funciones se enmarcan en la hipótesis legal, este es procedente, desde el año 2016 en adelante.

Respecto a la arbitrariedad alegada, indicó que pese a que se han efectuado diversos reclamos a la recurrida para obtener el pago, esta continua con su negativa, y año a año, excluye de la nomina que se debe remitir a la autoridad administrativa para que los trabajadores asistentes de la educación reciban la asignación, a sabiendas que han sido múltiples servicios como la dirección del trabajo y la contraloría quienes han hecho sinónima la acepción asistente de la educación con asistente de aula la dirección. Ello trae como consecuencia que esta asignación - cuyo pago es mensual - no se les ha pagado desde que entró en vigor la ley, circunstancia que se renueva mes a mes, ya que a la fecha no se ha regularizado el pago de esta asignación, y tampoco se ha incluido en la remuneración de los trabajadores. Así, cada mes se configura en nueva vulneración de derechos fundamentales, al hacer diferencias arbitrarias en la aplicación de la ley, afectando el patrimonio de los recurrentes al negarles una remuneración que ingresó a su patrimonio desde la dictación de la ley, infringiendo el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución.

Asimismo, el actuar sería ilegal, pues existe texto expreso de ley que ordena el pago de una asignación determinada a personas que reúnen los requisitos, lo que no h sido cumplido.

Concluyó solicitando que se declare la obligación de la recurrida de pagar la asignación del artículo 59 de la ley 20883 en relación con la ley 21.196, a todos los trabajadores asociados al sindicato recurrente, desde la dictación de la ley en adelante, con costas de la causa.

SEGUNDO: Que por la recurrida, informaron los abogados Francisca Morales Ciudad y Pablo Cornejo Castillo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, funda su defensa en que la pretensión de pago del bono individualizado no tiene la calidad de derecho indubitado y además, la naturaleza de la pretensión es el no pago de una prestación de carácter laboral, por lo que la acción proteccional no es la vía idónea para resolver el asunto controvertido. Lo que corresponde, es que se inicie un procedimiento declarativo de cobro de prestaciones laborales, conforme lo prescrito en el artículo 420 del Código del Trabajo, el que debe substanciarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente.

Asimismo, por el carácter extraordinario de la acción de protección y su procedimiento, el cual no contempla un período probatorio, no procede su pronunciamiento ante la inexistencia de derechos indubitados, según se ha fallado por distintas Cortes de Apelaciones.

Sin perjuicio de la alegación precedente, refirió la recurrida, en relación a la vulneración al derecho de propiedad de los trabajadores recurrentes, que si bien el derecho cuya procedencia se discute se adquiere por el solo ministerio de la ley, dicha afirmación sólo es válida en la medida que las supuestas beneficiarias de la ley cumplan con todos los requisitos impuestos por el artículo 58 de la Ley Nº20.883, lo que sólo puede acreditarse en un juicio declarativo.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que del recurso deducido y del informe evacuado por la Corporación de Desarrollo Social recurrida, se desprende que el conflicto que por esta vía se pretende resolver, es la procedencia de pago del bono consagrado en el artículo 59 de la Ley 20.883, modificado por la Ley 21.196, y la presunta negativa de la Institución recurrida de informar a las autoridades educacionales competentes para que se efectúe el pago, privando mes a mes a los actores de su derecho a recibir su remuneración de forma íntegra.

SEXTO: Que de lo expuesto, puede advertirse que existe controversia respecto a la titularidad de los actores al bono cuyo pago reclaman, y de ello se puede concluir que no estamos en presencia de derechos indubitados. Por el contrario, se trata de eventuales derechos personales y laborales, cuya exigibilidad deriva del supuesto incumplimiento de la Corporación a reconocer una determinada calidad jurídica de la que derivaría dicho beneficio remuneracional, lo cual debe necesariamente ser declarado en juicio.

En consecuencia, los recurrentes deben concurrir a la vía procesal pertinente para la declaración de los derechos que correspondan, a través de un juicio de lato conocimiento, el cual otorga a las partes en conflicto, la posibilidad de discutir, formular alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, obteniendo a través de éste la tutela judicial que se pretende por esta vía.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Ramón Miranda Tapia, en representación del Sindicato de Establecimiento de Asistentes De Aula Corporación De Desarrollo Social De Antofagasta y de todos los trabajadores asistentes de aula dependientes de la Corporación de Desarrollo Social que se encuentran asociados al sindicato contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2649 - 2020 (PROT)