CLINICA LA PORTADA ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGAS

Antofagasta, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Juan Pablo Grant Gajardo, abogado, en representación de Clínica Portada SPA, Clínica Regional La Portada de Antofagasta Prestaciones Ambulatorias SPA y de los pacientes que actualmente utilizan sus dependencias hospitalarias, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente basa su acción cautelar, en que el 30 de enero del año en curso y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 360 del Código del Trabajo, formularon propuesta de servicios mínimos y equipos de emergencia a todos los sindicatos existentes en la empresa, a saber: Sindicato de Profesionales PortadaPro, Sindicato de Clínica La Portada SPA y Sindicato de Trabajadores Clínica Portada Ambulatoria, encontrándose en la actualidad los dos últimos fusionados bajo el nombre de Sindicato de Trabajadores Empresa Clínica La Portada de Antofagasta.

Enfatiza que, la propuesta de calificación de servicios mínimos fue recibida únicamente por los miembros de la directiva sindical del Sindicato de Trabajadores Empresa Clínica La Portada de Antofagasta. En efecto la directiva sindical del Sindicato PortadaPro, se negó a recibir la propuesta señalada. A raíz de lo anterior, y con la finalidad de cumplir con la normativa laboral vigente, el mismo día 30 de enero del año en curso, remitieron a través de correo electrónico las propuestas de servicios mínimos a los sindicatos señalados. Asimismo, al día siguiente enviaron cartas a la Dirección del Trabajo, dando cuenta del sindicato que había recibido conforme la propuesta, y la negativa a recepcionarla del Sindicato Portada Pro.

Agrega que, este último sindicato el 04 de febrero de los corrientes, en el marco de la negociación colectiva, efectuó reclamación ante la Dirección del Trabajo reconociendo que la empresa había cumplido con todos los requisitos formales de presentación de los servicios mínimos y equipos de emergencia. Posteriormente, en el marco de una audiencia de impugnación de nómina y reclamación de legalidad celebrada ante la recurrida, se resolvió que la reclamación del mencionado sindicato debía ser resuelta por la Dirección del Trabajo en un procedimiento paralelo. Así, y no obstante haberse cumplido con todos los requisitos legales en la materia, el 08 de marzo de este año, la recurrida mediante Ordinario N° 196, resolvió tener por no realizada la propuesta de servicios mínimos. En efecto, en lo pertinente la recurrida indicó: “revisados los registros que obran en poder de la institución y demás antecedentes aportados por la empresa, se establece que la propuesta realizada el 30 de enero de 2019, no se realizó a todos los sindicatos existentes en la empresa, ingresándose registro de haberse realizado la propuesta sólo al Sindicato de Clínica La Portada de Antofagasta. En consecuencia, a la luz de la doctrina del servicio, la propuesta realizada se entiende no realizada.”

Dicha resolución les fue notificada el 13 de marzo del presente año, y luego el día 18 de marzo del mismo año, interpusieron recurso de reposición con jerárquico en subsidio, solicitando al Director Regional del Trabajo de Antofagasta, efectuar la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia conforme a lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del Código del Trabajo. Durante los meses siguientes la recurrida se mantuvo sin resolver el conflicto a pesar de la negociación colectiva que debía llevarse a cabo. Finalmente, el 10 de junio de los corrientes la recurrida emitió una resolución en la que se rechazó la reposición deducida, la solicitud de requerimiento de intervención de la Dirección del Trabajo para calificar los servicios mínimos, elevando los antecedentes al Director del Trabajo para que conozca del recurso jerárquico.

Estima que, dicha resolución es arbitraria e ilegal, debido a que la propuesta de servicios mínimos se presentó a todos los sindicatos de la empresa dentro del plazo establecido en el artículo 360 del Código del Trabajo, y por otra parte, la solicitud de intervención de la Dirección del Trabajo para calificar los servicios mínimos y equipos de emergencia no se realizó fuera de plazo, puesto que recién el 13 de marzo de este año, fueron notificados por la recurrida de la resolución del reclamo interpuesto por uno de los sindicatos relacionado con los servicios mínimos y el examen de admisibilidad que debía realizar la recurrida.

Refiere como argumentos de derecho la Ley 20.940 en relación con el artículo 360 del Código del Trabajo, y la obligación de la recurrida de emitir resolución de calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia fundada dentro de los 45 días siguientes al requerimiento, lo anterior en concordancia con el artículo 312 del citado código. En este orden de ideas, la acción que se imputa a la recurrida consiste en haber rechazado el requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia formulado el 18 de marzo del año en curso, debiendo haberse pronunciado dentro de los 45 días, es decir, el 2 de mayo de este año, no obstante, la ilegalidad de lo resuelto, puesto que el requerimiento de calificación de servicios mínimos fue presentado dentro del plazo legal.

Concluye, que el presente arbitrio es el único medio para cautelar los derechos vulnerados por la recurrida, ya que la vía administrativa ha sido insuficiente quedando en la indefensión absoluta. Así, la resolución impugnada conculca el derecho a la vida, integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política de la República, afectando derechamente a sus pacientes, puesto que el eventual cierre del establecimiento generará una situación crítica a la comunidad, pudiendo colapsarse la atención de salud en la ciudad. Asimismo, al no poder otorgar atención de urgencia significará que aquellos que la requieran deberán ser derivados a otros centros, con el riesgo que implica mover a un paciente en condiciones de tránsito poco expedito, el tiempo que demora conseguir ambulancia, exponiendo a los usuarios a riesgos innecesarios.

Finalmente, estima que se vulnera el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, garantizado en el artículo 19 N° 21 de nuestra carta fundamental. Solicitando reestablecer el imperio del derecho y declarar que la resolución N° 21 de fecha 10 de junio de 2019, emitida por la recurrida es nula y no produce efecto alguno, a su vez declarar admisible los servicios mínimos presentados el 30 de enero del año en curso y se ordene a la recurrida calificarlos conforme al artículo 360 del Código del Trabajo, ordenar a la recurrida emitir resolución expresa de suspensión del proceso de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores Empresa Clínica La Portada de Antofagasta, por encontrarse pendiente la calificación de servicios mínimos, con costas.

SEGUNDO:

Informó nombre reservado, solicitando el rechazo del presente arbitrio, atendido los siguientes argumentos:

El 31 de enero del año en curso la recurrente presentó tres documentos ante la Inspección del Trabajo, el primero informando haber efectuado exitosamente la propuesta de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia al Sindicato de Clínica La Portada de Antofagasta, adjuntando antecedentes que dan cuenta del envió de la misma mediante correo electrónico y la confirmación del sindicato efectuada por la misma vía, por su parte en el segundo y tercer documento, la empresa informó que las otras organizaciones sindicales no quisieron recibir dicha propuesta, acompañando al efecto el documento denominado calificación de servicios mínimos.

Posteriormente, el día 08 de marzo de los corrientes, la Dirección del Trabajo de Antofagasta a través de ordinario N° 196, informó a la recurrente que efectuado el análisis correspondiente, se constata que la solicitud de servicios mínimos y equipos de emergencia no se realizó a todas las organizaciones sindicales vigentes, conforme lo dispone el artículo 360 del Código del Trabajo y el Dictamen Ordinario N° 5346/0092 del 28 de octubre de 2016. Lo anterior, se determinó revisando los registros que obran en poder de la Dirección del Trabajo, así como los acompañados por la recurrente en sus presentaciones. Finalmente, el oficio indicado se notificó el 11 de marzo del presente año. Así, el 18 de marzo del año en curso, la recurrente deduce recurso de reposición y recurso jerárquico en subsidio, acompañando tres correos electrónicos remitidos el 30 de enero de ese año a las organizaciones sindicales, ante la negativa de recepción de la propuesta de servicios mínimos.

Destaca que, en su recurso, la empresa recurrente además solicitó que se declare que, al no existir calificación de los servicios mínimos, no es posible iniciar procedimiento de negociación colectiva, y a su vez requirió la intervención del Director Regional del Trabajo para realizar dicha calificación. Luego, el 10 de junio de los corrientes se dictó la Resolución N° 21 rechazando la reposición y elevando los antecedentes al Director del Trabajo conforme al recurso jerárquico presentado en subsidio, rechazando igualmente el requerimiento de intervención en la calificación de servicios mínimos y de emergencia. El fundamento de la decisión, radica en lo dispuesto en el artículo 360 y siguientes del Código del Trabajo y las instrucciones impartidas sobre la materia por la Dirección del Trabajo, ya que revisada nuevamente la presentación de la recurrente, se verificó que el ordinario N° 196 da estricto cumplimiento a la normativa vigente, puesto que el empleador no acreditó en su oportunidad que la propuesta de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia se haya efectuado a todas las organizaciones sindicales, en virtud que sus presentaciones señalaban la recepción de dicha propuesta por solo uno de los sindicatos, negándose los otros dos. Además, la recurrente adicionó a su recurso administrativo documentación que no fue acompañada y por tanto, no era conocida por el servicio al momento de dictarse el acto respectivo, siendo improcedente considerarla en la resolución impugnada, debido a que el plazo para realizar la calificación solicitada se encontraba vencido.

Hace presente que el servicio ha actuado cumpliendo sus obligaciones legales conforme a la información entregada por la propia recurrente, sin que exista atisbo de arbitrariedad en su actuar. Al efecto, cita la normativa en la materia, enfatizando la improcedencia del presente arbitrio, puesto que el acto reclamado no se encuentra firme, debido a que está en etapa de revisión por el Director del Trabajo, atendido el recurso jerárquico deducido por la empresa, encontrándose pendiente a la fecha su resolución.

Refiere que la resolución recurrida se fundamentó en el inciso 3° del artículo 360 del Código del Trabajo y Orden de Servicio N° 1 del 26.01.2017, limitándose la actuación del servicio a dar respuesta a la presentación del empleador, que como se ha señalado no acreditó la presentación o envío de solicitud de servicios mínimos y equipos de emergencia a sus organizaciones sindicales. El mismo razonamiento, debe aplicarse respecto de la resolución N° 21, la cual se pronunció en base a los antecedentes que obraban en poder del servicio. En este sentido, el recurso de reposición tiene por objeto impugnar un acto dictado erróneamente, cuestión que no ha ocurrido en la especie, ya que el ordinario que ataca se emitió conforme a los antecedentes presentados por la propia recurrente, no siendo apropiado resolver en forma diversa, al presentar la empresa con posterioridad documentación que no fue proporcionada en la oportunidad correspondiente.

También, debe rechazarse la alegación de la ilegalidad reclamada, en orden a que el acto impugnado fue pronunciado fuera del plazo establecido en el artículo 360 del Código del Trabajo, puesto que la solicitud de intervención de servicios mínimos y equipos de emergencia, si es que así puede ser considerada, en virtud de lo ya expuesto se efectuó el 31 de enero de este año, dándose respuesta el 08 de marzo del año en curso, es decir, dentro de plazo legal, notificándose al actor el 11 de marzo de los corrientes, también dentro del plazo señalado. Luego, el 18 de marzo de dicho año se dedujo reposición en contra del ordinario N° 196 con recurso jerárquico en subsidio, y sólo como petición adicional se solicitó el requerimiento para calificar los servicios mínimos y suspensión del procedimiento de negociación colectiva. Conforme a ello, no es posible afirmar el incumplimiento del plazo de 45 días señalado en la norma citada, ya que éste debía verificarse para la presentación de la empresa efectuada el 31 de enero de los corrientes, y no para su recurso administrativo deducido el 18 de marzo del presente año, ya que la naturaleza de los requerimientos difiere entre sí.

Finalmente, descarta la arbitrariedad de la resolución reclamada, puesto que la actuación del servicio ha obedecido a un requerimiento expreso de la propia recurrente, quien accionó la facultad administrativa otorgada por el legislador al servicio, siendo el argumento de la contraria para calificar de arbitrario e ilegal el actuar de la Dirección del Trabajo, el rechazo a la solicitud de intervención de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia en dos oportunidades, pese a que conforme ha señalado cumplió con las disposiciones aplicables en la materia, sin embargo, lo resuelto por el servicio se ajustó a derecho y a los propios antecedentes presentados por la empresa, quien si no ha obtenido los resultados esperados se debe única y exclusivamente a su actuar deficiente y negligente durante el desarrollo del proceso de negociación colectiva con sus organizaciones sindicales.

Concluye, descartando la afectación de las garantías constitucionales reclamadas, puesto que si bien se reconoce el servicio que la recurrente presta a la comunidad, éste no se limita ni se inhibe ante la eventual declaración de huelga de sus trabajadores, considerando que en la ciudad existen otros centros que brindan el mismo servicio, y aunque eventualmente pudieren verse afectados en el volumen o cantidad de la atención médica, definitivamente no se afecta la seguridad o el interés público, sino más bien los interés económicos de la recurrente. A ello, debe sumarse que no todos los dependientes de ésta se encuentran negociando colectivamente, por lo tanto, puede continuar con su funcionamiento habitual, pero en menor proporción, lo que se ha podido establecer con las desvinculaciones realizadas por la empresa durante el último tiempo. Por último, reitera que lo reclamado puede ser objeto de modificación posterior, ya que aún se encuentra pendiente la resolución del recurso jerárquico, por lo que la afectación de los derechos constitucionales indicados, no se verifica en la forma alegada, excediendo este recurso con creces su finalidad, incluso pudiendo provocar el pronunciamiento de decisiones contradictorias.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, acorde a lo debatido en el caso de marras, corresponde a esta Corte dilucidar si la resolución N° 21 dictada por la recurrida el 10 de junio del año en curso, que en su parte resolutiva rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del ordinario N° 196 emitido por la Dirección del Trabajo, constituye o no un acto arbitrario o ilegal.

QUINTO: Que, revisados los antecedentes de la resolución precitada, debe descartarse que ésta sea ilegal, puesto que ha sido dictada conforme a las facultades otorgadas al Director del Trabajo a la luz de la normativa vigente. Por su parte, tampoco puede predicarse que sea arbitraria, ya que ella contiene los argumentos fácticos y jurídicos que llevaron al Director a rechazar la reposición incoada por la recurrente.

SEXTO: Que, tampoco se puede aseverar la existencia de un derecho indubitado, ya que la resolución reclamada mediante el presente arbitrio, en la actualidad es objeto de revisión mediante recurso jerárquico interpuesto por la recurrente, razón por la cual, no existe una decisión final de la recurrida que rechace las peticiones del actor y vulnere las garantías constitucionales reclamadas en el recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por Juan Pablo Grant Gajardo, abogado, en representación de Clínica Portada SPA, Clínica Regional La Portada de Antofagasta Prestaciones Ambulatorias SPA y de los pacientes que actualmente utilizan sus dependencias hospitalarias, y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2390-2019 (PROT)

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