nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

Antofagasta, a nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el por el acto que considera ilegal y arbitrario de fecha 7 de enero de 2026, que rechaza la solicitud de “Retiro de Fondos para Extranjero”, presentada al amparo de la Ley N°18.156, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene que se reconozca como válida la documentación que acompaña, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso. Asimismo, atendido los hechos señalados en el recurso, se solicitó informe a la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción constitucional, el que fue evacuado.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se señala en el recurso, que la actora solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales según la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, siendo notificada por correo electrónico con fecha 7 de enero de 2026, del rechazo de la solicitud de retiro de fondos de pensión, cuyo contenido reproduce.

Seguidamente reprodujo los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 afirmando que la actora, al ser profesional extranjera, cumple íntegramente con los requisitos de dicha ley, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, pues, la recurrida realizó una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, de disponer de sus ahorros previsionales, ya que, los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen. Añade que la recurrida no indica cuáles son los parámetros empleados para descartar el certificado de afiliación, e incorpora requisitos no expresamente establecidos en la ley, lo que, desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Hace presente que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que refiere e igualmente la constancia electrónica emitida por la seguridad social puede ser verificada en la forma que detalla, por lo que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Refiere que, asimismo, la recurrente acompañó a la solicitud de retiro de fondos, constancia emitida por la autoridad competente de los seguros sociales venezolanos, lo que evidencia que: a) el protegido está afiliado a la seguridad social; b) la fecha de su ingreso al sistema de protección de la seguridad social, siendo una fecha que es inamovible, es decir, no se puede modificar; c) prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, por lo que de la simple lectura se evidencia que tanto las prestaciones como la protección del sistema previsional es anterior a la época del inicio de prestación de servicios personales en nuestro país.

Reitera que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión contraria a derecho, al rechazar la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada y sin siquiera, cotejar lo acompañado por la recurrente.

Hace presente que las constancias emitidas son certificadas por la autoridad competente, por lo que son plenamente válidas, además se cumple el requisito legal de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, lo que la recurrida desconoce, siendo arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, lo que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Expresa que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia.

Finalmente, y tras citar jurisprudencia, solicita, en definitiva, que se declare que la recurrida ha incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias, se deje sin efecto el rechazo impugnado y se ordene la devolución íntegra de los fondos previsionales acumulados en su cuenta, o en subsidio, se disponga la emisión de un pronunciamiento fundado y ajustado a derecho dentro del plazo que se determine.

SEGUNDO: Que consta en autos el Oficio Ordinario N°3108, de fecha 12 de febrero de 2026, evacuado por la Superintendencia de Pensiones, mediante el cual se informa al tenor de lo solicitado, señalando que, revisado “su Sistema de Gestión Documental, la recurrente no registra presentaciones ante este Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la ley 18.156”.

En cuanto a la normativa aplicable, el oficio transcribe y analiza los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, destacando el carácter excepcional del régimen de exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, indicando que su procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en dicha disposición, a saber: (a) afiliación previa a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) manifestación expresa, en el contrato de trabajo, de la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación.

Asimismo, se hace referencia a las facultades interpretativas de la Superintendencia conforme al D.L. N°3.500, al D.F.L. N°101 de 1980 y a la Ley N°20.255, así como a lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, particularmente en el Libro II, Título XI, relativo a la exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y devolución de fondos.

En relación con los antecedentes aportados se indica que la recurrente no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile.

Además, destaca que dicho documento no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra legalizado o apostillado conforme a la normativa vigente.

Finalmente, la Superintendencia sostiene que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.156, para acceder a la devolución de fondos previsionales.

TERCERO: Que evacuó informe doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condenación en costas.

En primer término, sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio y la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende.

Expone que con fecha 7 de enero de 2026, se le informa el rechazo de la solicitud indicando lo siguiente:

- Relación laboral por decreto de nombramiento de funcionario público y no sujeto a las normas generales del código del trabajo.

- Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación.

Indica que la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcional, en relación con el sistema previsional cuyos artículos 1 y 7 cita, destacando igualmente el contenido del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, aludiendo igualmente al oficio Reservado N°2966, de fecha 3 de agosto 2023, de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores que informó a la Superintendencia de Pensiones que ante el aumento de las consultas recibidas por su Departamento de Validación y Análisis de Documentos Internacionales, por parte de las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones, acerca de la autenticidad de los documentos apostillados y la cadena de legalización de antecedentes presentados por los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus fondos previsionales, de conformidad con el artículo 7° de la ley N°18.156, es pertinente, tener presente las consideraciones que refiere.

Afirma que su parte ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la ley 18.156, el Oficio Reservado N°2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual se hace referencia en el Oficio Reservado N°25057, de 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos que deben cumplir los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para ser válidamente reconocidos en Chile y el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que se refiere precisamente a la situación que se reclama en estos autos, normativa que exige, que los documentos emitidos fuera del país deben ser debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras opciones, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el instrumento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República (art. 345, N°3).

Añade que respecto de la situación particular de Venezuela, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización, ya que ello es una circunstancia de hecho que no habilita para prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero. Añade que su parte no está facultada para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal como lo es la legalización consular exigida por el ordenamiento jurídico nacional, y por ende, la actuación de la recurrida se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente, sin perjuicio de que correspondería al legislador o a la autoridad competente, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecer mecanismos alternativos de validación documental para casos excepcionales como el que se expone, lo que escapa completamente a la competencia y responsabilidad de su parte.

Por otro lado, indica que la existencia de un enlace web donde se pueda consultar información sobre cotizaciones no sustituye la exigencia de presentación de un documento formal, legalizado y apostillado, que permita acreditar de manera fehaciente la afiliación del trabajador extranjero a un sistema previsional en el extranjero que otorgue las prestaciones mínimas requeridas por la ley chilena.

Explica que, asimismo, si no fuese suficiente el incumplimiento de la recurrente respecto de acreditar estar afiliada a un régimen previsional extranjero con las formalidades legales exigidas; los antecedentes acompañados tampoco cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, pues, de ellos se advierte que no existe un contrato de trabajo propiamente tal que dé cuenta de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, sino únicamente un decreto y certificados administrativos de carácter declarativo que reflejan una relación de servicios de naturaleza pública o estatutaria, lo que resulta determinante pues, la Ley N°18.156, que regula la exención y devolución de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros, se aplica exclusivamente a quienes prestan servicios bajo un contrato de trabajo de derecho privado, quedando expresamente excluido el personal vinculado a organismos públicos mediante nombramientos o regímenes estatutarios.

Finalmente, y tras afirmar la improcedencia de la acción, por no cumplirse sus requisitos, termina solicitando el rechazo del recurso, por cuanto en la especie no concurre acto ilegal ni arbitrario, ni se ha producido privación, perturbación o amenaza de garantía constitucional alguna, por cuanto la negativa impugnada se ajustaría estrictamente al marco normativo aplicable.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales respecto de técnicos extranjeros y la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°, esto es: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b)

manifestar en el respectivo contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera.

SÉPTIMO: Que, conforme consta de los antecedentes acompañados y de los informes evacuados por las recurridas, el rechazo de la solicitud de la actora se fundó en el incumplimiento de los requisitos antes indicados, particularmente en: a) Relación laboral por decreto de nombramiento de funcionario público y no sujeto a las normas generales del código del trabajo b) Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte que la negativa impugnada constituya un acto ilegal, desde que se encuentra fundada en la aplicación de una normativa vigente y en instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades legales.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, entendida como una actuación carente de razonabilidad o motivación, toda vez que la decisión se sustenta en antecedentes objetivos relativos al cumplimiento de requisitos copulativos establecidos por la ley.

NOVENO: Que, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, si bien los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual constituyen bienes incorporales de dominio del afiliado, su disposición se encuentra regulada por la ley, la que establece condiciones específicas para su retiro anticipado.

No concurriendo en la especie los presupuestos legales habilitantes, no puede estimarse que exista una privación o perturbación ilegítima del derecho invocado.

DÉCIMO: Que tampoco se configura vulneración del derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, toda vez que la situación de la actora ha sido analizada conforme a la normativa general aplicable a todos quienes solicitan el beneficio previsto en la Ley N°18.156, no advirtiéndose trato discriminatorio arbitrario.

Por lo razonado, no se verifica la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, por lo que la acción intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°240-2026 (Protección).