FORZA SPA con SERVICIO DE IMPUSTOS INTERNOS

PAGE Antofagasta, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que presenta recurso de protección el abogado Jorge Fidel Castro Allendes, actuando en nombre y representación de la Sociedad Forza SpA, persona jurídica de derecho privado, del giro servicios, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio de Impuestos, representado por su Director Regional don Rómulo Gómez S., ambos domiciliados en domicilio reservado, por realizar actos e incurrir en omisiones que amenazan, perturban y privan ilegal y arbitrariamente a su representada de las garantías constitucionales establecidas en los Nº21, N°22, N°23 y N°24 del artículo 19 de la Constitución.

Se indica que la recurrente es una sociedad por acciones constituida con fecha 15 de junio de este año en la ciudad de Antofagasta, y que luego de realizar los trámites vinculados a la constitución de la misma, concurrió al Servicio de Impuestos Internos a obtener la clave inicial para efectos de registrarse como contribuyente, realizar el trámite de inicio de actividades, obtener rut y comenzar a operar comercialmente.

De tal forma, señala haber obtenido la iniciación de actividades, el rut respectivo, se le verificó domicilio y, finalmente se le autorizó mediante el sistema o portal web del SII a emitir facturas electrónicas, alcanzando a emitir facturas a algunos de sus clientes, las que se encuentran declaradas en el sistema y sus impuestos pagados.

Sin embargo con fecha 3 de agosto de este año, en el portal WEB del contribuyente, apareció bloqueada la opción de emitir facturas electrónicas, con una leyenda que el administrador de la sociedad debía concurrir al Servicio de Impuestos Internos a “Solucionar un requerimiento de Fiscalización al que no ha dado respuesta”. Habiendo comparecido a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, fue informado por un Fiscalizador, que no se le permitiría emitir facturas electrónicas debido a que la titular de las acciones de la sociedad Forza SpA registraba deuda tributaria como persona natural y como representante de otra sociedad, señalándosele que mientras no se pagaran esas deudas tributarias, no se le permitiría emitir facturas electrónicas, cuestión que fue corroborada por el jefe del departamento jurídico, Sr. nombre reservado A.

nombre reservado presente que la sociedad recurrente no registra ningún tipo de deuda tributaria, anotación o similar, en tanto que la situación de deuda por la cual se le impide emitir facturas electrónicas acaeció el año 2008 y corresponde además a una persona distinta de la sociedad contribuyente, por lo que carece de cualquier soporte legal y corresponde a una ilegal autotutela de la administración del Estado quienes por la vía del bloqueo de la actividad mercantil de la sociedad, pretenden soslayar las acciones de cobro que deben realizar incluso, en contra de otros contribuyentes.

Señala que el propio ordenamiento jurídico permite la formación de personas jurídicas que son entes ficticios con personalidad jurídica propia, de manera tal que el actuar de la recurrida implica desconocer abiertamente la teoría de la personalidad jurídica, del patrimonio como atributo de la personalidad y de la singularización del contribuyente.

Agrega que el actuar denunciado excede de las atribuciones y competencias del Servicio recurrido, atentando contra una serie de normas y garantías constitucionales que se enmarcan dentro de un concepto más genérico denominado orden público económico, que comprende la garantía al derecho a la libertad económica, amparada en el artículo 19 N°21 de la Constitución, consistente en el derecho a desarrollar, de forma irrestricta, todo tipo de actividad económica lícita, respetando las normas legales que regulen dicha actividad, y siempre que ésta no sea contraria a la moral, el orden público y a la seguridad nacional; el derecho a la igualdad en general y ante la ley en el campo económico, garantizada en los N°2 y 22 de la misma disposición; y el derecho de propiedad, que la recurrente mantiene respecto de sus equipos, contratos con clientes e incluso créditos por cobrar por servicios prestados durante todo el mes de julio que no pudieron ser facturados debido al bloqueo de parte de la recurrida.

Refiere que el actuar denunciado vulnera el contenido esencial de tales derechos en los términos del artículo 19 N°26 de la Constitución, ya que la misma implica que no se le permita ejercer actividad económica alguna; se le da un trato desigual frente a otros contribuyentes que no tiene o registran incumplimientos tributarios, y se le impide acceder a propiedad que le pertenece por tratarse de créditos por cobrar a clientes de la recurrente.

Solicita en definitiva que se adopten las medidas y providencias pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del Derecho, ordenando que la recurrida deje sin efecto en forma inmediata el bloqueo que actualmente tiene vigente en contra de la Sociedad Forza SpA, y que permita su facturación electrónica por cumplir con todas las exigencias administrativas y tributarias, sin perjuicio de las demás medidas que se estime del caso decretar, con costas.

Informando la recurrida solicitó el rechazo con costas del recurso indicando que de conformidad con la información que obra en el Sistema de Información Integrado del Contribuyente (SIIC), con fecha 06 de julio del presente año se efectúa el inicio de actividades de la recurrente, SERVICIOS FORZA SPA, RUT N°RUT reservado, en el rubro de Lavandería, siendo su única accionista la contribuyente Sra. nombre reservado RUT N°RUT reservado, con un 100% de participación, y su representante legal el Sr. nombre reservado, RUT N°RUT reservado.

Desde el inicio de sus actividades, se le han autorizado a la recurrente la cantidad de 13 folios, los cuales han sido emitidos en su totalidad; sin embargo, a la fecha, no registra declaraciones de impuestos mensuales por los folios de los documentos electrónicos emitidos en el mes de julio 2017, debiendo ser declarados y pagados mediante formulario 29, hasta el 20 de agosto 2017, lo que importa una deuda por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios, de la suma de $4.228.301.

Además, refiere que la única accionista de la sociedad, doña nombre reservado, presenta una situación de incumplimiento tributario permanente, tanto como personal natural, socia y representante legal de las siguientes empresas:

1) Empresa Lavandería Industrial LAM Ltda. RUT N°RUT reservado, con giro de Lavandería Industrial, Aseo, Obras Civiles y Reparto Express. Sus socias originales son nombre reservado, con un 50% de participación y nombre reservado con un 50% de participación. Con fecha 16 de agosto de 2010 se efectúa modificación societaria (se informa al Servicio con fecha 06 de septiembre de 2010), donde sale la socia nombre reservado. Esta sociedad timbró 77 facturas manuales, siendo el último timbraje el 24 de mayo de 2005. Registra declaraciones de Impuestos mensuales desde agosto 2008 hasta diciembre 2009, de los cuales cinco periodos fueron girados. No registra Declaraciones de Impuesto a la Renta por los años Tributarios 2009 al 2011. A la fecha, la sociedad registra una deuda neta ascendiente a $12.927.140.

2) Como persona natural, en el rubro de Lavandería Artesanal, timbró facturas manuales hasta el folio 477, realizando el último timbraje con fecha 13 de marzo de 2015. Con fecha 16 de septiembre de 2010 se incorpora al sistema Facturador Electrónico Mipyme, haciendo uso de 375 folios de facturas electrónicas. Registra declaraciones de impuestos mensuales desde septiembre 2010 a abril 2015 (corresponden a 56 periodos tributarios), de los cuales efectivamente declarados se encuentran 33 periodos; notificados y girados, 17 periodos; y, no declarados, 6 periodos. No ha presentado declaraciones correspondientes a Impuesto a la Renta por los Años Tributarios 2011, 2012 y 2016. A la fecha, la contribuyente registra una deuda neta ascendiente a $82.268.937.

3) Empresa LAM Servicios Industriales SpA, RUT N°RUT reservado, en el rubro de Lavado y Limpieza de Prendas de Tela y de Piel, Limpieza en Seco; siendo su única socia la contribuyente Sra. nombre reservado, con un 100% de participación. Con fecha 28 de abril de 2010 se incorpora al sistema Facturador Electrónico Mipyme, haciendo uso de 1.002 folios de facturas electrónicas. Registra declaraciones de impuestos mensuales desde abril 2015 a mayo 2017 (corresponden a 26 periodos tributarios) de los cuales efectivamente declarados se encuentran 13 periodos; y, notificados y girados, 13 periodos. No ha presentado la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al Año Tributario 2016 y el Año Tributario 2017 fue presentado sin movimiento. A la fecha, la contribuyente registra una deuda neta ascendiente a $128.516.461.

Conforme lo dispuesto en el artículo 1° del Código Tributario y DFL N°7 que fija la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos es el garante de la aplicación y fiscalización de los impuestos en nuestro país, y en uso de esta prerrogativa, la ley le ha entregado “medios de fiscalización”, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En tal contexto, el Servicio ha implementado una serie de reformas orientadas a facilitar el cumplimiento tributario, siendo una de ellas la creación de la facturación electrónica, lo cual desde la dictación de su Ley N°20.727, se han desarrollado mecanismos a efectos de implementar esta herramienta de manera eficiente de acuerdo al avance de los tiempos, y con el afán de que todo tipo de contribuyente tenga acceso a ello. Para ello, se creó el portal Mypime, regulando un sistema de facturación gratuita disponible en internet, estableciéndose a través de Resoluciones, los requisitos y obligaciones para acceder a este sistema.

En tal sentido, explica, se dictó la Resolución Exenta N°45 de 2003, sobre Normas y Procedimientos de Operaciones respecto de los documentos Tributarios Electrónicos, que en lo pertinente dispuso que “(...) Servicio de Impuestos Internos se reserva el derecho de suspender la autorización otorgada al contribuyente para operar en el sistema de facturación electrónica si no cumple las obligaciones establecidas en la presente resolución, como, asimismo, si en el período de un año a contar del primer período de vigencia, el contribuyente no genera en forma permanente Facturas Electrónicas, Notas de Crédito Electrónicas y Notas de Débito Electrónicas. En estas circunstancias, el SII publicará la fecha de desautorización en el Diario Oficial”; y asimismo la Resolución Exenta N° 86 de 2005, sobre emisores de documentos tributarios electrónicos, que dispone que “en caso de detectarse acciones u omisiones tendientes a desvirtuar, entorpecer o perjudicar la normal operación de esta aplicación de facturación electrónica, así como en caso de detectarse la impetración de acciones dolosas tendientes a incumplir normas tributarias, este Servicio podrá disponer la suspensión o exclusión desde esta aplicación de facturación electrónica de los contribuyentes involucrados en estos actos”.

Refiere que dicha normativa prevé expresamente que el beneficio de operar mediante documentos tributarios electrónicos exige el cumplimiento de ciertos requisitos para obtener el atributo de emisor electrónico, los cuales se establecen como obligaciones que deben cumplirse para mantener dicho atributo en el tiempo, pudiendo el contribuyente beneficiario ser desafiliado o suspendido en determinadas situaciones, siendo precisamente dicha situación en la que se encuentra la recurrente debido a la situación tributaria de incumplimiento de su única socia, doña nombre reservado, restringiéndosele la facultad de obtener a través de Internet folios para la emisión de facturas electrónicas; sin embargo ello tiene por objeto únicamente obtener la concurrencia presencial del contribuyente a objeto de explicar la situación que le afecta y las formas de solucionarlas, sin perjuicio de la entrega de los folios necesarios para la emisión de facturas electrónicas que requiera.

En definitiva, señala que no se le ha negado la posibilidad de emitir facturas electrónicas, sino que únicamente se le restringió obtener los folios por internet, debiendo obtenerlos en forma presencial en dependencias del Servicio, sin que a la fecha la recurrente hubiere efectuado un requerimiento formal para obtener dichos folios, lo que depende única y exclusivamente de su voluntad.

Por lo señalado, estima que en la especie no ha existido un actuar arbitrario o ilegal, ya que el Servicio actuó en el ejercicio de sus atribuciones legales y administrativas, y tampoco ha existido una afectación o privación de las garantías señaladas en el recurso toda vez que no se le ha negado al contribuyente la emisión de facturas electrónicas, sino que sólo se le restringió, como una forma de control preventivo, la posibilidad de obtener folios vía Internet, existiendo la posibilidad de obtener los mismos concurriendo a la Unidad del Servicio que corresponda, tal como aparece en la advertencia informática, y como se informó al recurrente al momento de concurrir al Servicio, en la oportunidad que relata en su escrito de interposición del recurso, agregando que no existe discriminación ya que es el mismo trato que se le otorga a todos los contribuyentes.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso deducido en su contra, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que no existió controversia en orden a que el Servicio de Impuestos Internos impidió a la recurrente obtener folios vía internet para emitir facturas electrónicas, requiriendo para tal fin la presencia de la única socia de la empresa a las oficinas del servicio, aduciendo al efecto su función fiscalizadora y lo dispuesto en la Resolución Exenta N°45 de 2003, sobre Normas y Procedimientos de Operaciones respecto de los documentos Tributarios Electrónicos, que en lo pertinente dispuso que “(...) Servicio de Impuestos Internos se reserva el derecho de suspender la autorización otorgada al contribuyente para operar en el sistema de facturación electrónica si no cumple las obligaciones establecidas en la presente resolución, como, asimismo, si en el período de un año a contar del primer período de vigencia, el contribuyente no genera en forma permanente Facturas Electrónicas, Notas de Crédito Electrónicas y Notas de Débito Electrónicas. En estas circunstancias, el SII publicará la fecha de desautorización en el Diario Oficial”; y la Resolución Exenta N° 86 de 2005, sobre emisores de documentos tributarios electrónicos, que dispone que “en caso de detectarse acciones u omisiones tendientes a desvirtuar, entorpecer o perjudicar la normal operación de esta aplicación de facturación electrónica, así como en caso de detectarse la impetración de acciones dolosas tendientes a incumplir normas tributarias, este Servicio podrá disponer la suspensión o exclusión desde esta aplicación de facturación electrónica de los contribuyentes involucrados en estos actos”.

CUARTO: Que al Servicio de Impuestos Internos le corresponde el ejercicio de las facultades de aplicación y fiscalización de los impuestos internos que le conceden las leyes, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 6 inciso primero el Código Tributario, al tiempo que de acuerdo a lo previsto en diversas disposiciones del Decreto Ley N°825 (artículos 53, 54, 55 y 57) los contribuyentes deben emitir facturas y boletas que deben ser timbradas y tener el contendido que en estas disposiciones se indica.

A su turno, el artículo 8° ter del Código Tributario establece que: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que ´peste determine.”

Añade el inciso cuarto: “Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas por la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución fundada, cuando a su juicio exista grave causa que los justifique. Para estos efectos se considerarán causas graves, entre otras, las siguientes:

a) Si de los antecedentes en poder del Servicio se acredita no ser el verdadero domicilio o no existir las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado, b) Si el contribuyente tiene la condición de procesado o, en su caso, acusado conforme al Código Procesal Penal por delito tributario, o ha sido sancionado por este tipo de delitos, hasta el cumplimiento total de la pena, c) Si de los antecedentes en poder del Servicio se acredita algún impedimento legal para el ejercicio del giro acreditado.”

QUINTO: Que de las disposiciones señaladas se desprende que el Servicio recurrido carece de las facultades legales necesarias para haber adoptado la medida de impedir que la recurrente accediera vía internet a los folios necesarios para emitir sus facturas, en la medidas que, por un lado, las resoluciones administrativas en las que se asila no pueden privar o restringir los derechos y la actividad comercial de los contribuyentes a menos que ello se encuentre autorizado por la ley, conforme lo mandatan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, mientras que, por otra, no concurre ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 8 ter del Código Tributario u otra que pudiera ser asimilable, más todavía cuando el supuesto pago de impuestos se atribuye a otras personas o a la sociedad de la empresa y no a esta misma.

Debe tenerse presente que así lo ha determinado la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 28.390-2016.

Consecuente con lo señalado debe concluirse que el Servicio ha vulnerado las garantías previstas en los números 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y por tanto debe hacerse lugar al recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida por la sociedad Forza SpA y en consecuencia el Servicio de Impuestos Internos deberá permitir su facturación electrónica sin limitación alguna.

Acordada con el voto en contra del Ministro Dinko Franulic Cetinic quien fue de la opinión de rechazar el recurso en atención que se existe causa grave conforme a lo previsto en el artículo 8° ter del Código Tributario para que el servicio pueda restringir el timbraje electrónico pues, con independencia de la forma jurídica con que se revista la actividad comercial, se está ante una misma contribuyente persona natural que registra una abultada deuda tributaria y la medida adoptada, resulta proporcional y necesaria para su adecuada fiscalización.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 2.435-2017 (PROT)

Redacción del Ministro Dinko Franulic Cetinic.

No firma el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Manuel Díaz Muñoz, Sr. Dinko Franulic Cetinic, y el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza el Secretario Titular Sr. Andrés Santelices Jorquera.

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