nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Rodrigo Alejandro nombre reservado Tapia, abogado, domiciliado en domicilio reservado, actuando a favor de nombre reservado, ingeniero mecánico, dependiente de la empresa SMG INGENIERIA S.A., en adelante "la empresa SMG”, domiciliada en domicilio reservado, deduce acción de Protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, de quien ignoro su profesión u oficio, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en la comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana domicilio reservado y/o en domicilio reservado de esta ciudad, por vulnerar las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Evacua informe la recurrida, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en el descuento efectuado por la Caja de Compensación Los Andes, desde la remuneración del recurrente, respecto de las cuotas impagas de un crédito del año 2012 otorgado por la recurrida.

Expone que con fecha 20 de marzo de 2012, su representado suscribió el pagare N° 02.RUT reservado suscrito a favor de Caja de Compensación Los Andes, por la suma de $ 8.446.977, con cuotas mensuales parciales y sucesivas de $242.865 mensuales, pactándose en 48 cuotas, los pagos se realizaron mediante descuento por planilla con el empleador de aquella época hasta la cuota N°14, es decir, hasta el 31 de mayo de 2013. Al cambiar de empleador se suspendió el pago de las cuotas, razón por la cual la recurrida Caja de Compensación los Andes de autos interpuso la respectiva demanda ejecutiva en el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, ROL C-1250-2014, la cual fue archivada con búsquedas negativas, vale decir nunca se interrumpió la prescripción que estaba corriendo a favor de su representado.

Indica que con fecha 11 de octubre de 2012, su representado suscribió el pagare N° 02.RUT reservado suscrito a favor de Caja de Compensación Los Andes, por la suma de $ 1.834.487, con cuotas mensuales parciales y sucesivas de $95.787, pactándose en 24 cuotas, los pagos se realizaron mediante descuento por planilla con el empleador de aquella época hasta la cuota N° 7, es decir, hasta el 31 de mayo de 2013. Al cambiar de empleador se suspendió el pago de las cuotas, razón por la cual la recurrida Caja de Compensación los Andes de autos interpuso la respectiva demanda ejecutiva en el 3° Juzgado de Letras de Iquique, ROL C-1823-2014, la cual se tuvo por no presentada la demanda para todos los efectos legales, es decir, nunca se interrumpió la prescripción que estaba corriendo a favor de esta parte.

Señala que actualmente, su representado se vincula laboralmente como trabajador en la empresa SMG INGENIERIA S.A., R.U.T RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, mediante contrato de trabajo vigente desde el mes de 15 de abril de 2018.

Alega que el actual empleador de su representado, desde el mes de Junio de 2018 a la fecha, ha realizado los descuentos de sus remuneraciones por concepto de créditos de cuotas impagas, según detalle; mes de Junio $173.808, mes de Julio $235.423 y mes de Agosto $586.543, vale decir, la empresa SMG a descontado hasta la fecha, la suma que asciende a $995.774 (novecientos noventa y cinco mil setecientos setenta y cuatro) pesos.

Arguye que la empresa SMG, no tiene su consentimiento para efectuar dichos descuentos, infringiendo su derecho a la propiedad de sus remuneraciones y a la protección de las mismas que proporciona el Código del Trabajo.

Refiere que solicito las tres últimas liquidaciones de sueldo a la empresa SMG con fecha 04 de agosto de 2018, en la que se indica que dichos descuentos se producen mediante instrucciones por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin existir, como se dijo, consentimiento previo ni autorización por escrito por su parte y su empleador para realizar tal descuento.

De esta manera a su representado se le han hecho descuentos por una deuda contraída el año 2012, y que luego, de casi 6 años pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, variando considerablemente los descuentos, primeramente en el mes de Junio por un monto de $173.808, Julio por un monto de 235,423 y en el mes de agosto por una suma de $586.543 descontando mas del 50% de mi remuneración liquida a percibir en este último mes.

Aduce que presuntamente amparadas en la Ley de Cajas de Compensación las recurridas efectúan descuentos que no han sido informados de manera alguna, y que corresponderían a una deuda que en todo caso- y para todo efecto legal- se encuentra prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil y a las normas de la Ley 18.092. Por lo demás, nunca se ha notificado a esa parte acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, ni menos se le ha notificado de demanda alguna.

Estima que resulta manifiesta la arbitrariedad y vulneración a sus garantías constitucionales, establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3,16 y 24.

Agrega que la doctrina y jurisprudencia adoptadas universalmente, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 5 años.

Añade que las recurridas no fundamentan ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de esta parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiendo la Ilustrísima Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Solicita se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de su representado, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, y abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “la empresa SMG”, o por cualquier otro empleador que su representado tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja De Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo del presente recurso.

Indica que la Caja de Compensación, con fecha 20 de marzo de 2012, otorgó a nombre reservado la operación de crédito código RUT reservado, por un capital inicial de $8.446.977, con una tasa de interés mensual de 0.99%, pagadero en un plazo de 48 meses, con cuota mensual de $247.422.-, y cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2012.

Expone que el entonces empleador del recurrente, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A, Rut. RUT reservado, durante el periodo del 10 de mayo de 2012 al 10 de junio de 2013, retuvo y pagó las cuotas de los meses de abril de 2012 a mayo de 2013, cuotas N° 1 a la N°14. Luego, ante la falta de pago de las cuotas del crédito social por parte del Sr. nombre reservado, su representada dedujo acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza dicho mutuo, con fecha 26 de marzo de 2014, recayendo en el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, con el ROL C-1250-2014.

Continua que, no obstante, y a fin de regularizar su situación, con fecha 26 de mayo de 2014, el Señor nombre reservado efectuó una reprogramación de la deuda por la suma $7.894.755, pagadero en 22 cuotas de $405.374, con una tasa de interés de 0.99%, siendo el primer vencimiento con fecha 30 de junio de 2014.

Señala que con fechas 25 de julio, 14 de noviembre, 27 de noviembre y 12 de diciembre 2014; 09 de enero y 10 de febrero 2015, fueron pagadas las cuotas N°1 a la N°7.

Posteriormente, a través del actual empleador del Sr. nombre reservado, SMG Ingeniería S.A., se efectuó el pago de lo siguiente:

Mes informado Monto informado Monto pagado Fecha de pago mayo 2018 $602.139.- $250.026.- 10 de junio 2018 junio 2018 $602.337.- $173.808.- 10 de julio 2018 julio 2018 $235.423.- $235.423.- 10 de agosto 2018 agosto 2018 $586.543.- $ 0.- Sin pago septiembre $615.127.- $ 0.- Sin pago octubre Suspendido — — Refiere que la suma efectivamente descontada durante el presente año al recurrente es mucho menor de la que señala, toda vez que la empresa empleadora solo cumplió con remesar una parte del monto informado en las respectivas planillas de retención, absteniéndose, incluso, de remesar suma alguna para mes de agosto del año en curso, negando que los descuentos efectuados alcancen, como señala el recurrente, el 50% de su remuneración.

Refiere que en la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial". Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales". En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Por consiguiente, mediante el procedimiento de descuentos ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen, los cuales no son más que cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable esta obligación para mi representada.

Alega que el actuar de su representada no significa vulneración alguna al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

A partir de lo anterior, afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiara como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y cuyas acciones tendientes a su declaración no se han intentado por el recurrente de marras, el cual pretende obtener dicho beneficio en un procedimiento inidóneo para tal efecto como es la acción cautelar de protección.

Arguye que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración, sin perjuicio de poder excepcionar en el caso de que la Caja opte por iniciar una acción ejecutiva en su contra. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reprocha, consiste en el descuento realizado en sus remuneraciones de mayo a septiembre de 2018, respecto de un crédito del año 2012, luego de transcurridos seis años desde que contrajera la obligación con la recurrida, la cual no ejecutó en el intertanto otro tipo de acción que diera cuenta de su interés a fin de obtener el pago de lo debido, considerando que la acción ejecutiva interpuesta fue archivada.

SEXTO: Que esta corte comparte los fundamentos expuestos en causa Rol 41.479-2017 de 29 diciembre de 2017 de la Excelentísima Corte Suprema:

“Cuarto: Que en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación siempre que se trate de un cobro oportuno, pero que de este modo ha forzado unilateralmente, garantía de pago improcedente considerando que durante aquellos diez años dio claras señales de desinterés en perseguir su solución, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Quinto: Que en efecto, las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, se encuentran vinculadas a la Constitución, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella, entre las que se encuentra el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, esto es, que la función que ejercen debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo, encontrándose obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones a la afectada, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa de la trabajadora de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que la actuación denunciada afectó la esencia de las garantías previstas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Carta Política.

Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde ser declarado y otorgar amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas y esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente, en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo.”

SÉPTIMO: Que las cuestiones centrales planteadas en el fallo citado en el motivo anterior son aplicables a este caso. Después de años de que las obligaciones se hicieron exigibles, y mediando demandas fallidas de cobro de las sumas adeudadas las que terminaron archivadas, la recurrida de manera unilateral e inconsulta procede a descontar de las remuneraciones del actor haciendo valer el contrato preexistente, pero sin darle oportunidad de hacer valer los derechos que razonablemente le asisten en atención a la oportunidad del cobro, sin perjuicio que el largo lapso transcurrido importan que no puede sostenerse que la necesaria autorización por parte del trabajador pueda estimarse hoy vigente si ha existido un largo silencio en la relación jurídica.

OCTAVO: Que de esta manera procede acoger la acción disponiendo el cese del cobro, pero no así la restitución de las sumas pagadas, cuestión que debe ser determinada en la sede correspondiente, previa declaración de la extinción de las obligaciones que tiene el recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se ordena el cese inmediato de los descuentos practicados por la aludida Caja a través de su empleador, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2530-2018 (PROTECCIÓN)