nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXIS COLECTIVOS LINEA 17

Antofagasta, a catorce de febrero del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Romina Órdenes Vega, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, transportista, domiciliada en domicilio reservado, de la misma ciudad; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra 111, Línea N° 17, rol único tributario N° 73.242.800-3, representado por su presidente nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Antofagasta, quien desvinculó a la recurrente del sindicato por el atraso del pago de las cuotas sociales, actuación que la ha privado del libre ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 3, 15, 16, 21, 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que con fecha 2 de diciembre de 2024, la recurrente recibió una carta certificada en la que se le informaba sobre su desvinculación del sindicato debido a un supuesto atraso en el pago de sus cuotas sociales por un período superior a seis meses. La actora no dio importancia a dicha comunicación, ya que se contradecía con lo estipulado en los estatutos sindicales en cuanto a las condiciones de pérdida de la calidad de socio y el derecho a defensa.

El 12 de diciembre de 2024, la recurrente efectuó el pago de las cuotas atrasadas, por un monto de $60.000, mediante transferencia bancaria. Sin embargo, el sindicato rechazó arbitrariamente el pago y procedió a reintegrar el dinero mediante depósito directo, argumentando que la desvinculación ya había sido efectuada.

Destaca que anteriormente ya había realizado pagos periódicos previos, entre ellos:

· 11 de marzo de 2024: $30.000 por las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2023.

· 10 de octubre de 2023: $20.000 por las cuotas de julio y agosto de 2023.

· 23 de noviembre de 2023: $10.000 correspondiente a septiembre de 2023.

· 23 de agosto de 2024: $30.000 correspondientes a marzo, abril y mayo de 2024.

Hace presente que en el artículo 33 del Estatuto, establece que la pérdida de calidad de socio procede sólo cuando se dejan de pagar las cuotas ordinarias mensuales por más de seis meses y tras una notificación formal del tesorero. No obstante, sostiene que nunca recibió dicha advertencia previa, lo que vulnera el procedimiento reglamentario. Asimismo, el artículo 51 indica que la expulsión de un socio solo puede decidirse en una asamblea y garantizando el derecho a defensa. Sin embargo, no se celebró asamblea alguna ni se otorgó la oportunidad de presentar descargos, lo que constituye una infracción grave a sus derechos fundamentales.

Posteriormente, enumera los derechos vulnerados, incluyendo el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, el debido proceso, la propiedad, la libertad de trabajo y la posibilidad de desarrollar cualquier actividad económica. Indica además normativa constitucional y laboral al respecto.

Concluye solicitando que se declare la nulidad de la desvinculación por ser arbitraria e ilegal y se ordene su reincorporación inmediata como socia activa, se anule la devolución forzada del dinero, se ordene al sindicato respetar estrictamente los procedimientos estatutarios y los derechos de sus miembros, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, Rolando Frez Tapia, abogado, en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra Línea 111, evacúa informe, señalando que la sanción fue interpuesta debido al incumplimiento en el pago de las cuotas ordinarias por un período superior a seis meses. Dicha sanción está expresamente prevista en el artículo 33 de los estatutos de la organización. La recurrente, además, formaba parte de la comisión revisora de cuentas, percibiendo un pago mensual $110.000, por dicho cargo. Además, la propia recurrente reconoce que tenía el hábito de pagar tardíamente sus cuotas, llegando a cancelar en marzo de 2024 las correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, entre otros retrasos similares.

Argumenta que la sanción impuesta no constituye una vulneración de derechos constitucionales, ya que la sanción aplicada responde a una causal objetiva de pérdida de calidad de socia sin requerir un procedimiento de expulsión previo, el pago de las cuotas es una obligación estatutaria de los socios, establecida en el artículo 31, letra c), cuyo valor mensual vigente ascendía a $10.000, suma que la recurrente no pagó en los plazos correspondientes.

Destaca que el 2 de diciembre de 2024, se aplicó la sanción conforme al artículo 33 de los estatutos, notificándose por carta certificada. Para dicha fecha, la recurrente adeudaba más de seis meses de cuotas sociales, configurándose plenamente la causal de sanción. Sostiene que la norma ha sido aplicada con anterioridad en casos similares sin que los afectados recurrieran contra la decisión.

Indica que los estatutos de la organización, conforme al artículo 53 del Código Civil, tienen carácter obligatorio para todos los socios, incluyendo a la recurrente y que la sanción aplicada no requería la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 51 de los estatutos, ya que este último es aplicable a otras situaciones específicas.

Por otro lado, estima que no existe un derecho indubitado que justifique el presente recurso, ya que no se ha acreditado un trato desigual en comparación con otros socios en circunstancias similares.

Agrega que el derecho de asociación no garantiza la permanencia absoluta dentro de una organización, sino que esta puede establecer normas internas de funcionamiento. Destacando que la organización sindical tiene autonomía para estructurar su funcionamiento, incluyendo la aplicación de sanciones por incumplimiento de sus normas.

En cuanto al debido proceso alegado por la recurrente, expone que no es objeto del recurso de protección, ya que existen otros mecanismos judiciales para impugnarlo. Añade que no se ha configurado una vulneración al derecho de propiedad respecto de las cuotas pagadas, ya que la organización sindical devolvió a la recurrente los montos ingresados con posterioridad a la pérdida de su calidad de socia.

Hace presente que la recurrente tras presentar su recurso fue invitada a reincorporarse a la organización en una asamblea extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2025, propuesta que rechazó en dos oportunidades, manifestando su voluntad de continuar con el proceso judicial. Por lo anterior, sostiene que la recurrente tuvo la oportunidad de reincorporarse y lo rechazó voluntariamente, por lo que desaparece cualquier afectación de derechos que pudiera justificar la procedencia del recurso. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución de la materia sub lite, en cuanto al fondo, cabe tener presente que la cuestión debatida en lo sustancial en estos antecedentes es determinar la existencia de una acción arbitraria e ilegal imputable por la decisión de desvincular a la recurrente, en su calidad de socia, del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra 111, Línea N° 17, por el atraso en el pago de las cuotas sociales por un período que supuestamente superaba los seis meses.

SEXTO: Que para una acertada resolución se debe tener presente lo dispuesto en el Estatuto del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra 111, Línea N° 17.

“Artículo 31.- Son obligaciones de deberes de los socios: c) pagar una cuota mensual ordinaria ascendente a $5.000 mensuales y reajustables al 1 de enero de cada año de acuerdo a la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, durante los doce meses inmediatamente anteriores. Además, deberá pagar las cuotas establecidas en los reglamentos internos del Sindicato y aprobados por la asamblea. La cuota mensual ordinaria podrá ser modificada en asamblea especialmente citada para este objeto a la que deberá concurrir el 50% más uno de los socios.”

“Artículo 33.- Perderán su calidad de socios aquellos que dejen de pagar las cuotas ordinarias mensuales por un periodo superior a seis meses. El tesorero notificará por carta certificada a cada socio que se encuentre atrasado, en la que se incluirá el texto respectivo a las consecuencias de esta falta.”

“Artículo 51.- Cuando la gravedad de la falta o de las reincidencias en ellas lo hicieran necesario, la asamblea como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse. La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del Sindicato. El socio expulsado no podrá solicitar su reintegro después de un año de ésta expulsión.”.

SÉPTIMO: Que, a juicio de estos sentenciadores, no consta en autos antecedentes suficientes que definan la existencia de los procedimientos establecidos en los estatutos ya señalados respecto de la expulsión de la recurrente por haber incurrido en una falta que se calificó como grave, ni el cumplimiento de las formalidades de una asamblea y, por último, de haberse adoptado los acuerdos de expulsión con el quorum que el citado artículo 51 establece. La parte recurrida, por lo tanto, actuó como una comisión especial aplicando la más gravosa de las sanciones para uno de los miembros de la organización social de autos, cuestión que atenta contra la garantía protegida en el artículo 19 numeral tercero de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que en la especie resulta relevante, a propósito de decidir el asunto, conforme a la acción deducida y al informe del recurrido, es lo consagrado en el artículo 33 del estatuto en referencia, desde que al amparo de dicha norma, y de acuerdo a la hipótesis que allí se regula, se determinó la pérdida de la calidad de socio de la actora.

En estos términos, independiente a la acreditación del retraso superior a seis meses en el pago de las cuotas sociales por parte de la recurrente y aún aceptando que dicho supuesto se encontrara acreditado, de acuerdo al procedimiento reglado en el artículo 33 ya mencionado, amén de demostrar la recurrida el supuesto de hecho infringido por la asociada, lo cierto es que, además, debió haber ajustado la sanción respecto de la cual se reclama, al modo en que dicho sindicato reguló la expulsión por dicha infracción, esto es, que el Tesorero del sindicato notificará por carta certificada a nombre reservado, incluyendo en dicha notificación el texto respectivo a las consecuencias de dicha falta. Requisitos estos últimos, cuyo cumplimiento no ha resultado acreditado.

Así las cosas, solo es posible concluir, que la pérdida de la calidad de socia del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra 111, Línea N° 17, que fuera dispuesta por los recurridos, respecto de la recurrente, deviene de una sanción impuesta, vulnerando el Derecho de la afectada al debido proceso consagrado en el numeral 3 del artículo 19 de la carta fundamental, por no haberse cumplido el procedimiento establecido en el artículo 33 del estatuto respectivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por Romina Órdenes Vega, abogada, en representación de nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Sintaxlibra 111, Línea N° 17, ordenándose al recurrido la reincorporación de la recurrente, dejando sin efecto la medida de expulsión que se le aplicó.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2481-2024 (PROT)

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