nombre reservado con EERCITO DE CHILE

Antofagasta, a quince de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, asistente social, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Ejército de Chile, Zona de Bienestar Antofagasta, representada por el Comandante, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulnerada la garantía establecida en el artículo 19 n° 1 y 3 de la Constitución Política de la República. Sustenta la presente acción en la arbitraria e ilegal medida adoptada por la recurrida, exigiéndole prestar declaración y ser objeto de peritajes médicos siquiátricos, requerimientos todos que importan una exigencia ilegal /o arbitraria, representando una amenaza y/o una afectación a los derechos señalados.

Informó la División de Bienestar, Zona de Bienestar Antofagasta, por intermedio del Teniente Coronel nombre reservado, solicitando se rechace la acción constitucional impetrada.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha recurrido en contra de Ejército de Chile, Zona de Bienestar Antofagasta, por la medida adoptada frente a las actuaciones derivadas de la Comisión de Sanidad y de una Investigación Sumaria Administrativa, en virtud de las cuales se exige prestar declaración y ser objeto de peritajes médicos siquiátricos, lo que le afecta a la integridad física y psíquica y genera diferencias arbitrarias, haciendo presente que a partir del 25 de septiembre de 2020 hizo uso de licencia médica por un cuadro médico siquiátrico. El día 17 de marzo de 2021, fue notificada del Informe de la Comisión de Sanidad emitido el 26 de enero de 2021, en virtud del cual fue derivada a especialista del Hospital Militar de Santiago y a su vez, se recomendó la apertura de una Investigación Sumaria Administrativa (I.S.A.), no obstante el 09 de abril de 2021, le informan de la apertura de esta investigación y de la concurrencia a su domicilio para la toma de declaración, situación objetada debido a que su condición médica obedece a problemas laborales, por lo que solicitó el día 16 de abril de 2021, una copia del documento que establece la apertura de dicha investigación, siendo derivada a la fiscal, la que informa que no era viable remitir esta información ni proporcionar el número y fecha del oficio, siendo aquello factible sólo cuando finalice el proceso indagatorio, que en las actuales condiciones únicamente podría tener acceso a leerlo.

Conforme a las evaluaciones médicas, su estado actual es producto de la problemática laboral que se prolonga desde abril de 2019, razón por la cual en diciembre de 2020 se presentó demanda de tutela de derechos fundamentales en contra del Fisco y Ejército de Chile en el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, bajo el RIT T-501-2020, el que actualmente se encuentra suspendido para efectos de que los demandados tomaran conocimiento de la propuesta de avenir.

Precisa que la actuación del Ejército de Chile, se despliega en dos hechos, en primer lugar, la resolución de someterla a la evaluación de la Comisión de Sanidad del Ejército, y en el segundo, la realización de una investigación sumaria administrativa para establecer los motivos que generaron su afectación médica, siendo notificada el 17 de marzo de 2021 del Informe de la comisión de sanidad, ya habiendo tomado conocimiento el Ejército de Chile de la demanda laboral y respecto a la comisión de sanidad, cita normas legales correspondientes al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, sosteniendo que tanto las actuaciones derivadas de la Comisión de Salud, como de la Investigación Sumaria Administrativa, suponen una afectación al debido proceso, pues se pretende una intromisión al conocimiento de estos hechos, ya radicados ante un tribunal de la República, cuyos fines en este estado del proceso permitirán a su contendor en el proceso laboral hacerse de medios de prueba de una forma totalmente irregular, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo durante los años 2019 y 2020, cuando la recurrente intentó que se investigaran los hechos.

Por lo descrito, solicita que se paralicen los efectos de las actuaciones de la Comisión de Sanidad del recurrido y se deje sin efecto la Investigación Sumaria Administrativa, por encontrarse dicha materia ya sometida al conocimiento de un tribunal competente; se ordene el restablecimiento del Derecho en la forma que esta corte estime, con costas.

SEGUNDO: Que el Ejército de Chile a través del Comandante de la Zona de Bienestar Antofagasta, evacuando informe, sostuvo que atendida la calidad de funcionario público como empleada civil de planta del Ejército de Chile, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley N°18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el DFL N°1 de 1997 Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y, en lo no regulado en los cuerpos normativos antedichos, se le aplica el Estatuto Administrativo General contenido la Ley N°18.834; detalló además las licencias médicas continuas presentadas por la recurrente.

Postula que conforme a la normativa citada y a lo instruido por el alto mando institucional, una vez que la recurrente cumplió con más de 90 días de licencias médicas continuas, el Comandante de la Zonal de Bienestar Antofagasta, informó al Comandante de la I División del Ejército mediante oficio OF ZONA BIENESTAR “AFTA” OF. RHs (P) n° 11350/44, de fecha 06 de enero de 2021, y solicitó el apoyo a la Comisión de Sanidad del Ejercito, para que reúna, estudie y evalúe la condición de salud y que la Comisión de Sanidad Divisionaria de la I División del Ejército, con fecha 26 de enero de 2021, emitió informe n° 31/2021 en el que consta que no se logró comunicación con la afectada, sugiriendo una Investigación Sumaria Administrativa, para averiguar el origen de su cuadro actual, además de requerir una evaluación psiquiátrica a través de telemedicina con el Hospital Militar de Santiago. Respecto a la sugerencia de la investigación, señala que proviene de una instrucción impartida por el Comandante en Jefe del Ejército mediante Resolución Comando CJE JEMGE DAI Ia (R) n° 11000/37, de fecha 31 de diciembre de 2019.

Luego, con fecha 01 de abril de 2021, mediante resolución DIVBIE DG RHs FISC ADM “E” (R) n° 1585/11970/934, se designó a la Teniente nombre reservado, para instruir Investigación Sumaria Administrativa en averiguación de: a) determinar las circunstancias en que se produjo la enfermedad de la afectada; b) determinar si la enfermedad se generó o no producto de un acto determinado del servicio. Investigación que tiene por objeto determinar si la afectación de la recurrente corresponde a una enfermedad profesional o la adquirió en el desarrollo de su servicio, razón por cual no se estaría vulnerando el numeral 1 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, sin que esta instrucción suponga perturbación alguna al procedimiento de tutela laboral, puesto que en este, lo que la demandante sostiene en esencia, es el acoso laboral de una colega asistente social, encontrándose por tanto cautelados sus derechos ante el Juez del Trabajo, perdiendo el presente recurso el real objetivo, atendida su índole y naturaleza, citando al efecto lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 13.959-2021, que revocó fallo de Rol 1755-2020 de la Iltma. Corte de Punta Arenas.

Tanto el oficio del Comandante de Zona de Bienestar Antofagasta, como el informe de la Comisión de Sanidad, son anteriores a la notificación de la demanda de tutela laboral, por lo que no tendrían asidero sus alegaciones.

Atendido lo anterior, solicita el rechazo del presente recurso, por no haberse establecido la existencia de una acción u omisión, arbitraria o ilegal, que hubiere vulnerado alguno de los derechos que refiere conculcados, limitándose la institución a ejercer sus atribuciones y deberes en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados y lo expuesto por la recurrente, se desprende que el objeto de la presente acción, consiste en determinar si de las actuaciones del Ejército de Chile, esto es, la resolución de someter a la recurrente a evaluación de la Comisión de Sanidad del Ejército, y en segundo lugar, realizar una investigación sumaria administrativa para establecer los motivos que generaron su afectación médica, constituyen actos ilegales o arbitrarios afectando con ello las garantías constitucionales que indica.

QUINTO: Que la actuación de la Comisión de Sanidad del Ejército puede ser enmarcada dentro de las atribuciones otorgadas a la señalada comisión, en los artículos 234 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, que dispone que “El examen físico y psíquico del personal, la determinación de su capacidad para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiera corresponderle será efectuado, exclusivamente, por la Comisión de Sanidad de cada Institución” expresando el mismo cuerpo legal que “Los accidentes en acto determinado del servicio, las enfermedades contraídas a consecuencia de éste, las enfermedades profesionales y las invalidantes de carácter permanente, se sujetarán en lo relativo a su constatación, reconocimiento y beneficios que originan, a lo dispuesto en la Ley Nº 18.948, en el presente Estatuto y en la respectiva reglamentación”, por lo que no se advierte ilegalidad desde el punto de vista orgánico en la decisión recurrida.

SEXTO: Que en lo relacionado con los fundamentos de las decisiones cuya legalidad y arbitrariedad sustentan la acción de protección, los antecedentes acompañados en el informe, se da cuenta que el 26 de enero de 2021, la Comisión de Sanidad Divisionaria I DE emite informe N° 31/2021, no pudo contactarla, acordando sugerir una Investigación Sumaria Administrativa, en averiguación del origen de su cuadro actual. Además, se requiere que el S1 de a JAL (SIC) gestione a la brevedad, una hora a través de telemedicina con un Siquiatra del Hospital Militar de la ciudad de Santiago.

SEPTIMO: Que teniendo presente lo asentado en las consideraciones que preceden y lo dispuesto en Resolución Comando CJE JEMGE DAI Ia(R) N° 11000/37, de fecha 31 de diciembre de 2019, ante la presentación de licencias médicas continúas, conforme al procedimiento de general aplicación en el Ejército de Chile, aplicables a los funcionarios de dicha institución, corresponde que estas deben ser derivadas a la Comisión de Sanidad Secundarias, las que a su vez pueden sugerir la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa, de manera que no se observa en el actuar de la recurrida la ilegalidad y arbitrariedad que se le imputa, sino por el contrario, sujeción estricta a la reglamentación vigente y a las situaciones fácticas que ocurrieron, por lo que necesariamente el recurso deberá ser rechazado. Por lo demás no es aplicable el artículo 237 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Defensa Nacional que establece el estatuto del personal de la Fuerzas Armadas, según se alegó en la audiencia porque esta disposición se refiere únicamente a las enfermedades invalidantes de carácter permanente indicadas en la ley 19.948 y además el propio artículo 232 refiere también la instrucción de una investigación sumaria.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra del Ejército de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2614-2021 (PROT)

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