Protección contra empresa Global Cobranza S

Antofagasta, a quince de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Claudio Carrasco Aracena, abogado, en representación de Automotriz nombre reservado Ltda., persona jurídica del giro representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la empresa Global Cobranza S.A., representada por don nombre reservado, y/o don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, por considerar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en los numerales 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Se agrega informe de la empresa GLOBAL COBRANZA S. A., quien solicita el rechazo del recurso dirigido en su contra, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Claudio Carrasco Aracena, abogado, en representación de Automotriz nombre reservado Ltda., interpone recurso de protección en contra de la empresa Global Cobranza S.A., por considerar vulnerado los derechos fundamentales consagrados en los numerales 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Expone como antecedente, que la recurrente tiene por principal giro la venta, compra y arrendamiento de vehículos automotores y motocicletas, con operaciones que abarcan la Región de Antofagasta, las que se realizan en su mayor parte con cheques al día o a fecha. Precisa que con fecha 18 de abril del presente año, la recurrente suscribió contrato de verificación comercial de cheques con la recurrida quien otorga asesorías comerciales y financieras, y provee todo tipo de información comercial, tales como antecedentes de incumplimiento de obligaciones y/o documentos financieros, bancarios o mercantiles, en especial historia crediticia de personas naturales y jurídicas, protestos de cheques, letras y pagarés, aclaraciones, rectificaciones, relaciones comerciales, declaratorias de quiebra y todas aquellas otras relacionadas con el comercio y el sistema financiero, y validar la información comercial de los cheques consultados y entregar un código de autorización o informar negativamente, sin que para ello deba dar las razones de negación para no entregar código de aprobación, para lo cual se pactó un precio por el servicio ofrecido por la recurrida, al cual debía agregarse el I.V.A. debiendo ser pagado, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la recepción de la factura, en las oficinas de la recurrida, o depositando en la Cuenta Corriente de la misma, remitiendo el correspondiente comprobante.

Agrega que el 21 de agosto de 2017, al aprestarse a renovar su línea de crédito con el Banco BCI, no pudo concretarlo por registrar dos morosidades informadas por la recurrida. Señala que una vez obtenido el boletín comercial, comprueba lo informado por el ejecutivo del Banco, pues figura como impagas dos facturas, con vencimientos los días 3 de julio y 1 de agosto de 2017. Aduce al respecto que tales documentos nunca fueron recepcionados por la empresa, conforme a lo establecido en el contrato respectivo, siendo un acto esencial, a objeto de poder eventualmente impugnar o corroborar el cobro, sin perjuicio que la recepción implica una aceptación irrevocable, si no se reclama su contenido, o se niega la prestación del servicio, dentro del plazo que establece la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, derechos que no pudo ejercer, en cuanto, la recurrida de manera unilateral procedió a la publicación de las morosidades, sin siquiera haber enviado las facturas para su revisión.

Indica que su representada tiene un comportamiento comercial intachable, no registra publicaciones por moras o protestos del Boletín Comercial, y la referida publicación va en detrimento de los intereses de la recurrente, debiendo la recurrida eliminar del sistema moroso las deudas informadas, en cuanto, jamás ha recepcionado las facturas.

Como fundamento jurídico, invoca la recurrente en primer lugar, su derecho a la honra, consagrado en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha afectado a través de la publicación de la falaz morosidad el prestigio comercial de la recurrente, causando una lesión a la imagen de la empresa, impidiendo acceder a créditos y renovación de líneas de créditos, no tan solo con el Banco BCI, sino que respecto de todas las instituciones financieras con las que opera, indicando que el derecho a honra de una persona, como al ejercicio de cualquier actividad que no sea contraria a la moral, el orden público, las buenas costumbres o la seguridad nacional, se encuentran elevados al rango de garantía constitucional en el artículo 19 números 4 y 21; y cuyo ejercicio cautela mediante el arbitrio especial de protección consagrado en su artículo 20, todos de la Constitución Política de la República Subsidiariamente, indica la afectación del Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en el sentido de que en la actualidad el inicio o realización de cualquiera actividad de índole mercantil en el sistema bancario y/o financiero, aun las más simples, como la apertura de una cuenta corriente o la obtención de un pequeño crédito, suponen el conocimiento previo de los antecedentes comerciales de la persona interesada, y, la existencia de antecedentes negativos importa un impedimento que obstaculiza la concreción de cualquier proyecto que se pretenda emprender en ese ámbito, lo que en definitiva significa una seria perturbación al legítimo ejercicio de las actividades económicas que pretendía desarrollar la recurrente, por lo que se vulnera el artículo 21 de nuestra carta magna.

En subsidio de las anteriores, reclama la afectación del Derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que funda de conformidad a los artículo 582 y 583 del Código Civil, en el derecho a la imagen, que han ingresado al patrimonio de su representada como un derecho incorporal, por lo que al negarse la renovación de su línea de crédito por una morosidad que es inexistente, se vulnera el derecho de propiedad, protegido en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y que en el caso radica en el derecho de propiedad sobre la condición de la recurrente de ser solicitante de un crédito en el sistema bancario o financiero, cumpliendo todos los requisitos comerciales y crediticios, se le rechaza dicha petición, por una publicación errónea en el Boletín Comercial por una deuda inexistente, afectando su capacidad comercial y crediticia y su fama empresarial.

Indica finalmente que el acto denunciado, es ilegal y arbitrario de parte de la recurrida, consistente en la publicación errónea en el Boletín Comercial, so pretexto de existir obligaciones pendientes a causa de facturas por servicios, las que jamás han sido recepcionadas, solicitando en definitiva, se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, y, como consecuencia de ello, se disponga que la empresa recurrida, elimine la supuesta deuda de todo registro, público o privado, dentro de plazo de 3 días desde que la sentencia definitiva quede firme y, consecuencialmente que eliminen del registro de morosos del Boletín de informaciones Comerciales que edita la Cámara de Comercio de Santiago A. G., dentro de plazo de 3 días desde que la sentencia definitiva quede firme, en subsidio, adoptar las demás medidas correctivas o reparativas que este Tribunal estime convenientes para así restablecer el imperio de derecho o bien para evitar vulneraciones de las garantías constitucionales, y, que, en lo venidero, la recurrida, se abstenga de realizar cualquier acto que impliquen una afectación a los derechos señalados como denunciados, con costas.

SEGUNDO: Que informa el abogado Mario Andrés Acuña Díaz por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que su representada es una empresa mandataria para cobranza externa, cuyo cliente Portal Cheque S.A., envió a cobranza las facturas 7571 y 7790, cuyos pagos son al contado, por lo cual deben ser pagadas de manera inmediata y no a 30 días, como señala el recurrente. Que las mismas fueron válidamente recibidas, no han sido objetadas en cuanto a la no entrega de las mercaderías y no prestación del servicio, y, solo la factura 7571 aparece con un rechazo comercial, pero en caso alguno no son útiles para la publicación de su morosidad.

Manifiesta que el contrato suscrito entre su mandante y el recurrente, establece en la cláusula décima (sic), que para efectos de poner término a la relación comercial, el recurrente debe manifestar un voluntad mediante carta certificada, enviada al domicilio, lo que no ha ocurrido, por lo que se entienden prestados los servicios.

Hace presente que el recurso carece de fundamento, desde que no se señala la ilegalidad o abuso, o algún derecho vulnerado de parte de su representada, dado que es un agente de cobranza cuyas directrices las guía el contrato original suscrito entre Portal Cheques S.A. y el recurrente, conforme a la nueva tramitación electrónica de facturas, no es necesario que llegue a destino en forma física siendo la adecuada recepción, por medio de correo electrónico, que el contribuyente tenga asociado al Servicio de Impuestos Internos, en este caso correo reservado y, volviendo a notificar dichas facturas al correo asociado correo reservado, sin que hayan sido rechazadas.

Indica que el recurso no explica la forma en que se afectaron los derechos indicados por la recurrente, y, en nada consta que sea responsable la recurrida, o, la mandante Portal Cheque S.A., sino la existencia de un contrato entre la recurrente y Portal Cheque S.A. en el cual se fijaron las condiciones comerciales de la prestación de los servicios, así como la emisión de las facturas y su forma de pago, al contado, y, por último alega que los informes comerciales dan cuenta que las facturas fueron válidamente emitidas y recibidas por la recurrente en tiempo y forma, no fueron objetadas, sólo una de ellas rechazada comercialmente por terminación de contrato, pero de acuerdo al mismo contrato existe una condición como es la comunicación mediante carta certificada de la intención de poner término al contrato, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, insiste que su representada no ha cometido ningún acto arbitrario ni ilegal en contra del recurrente, solicitando el rechazo del recurso.

De manera subsidiaria, solicita en el evento de acogerse el recurso, se le exima del pago de las costas.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados por ella, entre las cuales cabe considerar, el derecho a respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona y su familia; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad en sus diversas especies.

CUARTO: Que en cuanto al fondo, se imputa a la recurrida un actuar ilegal, por haber informado que el Boletín Comercial registra morosidades correspondientes a dos facturas, que nunca recepcionó la recurrente, con lo cual se le impidió ejercer las acciones y derechos que confiere la Ley 19.983, que otorga mérito ejecutivo a las facturas.

Ahora bien, de lo expuesto por la recurrente y de los antecedentes acompañados, fluye que la morosidad corresponde al no pago de facturas emitidas por Portal Cheque S.A., y de las que la recurrente, sólo se limitó a dar cuenta de lo que registraba el Boletín Comercial.

En estas condiciones no existe un acto arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, que haya atentado contra los derechos y garantías alegados por la recurrente, correspondiendo en consecuencia rechazar el recurso, por no cumplir los requisitos que lo hacen procedente.

Cabe señalar que la recurrente afirma haber convenido con la recurrida que se le entregase todo tipo de información comercial, por lo que la simple entrega de la misma al banco está dentro de lo que convino con su contraparte.

QUINTO: Que ha sido jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia la existencia de presupuestos esenciales de esta cautelar constitucional, en la medida que para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado, se requiere de la existencia de derechos indubitados, con el objeto de evitar alguna privación, perturbación o amenaza, lo que no se da en el presente caso, pues la recurrente se basa en la afectación de los mismos por la acción de una persona con la que estaba ligado por un contrato bilateral, desde que las facturas emanan justamente de ello, por lo que no es posible en este proceso, que no tiene forma de juicio, disponer alguna medida frente a un conflicto jurídico no resuelto que pudiera entablarse, el que requiere a lo menos una sentencia declarativa que dirima la cuestión, lo que no ha ocurrido a la fecha, pues según indicó el abogado de la recurrente en la vista de la causa, que no se ha presentado demanda alguna a esta data, razones más que suficientes para desestimar el recurso. En estas condiciones, no corresponde emitir pronunciamiento de la petición subsidiaria de la recurrida, relativa a la excepción de costas en el evento de acoger la acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 números 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el interpuesto por el abogado Claudio Carrasco Aracena, en representación de Automotriz nombre reservado Ltda. en contra de la empresa Global Cobranza S.A., representada por don nombre reservado, y/o don nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2490-2017 (PROT)

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