nombre reservado con MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

Antofagasta, a cinco de febrero del dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chilena, casada, ingeniero civil industrial, con domicilio en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Dirección de Obras Portuarias, representada nombre reservado, Director nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien con fecha 30 de octubre de 2024, emitió la resolución TRA N°88/5/2024, cuya toma de razón se produjo el 3 de diciembre de 2024, que declaró vacante por salud incompatible, actuación que la ha privado del libre ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Informo la recurrida al tenor de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando en primer lugar y a modo de contexto que la recurrente ingresó a prestar servicios en la Dirección de Obras Portuarias de la Región de Antofagasta en noviembre de 2006, bajo el grado 11° de la escala única de sueldos, en calidad de profesional a contrata. Durante el ejercicio de sus funciones, estuvo a cargo de la planificación y programación de inversiones regionales, gestión y evaluación de iniciativas de inversión, control de gestión, así como la incorporación de criterios de participación ciudadana, género e inclusión social en los proyectos institucionales. Asimismo, mantuvo coordinación permanente con sus superiores con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiente administración de los recursos públicos.

En cuanto a su estado de salud, en los últimos dos años presentó un deterioro físico y un alto nivel de estrés, atribuido a una sobrecarga laboral derivada de las funciones adicionales de jefatura desde el mes de octubre de 2022. Luego de diversas evaluaciones médicas, en octubre de 2023 fue diagnosticada con fibromialgia y síndrome de Sjögren. Como parte de su tratamiento, se le indicó la realización de diversas terapias unidas al tratamiento farmacológico, y seguimiento con especialistas en neurología, cardiología y nutrición.

Debido a la acumulación de licencias médicas, solicitó una evaluación de su estado de salud ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Antofagasta, entidad que, mediante la Resolución Folio N°17898569, de fecha 6 de septiembre de 2024, determinó que su condición de salud es recuperable.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2024, a través de la Resolución TRA N°88/5/2024, la Dirección de Obras Portuarias notificó que, en el período comprendido entre el 7 de octubre de 2022 y el 22 de abril de 2024, la funcionaria acumuló un total de 239 días de licencias médicas, superando así el límite de seis meses dentro de un período de dos años, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. En virtud de lo anterior y considerando que su condición de salud fue calificada como recuperable, la autoridad resolvió declarar la incompatibilidad de salud con el desempeño del cargo. Por lo anterior, y de conformidad con la letra a) del artículo 150 y la letra c) del artículo 146 del citado DFL N°29, se procedió a declarar vacante su cargo y se dispuso el cese de sus funciones a partir de la notificación de la total tramitación del acto administrativo.

Sostiene que la resolución TRA N° 88/5/2024, del 30 de octubre de 2024, que declara su salud incompatible con el cargo, es ilegal y arbitraria, toda vez que carece de fundamentos jurídicos adecuados, vulnerando los principios del debido proceso y de proporcionalidad.

Destaca que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) determinó expresamente que su estado de salud es recuperable, circunstancia que contraviene la causal invocada en la resolución impugnada. En efecto, la normativa vigente exige que la incompatibilidad de salud con el cargo sea de carácter definitivo e irrecuperable, lo que en este caso no se configura, dejando sin sustento jurídico la medida adoptada.

Asimismo, la resolución impugnada no contiene un análisis ni argumentación concreta que justifique por qué el estado de salud de la recurrente resultaría incompatible con el ejercicio de sus funciones. El acto administrativo se limita a indicar que la funcionaria acumuló 239 días de licencia médica en los últimos dos años, sin efectuar una evaluación individualizada de su situación particular, omitiendo cualquier referencia específica a su diagnóstico y condición actual.

Por otra parte, la actora sostiene que la medida impugnada vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley y su derecho a la defensa, toda vez que la decisión de declarar la vacancia de su cargo y disponer su desvinculación se adoptó sin considerar su enfermedad diagnosticada, sus 18 años de trayectoria en la institución, calificaciones ni su desempeño profesional.

Expone que el jefe superior del servicio, al ejercer la facultad discrecional conferida por el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley N°29, omitió realizar un análisis individualizado del caso, limitándose a un cálculo estrictamente numérico de los días de licencia médica, sin fundamentar de manera específica la supuesta incompatibilidad de salud con el cargo. Además, no se llevaron a cabo gestiones destinadas a conocer el estado de salud actualizado de la recurrente ni se consideraron sus antecedentes médicos, lo que refuerza el carácter arbitrario de la medida adoptada.

La recurrente sostiene que su desvinculación vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, dado que la medida adoptada le ha privado del acceso a prestaciones médicas necesarias para la recuperación de su salud, tanto física como mental. En este sentido, la decisión administrativa impugnada contradice lo dispuesto en la Ley N° 21.531 y la Circular N°03 de 2024, normativa que garantiza el acceso equitativo a la salud de las personas diagnosticadas con fibromialgia y/o dolores crónicos no oncológicos. Ambas disposiciones establecen que las licencias médicas otorgadas en estos casos no pueden ser rechazadas ni sometidas a procedimientos discriminatorios, lo que en el presente caso no fue observado por la autoridad recurrida.

Alega que ha sido objeto de una decisión discriminatoria, ya que su desvinculación se fundamentó exclusivamente en la cantidad de días de licencia médica utilizados, sin considerar factores determinantes anteriormente señalados, por lo que la resolución impugnada constituye un trato desigual e injustificado, en contravención con el principio de igualdad ante la ley y la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema, que ha señalado que la causal de salud incompatible debe ser evaluada por órganos competentes y bajo criterios técnicos objetivos y claros.

Afirma que la decisión administrativa impugnada ha vulnerado el derecho de propiedad sobre su cargo a contrata, el cual ha ejercido ininterrumpidamente desde el 13 de noviembre de 2006. La desvinculación arbitraria ha afectado su estabilidad laboral, su carrera funcionaria y los derechos asociados a ella, en contravención con el principio de juridicidad que rige la actuación de la Administración del Estado. Añade que la potestad discrecional de la autoridad no puede ser ejercida en forma arbitraria ni desconocer garantías constitucionales, conforme lo ha señalado Tribunal Constitucional en jurisprudencia que cita.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la Resolución TRA N°88/5/2024, en razón de su ilegalidad y arbitrariedad; se anulen todos los actos administrativos posteriores que hayan validado la desvinculación de la recurrente; ordene su reincorporación al cargo de Profesional Grado 10 en la Escala Única de Sueldos, con el pleno ejercicio de sus derechos laborales y previsionales; disponga el pago de todas las remuneraciones adeudadas desde la fecha de su separación del cargo hasta su efectiva reincorporación, debidamente reajustadas, junto con las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, garantizando el respeto a los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, nombre reservado, Director nombre reservado del Ministerio de Obras Públicas, informó al tenor del recurso, precisando que mediante la Resolución TRA Nº 88/5/2024, de fecha 30 de octubre de 2024, debidamente tomada de razón por la Contraloría General de la República el 3 de diciembre de 2024 y notificada el 6 de diciembre del mismo año, se declaró la vacancia del cargo de la funcionaria nombre reservado, quien se desempeñaba como profesional a contrata en la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

Sostiene que la decisión se sustentó en la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29 del Estatuto Administrativo, toda vez que la funcionaria acumuló un total de 239 días de licencias médicas, continuas o discontinuas, en un período de dos años, superando así el límite de seis meses establecido en la normativa vigente.

Expone que medida adoptada se ajustó a los lineamientos administrativos impartidos mediante el Oficio Circular Nº 12, de fecha 11 de julio de 2024, el cual instruye la reducción del ausentismo laboral en la administración pública. Asimismo, tuvo fundamento en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para los años 2024 y 2025, que establece la obligatoriedad de evaluar la aplicación de la causal de salud incompatible en situaciones como la de marras. Adicionalmente, la Dirección de Obras Portuarias solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación del estado de salud de la funcionaria, la que mediante la Resolución de Folio Nº17898569, del 6 de septiembre de 2024, determinó que su condición era recuperable. Sobre la base de este pronunciamiento y los antecedentes administrativos pertinentes, el Director nombre reservado resolvió declarar la vacancia del cargo en cuestión.

Al contrario de lo que expone la recurrente, defendió la legalidad de la decisión adoptada, señalando que la declaración de vacancia del cargo se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el artículo 151 del DFL Nº 29, el cual faculta al jefe superior del servicio para tomar dicha determinación sin que sea requisito indispensable un pronunciamiento de irrecuperabilidad por parte de COMPIN. Asimismo, argumentó que la prolongada ausencia de la funcionaria afectó la continuidad del servicio público, lo que justificó la aplicación de la causal establecida en la normativa y jurisprudencia vigente.

En relación con la alegación de discriminación, la Administración sostuvo que la medida adoptada se fundamentó en criterios objetivos y normativos, sin que se vulnerara el principio de igualdad ante la ley. Respecto al derecho de propiedad invocado por la recurrente, precisó que los funcionarios a contrata mantienen un vínculo de carácter temporal con la Administración, lo que implica que no gozan de estabilidad en el cargo.

En virtud de lo expuesto, concluyó que no se configuraban los presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección interpuesto, toda vez que no se acreditó la existencia de actos ilegales o arbitrarios que vulneraran derechos constitucionales de la recurrente, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que: 1) La actora presentó diversas licencias médicas en el periodo comprendido desde el 7 de octubre de 2022 al 22 de abril de 2024, la funcionaria acumuló un total de 239 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las licencias presentadas con posterioridad a dicho periodo; 2) Con fecha 6 de septiembre de 2024 se emitió por la COMPIN Resolución de evaluación de Salud Irrecuperable, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable; 3) mediante Resolución TRA N°88/5/2024, tomado de razón el 3 de diciembre de 2024, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”

OCTAVO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Dirección de Obras Portuarias Regístrese y comuníquese.

Rol 2447–2024 (PROTECCIÓN)

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