nombre reservado con FUNDACION EDUCACIONAL CHUQUICAMATA

Antofagasta, a tres de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, chilena, casada, Ingeniera, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Ingeniera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Traductora, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Ingeniera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Gastrónoma, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, divorciada, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, divorciado, Contador Auditor, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera Kinesióloga, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, Técnico, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Secretaria, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Secretaria, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Ingeniera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Tens, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Asistente Social, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Empresaria, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, divorciada, Ingeniera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Empresaria, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Ingeniera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Estudiante, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Mecánico, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Labores e Casa, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, conviviente civil, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; Emmily De Los Ángeles Rodríguez Carrillo, chilena, casada, Administradora Pública, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Enfermera, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, Empresario, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, Administradora, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, Independiente, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Empresario, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Gestionadora, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, Gastrónoma, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y de nombre reservado, chilena, soltera, Médico Veterinaria, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, todos ciudad de Calama interpone recurso de protección en contra de la Fundación Educacional de Chuquicamata, persona jurídica de derecho privado, rol único tributario Nº 72.747.300-9, conocida también como Colegio Chuquicamata, representada legalmente por su actual rectora nombre reservado, chilena, ignoro estado civil, Profesora, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, o quien haga sus veces, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber privado, perturbado y amenazado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Evacúa informe la recurrido, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que, a partir del 16 de marzo del año en curso, se procedió por parte el Ministerio de Educación, primero a suspender las clases en todo el país, para luego instruir que las mismas se realizaran bajo una modalidad remota u online, las que, en todo caso, deben cumplir con mínimos estándares de calidad. En el caso del Colegio Chuquicamata, se decidió comenzar a intentar impartir las clases mediante el sistema o aplicación Zoom, situación que no cumple con las exigencias que el contrato que los une con los actores establece, así como tampoco cumple con los requisitos para entenderse como una verdadera educación online.

Refiere que, respecto de la educación preescolar, el colegio no cumple con ninguno de los estándares a los que se ha obligado en virtud del contrato de prestación de servicios educacionales ni mucho menos puede entenderse que se configure una educación online. Ello, por cuanto difícilmente se puede entender que se está dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios y más aún es imposible que se pueda sustituir la educación presencial por la educación online, independientemente de la manera en cómo esta se imparta. Ello se debe a la edad de los alumnos y a la imposibilidad de poder sustituir a la educadora de párvulos para que esta función sea desempeñada por los padres o los adultos responsables de los niños, debido a que estos últimos carecen de la metodología idónea para poder enseñar a sus hijos, basado en la entrega de guías a los apoderados, para que estas sean desarrolladas por los párvulos conjuntamente con sus padres.

Señala que en lo que dice relación con la educación básica y media, la forma utilizada actualmente por el colegio es poco eficiente, no aporta al aprendizaje de los estudiantes y tampoco cumple con los estándares contratados. Desde el inicio del sistema online, se han rebajado considerablemente las horas lectivas, quedando en la práctica, solo un tercio de las horas de clases requeridas para dar cumplimiento a los programas y contenidos que el propio colegio se obliga a entregar, lo que atenta con el servicio ofrecido y contratado. Abona a lo anterior, el hecho de que simultáneamente se haga participar en una misma clase online a más de un curso simultáneamente, cuestión que contraviene todo principio pedagógico e impide el correcto aprendizaje de los estudiantes.

En lo que respecta a los alumnos y alumnas que forman parte del proyecto de integración, a juicio de los padres derechamente no se está cumpliendo con el contrato, pero más grave aún, tampoco se está dando cumplimiento a la ley que la regula, ya que no se ha adaptado ni el material, ni el currículo para que el alumno o la alumna adquieran los conocimientos.

Expone que existe una vulneración a la garantía constitucional del derecho de propiedad, por cuanto la normativa vigente obliga al establecimiento a la adaptación curricular y con mayor razón dentro de un contexto donde las clases no son presenciales.

Si bien los padres y apoderados tienen conciencia de que se está ante una contingencia sanitaria mundial, y que por lo mismo se ha debido alterar la forma educativa, no es menos cierto que la forma que ha elegido voluntaria y unilateralmente el colegio, no se ajusta siquiera a los estándares mínimos requeridos, infringiendo de esta forma, de manera patente el contrato que los liga y en consecuencia, es posible entonces proceder a su revisión y rebaja en los aranceles.

Indica que actualmente el colegio recurrido no cumple con otorgar a sus estudiantes un proceso educativo dentro de un marco de “excelencia académica” y está incumpliendo actualmente la mayor parte de sus propias obligaciones.

Los recurrentes y los que a su favor se recurre, mantienen una relación contractual con la recurrida plasmada en el convenio educacional, denominado: “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales”, el cual fue firmado en diciembre de 2019, vigente para el año 2020. En dicho convenio y en su normativa aplicable, la recurrida se obliga a prestar el servicio educacional de manera presencial, vale decir, en las dependencias del colegio, como contrapartida, los sostenedores deben pagar una suma de dinero. Los montos cobrados son variados y diferenciados, los cuales se reflejan de la siguiente manera: la suma de $280.000 por colegiatura mensual, durante 10 meses, para los cursos de 1º básico a 4º medio, sin perjuicio de los convenios que cada uno de los apoderados pudiesen mantener con la recurrida. Respecto de los cursos de sala cuna, transición menor y medio mayor se cobra la suma de $450.000 mensuales, durante 10 meses, si fuese jornada completa; y $255.000 mensuales, durante 10 meses, si fuese media jornada, sin perjuicio de los convenios que cada uno de los apoderados pudiesen mantener con la institución de educación.

Como es de público conocimiento, como consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del año en curso las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir sus instalaciones a los estudiantes.

Que a la fecha de la presentación de este recurso los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales los alumnos.

Se suma a lo expuesto, la circunstancia que son los propios sostenedores, padres y madres de los alumnos, quienes han debido asumir los costos que significa posibilitar que se realicen las clases virtuales o la entrega de contenidos de esta forma virtual, a través del uso de computadores, electricidad, internet, dependencias físicas para que el alumno reciba el contenido, recursos que no pocas veces alcanzan, para todos los alumnos de una misma familia. Sumado a que, en los hechos, muchos padres y madres han debido cumplir funciones para las cuales no estaban preparados, como la asistencia a sus hijos en el proceso educativo.

Por otro lado, existe un evidente ahorro por parte de la recurrida, derivado del no uso de recursos por parte del alumnado, como agua y luz, además del ahorro en el desgaste de otros bienes materiales.

Con fecha 27 de abril de 2020, los recurrentes y otros apoderado/as, enviaron una carta dirigida al Directorio de la Fundación recurrida, por medio de la cual y en resumen se solicitaba: 1.- Efectuar un descuento de un 50% del valor del arancel mensual que deben pagar los solicitantes por el tiempo en que se mantengan las actuales condiciones educativas. 2.- Que, dado que durante el mes de marzo las clases estuvieron suspendidas oficialmente por el Ministerio de Educación, se proceda a reembolsar proporcionalmente del monto total pagado por los solicitantes, los días en que el Colegio no prestó servicio educacional alguno, proponiendo al efecto una devolución de un tercio del valor total del arancel mensual. 3.- Adicionalmente, solicitaron se reembolse el 50% del valor del arancel mensual correspondiente al mes de abril, o, en su defecto, se impute el mismo al pago del mes de mayo. Asimismo, se solicitaba agendar una reunión por el sistema online a acordar para el día 29 de abril el año curso, cuestión que en los hechos nunca se realizó, por cuanto la institución educacional recurrida no di respuesta alguna a la mencionada carta petitoria, por lo que debemos entender como negativa a la misma.

La infracción que comete la recurrida y en definitiva el incumplimiento de sus obligaciones, dice relación con que está impedida de cobrar por estos servicios, lo que de acuerdo a sus comunicaciones ni siquiera es una opción, sin perjuicio que sabe y reconoce que no está cumpliendo con lo contratado.

Por último, queda de manifiesto, que por una parte la recurrida no cumple sus obligaciones del contrato, por otra busca modificar unilateralmente sus obligaciones del contrato siendo dichas situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exija el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación y por otra se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad, porque se intenta modificar unilateralmente el contrato, obedeciendo ello sólo a la voluntad de la recurrida, sin negociar una posible modificación con sus contrapartes en el contrato de prestación de servicios educacionales.

Por último, hace presente que desde el envío de la carta y los correos electrónicos antes mencionados, la situación socioeconómica de muchos de los recurrentes se ha visto alterada drásticamente, ya sea por haber visto mermadas sus remuneraciones o derechamente por haber perdido sus fuentes de trabajo.

Los actos son arbitrarios e ilegales, en la medida que se apartan de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental. A mayor abundamiento, conviene establecer que la regla general en esta materia sigue siendo aquella que consagra el artículo 1545 del Código Civil, regla conocida como “la ley del contrato”, o “pacta sunt servanda”, de modo que, en el evento que los servicios sean prestados en una forma diversa a la contratada requiere del consentimiento de los apoderados. Se trata entonces de una situación abusiva del proveedor recurrido toda vez que, existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace, siendo su actuar totalmente arbitrario y además abusivo, lo que implica claramente una asimetría en el poder de negociación de este contrato de adhesión.

De todo lo expuesto se puede colegir que el comportamiento de la recurrida es reprochable no sólo desde el punto de vista legal, sino que también ético, porque los contratos deben ejecutarse de buena fe. En este sentido la arbitrariedad e ilegalidad se concretan debido a que la recurrida ha mantenido el cobro de sus servicios de educación y ha modificado las condiciones de prestación de sus servicios educacionales, sin mediar una negociación ni acuerdo de ninguna especie ni mucho menos con el consentimiento de los apoderados y sostenedores. Lo anterior, importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva del patrimonio de cada uno de los contratantes y además de una amenaza por futuros cobros, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y de un modo distinto a lo contratado, sumado al hecho de la modificación unilateral del contrato, lo cual también afecta el derecho de propiedad.

Solicita en definitiva que la recurrida efectué un descuento de un 75% del valor del arancel mensual que deben pagar los actores por cada uno de sus hijos, por el tiempo en que se mantengan las actuales condiciones educativas, esto es, hasta que no se retomen las clases presenciales en jornada completa; dado que durante el mes de marzo las clases estuvieron suspendidas oficialmente por el Ministerio de Educación, se proceda a reembolsar proporcionalmente del monto total pagado, los días en que el Colegio no prestó servicio educacional alguno, proponiendo al efecto una devolución de un tercio del valor total del arancel mensual, por cada uno de los hijos de los recurrentes; se reembolse el 75% del valor del arancel mensual correspondiente a los meses de abril y mayo en curso, por cada uno de sus hijos, o, en su defecto, se impute el mismo al pago a los meses siguientes; que adicionalmente se reembolse el 75% del valor del arancel para aquellos apoderados que ya efectuaron el pago total del arancel correspondiente al año 2020; que se debe abstener de cobrar multas, intereses y reajustes, por todo el periodo de duración la emergencia sanitaria; con costas. Lo anterior, sin perjuicio de las providencias que se puedan adoptar para reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los afectados.

SEGUNDO: Que Daniel Gálvez Henríquez, abogado, informó en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes manifestando la ausencia de un acto ilegal y/o arbitrario.

Esgrime, que de la lectura del recurso de protección, aparece que el mismo ha sido interpuesto después de los 30 días corridos desde que los recurrentes tomaron conocimiento que el servicio educacional, no sería prestado de forma presencial, como ellos aluden que habría sido pactado en el contrato de prestación de servicios educacionales vigente para el año 2020, al haberse suspendido las clases el 16 de marzo de 2020 por parte el Ministerio de Educación.

El fundamento central del reproche radica en que la modalidad de clases que se otorga a través de la plataforma virtual, no cumpliría con lo pactado en el contrato de servicios educacionales y que el mismo no cumple con los requisitos de calidad, para que se genere la obligación de pago del mismo servicio por parte de los recurrentes. Al ser y no otro el motivo de reproche de los recurrentes, cabe precisarse que el servicio educacional por una modalidad no presencial, se ha otorgado desde el mes de marzo del año en curso, por lo que el supuesto acto ilegal o arbitrario de esta parte, tiene su inicio o comisión en esa fecha, tomando conocimiento del mismo los recurrentes en la misma época, por lo que sin duda alguna, el plazo para impetrar esta acción cautelar constitucional, se encuentra vencido con creces, lo que solicitamos se declare con expresa condena en costas.

Señala que las clases fueron suspendidas el 16 de marzo de este año por Resolución Exenta N° 180 del Ministerio de Salud, sin que en parte alguna de dicha resolución, se disponga alguna forma de prestación de las mismas. Lo que ordenó el Ministerio de Educación, a través del documento denominado “ORIENTACIONES MINEDUC COVID-19” de marzo de 2020, fue que los recursos pedagógicos y herramientas ofrecidas por el Mineduc, deberán ser complementadas por material propio del establecimiento, con el fin de incentivar proyectos propios de aprendizaje remoto.

No obstante, no resultaba obligatorio implementar en forma exclusiva clases a distancia, el Establecimiento Educacional en todos sus niveles de enseñanza, implementó dicha modalidad de enseñanza, la cual se ha mantenido operativa en forma ininterrumpida a la fecha. Niega en forma categórica, que tanto la plataforma por la cual se prestan las clases como el servicio mismo, no cumpla con las condiciones pactadas en los contratos con los apoderados ni menos que adolezca de una serie de defectos para ser considerada como una verdadera educación online.

Si bien cuando se celebraron los contratos de prestación de servicios educacionales, ambos contratantes imaginaban que las clases se prestarían en la forma conocida a la fecha, cuál era la presencial, en ninguna parte del contrato, se consagra expresamente que esta es la única vía de prestación del servicio educativo, por lo que la ejecución de las clases por la vía remota, de manera alguna, importa una infracción al contrato ni menos constituye un incumplimiento del mismo.

Lo que verdaderamente interesa para calificar el cumplimiento o incumplimiento del contrato, bajo esta modalidad, dice relación con los contenidos o materias impartidas a los estudiantes, y en este punto, al igual que tratándose de la educación presencial, nuestro Establecimiento Educacional ha prestado un servicio de calidad, el cual ha asegurado la entrega continua y completa de todos los contenidos que la autoridad educacional ha determinado como necesarios durante la contingencia sanitaria.

De la revisión de las acciones desarrolladas por el Establecimiento Educacional en todos sus niveles de enseñanza, que se explican con gran latitud en los documentos anexos a este Informe, se desprende que nuestra actuación, encuentra perfecto correlato en el Curriculum Priorizado que con fecha 18 de mayo el Ministerio de Educación ha hecho extensivo a todos los establecimientos educacionales del país, por lo que no cabe ningún reproche de calidad a nuestra actuación, pues la misma es superior al estándar que ha fijado como mínimo y necesario la autoridad educacional.

Al contrario de lo que se afirma en el recurso, nuestra actuación se ha extendido en favor de todos nuestros estudiantes sin distinción alguna, por lo que no es cierto que el servicio educativo para los más pequeños se limite a entrega de guías o que los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias, no estén recibiendo el servicio ni la atención requeridas, aún más, su actividad también se ha extendido al aspecto convivencial y de apoyo psicoemocional de nuestros estudiantes como a la atención de los apoderados.

Que de lo expuesto precedentemente, aparece suficientemente acreditado que el Establecimiento Educacional no obstante el Estado Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, que fue decretado en todo nuestro país, en forma diligente y con buena fe, ha seguido cumpliendo con el contrato educacional en favor de todos nuestros estudiantes, por lo que es legítimo, que se siga requiriendo de parte de los apoderados, el cumplimiento de sus obligaciones económicas, que se han acordado en el citado contrato.

De manera alguna, puede aceptarse el argumento de los recurrentes, que aquí se ha producido una modificación unilateral del contrato, por la sola voluntad del sostenedor, y que por la falta de consentimiento y de calidad, según su criterio, no nacería ni siquiera el derecho a cobrar durante todo el tiempo que se preste el servicio educativo de una forma no presencial.

Como es conocido públicamente, la imposibilidad de otorgar las clases presenciales, nace de un acto de autoridad, que por un fin superior, cual es la salud de todos los estudiantes y miembros de la Comunidad Educativa, han dispuesto la suspensión de las clases presenciales, en un primer término por dos semanas, así lo señalaba la Resolución Exenta N°104 del Ministerio de Salud y desde el 29 de abril en forma indefinida, conforme Resolución Exenta N°322 del citado ministerio.

Concluye señalando que el Colegio Chuquicamata ha seguido cumpliendo con el contrato educacional, otorgando en favor de todos sus estudiantes, el servicio educativo en forma ininterrumpida, considerando todos los contenidos determinados por la autoridad educacional como prioritarios y además el servicio se ha extendido a materias de otras indoles como apoyo psicoemocional y atención de apoderados, por lo que no ha existido incumplimiento alguno de esta parte y menos aún algún acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte derecho o garantía alguna de los reclamantes.

Cualquier discusión sobre la calidad del servicio, escapa a esta sede cautelar y corresponde a juicio de lato conocimiento, como ya ha sido declarado en diversos fallos por Tribunales de Alzada del país, al conocer de recursos de protección por la misma materia que la que nos convoca, por lo que la presente acción debe ser rechazada en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de propiedad en tanto se deban a acciones arbitrarias e ilegales.

CUARTO: Que en primer lugar, respecto a la alegación de extemporaneidad del recurrido, es menester tener presente que el hecho vulneratorio alegado por esta vía, no dice únicamente relación con la suspensión de las clases el 16 de marzo pasado, sino también de la forma en que se han impartido las clases bajo la modalidad on line y el cumplimiento del contrato de prestación de servicios educacional bajo este sistema, lo que se ha mantenido en el tiempo dada las Resoluciones dictadas por la autoridad que han mantenido el estado de catástrofe y la suspensión de las clases. En consecuencia, tratándose de un hecho con efectos permanentes, la acción no fue deducida fuera del plazo para ello, debiendo rechazarse en consecuencia la alegación.

QUINTO: Que la controversia radica en que los actores estiman vulnerados su derecho de propiedad, puesto que los servicios educacionales no se han prestado de la forma convenida por las partes, y por otro lado el establecimiento educacional esgrime que los servicios si se están prestando, pero dentro de la situación actual que vive domicilio reservado, habiendo sido ordenado por las instituciones gubernamentales la suspensión de las clases presenciales y, conforme a ello, adecuar la impartición de clases a sus alumnos vía remota u on line, de manera de mantener el servicio educacional acordado por las partes.

De modo que existen, por tano, distintas posiciones en cuanto a lo que implica la prestación de los servicios educacionales y la posibilidad de negociar el contrato de prestación de servicios suscrito por las partes.

SEXTO: Que, en cuanto a la discrepancia entre las partes sobre el cumplimiento o incumplimiento en la prestación de los servicios educacionales, esta Corte de Apelaciones ya se ha pronunciado en la causa Rol 2109-2020 sobre recurso de protección, señalando al efecto:

“(…) Que, dicho lo anterior, resulta relevante recalcar que si bien se alega como conculcado el derecho a la propiedad, de acuerdo a las pretensiones expresadas tanto por la parte recurrente y la parte recurrida, dicho conflicto atendido el tener claramente contractual, el que incluso es reconocido e invocado por los recurrentes, implica que necesariamente debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, el que excede a todas luces a esta vía cautelar de urgencia, por lo que debe ser rechazada.

DÉCIMO: Que en todo caso cabe tener presente que tampoco está establecido que el colegio en cuestión haya incurrido en acto ilegal o arbitrario al prestar el servicio educacional mediante plataformas virtuales de enseñanza, desde que esto se deriva sólo del cumplimiento de un acto de autoridad vigente, dictado por el poder ejecutivo en virtud de las facultades que la Constitución y la ley le entregan, en base a la imposibilidad de realizar clases presenciales por la contingencia sanitaria que vivimos (hecho público y notorio además), y no de la voluntad de las partes, no pudiéndose tampoco concluir que la negativa a rebajar el monto del arancel sea ilegal o arbitrario, toda vez que no existe prueba alguna que permita concluir sin lugar a dudas que la recurrida está lucrando con la eventual rebaja de costos, máxime cuando ni siquiera está acreditada el monto de la misma, siendo necesario un juicio declarativo para resolver la cuestión controvertida entre las partes, lo que excede con creces el ámbito de aplicación de este recurso.

DÉCIMO PRIMERO: Que, desde otra perspectiva, de las alegaciones de la recurrente y de los antecedentes aportados a estos autos, se puede concluir que no estamos en presencia de derechos indubitados, sino de eventuales derechos personales cuya exigibilidad deriva del supuesto incumplimiento de un contrato que deben ser declarados en juicio. En consecuencia, debe recurrirse a la vía procesal pertinente para la declaración de los derechos que corresponda a través de un juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, obteniendo a través de éste la tutela judicial que se pretende.”

DÉCIMO SEGUNDO: Que por último resulta imposible acceder a la petición concreta, porque, primero no es claro el monto de los eventuales menores costos del prestador de servicio, solución al conflicto, pueda decretar esta Corte de Apelaciones.”

SÉPTIMO: Que en todo caso el estado de catástrofe constituye un fundamento jurídico que hace inequívoco e indiscutible un hecho fortuito o fuerza mayor para el cumplimiento perfecto de las obligaciones contraídas en el contrato que aluden las partes, por lo que surge la imposibilidad de involucrarse a través de esta cautelar constitucional en las prestaciones mutuas de las partes, sobre todo porque incluso el legislador está proponiendo como proyecto de ley la imprevisión en la interpretación de los efectos de los contratos, razones más que suficientes para desestimar el recurso.

OCTAVO: Que no se condena en costas a la recurrente, por no estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de los recurrentes en contra de la de la Fundación Educacional de Chuquicamata.

Regístrese y comuníquese.

ROL 2409-2020 (PROT)