INNOVATORS CONVEYOR BELT SPA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

PAGE Antofagasta, a once de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Patricio Suazo Escobar, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de INNOVATORS CONVEYOR BELT SpA, del giro mantención de correas transportadoras, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra la sociedad SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó la sociedad Servicios Equifax Chile Limitada.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando su acción, refiere que la recurrida el día 15 de agosto de 2017 publicó una factura emitida el 02 de mayo de 2017, informando la morosidad en el cumplimiento de la obligación contenida en ésta, en favor de un tercero identificado como nombre reservado, agregando, que dicho instrumento mercantil jamás fue aceptado por su mandante, al existir una cuantiosa diferencia entre el monto y el servicio efectivamente prestado.

Indica que solicitó a la recurrida, mediante correo electrónico dirigido el 06 de agosto reciente, que omitiere o eliminare dicha publicación, recibiendo como respuesta según cita textual …“Le informamos que recibimos su solicitud y hemos suspendido en el Boletín Electrónico Dicom el documento detallado más abajo, dado que la entidad que realizó la publicación nombre reservado, no hizo llegar en el plazo estipulado la documentación de respaldo solicitada por Equifax”, individualizando la factura en cuestión. Sin embargo, por correo electrónico - ahora del 22 de agosto de 2018- la recurrida informó que la factura sería nuevamente publicada a solicitud del mismo nombre reservado, al encontrarse conforme a la normativa legal vigente, consignando que la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada resultaría aplicable sólo a personas naturales, al considerar el artículo 2 letra f) que corresponden a datos de carácter personal o datos personales aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, por otra parte, el cobro que señala la ley 19.983 dice relación a su exigencia por vía judicial, lo que no es requisito para mantener publicadas las facturas en el Boletín Electrónico Dicom que administra la recurrida, sumando a ello, la prescripción de la acción de cobro respecto a dicho instrumento, lo que obligaría por si solo a abstenerse de volver a publicarla, según normaría el artículo 18 de la ley 19268.

Explica que con la publicación de la ley 19.812 conocida como Ley DICOM, en la actualidad solo sería posible comunicar obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, siempre que éstas consten en títulos ejecutivos como letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada; como asimismo, el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, entre algunas otras, sin incluir en dicha enumeración - que cataloga de taxativa – la obligaciones morosas contenidas en facturas, citando el artículo 17 de la ley 19.268. En ese sentido, alega que la publicación de cualquier otra morosidad, que provenga de un título distinto a los enumerados en la última norma citada, requiere la autorización de su titular, cuestión que no habría ocurrido en la especie. Otro tanto refiere respecto a la titularidad de las personas jurídicas como sujetos de protección de la ley 19.628, para lo cual cita jurisprudencia que así lo avalaría, proveniente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol 1951-2014 que acudiendo a la historia fidedigna de la ley y su tramitación la entiende también aplicable a las personas jurídicas.

Expresa que la publicación de una deuda que no está autorizada por la ley su publicación y que a la fecha, habría prescrito su acción de cobro ejecutivo resultaría ilegal, al no tratarse de aquellos títulos que autoriza la ley publicar sin contar con la autorización de su titular y su arbitrariedad la sitúa al haber sido advertida de tratarse de una obligación contenida en una factura y continúa publicándola en sus registros, citando profusa jurisprudencia.

Sobre la afectación de garantías, resultaría, según sostiene, perturbado del derecho a honra de la persona jurídica, sumado a la afectación de la libertad de empresa en tanto la publicación afecta el prestigio comercial y con ello, la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin turbaciones, restringiendo su acceso al crédito y negocios.

SEGUNDO: Que informó la recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, solicitando el rechazo del presente arbitrio.

Sostiene que no existiría un derecho indubitado que haga procedente la presente acción, en tanto, la factura publicada –cuestión que no controvierte- estaría irrevocablemente aceptada, al no haber sido rechazada ni objetada en su oportunidad. Agrega que en cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales solicitó al emisor de dicho instrumento la información de respaldo de la factura en mora, en que si bien en un momento al no enviarla fue suspendida su publicación, posteriormente fue reincorporada en el registro, habiendo tenido a la vista la copia cedible por servicios de prevención de riesgos (capacitación) por un monto total $8.520.000 y el Registro del Servicio de Impuestos Internos, de aceptación o reclamos de un Documento Tributario Electrónico, consignando, según cita, que “no fue reclamada por el receptor dentro del plazo de 8 días contado desde su recepción, y que de acuerdo a lo señalado por la Ley 19.983, en estos momentos se entiende que ha sido irrevocablemente aceptado, y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados”, circunstancia que al tenor de lo dispuesto en el artículo 160 inciso segundo del Código de Comercio, artículo 3 de la ley 19.983, artículo 54 de la ley 20.727 y lo dispuesto en la Circular N° 4 del Servicio de Impuestos Internos del 11 de Enero de 2017, redundarían en que la factura estaría irrevocablemente aceptada para todos los efectos legales.

Controvierte que la acción de cobro de la factura no se encuentra prescrita, pues dicha pretensión requiere ser alegada y declarada judicialmente lo que no ha ocurrido en la especie, y que escapa al ámbito del recurso de protección Descarta que la ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, resulte aplicable a la recurrente en su condición de persona jurídica, para lo cual en extenso se refiere a su tenor literal, en particular, el artículo 2 letra f) que define como Datos de carácter personal o datos personales, “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y en su letra ñ) como Titular de los datos, a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”, cuestión avalada según extensamente se encarga de informar, en la historia de tramitación de la ley, la doctrina, abundante jurisprudencia que cita, la reciente modificación de la ley 19.983 desde una perspectiva sistémica, el proyecto de ley que pretende modificar la misma ley 19.628 y la reforma constitucional respecto del numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Abona por el rechazo el obrar de buena fe, diligentemente y con sujeción a sus obligaciones legales y contractuales. Sobre ello, no existiría prohibición legal para el intercambio de datos sobre el comportamiento de los agentes económicos, industriales o comerciales en el cumplimiento de sus obligaciones, actividades todas propias del giro que lícitamente desarrolla, en que parte de dicha base de datos es proporcionada por los comerciantes, industriales o profesionales asociados, quienes asumen ciertas obligaciones como la de aclarar en un plazo convencional, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, remitiendo la documentación que respalde la información proporcionada. En ese sentido, explica que la responsabilidad del ingreso de la información no es de Equifax, quien no está obligada a realizar un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada.

Niega la vulneración de las garantías fundamentales reclamadas en tanto el primero de ellos consignado en el numeral 4 del artículo 19 es propio de las personas naturales lo que descartaría su afectación, en tanto, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, no resultaría afectado, dado que la información de las facturas morosas, no constituirían objeto ilícito ni ha significado alguna privación respecto de sus bienes.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma, dentro de los cuales se incluye el derecho a la honra y vida privada, como el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional.

CUARTO: Que el primer supuesto de la acción de protección, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que el recurrente circunscribe a la publicación en el registro de deudas comerciales de una factura, cuya acción de cobro se encuentra prescrita y respecto de la cual la recurrida está impedida de informar.

QUINTO: Que como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en autos Rol 2204-2018: “Tercero: Que para la decisión del presente asunto cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N°19.628, que señala: ‘Para los efectos de esta ley se entenderá por: f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual’.

Cuarto: Que además, y en concordancia con las obligaciones impuestas por el artículo 1 de la Ley N° 19.628, a quienes efectúen tratamiento de datos personales –entre los que destaca el ‘respeto por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce’-, el artículo 2° del citado precepto, en su letra ñ), dispone expresa y claramente que: ‘Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal’.

Quinto: Que al margen de lo ya indicado, de la historia fidedigna de la ley en cuestión es posible desprender de varios de sus pasajes, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural.

Es así como se señala en la moción de la ley que: ‘De acuerdo a la doctrina expresada en los diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales que se refieren a la materia, la vida privada de las personas pertenece a la categoría de los derechos humanos’. Agrega más adelante: ‘Partiendo del precepto contenido en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, nuestra moción comienza anunciando la inviolabilidad de la vida privada y advirtiendo que toda intromisión es, en principio, ilegítima. Se enuncian los principales aspectos a los que ella se extiende, tales como el derecho a la propia imagen; a la intimidad personal y familiar’. Y finalmente se señala en el Primer Informe de la Comisión de Constitución correspondiente al segundo trámite constitucional: ‘Se aclaró que este artículo (artículo 2°) estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas’.

Sexto: Que, tal y como ha dicho esta Corte en sentencia rol 4949-2012, en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de las recurridas no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego, obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar”.

SEXTO: Que en definitiva, conforme a lo señalado, no puede concluirse que las personas jurídicas estén sujetas a la protección establecida en la Ley 19.628 y, consiguientemente, que el ordenamiento constitucional las ampare respecto de sus antecedentes comerciales, prohibiéndose su publicación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Innovators Conveyor Belt Spa en contra de Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2619-2018 (PROT)

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