TRANSPORTES BENCINA Y COMPAÑÍA LTDA. CON INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintisiete de julio de dos mil quince.

VISTOS:

Que comparece a fojas 3 doña Dayan Naranjo Tapia, abogado, quien en representación de TRANSPORTES BENCINA Y COMPAÑÍA LTDA., ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA, representada por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario que indica.

A fojas 36 consta el informe evacuado por el abogado Eduardo Machucha Cereceda en representación de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que en el marco de la negociación colectiva llevada a cabo por la empresa recurrente con el Sindicato de Trabajadores, este último presentó con fecha 17 de junio del presente año un reclamo formal ante la Inspección recurrida, solicitando la fiscalización de la empresa por una supuesta vulneración a derechos fundamentales y prácticas antisindicales en el proceso de negociación, afirmaciones que refiere ser falsas e inexactas.

Pese a ello, indica, en un actuar que estima ilegal y arbitrario, la Inspección del Trabajo exigió a la empresa fijar una reunión durante esa semana con el Sindicato de Trabajadores e informarla a la entidad, además de ordenar el acuerdo de un cronograma de reuniones el cual debe entregarse a más tardar el día 22 de junio del presente año, junto con documentación que informen respecto de la reunión del día 12 del mismo mes, a la cual no asistió el Sindicato.

Indica que tal proceder es del todo arbitrario toda vez que el artículo 333 del Código del ramo establece que a partir de la respuesta del empleador (al proyecto de contrato), las partes se reunirán el número de veces que estimen conveniente sin sujeción a formalidad alguna, por lo que estima que la recurrida ha excedido los límites de su competencia, además de ser parcial en la resolución del asunto puesto que no se exige lo mismo a su contraparte en la negociación.

Señala que lo anterior afecta el derecho de propiedad de la empresa garantizado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, al amenazar con multas el incumplimiento de aportar la documentación solicitada y cumplir con las exigencias impuesta, afectando también su derecho al desarrollo de su actividad económica amparado por el Nº 21 del mismo artículo, actividad que comprende la facultad de negociar colectivamente de conformidad a la ley. Por último, estima afectada también la garantía de igualdad ante la ley del Nº 2, al darle un trato privilegiado al Sindicato de la empresa.

Solicita en definitiva que acogiéndose el recurso, se deje sin efecto el acto administrativo consistente en requerimiento de documentación y citación en virtud de la fiscalización realizada por la recurrida, con costas.

SEGUNDO: A fojas 36 consta el informe evacuado por la recurrida solicitándose el rechazo del recurso e indicándose con dicho objeto que la investigación de la Inspección se inició tras denuncia del Sindicato de la empresa recurrente por conductas constitutivas de prácticas desleales en el proceso de negociación colectiva que se desarrollaba entre las partes. Tales conductas radican en el hecho de que la empresa no demuestra voluntad para negociar al haber suspendido reunión fijada al efecto en razón de haberse interpuesto por el Sindicato objeciones de legalidad a la respuesta al proyecto entregada por el empleador.

En tal contexto, señala, la fiscalizadora a cargo del proceso visita dependencias de la empresa, siendo atendida por la Gerente de RRHH y requiriéndose a ésta todos los antecedentes con que cuente relativos a los hechos denunciados. En dicha oportunidad, la representante de la empresa otorgó información de las reuniones programadas con la organización sindical, refiriéndose a la del día 12 de junio, requiriéndosele en consecuencia la entrega de los documentos atingentes a la citación a dicha reunión.

Agrega que la fiscalizadora a cargo, con los antecedentes otorgados, elaboró el informe de fiscalización concluyendo que sin perjuicio de constatarse en un principio la conducta denunciada, la misma fue corregida por la empleadora, por lo que no existen indicios suficientes de vulneración que amerite llamar a las partes a mediación. De dicho resultado del proceso de investigación se informó las partes con fecha 10 de julio del presente año, y en la misma fecha las partes lograron finalmente un acuerdo en el proceso de negociación, suscribiendo el correspondiente Contrato Colectivo.

De lo señalado, estima no haber actuado en forma ilegal o arbitraria, al haber iniciado y concluido la investigación por denuncia de prácticas antisindicales de conformidad a lo dispuesto en los artículos 387 y 505 del Código del Trabajo y los artículos 5 y 20 del DFL Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Descarta, por otra parte, la actuación arbitraria en tanto la documentación exigida a la empresa tenía directa relación con las afirmaciones efectuadas por la misma representante de la empresa, no habiendo en ningún caso instruido conducta alguna que adoptar a la empresa, y aún cuando finalmente los documentos exigidos no existían, no derivó ello en sanción alguna para la recurrente, desechando por otra parte la existencia de un trato no igualitario a la recurrente con respecto al Sindicato.

Por lo anterior, estima no haber afectado garantía constitucional alguna, reclamando por otra parte no existir derechos indubitados que amparar y ser imposible además el restablecimiento del imperio del derecho que se solicita, ya que la petición de dejar sin efecto el requerimiento de documentación y citación ha perdido eficacia toda vez que el mismo se verificó con fecha 24 de junio del presente año y, a partir de la misma, se concluyó que la conducta denunciada fue corregida, considerando además que las partes en el proceso de negociación colectiva arribaron a un acuerdo mediante la suscripción del contrato colectivo pertinente.

Solicita en consecuencia, se rechace el recurso con costas.

TERCERO: Que la petición concreta del recurso de protección deducido, y con el cual la recurrente entiende restablecido el imperio del derecho y el amparo de las garantías constitucionales que dice afectadas, consiste en dejar sin efecto o invalidar el acto administrativo consistente en requerimiento de documentación y citación en virtud de la fiscalización realizada por la recurrida, cuyo cumplimiento se fijó para el día 22 de junio del presente año.

CUARTO: Que en su informe la Inspección recurrida, respaldada con los antecedentes documentales que acompaña, señala que el requerimiento realizado a la empresa, y que sustenta el recurso deducido en su contra, fue cumplida por ésta con fecha 24 de junio de este año y que, más aún, con su mérito fue desechada la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores en su contra al estimar corregida la eventual práctica antisindical denunciada, arribando con posterioridad las partes a acuerdo en el proceso de negociación suscribiendo el correspondiente contrato colectivo.

QUINTO: Que de lo señalado aparece que el recurso sometido a conocimiento de esta Corte ha perdido oportunidad desde que el acto denunciado como ilegal y arbitrario ha sido consumado sin que de éste se generaran consecuencias perniciosas para la empresa recurrente, ya que por el contrario, la supuesta vulneración de derechos y práctica antisindical fue desechada.

Sin perjuicio de lo anterior, no puede desconocerse el hecho de que la denuncia planteada en el recurso no encuentra sustento en documento alguno que pudiere hacer, a lo menos, plausible la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida, desde que tal como señala ésta en su informe, el requerimiento de documentos a la empresa sólo tuvo por objeto el acreditar las circunstancias fácticas alegadas por la propia representante de la empresa y no, como se señala en su recurso, obligarla a agendar reuniones futuras con el Sindicato o exigirle formalidades que van más allá de las establecidas en la ley.

Tales alegaciones, por cierto, se desprenden de los antecedentes del proceso, lo que hace que la acción carezca de motivos plausibles para ser deducida, lo que se agrava por el hecho de que la recurrente tomó conocimiento, a lo menos con fecha 10 de julio –fecha en la que le fue notificada la resolución emanada de la Inspección del Trabajo que concluyó la inexistencia de indicios suficientes de vulneración de garantías fundamentales- de la pérdida de eficacia de su acción, sin que frente a ello hubiere ejercido las herramientas procesales con objeto de ponerle término, todo lo cual debe considerarse para la condena en costas del recurso.

Por las consideraciones precedentes y teniendo presente lo prescrito en el artículo 19 números 1°, 2° y 24° y 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recuso de Protección, SE RECHAZA, con costas, el recurso de Protección interpuesto por la abogado Dayan Naranjo Tapia en representación de Transportes Bencina y Compañía Ltda., en contra de la Inspección Provincial Del Trabajo De Antofagasta.

Regístrese y devuélvanse.

Rol 2494-2015.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. Jasna Pavlich Núñez y el Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veintisiete de julio de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.

6 Primera Sala