nombre reservado con DESARROLLO PROYECTOS DE INGENIERÍA LIMITADA

Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció la abogada Patricia Albornoz Guzmán, en representación de la Comunidad Indígena Atacameña de Camar, registro bajo el N°15 del Registro de Comunidades Indígenas de CONADI de San Pedro de Atacama, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de San Pedro de Atacama, quien dedujo acción de protección en contra de la empresa Desarrollo Proyectos Ingeniería Limitada - DPI, con domicilio en domicilio reservado, en atención a que se encuentra realizando actividades de exploración que afectan su territorio compartido con Socaire y se encuentra extrayendo agua desde el Humedal de Lari, Acuíferos Protegidos que alimentan Vegas y Bofedales y se encuentra protegido según lo establecido en la Resolución N°87 de 24 de marzo de 2006 de la DGA. Dichas actividades, privan, perturban y amenazan la garantía constitucional establecida en el N°8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que corresponde al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en atención que las actividades que se vienen desarrollando en el Salar de Lari por parte de la empresa DPI no cuenta con permisos y se ha instalado en el territorio compartido entre Camar y Socaire, extrayendo agua de una vega protegida como es la Laguna Lari y se ha establecido un campamento sin ninguna autorización o premisos. Solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, para lo cual resulta indispensable que se detengan las actividades que viene realizando la empresa en el territorio de la comunidad.

Informó la recurrida como asimismo el Sistema de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Indígena-CONADI- y la Dirección General de Aguas, como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la comunidad recurrente indicó que tomó conocimiento de esta actividad el 19 de noviembre de 2024, en visita a terreno de la Unidad Ambiental de la Comunidad de Camar, y luego el 21 de noviembre, recibió carta del gerente de la empresa recurrida que reconoce está realizando actividades de exploración en su territorio, así como el informe que ha hecho el equipo ambiental de la Comunidad el 25 de noviembre, por lo que la acción constitucional se presentó dentro del plazo señalado en el Nº1 del Auto Acordado respectivo, esto es, de los treinta días corridos desde que la Comunidad de Camar, tomó conocimiento de las actividades de la recurrida.

Indicó que el 21 de noviembre de 2024, el representante de la empresa DPI envió una carta a la Comunidad Atacameña de Camar en la que señala: “(…) es prioritario aclarar que, recién ahora, esta semana, supimos que nuestras actividades también se encuentran en terrenos de la comunidad de Camar.” “En efecto, DPI Ltda. es una empresa privada dedicada a la investigación científica del subsuelo dentro del territorio nacional. Para tales efectos cuenta con instrumental geofísico y equipos de sondajes que permiten precisar la composición del subsuelo.” “Es importante entender que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún resultado que nos permitan confirmar la presencia de algo importante en esa área. Sin embargo, hemos decidido hacer un último esfuerzo ejecutando un sondaje en el área. Estimamos que estos trabajos finalizaran en marzo del 2025 y no haríamos más estudios.”

Señaló que en ninguna parte de la carta se habla de los permisos que debería tener la recurrida para poder realizar actividades en el territorio y para poder extraer agua de una vega protegida, por lo que se comprueba la infracción.

Expuso que luego, el 25 de noviembre de 2024, la Comunidad de Camar con su unidad ambiental hicieron una inspección a la zona de Lari, constatando las actividades de la empresa. Información que consta en un informe elaborado por dicha unidad, en el que se constató la presencia de una posible actividad minera de exploración, sondaje, campamento e instalación de faena de la empresa en dicha área.

Agregó que durante la visita se pudieron identificar 3 sectores principales en los que estaría operando la empresa: el antiguo campamento Laco (1), el camino hacia El Lari (2), y el Campamento El Lari donde se ejecutan las exploraciones de la empresa (3), lo que puede verse en el mapa que adjuntó en el libelo pretensor.

Añadió que en el sector denominado El Laco, existe un antiguo campamento minero asociado a un yacimiento rico en hierro por sus vertiginosos macizos de magnetita, el cual existió durante el período que va de 1939 a 1959 y, con menor intensidad, desde los ‘70 a los ’90. En este lugar, se encontró un camión estacionado que trasladaba una máquina de sondaje. Destacó que no existe ningún otro tipo de obras en el sector, por lo cual se presume que dicha maquinaria pese a no tener identificación puede tener algún vínculo con la empresa recurrida.

Expuso que posteriormente, en el camino desde El Laco hacia El Lari, el equipo de visita de terreno se encontró con una camioneta roja sin identificación de alguna empresa en particular, la cual lamentablemente no se quiso detener para conversar. Luego, el equipo de visita halló una camioneta blanca con el logo de la empresa DPI Ltda. Esta camioneta se detuvo, y se les explicó que el equipo de visita se dirigía a fiscalizar el campamento. Un tercer encuentro tuvo lugar con una máquina retroexcavadora amarilla estacionada a unos 50 metros de la ruta al campamento El Lari; zona anteriormente transitada por las rutas de Remesas de Toros de importancia patrimonial para las Comunidades de Camar y Socaire.

Mencionó que en el sector El Lari, se encontró un área de posible actividad minera de exploración, sondaje, campamento e instalación de faena perteneciente a la recurrida. La instalación está distribuida de la siguiente forma: al oeste se encontraría un container enterrado, al centro una estructura techada con dos containers a los costados con maquinaria, generadores, tanque de agua y al sur contaría con una zanja de unos 128 metros de extensión y la cual tendría como 1,5-2 metros de profundidad por 1,7 metros de ancho y contaría con 8 zanjas perpendiculares más pequeñas de unos 7 metros de extensión cada una.

Indicó que, en este contexto, se recibió por parte de la Comunidad de Socaire un informe técnico de inspección que habían realizado en febrero de 2023, donde se identificó la presencia de un campamento y actividades de sondaje y extracción de agua de la laguna de El Lari. En base a esto, la comunidad de Socaire realizó una denuncia a la SMA “Actividad de extracción de agua superficial desde el Salar el Lari y exploración de aguas subterráneas, sin contar con la respectiva resolución de calificación ambiental (RCA) al interior del área colocada bajo protección oficial (res 87/2006 DGA) del acuífero que alimenta vegas y bofedales “Lari”. En dicho informe se establecen 3 puntos de interés: - Bomba de agua - Campamento - Perforación de Agua Subterránea. Además, en la inspección se señala la presencia en el lugar del campamento de diferentes tipos de maquinarias y herramientas.

Aseveró que esta situación afecta gravemente la cuenca hídrica del Salar de Atacama en la que se emplaza la comunidad recurrente, la que en 2023 dio cuenta a las autoridades de esta situación y ahora Camar los visibiliza y requiere que se tomen acciones.

Puntualizó que, en base a todos estos hallazgos, se constata la afectación a los derechos fundamentales de vivir en un medioambiente libre de contaminación y el de resguardar la naturaleza, por las acciones de exploración minera sin autorización alguna ni de autoridad administrativa o de la Comunidad. Todos estos hechos documentados, con mapas y fotografías se adjuntan en el informe de la visita en terreno de la Comunidad de Camar. Esto, se comprueba porque en la cuenca hidrológica del Salar de Atacama, debido a su dinámica, forma un solo ecosistema de interconexión hidrogeológica. Esta interconexión provoca que cualquier efecto en el acuífero a causa de extracción de agua subterránea, afecte el equilibrio natural de la cuenca e influye en todas las zonas ecológicas de este ecosistema, como sucede con la extracción de aguas del Salar de Lari. La cuenca al centro está compuesta por un sistema de lagunas y zona de mezcla o interfase, que la DGA identificó como zonas ecológicas llamadas A, B, C y N. Se trata de un sistema hídrico complejo y diverso, situado dentro de una cuenca endorreica con la presencia de una serie de usuarios del recurso hídrico con una explotación de salmueras para 2 proyectos de concentración de Litio (SQM y Albemarle) y de extracción de agua dulce para proyectos de minería metálica (Zaldívar y Escondida). El Salar recibe aportes de escurrimientos subterráneos y superficiales de cuencas aportantes a su alrededor, que la DGA identificó como las subcuencas hidrogeológicas A1, A2, B1, C1, C2 y N1. Refiere a una figura que muestra las distintas zonas de descarga del Salar y las subcuencas aportantes asociadas.

Así pues, enfatizó que cualquier efecto en el acuífero, afecta el equilibrio natural de esa cuenca e influye en todas las zonas ecológicas de él, por lo que toma importancia las evaluaciones que se hagan acerca de la caracterización o de la evaluación de impactos sobre ese ecosistema único.

Por su parte, indicó que de acuerdo con los estudios hechos por equipo asesor, la Comunidad de Camar reconoce que el Salar de Atacama es parte de su territorio, tal cual lo reconoce la Contraloría General de la República en el dictamen Nº25667/2019, que estimó procedente la realización de una consulta indígena para efectos de otorgar la autorización con ocasión de las solicitudes de SQM de autorización para ocupar los terrenos fiscales en la “ADI Atacama la Grande” y relacionarlo con el artículo Nº15 del Convenio Nº169 de la OIT: Considerando que “Además, los predios requeridos al MBN - en donde se encuentran los citados puntos de extracción de aguas se localizan en el sector denominado "Atacama La Grande", comprendido en la anotada comuna, el cual fue declarado como Área de Desarrollo Indígena (ADI), a través del Decreto N°70, de 1997, del entonces Ministerio de Planificación y Cooperación. Asimismo, los considerandos del citado decreto señalan que esa ADI constituye un territorio habitado ancestralmente por comunidades atacameñas con alta densidad de población de esa etnia, manteniendo esas agrupaciones una estrecha vinculación con el medio ambiente debido a sus actividades agropecuarias, con un aprovechamiento racional del recurso hídrico, con actividades de pastoreo en zonas de vegas y bofedales y, en general, con el uso del territorio en la forma de ocupación de pisos ecológicos complementarios.

De esta manera, destacó que la territorialidad andina de la Comunidad de Camar es el resultado de un complejo proceso histórico, socionatural y de conocimiento ambiental indígena, a través del cual sus habitantes han establecido estrategias de satisfacción de necesidades productivas, sociales y simbólicas, que requieren la consulta del Estado a la hora de autorizar o establecer el desarrollo de proyectos de extracción, ya que cualquier actividad que afecte los recursos naturales emplazados en el hábitat de la comunidad, afectaría su forma de vida. Así, esta afectación se concreta principalmente mediante la alteración del piso ecológico del territorio ancestral, trashumancia de los comuneros de Camar, uso productivo, principalmente en las actividades de forraje y pastoreo, medicinal y cultural.

Enseguida plasmó las argumentaciones jurídicas e indicó que al constatarse la instalación de una bomba para la extracción de agua superficial en el Humedal y Acuífero Protegido El Lari, la disminución del nivel de agua superficial, la afectación de la disponibilidad de las aguas que ha generado un riesgo a un humedal altoandino, de alta relevancia ambiental y fragilidad, en un acuífero protegido con presencia de vegetación y fauna de hábitat restringido, consideradas únicas, escasas y representativas y que forma parte del acuífero del Salar de Atacama, la actividad de perforación subterránea que no cuenta con ninguna autorización para su exploración en el sector de Alto El Lari, vulnera directamente lo que señala el Código de Aguas en el artículo 6, relativo al derecho de aprovechamiento, el que se origina en virtud de una concesión, que en este caso no existe. No se ha demostrado por parte de la empresa tener autorizaciones para poder extraer aguas y menos de un acuífero protegido. Este artículo en concordancia con lo que establece el artículo 20 del mismo cuerpo legal, que indica que el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. En este caso concreto, se han vulnerado sobre todo el artículo 58 que indica que cualquier persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, sujetándose a las normas que establezca la Dirección General de Aguas, lo que en este caso se ha omitido por parte del denunciado. El artículo también señala que el terreno ajeno sólo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del predio, y en bienes nacionales con la autorización de la Dirección General de Aguas. No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, sin la autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas. Asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales, que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, como es el caso del Salar de Lari.

Añadió que las actividades de extracción de agua superficial del Humedal El Lari, se está haciendo sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al interior del área colocada bajo protección oficial del Acuífero que alimenta vegas y bofedales “Lari”, esta situación genera la susceptibilidad de afectación al constatarse la disminución del nivel del agua en el cuerpo lagunar, ya que como se ha señalado el acuífero del Salar de Atacama está interconectado y cualquier tipo de extracción afecta todo el cuerpo de agua del Salar; lo que atañe lo prescrito en la Ley Nº19.300, artículo 10 inciso p).

En cuanto a la conducta ilegal o arbitraria y garantías constitucionales vulneradas, expuso que este es el caso de la violación flagrante del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación afectando directamente la preservación de un acuífero protegido, ya que es el Estado quien debe velar para que este derecho no sea afectado y garantizar la preservación de la naturaleza.

Con todo, solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, para lo cual resulta indispensable que se detengan las actividades que viene realizando la empresa en el territorio de la comunidad, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informaron el recurso los abogados Rafael Cruzat Donoso y Óscar Miguel Contreras Pomes, abogados, en representación de la recurrida, quienes preliminarmente indicaron que se advierte falta de claridad en la identificación de los hechos, la ausencia de validación técnica de los antecedentes aportados y debilidad de los argumentos jurídicos expuestos en el recurso incoado, aseverando que no existe actuar arbitrario, menos ilegal y, en consecuencia, tampoco afectación alguna a derechos constitucionales amparados por el artículo 19 N°8 de la Constitución.

Luego, mencionaron que DPI Ltda., es una empresa chilena con más de 20 años de experiencia, dedicada a ofrecer soluciones avanzadas y especializadas en el ámbito de la ingeniería. Su enfoque principal se encuentra en la innovación tecnológica y la ejecución de proyectos en áreas clave como minería continua, geotecnia marina, exploración minera, estudios geológicos e hidrológicos, geofísica, mecánica de suelo y servicios de laboratorio geotécnico. Además, cuenta con una destacada trayectoria en la inspección de obras civiles, tales como puentes y túneles, consolidando su reputación como un actor integral en la ingeniería aplicada. Enfatizó pues, que su experiencia en áreas como hidrología y geotecnia subraya su capacidad para operar en entornos de alta sensibilidad ambiental, asegurando que sus proyectos respeten los recursos naturales y minimicen cualquier posible impacto negativo.

Por otro lado, alegaron la extemporaneidad de la presentación del recurso, pues no fue entablado dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la ocurrencia de los hechos que se denuncian. Así, la propia recurrente reconoce que las supuestas actividades en el sector se habrían desarrollado con anterioridad al plazo indicado. Hace referencia a hechos que, según su propio relato, habrían ocurrido hace más de 30 días, incluso mencionando actividades que datarían de febrero de 2023. Además, se observa que intenta fundamentar su acción con un informe elaborado por una presunta unidad ambiental que carece de firma, autenticación o respaldo técnico verificable. Dicho informe no solo carece de validez probatoria, sino que también denuncia hechos pretéritos que no tienen relación directa con las actividades de nuestra representada. Estas acusaciones incluyen referencias a supuestas extracciones de agua en 2023, las cuales se desconocen y controvierten de manera categórica, ya que no reflejan la naturaleza ni el alcance de las actividades realizadas en la zona.

A su turno, negaron absolutamente los hechos denunciados. Así indicó, que tal como se explicó en la carta remitida a la recurrente, la empresa se encuentra avocada a un proyecto -de mínima entidad- dedicado a la investigación científica que lleva a cabo en terrenos aledaños al camino internacional hacia Paso Sico y Huaytiquina. En el documento reseñado se explica que dichas actividades abarcan áreas consideradas de influencia ancestral por la comunidad de Camar, situación advertida recientemente. Así, las disculpas expresadas -y que la recurrente toma como una suerte de reconocimiento culpable de responsabilidad que distorsiona- no se relacionan con un supuesto daño ambiental, sino con el compromiso de DPI Ltda. de mantener un trato respetuoso hacia las comunidades indígenas y de notificarles sobre sus labores como muestra de deferencia, aunque no exista afectación directa en los terrenos.

En ese sentido, recalcaron que no se puede olvidar que los terrenos que la recurrente reclama como “suyos” no los tiene en propiedad, pues son terrenos fiscales, de esta forma, las alusiones que se hacen en la carta respecto de “territorios” no deben entenderse como un reconocimiento de propiedad de la totalidad de las tierras involucradas por parte de las comunidades, sino únicamente como una referencia a áreas de influencia y derechos ancestrales que la empresa respeta en el marco de su compromiso con la transparencia y el diálogo.

Puntualizó que en la zona se han realizado actividades de supervisión de trabajos, centradas en investigar una anomalía geofísica identificada en el año 2000. Esto se ha realizado por encargo de un tercero -Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA-, empresa que desarrolla investigaciones de carácter científico, derivadas de estudios gravimétricos realizados en 2015 por la German Science Foundation en el marco de colaboración científica SFB N°267 denominado “Deformation Processes in the Andes”. Así, las labores de supervisión incluyen técnicas avanzadas como polarización inducida, resistividad y escaneos electromagnéticos, que han permitido delimitar un área específica de interés de 10 x 10 km². En efecto, el área donde se desarrolla el proyecto científico se encuentra ubicada aproximadamente a 65 km, en línea recta, de la localidad de Camar y a 157 km por la ruta 23 en dirección del paso Sico, carretera de asfalto que permite el acceso al proyecto y al límite con Argentina. Ambos sectores, Camar y el proyecto La Huayca, se encuentran separados por una cordillera de conos volcánicos que impiden cualquier relación geomorfológica y dependencia de recursos hídricos entre ambos.

Expuesto lo anterior, aclararon que en estas labores de supervisión logística de los trabajos utiliza camionetas. Además, indicaron que los trabajos de investigación científica se hacen al amparo de una concesión minera de exploración-debidamente inscrita- y no se encuentran entre los tipos de trabajos que deban someterse al sistema de evaluación de impacto medioambiental, al no encontrarse contemplados en el artículo 10 de la Ley Nº19.300. Es más, negaron categóricamente que los trabajos hayan cambiado de alguna forma los suelos en el área de estudio, ni hayan afectado el recurso hídrico protegido.

A mayor abundamiento, señalaron que las labores de supervisión se realizan en un campamento que opera Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA, y que, de acuerdo con las coordenadas UTM definidas en la protección del acuífero que alimenta vegas y bofedales, según Resolución N°87 de 24 de marzo de 2006 de la DGA y que modifica la Resolución DGA N°529 de 2003 -en el sentido de actualizar la identificación y delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la II Región de Antofagasta - estos no se interfieren, quedando el campamento fuera del área protegida.

Por otro lado, indicaron que en relación con la afirmación de la requirente respecto de que las aguas de El Lari formarían parte de la cuenca hidrológica del Salar de Atacama no son correctas. En efecto, y como se puede observar del mismo mapa insertado en el recurso de protección, el área del salar El Lari no se encuentra entre ellas, en una cuenca más al este y separada por un cordón volcánico de orientación norte - sur con gradiente hidráulico en dirección a Argentina. De esta manera, en ningún caso las labores desarrolladas podrían comprometer la cuenta del Salar de Atacama, además el área del campamento se ubica íntegramente dentro de terrenos concesionados de exploración minera a Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA.

Detallaron las concesiones de exploración -cuya inscripción se encuentra a nombre de Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA- y que acompañó en el informe. Además, indicó que de acuerdo con el artículo 113 del Código de Minería, la nombrada sociedad, como titular de una concesión de exploración, tiene el derecho a realizar libremente labores de exploración dentro de los límites de su concesión. Adicionalmente, el artículo 15 del mismo cuerpo legal permite catar y cavar, libremente, en terrenos abiertos e incultos (como aquellos superficiales a las referidas concesiones), quienquiera sea su dueño.

Por su parte, en cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, precisaron que el artículo 20 de la Constitución establece que el recurso de protección tiene como finalidad cautelar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales mediante un remedio expedito frente a actos u omisiones de carácter arbitrario o ilegal. Sin embargo, tal protección solo opera cuando los hechos denunciados cumplen con los presupuestos esenciales previstos por la normativa, lo que no ocurre en el presente caso. Lo anterior, puesto que las actividades de la empresa consisten exclusivamente en labores de supervisión en apoyo a labores científicas, realizadas con pleno apego a la normativa vigente, además la imputación de un acto ilegal carece de sustento jurídico, ya que la carta remitida a los recurrentes evidencia que la empresa no solo respeta las áreas de influencia ancestral de las comunidades indígenas, sino que también disposición activa para colaborar con estas, reconociendo su importancia cultural y social. Además, las disculpas ofrecidas en dicha comunicación no derivan de un supuesto daño ambiental, sino de la falta de comunicación inicial sobre las actividades realizadas en terrenos que comparten influencias comunitarias. Tampoco se configura un acto arbitrario, ya que las actividades de DPI han sido debidamente planificadas y ejecutadas dentro del marco legal y técnico correspondiente.

Mencionaron que, en este caso concreto, no dice relación con la eventual conculcación de un derecho indubitado, sino que responde a una serie de reclamaciones que, si fueren efectivas, deben canalizarse por vías distintas a esta sede. La acción constitucional invocada tiene una naturaleza excepcional y cautelar, destinada a tutelar derechos preexistentes y claros, lo cual no ocurre en la presente causa, ya que tanto los fundamentos como las evidencias aportadas son controvertidos, carecen de claridad y se sustentan en interpretaciones subjetivas de hechos que, lejos de constituir un ejercicio arbitrario o ilegal, se enmarcan en actividades lícitas y reguladas.

Finalmente, instaron por el rechazo del presente recurso de protección por improcedente, con costas.

TERCERO: Que, nombre reservado, directora (s) del Servicio de Evaluación Ambiental informó el recurso e hizo presente que a la fecha no existen proyectos sometidos a evaluación ambiental por parte de la recurrida relativo a actividades mineras de exploración o prospección, así como de extracción de agua en zonas que se encuentran bajo protección oficial. En otras palabras, no existe registro de Declaraciones de nombre reservado ni de Estudios de nombre reservado asociados a las actividades eludidas. Asimismo, se informa que tampoco se han presentado al servicio Consultas de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asociadas a las perforaciones.

CUARTO: Que nombre reservado, superintendenta del medio ambiente (s), de la Superintendencia de Medio Ambiente informó el recurso e hizo presente que en el marco de las competencias conferidas mediante la Ley N°20.417, el 2 de marzo de 2023 la superintendencia recepcionó una denuncia, en que se alegó la presunta actividad de extracción de agua superficial desde el salar El Lari y exploración de aguas subterráneas, sin contar con una RCA al interior del área colocada bajo protección oficial, según la Resolución N°87/2006, de la Dirección General de Aguas (“DGA”), del acuífero que alimenta vegas y bofedales “lari”.

Mencionó que el denunciante y denunciado coinciden con la parte recurrente y recurrida en la acción de protección de autos, y que la denuncia fue individualizada bajo el número de expediente ID 66-II-2023.

En virtud de lo anterior, a través del ORD. N° Siden- Antofagasta-73-2023, de 21 de marzo de 2023, se informó al denunciante que la denuncia fue registrada y que fue incorporada en el proceso de planificación de fiscalización, en conformidad a las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente, iniciándose la respectiva investigación. En la misma comunicación, los antecedentes de la denuncia fueron derivados parcialmente a la DGA, en atención a la presunta extracción de aguas superficiales y subterráneas desde el Salar El Lari.

Posteriormente, el 4 de mayo de 2023, personal fiscalizador de esta SMA concurrió al lugar denunciado, emplazado aproximadamente 240 km al Sur de la localidad de San Pedro de Atacama, cercanías del Salar del Lari. En el lugar, se realizó una actividad de inspección ambiental con el objeto de indagar una presunta elusión del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la empresa “DPI Ingenieros Ltda”, toda vez que no se observan instrumentos de gestión ambiental asociados al proyecto.

En el lugar, se hizo un recorrido en la instalación de faenas y en las plataformas de sondeo Nos 1 y 2, en las que se constató que los equipos de sondeo no se encontraban en uso. Así también, a través del acta de inspección ambiental, de misma fecha, se realizó un requerimiento de información al titular en que se solicitó informar acerca de las características del proyecto, si se ha utilizado aguas del salar de Lari, y las autorizaciones que cuenta la empresa para operar en el lugar, entre otros antecedentes. La empresa dio respuesta al requerimiento de información el 24 de mayo de 2023.

De los documentos acompañados se observó, una Concesión de Exploración Koritica N°1 a 10, a favor de nombre reservado, quien sería representante legal de la empresa DPI Ingenieros Ltda. La concesión fue extendida ante el Notario Cristobal Ly Vallotton, de 23 de enero de 2023, con ocasión de una sentencia constitutiva de concesión ante el 3° Juzgado de Calama, causa ROL V-622-2022.

Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que la referida investigación y la elaboración del Informe Técnico de Fiscalización Ambiental han sido priorizadas por la Oficina Regional de Antofagasta de la SMA en su proceso de planificación, con el objeto de dar una pronta solución a la referida denuncia.

QUINTO: Que en representación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), informó el abogado Nik Torres San Martín, y refirió que la comunidad recurrente se encuentra constituida legalmente desde el 23 de mayo de 1995, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas a cargo de la Corporación con el N°15, que corresponde al número de personalidad Jurídica, además detalló su directorio y socios.

En cuanto al recurrente, Sr. nombre reservado, RUT N°RUT reservado; indicó que mantiene la calidad indígena respecto a su etnia y/o pueblo cuya procedencia es la Lickanantay o Atacameña, siendo parte en calidad de socio de la referida comunidad indígena de Camar conforme al registro.

Agregó que las comunidades indígenas como personas jurídicas están regladas por sus respectivos estatutos, de acuerdo con los usos y costumbres propios de su etnia, incluso por reglamentos internos que en sus asambleas acuerden. Por tanto, en virtud de los principios de independencia, autodeterminación y autonomía de los pueblos consagrados en la Carta Magna, lo establecido sobre esta materia en la Ley N°19.253 sobre protección, fomento y desarrollo indígena y crea la CONADI, así como el Convenio N°169 de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por la nación, promulgado mediante Decreto Supremo N°236 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se reconoce como principio rector la Autonomía de los Pueblos y Asociaciones Indígenas, reflejados en otras leyes como lo establecido en el inciso 2º del artículo 2 de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que previene que los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna.

Hizo presente que los estatutos de las comunidades indígenas corresponden a la materialidad de la manifestación de voluntad de sus asociados, y por tanto cualquier inconveniente de interpretación de sus disposiciones, debe ser resuelto e interpretado idealmente por los mismos asociados, quienes obligan su actuar a las disposiciones de este, salvo mejor resolver, entendiendo que exista algún tipo de vulneración en manifiesto ejercicio.

Reiteró que la Ley N°19.253 no contiene normas que autoricen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para intervenir directa o indirectamente en las decisiones o actuaciones de las señaladas organizaciones indígenas, toda vez que ello importaría atribuir al servicio, facultades distintas a aquellas que le han sido señaladas expresamente por la ley.

En cuanto al fondo del recurso interpuesto, en especial la conformación del territorio de la comunidad, la oficina CONADI competente no posee antecedentes necesarios para emitir mayores datos, ante la indisponibilidad temporal de la respectiva encargada de la Unidad de Tierras.

SEXTO: Que, informó nombre reservado, directora regional (s) de la Dirección General de Aguas, región de Antofagasta, quien acompañó Informe Técnico DGA Causa Rol 2424-2024 (Recurso de Protección) Corte de Apelaciones de Antofagasta.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

OCTAVO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un acto o acción ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

NOVENO: Que, primeramente, debe analizarse la procedencia de la extemporaneidad de la acción alegada por la empresa recurrida, toda vez que la actora la habría interpuesto habiendo excedido el plazo de 30 días corridos desde la ocurrencia de los hechos que se denuncian. Así, indicó que la propia recurrente reconoce que las supuestas actividades en el sector se habrían desarrollado con anterioridad al plazo indicado, mencionando actividades que datarían de febrero de 2023. Además, intenta fundamentar su acción con un informe elaborado por una presunta unidad ambiental que carece de firma, autenticación o respaldo técnico verificable. Dicho informe no solo carece de validez probatoria, sino que también denuncia hechos pretéritos que no tienen relación directa con las actividades de la empresa.

Por su parte, la recurrente indicó ejercer dentro del plazo respectivo, esto es, de los 30 días corridos desde que la Comunidad de Camar, a través de su presidente tomó conocimiento de las actividades de la empresa DPI el 19 de noviembre, y luego el día 21 de noviembre cuando recibió una carta de la empresa, en la que reconoce que está realizando actividades de exploración en su territorio, así como el informe que ha hecho el equipo ambiental de la comunidad el 25 de noviembre.

Si bien la actora en su acción dio cuenta del conocimiento que tenía acerca de hechos relativos a la identificación de la presencia de un campamento y actividades de sondaje y extracción de agua de la laguna de El Lari, lo que indicó saber por una denuncia pretérita de febrero de 2023, realizada por la comunidad Socaire, además, en el informe evacuado por la Superintendencia del Medio Ambiente, se señaló que el 2 de marzo de 2023, se recibió una denuncia, en que se alegó la presunta actividad de extracción de agua superficial desde el salar El Lari y exploración de aguas subterráneas, sin contar con las autorizaciones respectivas, y que en ésta figuran como denunciante y denunciada las mismas partes de esta acción; lo cierto es que tal como señalaron tanto la actora como la propia superintendencia, se trató en aquella época del conocimiento de presunta o potencial actividad de parte de la recurrida, sin que la recurrente tuviera conocimiento cierto de los antecedentes expuestos en la presente acción, los que a su juicio constituyen el actuar arbitrario e ilegal.

Así entonces, del documento acompañado por la actora, consistente en la carta aclaratoria de 21 de noviembre de 2021 emanada de la empresa recurrida, se advierte que se pone en conocimiento de la comunidad recurrente acerca de la efectividad de estarse realizando los trabajos en terreno compartido por la comunidad de Socaire, además que se expresan las disculpas por no haber informado con anterioridad. Con ello, fluye que desde el 21 de noviembre de 2024 la actora al tomar conocimiento de la actividad desplegada por la recurrida decide impetrar esta acción el 19 de diciembre de 2024, esto es dentro del plazo exigible para su interposición, por lo que la extemporaneidad solicitada será desestimada.

DÉCIMO: Que, mediante el presente arbitrio de cautela de garantías constitucionales, la comunidad indígena recurrente denuncia como arbitraria y/o ilegal la actividad exploratoria que afecta el territorio compartido con la comunidad de Socaire, además que se encuentra extrayendo agua desde el Humedal de Lari, en territorio que considera propio, lo que estaría causando afectación al medio ambiente, y la transgresión de la normativa interna, especialmente el Código de Aguas en sus artículos 5, 6, 20 y 58, como asimismo el artículo 10 letra p) de la Ley Nº19.300, mientras que la recurrida si bien reconoce la ejecución de trabajos en los terrenos, negó categóricamente que se realicen al margen del marco normativo aplicable, es más, enfatizó que se limitan a realizar una supervisión logística de los trabajos pues presta servicios a Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA, cuestión que se realiza al amparo de una concesión minera de exploración debidamente inscrita. Además, negó que haya causado daño ambiental.

UNDÉCIMO: Que conforme aparece del informe de la Unidad de Medio Ambiente de la Comunidad de Camar (dichas unidades son unidades técnicas especializadas que tienen las comunidades que forma parte de la Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande que en fiscalizan en los terrenos ancestrales de cada comunidad las eventuales afectaciones al medio ambiente y generando las denuncias correspondientes), en especial las fotografías y planos agregados, y los informes de la dirección general de aguas, resulta posible tener por asentado que en terrenos ancestrales de la comunidad Camar, bajo su influencia, se está desarrollando actividades de exploración consistente en la instalación de campamento y movimientos visibles de tierras, generando zanjas de entidad no menor, en lo que reconoce haber participado la recurrida, indicando que, como empresa dedicada a la supervisión y ejecución de proyectos de ingeniería, DPI Ltda. únicamente ha realizado en la zona antes mencionada actividades de supervisión de trabajos, centradas en investigar una anomalía geofísica identificada en el año 2000, lo que ha realizado por encargo de un tercero -Sociedad Contractual Minera La Huayca SpA-, empresa que desarrolla investigaciones de carácter científico, derivadas de estudios gravimétricos realizados en 2015 por la German Science Foundation en el marco de colaboración científica SFB N°267 denominado “Deformation Processes in the Andes”. Lo anterior se complementa en la carta informativa que dicha empresa envía a la Comunidad Camar, en la que insisten que lo realizado es una investigación científica del subsuelo, pues mediciones de carácter gravimétrico, dejó en evidencia una interesante anomalía la cual compromete una amplia superficie de 70 x 70 km2 y que se desconoce el origen de quien la produce y/o a que se debe.

Respecto de dichos trabajos se reconoce ejecutarlos sin permiso de la Comunidad Camar (se indica que se dio cuenta a la Comunidad de Socaire pero aquello no se prueba en forma alguna) ni autorización expresa de autoridad alguna.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, si bien se invoca actuar en virtud de las facultades que le confiere la existencia de concesión minera a nombre de tercero que ejecuta los trabajos, y que en todo caso procede actuar en la forma que lo han realizado sin requerir autorización en virtud del ejercicio de los derechos de catar y cavar (que aunque no lo indica se entiende que dice relación con tratarse de terrenos abiertos e incultos), lo cierto es que se indica por la recurrida, tanto en su informe como en la carta dirigida a la comunidad, que realizan investigación científica de una anomalía existente en el lugar, es decir no realizan actividad minera y, por lo mismo, no pueden pretender amparar su actuar en la normativa minera, que otorga facultades sólo para el ejercicio de dicha actividad y no para otros fines.

DÉCIMO TERCERO: Que, dicho todo lo anterior, lo cierto es que la recurrida se encuentra ejecutando en el lugar en cuestión, ubicado dentro del territorio históricamente ocupado la Comunidad Camar, y dentro de la ADI antes referida, acciones de movimiento de tierra que significan alterar el suelo (no es menor la entidad de zanjas realizadas), sin autorización de la comunidad, de alguna autoridad o del Fisco de Chile, cuyo resultado afecta el medio ambiente en cuanto tal, al modificarlo visiblemente, afectando su fauna, al alterar el entorno, y afectando por último el medio humano constituido por el pueblo atacameño que habita el lugar, por lo que no cabe sino concluir que lo actuado por la recurrida afecta la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República, por cuanto se afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por un acto ilegal imputable a persona determinada, por lo que procede acoger el recurso y, en consecuencia, disponer medidas de urgencia para evitar que continúe la vulneración de la garantía.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otro lado, se alega por la recurrida la realización de acciones tendientes al uso de las aguas del sector, que ubicadas en sector desértico son evidentemente escasas, y si bien la recurrida niega aquello, lo cierto es que el informe de la Dirección de Aguas da cuenta que, en el marco de la investigación por la denuncia efectuada por la Comunidad de Camar, al concurrir al lugar se constató hechos que permiten presumir la extracción de aguas no autorizada, lo cual contraviene a lo dispuesto en los artículos 5, 6, 20, 59, 63, 130, 140, 147 Bis del Código de Aguas, como asimismo se verificó la exploración de aguas no autorizadas sobre el sector acuífero alimentador de vegas y bofedales “Lari”, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 58 de Código de Aguas y el Decreto Supremo 203/2013 que aprueba el Reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas.

Que si bien dicho informe da cuenta de una investigación en curso, permite sin dudas establecer para los efectos de decidir si hacer o no uso de las facultades conservadoras de las Cortes de Apelaciones, con el estándar exigido para dichos efectos, que han tenido lugar también estos hechos, afectando los derechos de utilización preferente que la comunidad tiene sobre las aguas del sector, los que por lo demás queda patente de sus estatutos, poniendo en riesgo el medio ambiente, tanto por utilizar agua escasa, sino también por afectar en consecuencia la fauna existente como asimismo al medio humano, lo que constituye una nueva razón para acoger el recurso.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, atendido los hechos referidos y el riesgo que aquello implica al medio ambiente en cuanto tal, como también considerado el sector como un área de desarrollo indígena conforme al Decreto 70 de fecha 23 de abril de 1997, resulta necesario hacer uso de las facultades conservadoras adoptando medidas urgentes que pongan término a la afectación de la garantía fundamental ya indicada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Patricia Albornoz Guzmán, en representación de la Comunidad Indígena Atacameña de Camar, en contra de la empresa Desarrollo Proyectos Ingeniería Limitada, en consecuencia, se dispone que dicha empresa debe cesar en la faena en cuestión, mientras no cuente con los permisos respectivos, en cuya tramitación deberá ser oída la Comunidad de Camar y de Socaire, bajo cuya influencia se encuentra el territorio controvertido, o en definitiva, los permisos de dichas comunidades.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2424-2024 (PROT)

Redactó el ministro Juan Opazo Lagos.

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