nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien, dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, solicitando la eliminación de toda publicación deshonrosa realizada desde su cuenta Linkedin o en cualquier otro medio social, además, se abstenga de realizar publicaciones de la misma naturaleza en lo sucesivo.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar promovida en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundó su acción constitucional, en la perturbación y/o amenaza, de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política de la República, mediante publicaciones que ha realizado la recurrida en redes sociales.

Sostiene que desde octubre del año 2009 comenzó una relación de índole laboral con la recurrida. Posteriormente, en el año 2014, nombre reservado pasó a formar parte de empresa Sistemas Informáticos Antara SpA. Luego, ascendió al cargo de Coordinadora de Administración, para ser promovida al cargo de Administration Leader, detallando las funciones asociadas al cargo.

Cuenta que el día 05 de enero de 2023, mientras la recurrida se encontraba haciendo uso de su feriado legal, llegó un mail a la empresa Antara de parte de la AFC (Administradora de Fondo de Pensiones) indicando que se había recibido una solicitud de parte de la “ex trabajadora” nombre reservado, para hacer uso del seguro de cesantía, informando que esta solicitud se encontraba acompañada de la documentación de respaldo respectiva, la que indicaba que la relación laboral había finalizado el pasado 31 de diciembre 2022, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo. No obstante, al preguntar a la recurrida, ésta indicó que sólo se debía a un error de la AFC, no dándole mayor importancia. Luego, el 24 de enero, la AFC, envía a Antara los documentos presentados por la recurrida, para hacer retiro de un seguro de cesantía. En consecuencia, sostiene, falsificó los documentos que supuestamente acreditaban el término de su relación laboral, para así, valerse del seguro singularizado.

De esta forma, no obstante, concurrir causal objetiva para desvincularla de la empresa, y teniendo en consideración la relación laboral existente entre ambos, ésta renunció “voluntariamente”, pagándole una suma de $ 2.000.000, por concepto de indemnización voluntaria y además, se le permitió quedarse con el Notebook y el celular que había sido asignado por la compañía.

Enfatizó, que hace 3 semanas, la ex colaboradora inició una serie de publicaciones a través de su cuenta personal Linkedin, donde expone una serie de hechos y situaciones con una falta absoluta a la verdad y distorsionando totalmente la realidad para perjudicar la imagen de su persona y de la empresa Antara ante sus clientes, poniendo en riesgo la credibilidad y ética de los negocios de la empresa. Al efecto, el 13 de abril, los acusó de crear varias empresas para dejar atrás deudas tributarias, que el trabajo de ella era “esconderlos” y no entregar sus domicilios para que no pudieran ser notificados de las supuestas demandas. Luego, el 17 de abril, denuncia los mismos hechos, pero esta vez, singularizando a la empresa respectiva. Así, continuó realizando publicaciones de la misma naturaleza, siendo ampliamente difundidas. Expone, que todas las expresiones utilizadas, resultan difamatorias, deshonrosas y calumniosas.

SEGUNDO: Que, informó la recurrida, nombre reservado, al tenor de la acción cautelar promovida en su contra.

Indicó, que efectivamente realizó las publicaciones, y que “no está mintiendo”, todas las que se encuentran respaldadas con documentos que acreditan la veracidad de las mismas. Además, sostiene que las publicaciones ya fueron eliminadas el 19 de julio.

Luego, expone diversas circunstancias fácticas, que dicen relación con inconductas por la recurrente, incluso, indicando que ésta, omite información respecto a diversos hechos irregulares de los que fue testigo, como, deudas contraídas con terceros y no pagadas, incumplimientos contractuales e incluso, sostiene que la obligaban a crear contrato ficticios, para eludir obligaciones tributarias y laborales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en mérito de las presentaciones, no es un hecho discutido que la recurrida, realizó las publicaciones que se singularizan en el recurso de protección. Ello además aparece de los antecedentes incorporados.

En el perfil de LinkedIn, en la actualidad, no aparece publicación alguna que singularice al recurrente o a la empresa que representa, lo que resulta compatible con lo señalado por la recurrida, en cuanto indicó la eliminación de las publicaciones realizadas por ella.

No obstante lo anterior, los derechos que la recurrente estima lesionados no deben ser interpretados de manera restringida, máxime si existió un reconocimiento expreso por parte de la recurrida de las publicaciones efectuadas, cuya difusión por su naturaleza poseen un amplio campo de divulgación y celeridad en diversos canales digitales. De esta forma, la simple eliminación en tiempo inmediato, devengaría en inidónea cualquier medida que se pueda adoptar por esta Corte, ya que, en todo caso, después de desplegar los elementos generadores de lesiones a los derechos invocados, la tutela de éstos quedaría al sólo arbitrio de la recurrida, pues, una vez emplazada y mientras se tramite la acción de urgencia, podría siempre, y como aconteció en la especie, “eliminar” las publicaciones motivantes del recurso, siendo el motivo del rechazo, la falta de oportunidad en todos aquellos casos en que ya se han agotado sus efectos, reconociéndoles de este modo, amparo a conductas que no pueden ser toleradas, ya que no se trata sólo de determinar la existencia de los hechos que se imputan a la recurrida, sino que, además deberán adoptarse los resguardos necesarios para hacer cesar los efectos de un acto que puede ser arbitrario o ilegal y que afecte los derechos de la actora.

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico no admite la autotutela, máxime si del contenido de las publicaciones, se leen imputaciones que pueden ser constitutivas de ilícitos penales, los que deberán ser resueltos por la justicia ordinaria. Por lo tanto, resulta arbitrario que la recurrida haya difamado públicamente a la recurrente, existiendo otros mecanismos para efectuar las alegaciones que, en múltiples ocasiones ejecutó en el medio social ya singularizado, ya que, si bien, la libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática, lo cierto es que su ejercicio no tiene un carácter absoluto, sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos en términos tales que estos últimos no resulten afectados en su esencia, como ocurrió en este caso, afectando sus afirmaciones, la honra y dignidad del recurrente de protección, debiendo necesariamente acogerse el recurso de protección en los términos que se expondrá.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto, la recurrida, deberá abstenerse de efectuar publicaciones de la misma naturaleza, que vulneren los derechos que se alegan por medio de ésta acción, por redes sociales o cualquier otro, de amplia divulgación.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2390-2023 (PROT)