nombre reservado con COLEGIO INGLÉS ALEMÁN LTDA.

Antofagasta, a quince de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Carolina Leiva Pérez, abogada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Colegio Inglés Alemán, RUT N°RUT reservado, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República.

Evacúa informe el recurrido, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que el recurrente es apoderado del Colegio Inglés Alemán, donde a principios de este año matriculó a sus dos hijas menores de edad; nombre reservado e Isidora nombre reservado, para que cursaran segundo año de educación básica y Pre Kínder, respectivamente. Celebrando contrato de prestación de servicios educacionales, donde se obliga al pago de una mensualidad de $180.000.-, por cada una de sus hijas, pagando un total de $360.000.- mensuales por concepto de arancel, a cambio de recibir un plan de estudios presenciales para sus dos hijas en las dependencias del colegio.

Refiere que las clases presenciales se vieron interrumpidas el 16 de marzo de 2020, producto de la crisis sanitaria que enfrenta el país derivado del COVID-19, tomando para ello el establecimiento la decisión de continuar con el programa educativo mediante la plataforma informática “Teams”, donde se imparten clases de manera Online, de lunes a viernes en distintos horarios que van desde las 8:00 am hasta las 16:10 horas. A su turno, la obligación de pagar los aranceles educacionales fue cumplida a cabalidad hasta el mes de marzo donde por motivos de la crisis sanitaria, le fue comunicado que su empleador se acogería a la Ley de Protección al Empleo, suspendiendo así la relación laboral originándole un sinnúmero de dificultades familiares debido al considerable detrimento que significa perder gran parte del presupuesto familiar, toda vez que actualmente el actor solo recibe el seguro de cesantía, el cual mes a mes disminuye.

Expone que ante esta situación, asistió al establecimiento a conversar personalmente con el sostenedor del establecimiento educacional, nombre reservado, a efectos de lograr un acuerdo de suspender el cobro de los aranceles aproximadamente durante tres meses, a lo cual el sostenedor le indica que podía pagar el 50% de la mensualidad durante el plazo de 3 meses. El 15 de mayo mediante “WhatsApp”, el recurrente es contactado por una profesora del curso de su hija Isidora, indicándole que “debía ponerse al día con los pagos pendientes”. Situación que lo indignó, puesto que contradecía totalmente el acuerdo arribado con el sostenedor, además de considerar inapropiado que la situación de morosidad que este mantiene con el establecimiento sea canalizada por los profesores que imparten la educación de sus hijas y no por los funcionarios respectivos encargados de dicha labor.

Ante ello se comunica por correo electrónico con el sostenedor del establecimiento educacional, a efectos de recordarle la reunión que habían, obteniendo como respuesta que “debía acercarse a las oficinas”, a lo que no accede, en atención a las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes.

Luego el 8 de junio del presente, le envía correo electrónico el profesor jefe de su hija Amparo, nombre reservado, en el que se le informa que “por indicación del Departamento de Finanzas del Colegio Inglés Alemán se procederá a sacar de la Plataforma Teams a su hijo (a) por incumplimiento en la mensualidad”.

Explica que la vulneración a la que ha sido objeto por parte de la recurrida consistente en negar arbitrariamente el derecho a la educación de sus hijas, las que se encuentran en pleno desarrollo educacional, siendo clave los primeros años de enseñanza para fortalecer así la infancia y los lazos personales que un niño de la edad de Amparo debe tener, avasallando su integridad psíquica al negarle la continuidad de sus estudios y la relación con sus pares en el contexto de una educación que debe ser continua, plena y sin miramientos económicos.

Esgrime que por el solo hecho de suspender de manera indefinida el acceso de Amparo a la plataforma virtual, donde la recurrida imparte las clases correspondiente al programa educacional para el ciclo de segundo básico, originado por el no pago de la mensualidad, corresponde a un actuar arbitrario y contrario a derecho, vulnerando ampliamente la garantía constitucional contenida en el artículo 19° numero 10, que garantiza el derecho a la educación.

Solicita en definitiva que se restablezca el imperio del derecho, ordenando la reincorporación a la brevedad posible a nombre reservado al sistema “Teams” donde la recurrida actualmente imparte clases virtuales; la prohibición de suspender las clases a sus hijas mediante sistema online; se remitan los antecedentes a la Superintendencia de Educación; o en su defecto aplicar las medidas que se estimen pertinentes, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Daniel Molinari Grez, abogado, informó en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Esgrime, que como es de público conocimiento, las clases presenciales en todos los establecimientos educacionales del país, se vieron interrumpidas indefinidamente, desde mediados del mes de marzo de 2020, por la crisis sanitaria mundial y nacional derivada de la pandemia por COVID-19, adoptando medidas tendientes a reducir el impacto de esta decisión tomada por la autoridad, implementando la plataforma de Trabajo virtual “Microsoft Teams,“ en la cual se desarrollan hasta las fecha, las actividades curriculares lectivas, de todos los cursos del Establecimiento Educacional. Frente a ello, la Administración del Colegio, adoptó implementar la Plataforma de “Microsoft Teams” en la que rápidamente capacitaron al cuerpo docente, para que se interrelacionara con los alumnos de los diversos cursos del Establecimiento.

Sostiene que la supuesta acción arbitraria e ilegal, no es tal, puesto que la comunicación entregada vía mail, por el Profesor Jefe, bajo ninguna circunstancia puede considerarse como una decisión del área de administración y finanzas, ya que dicho funcionario, presta sus servicios en calidad de docente, por lo que, no debe ni puede sugerir ni tomar decisiones o medidas de índole financiero respecto de la morosidad en que se encuentren los apoderados, respecto del Colegio. A mayor abundamiento, en ningún momento la hija del Apoderado recurrente se ha visto vulnerada o privada de su acceso a la plataforma virtual y muy por el contrario, son sus padres, los que no han realizado las acciones necesarias y colaborativas para que la menor mantenga regularidad de asistencia virtual en la plataforma habilitada para tal fin. Lamentablemente el actuar del Profesor Jefe, se debe al estrés laboral, presión psicológica, anímica y emocional que están viviendo los docentes a nivel nacional, pero jamás hubo instrucciones o indicaciones de parte de la recurrida en tal sentido, y adicionalmente, que bajo ninguna circunstancia representa el sentir de la Administración y del área de Finanzas de mi representada, que se ve reflejado en el hecho que en ningún momento ha realizado una acción tendiente a tomar represalias contra su alumnado en general, sino que, por el contrario, ha generado por parte de su cuerpo docente un acompañamiento permanente por la vía virtual, a través de distintos medios, como Whatsapp, mails, y llamados telefónicos.

Hace presente que a pesar del manifiesto incumplimiento de la obligación contractual del recurrente, siempre ha mantenido contacto fluido con él, para conocer el estado anímico y emocional de los menores, incluso accediendo a facilitarle medios logísticos, para que pudiera proporcionarle a su hija, material didáctico y académico de respaldo en su labor escolar doméstica y virtual.

TERCERO: Que, entrando al análisis del recurso, cabe señalar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Se desprende de lo anotado que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

Se requiere en consecuencia la existencia de derechos indubitados, desde que no es esta una instancia para obtener una declaración de derechos, y, por los mismos, tampoco una es una instancia para debatir sobre la existencia o no de hechos, puesto que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados, como se dijo.

CUARTO: Que, de acuerdo a las alegaciones efectuadas por las partes, la controversia radica en la suspensión o no de las clases online a la hija mayor del actor, que cursa actualmente segundo año básico en el colegio recurrido, existiendo por tanto versiones contradictorias entre las partes.

QUINTO: Que en este sentido, de los antecedentes aportados por el recurrente no ha allegado prueba alguna que permita a estos sentenciadores colegir que exista efectivamente la suspensión de clases alegada, como tampoco se acredita el no permitirle a la hija del recurrente conectarse a la plataforma denominada “Microsoft Teams,“ sosteniendo por el contrario el colegio que el establecimiento educacional ha incorporado el listado de asistencia de la alumna, siendo ella la que ha faltado en varias ocasiones a las clases impartidas mediante la modalidad online, no conectándose a ellas por causas que son independientes de la voluntad de la recurrida.

SEXTO: Que, como se dijo, para acoger la presente acción, debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

De ese modo, resulta evidente que la cuestión promovida no es de aquellas que compete ser dilucidada a través del ejercicio de la acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Carolina Leiva Pérez, en representación de nombre reservado, en contra del Colegio Inglés Alemán.

Regístrese y comuníquese.

ROL 2639-2020 (PROT)

Redacción del Ministro titular Sr. Juan Opazo Lagos.