nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

PAGE Antofagasta, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, representada por su secretario ejecutivo nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen las garantías reconocidas en el artículo 19 Nº 2, 3, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se cimentó fácticamente, en síntesis, en la negativa de pago del bono de retiro voluntario para profesionales de la educación del artículo 1 de la Ley 20.822, a que se acogió el 27 de octubre de 2015, del causante nombre reservado a sus herederos.

Refirió que su padre nombre reservado, fue profesor básico desde 1970 al 2015, falleciendo el 18 de abril de 2016, con más de 45 años de servicio, trabajando últimamente como inspector general del Liceo Comercial Mario Bahamondez. El 27 de octubre de 2016 (sic) luego de haber cumplido su edad para jubilar presentó su renuncia voluntaria a la recurrida.

Una vez fallecido su padre, y siendo un acto irrevocable la renuncia voluntaria, sus hermanos y él solicitaron su posesión efectiva, al que obtuvieron mediante Resolución Exenta N° 4263 de 11 de julio de 2016 del Registro Civil e Identificación.

Apuntó que el 13 de septiembre de 2016, en representación de la comunidad hereditaria dirigió carta al Director Regional del Trabajo de Antofagasta, solicitando un pronunciamiento sobre el derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 1 de la Ley N° 20.822, que estableció una bonificación por retiro voluntario para profesionales de la educación, el cual había sido negado por el ex empleador basado en el fallecimiento de su padre, en la carta refirió los requisitos de procedencia del bono, como son: a) ser profesional de la educación municipal; b) hombre con más de 65 años al 31 de diciembre de 2015; c) formalizar la renuncia voluntaria mediante carta; e)dentro de plazo que para el caso vencía el 2 de noviembre de 2015. Indicó que esta última fue remitida el 27 de octubre de 2015 a su ex empleador, cumpliendo todos los requisitos legales, naciendo el derecho e incorporándose al patrimonio del causante, y por tanto transmisible a sus herederos, cita dictámenes de Contraloría y Dirección del Trabajo.

Señaló que la Dirección regional del trabajo mediante Oficio Ord N° 1966, de 3 de agosto de 2017, se pronunció sobre consulta, concluyendo previa citas legales la procedencia de pago de pleno derecho, siendo exigible el mismo a partir de la emisión de los dineros por parte del Ministerio de Educación, no obstante el mismo ya se encuentra incorporado a su patrimonio, y en consecuencia transmisible a su herederos al momento de su fallecimiento.

Indicó que la recurrida, previo informe del departamento jurídico, negó la transmisibilidad del derecho mediante Ord. n° 6/2018 de 4 de enero de 2018, devengándose esta solo al momento de la inclusión del docente en la Resolución que individualiza a los beneficiarios, resolución N° 20, que fue dictada con fecha 9 de marzo de 2017, no ingresando al patrimonio del causante.

Explica que el criterio de interpretación sostenido por la recurrida es ilegal ya arbitrario, vulnerando las garantías fundamentales del artículo 19 n° 2, 3, 23 y 24 de la Carta Fundamental.

Refirió que mediante Ord. N° 6339 al Dirección del Trabajo con fecha 2 de diciembre de 2015, emitió pronunciamiento sobre el tema. Y agregó, que a la solución de transmisibilidad fue adoptada en la Ley 20.976, en su artículo 6 inciso 2°, y desarrollado en el Decreto N° 35 de 6 de febrero de 2017.

Concluye solicitando se declare la arbitrariedad e ilegalidad de la interpretación de la recurrida y ordene el pago del bono a los herederos del causante.

SEGUNDO: Que informaron el abogado Juan Pablo González Cruz, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Explicó la naturaleza y fines de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, y del bono por retiro voluntario establecido en virtud de la Ley 20.822.

Indicó que el primer pronunciamiento sobre la solicitud del actor se efectuó a través de correo electrónico con fecha 10 de agosto de 2016, por el portal de transparencia, indicando que no correspondía el pago de éste por aplicación del artículo 72 letra F) del Estatuto Docente. Posteriormente se realizó nueva solicitud el 10 de agosto de 2017, en la cual se reiteró la posición de la Corporación. No obstante, el 12 de octubre de 2017, el actor envió nuevamente correo electrónico a nombre reservado, requiriendo un pronunciamiento sobre la materia, el cual es contestado el 12 de octubre de 2017, negando la transmisibilidad del bono a los herederos del Sr. nombre reservado, basado en la falta de regulación en la Ley N° 20.822, y que la nueva ley – N° 20.976- que reguló un nuevo bono no tiene efecto retroactivo.

Puntualizó que la Resolución N° 20 del Ministerio de Educación, de fecha 9 de marzo de 2017, no existía a la fecha del fallecimiento del docente nombre reservado, por lo que no cumple con las condiciones de validez y ejecutoriedad que permitan al recurrente hacerse acreedor del beneficio, detentando éste solo una mera expectativa.

Alegó la extemporaneidad del recurso basado en que el recurrente tomó conocimiento cierto con mucha antelación a su interposición del recurso. Y Además, que la acción de protección no es la vía para declarar derechos controvertidos para lo que se exige un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, refirió la inexistencia de un actuar arbitrario o ilegal de su representada, que la interpretación sostenida de la improcedencia del pago del bono fue realizada en el marco de sus competencias y con estricto apego a la legalidad vigente y debidamente razonada.

Cuestionó que se hubiera afectado alguna garantía fundamental del recurrente, descartando, en extenso, la vulneración a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a su libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes y el derecho de propiedad.

Señaló que el recurso es inadmisible, además, por no existir un derecho adquirido del recurrente, pues los actos administrativos sólo producen sus efectos a partir de su notificación o publicación incorporándose en el patrimonio del interesado, así el acto administrativo, esto es, la Resolución Nº20 del Ministerio de Educación, de fecha 09 de marzo de 2017, sólo produce sus efectos jurídicos desde el momento de su publicación conforme lo establece el artículo 6 inciso final de la Ley N°20.822, por lo que, sus destinatarios, adquieren sus respectivos derechos al bono ya indicado, cuando se publica en el sitio electrónico del Ministerio de Educación y se cumple con las demás exigencias legales y no al momento de postular, como lo indica el recurrente.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que del recurso se extrae que por su intermedio se persigue obtener el pago del bono de retiro voluntario para profesionales de la educación del artículo 1 de la Ley 20.822, en este caso, por fallecimiento del titular la transmisión de este derecho a su sucesión.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad enarbolada por la recurrida y sustentada en que el recurrente tomó conocimiento sobre la negativa de pago del bono a la sucesión por la Corporación a lo menos un año antes de la interposición del recurso. Ésta se descartará, pues ningún antecedente objetivo de tal afirmación se añadió a autos, en cambio se acompañó la respuesta formal de la Corporación Municipal de Desarrollo Social -previo informe del departamento jurídico-, es decir, con examen jurídico del caso, mediante el Ord. N° 006/2018, fechado el 4 de enero de 2018, y que para efectos de la acción se considerará como el que determina la fecha cierta en que el actor tomó conocimiento cierto de la decisión formal y final negativa a los intereses de la sucesión que representa.

SEXTO: Que el recurso de protección es un acción constitucional cautelar extraordinaria, en la que sin forma de juicio, se ampara derechos fundamentales enumerados en el texto constitucional, presupone éste la existencia de un derecho indubitado y preexistente que pueda ampararse por esta vía, derecho cuya configuración en el sub judice es controvertido por la recurrida y constituye la base de la pugna jurídica entre las partes. Dilucidar cuándo se adquiere –ingresa al patrimonio- el bono de retiro voluntario creado por el artículo 1 de la Ley 20.822, y si éste es o no transmisible a los herederos del ex docente.

SÉPTIMO: Que el mentado bono se incorporó con la dictación de la Ley N° 20.822, que otorgó a los Profesionales de la Educación que indica una bonificación por retiro voluntario. Así, el artículo 1°, señala: “Establécese una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2015 pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales, ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto ley Nº3.166, de 1980, y que al 31 de diciembre de 2015 hayan cumplido o cumplan sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad si son hombres, y hagan efectiva su renuncia voluntaria e irrevocable, respecto del total de horas que sirven en las entidades antes señaladas, en los plazos y condiciones que fija esta ley.

Esta bonificación ascenderá hasta un monto de $21.500.000 (veintiún millones quinientos mil pesos), y será proporcional a las horas de contrato y los años de servicio o fracción superior a seis meses en la respectiva dotación docente o establecimiento regido por el decreto ley Nº3.166, de 1980. El monto máximo de la bonificación corresponderá al profesional de la educación que tenga once o más años de servicio en la respectiva dotación docente o establecimiento regido por el decreto ley Nº3.166, de 1980, y un contrato de 37 a 44 horas. En todo caso, la proporción se establecerá considerando un máximo de 37 horas de contrato.

Para el cálculo de la bonificación de cada profesional de la educación, se considerará el número de horas de contrato vigentes en la respectiva comuna o entidad administradora, según corresponda, al 31 de octubre de 2014.”

De la norma citada se desprenden los requisitos para acceder al bono y el monto que es determinado en proporción a las horas del contrato y años de servicio.

Es un hecho pacífico entre las partes que el profesor nombre reservado, a la época de ejercer su opción por el bono -27 de octubre de 2015- cumplía con los requintos legales para ser titular de éste, antecedente no menor si se considera que de acuerdo a la redacción de la norma trascrita la asignación del bono no estaba condicionada a cupos limitados u otro impedimento que nos permita concluir que era solo una expectativa, tal como ocurrió con el mismo bono a partir de la dictación de la Ley N° 20.976, de fecha 15 de diciembre de 2016, que estableció un número cerrado de bonificaciones y una progresión temporal con cupos por año.

Colacionado lo anterior con el cárter irrevocable de la renuncia y la incompatibilidad de la bonificación con toda indemnización o bonificación que, por concepto de término de la relación o de los años de servicio, le pudiere corresponder al profesional de la educación, cualquiera fuera su origen y a cuyo pago concurra el empleador (Artículo 3 Ley N° 20.822), fluye su naturaleza indemnizatoria de carácter legal y especial para estos profesionales, sin que su reconocimiento este sujeto a la dictación de un acto administrativo por el Ministerio de Educación como pretende la recurrida, confusión que se disipa al analizar el quien debe pagar esta bonificación, pues el mismo artículo pone de cargo del empleador su pago, manteniendo vigente la relación laboral mientras se ponga a disposición del profesional la totalidad de la bonificación. Más claro aún es el artículo 6 de la misma ley que dispone: “El pago de la bonificación a que se refiere el artículo 1º será de cargo de los sostenedores del sector municipal hasta el monto que les correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1997, del Ministerio de Educación. Para este pago, las municipalidades o corporaciones municipales podrán solicitar anticipos de la subvención de escolaridad a que se refiere el artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.” Y agrega, “En caso de existir diferencia entre lo que corresponde pagar al sostenedor municipal de acuerdo al inciso primero y el monto de la bonificación por retiro señalado en el artículo 1º, el Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte extraordinario equivalente a dicha diferencia.”

De la atenta lectura de la disposición trascrita, solo se puede concluir que la concesión de la bonificación no está sujeta a la dictación de un acto administrativo terminal diverso como pretende la recurrida, y que en el caso de marras, el acto administrativo en que justifica su interpretación, es decir, la Resolución Nº20 del Ministerio de Educación, de fecha 09 de marzo de 2017, no crea el derecho a la bonificación sino que sólo se limitó a conceder al sostenedor municipal anticipos de las subvenciones para el pago del bono a que ya estaba obligado, tal como se consigna en la parte considerativa de la citada resolución.

De esta forma, la primera interrogante planteada sobre la fecha en que nació el derecho para el docente en el caso, está dada por la presentación de su carta a la autoridad comunal cumpliendo los demás requisitos legales- hecho no controvertido-, lo cual ocurrió 27 de octubre de 2015, es decir, mientras aún se encontraba con vida, ingresando a su patrimonio.

OCTAVO: Que esclarecido lo anterior toca analizar si al fallecimiento del Sr. nombre reservado, este transmitió a sus herederos el crédito que detentaba contra la recurrida.

Como punto de partida, en materia de sucesión por causa de muerte la transmisibilidad de los bienes, derechos y obligaciones del causante es la regla general, excepcionado el principio sólo los derechos personalísimos del causante como por ejemplo los derechos de usufructo, uso o habitación (artículos 773, 806 y 812 del Código Civil), la acción revocatoria de una donación (artículo 1428 Código Civil), la vocación hereditaria del difunto, entre otros.

El crédito nacido por el docente contra la recurrida, no se encuentra entre los casos de intrasmisibilidad por lo que debe aplicarse la regla general e ingresarlo a la masa hereditaria.

A esta misma conclusión arribo el legislador al dictar la nueva ley que regula esta bonificación- Ley N° 20.976-, estableciendo en el artículo 6 inciso segundo que “Si un profesional de la educación, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta ley para acceder a la bonificación, fallece entre la fecha de su postulación y antes de percibirla, ésta será transmisible por causa de muerte. Dicho beneficio quedará afecto al numeral 1 del artículo 2° de la presente ley.” Esta redacción podría inducir a desconocer el derecho asentado el primer planteamiento, no obstante, la modificación legal estableció nuevos requisitos que la anterior, por lo que no es aplicable en ese punto, pero reconoce expresamente la transmisibilidad del derecho.

NOVENO: Que establecido que la sucesión del docente tiene derecho sobre la bonificación la negativa de su pago fundada en una interpretación ilegal de los requisitos de la Ley N° 20.822, desconocen el derecho de propiedad de la sucesión afectando la garantía fundamental consignada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la Republica, razón suficiente para acoger la acción constitucional.

DÉCIMO: Que se condenará en costas al recurrido, por estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por nombre reservado contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, y en consecuencia, se ordena a la recurrida pagar a la sucesión de don nombre reservado el Bono de Retiro Voluntario para Profesionales de la Educación dispuesto por la Ley N° 20.822.

Regístrese y comuníquese.

Rol 256-2018 (PROT)

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