Protección contra su madre

Antofagasta, a veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Nicolás Pérez Castro, abogado, en representación convencional de Centro Médico Antofagasta S.A., también denominado Clínica Bupa Antofagasta, interponiendo recurso de protección en favor del recién nacido nombre reservado y en contra de su madre, nombre reservado, por haber rechazado la inoculación obligatoria del menor con las vacunas anti-hepatitis B y contra la tuberculosis (BCG) contempladas en el programa nacional de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida, encontrándose obligada por el ordenamiento jurídico vigente, ha persistido en su negativa de inocular a su hijo recién nacido, careciendo de fundamento médico idóneo y exponiéndolo, con ello, a contraer enfermedades inmunoprevenibles de potencial gravedad, vulnerando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19, N° 1 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la recurrida nombre reservado, al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso señalando que en diciembre de 2025, encontrándose la recurrida en estado de embarazo próximo a término, remitió una carta al director médico del recinto clínico de su representada informando el rechazo de la vacunación contemplada en el programa nacional de inmunización del Ministerio de Salud, específicamente de las vacunas anti- hepatitis B (VHB) y contra la tuberculosis (BCG), invocando la posibilidad —no avalada científicamente— de padecimiento de diversas patologías por su aplicación. 1 Señala que, no obstante haberse informado debidamente a la recurrida sobre los beneficios de la inoculación, los riesgos de la no vacunación y la obligatoriedad de su aplicación conforme al Decreto Exento N° 68 de 2021 del Ministerio de Salud, aquélla persistió en su rechazo.

Indica que el NUM000 de 2026 se le practicó cesárea sin complicaciones, dando a luz al recién nacido en favor de quien recurre, y que el 5 de abril de 2026 la recurrida suscribió formalmente el registro de respaldo de rechazo de inoculación de las vacunas referidas, pese a nuevas explicaciones del personal sanitario sobre la importancia de la vacunación.

Expone que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, amenazando el derecho a la vida e integridad física y psíquica del menor, consagrado en el artículo 19, N° 1 de la Constitución Política de la República. Invoca como marco normativo infringido los incisos primero y séptimo del artículo 38 de la Ley N° 21.430, sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, los artículos 3, N° 1 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el inciso segundo del artículo 32 del Código Sanitario, los Decretos Exentos N° 68 de 2021 y N° 6 de 2010 del Ministerio de Salud, y el artículo 16, inciso segundo de la Ley N° 20.584, que limita el derecho de elección reconocido en el artículo 14 del mismo cuerpo legal cuando su ejercicio pone en riesgo la salud pública.

Argumenta que la aplicación de ambas vacunas resulta vital para el recién nacido desde la perspectiva neonatal, infectológica y de salud pública, en cuanto su omisión lo expone a contraer enfermedades que pueden amenazar directamente su vida o derivar en secuelas crónicas, contribuyendo, además, su inoculación al denominado efecto rebaño.

Cita, en apoyo de su pretensión, sentencias de tribunales superiores de justicia. 2 Finalmente, solicita restablecer el imperio del derecho, ordenando la aplicación inmediata de las vacunas anti-hepatitis B y contra la tuberculosis, disponiendo todas las medidas necesarias para tal cometido, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida nombre reservado, representada por nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, sosteniendo que ha actuado dentro de las facultades legalmente concedidas, sin vulnerar garantía alguna.

Señala que los padres del niño se encuentran comprometidos con la defensa del derecho a la vida y salud de su hijo, considerando imprescindible velar por su bienestar y proveerle un ambiente óptimo para su desarrollo. Refiere que desde sus primeras semanas de vida el menor presentó síntomas compatibles con alergia alimentaria y reflujo gastroesofágico —vómitos abruptos, deposiciones líquidas, exceso de salivación, reflujo doloroso y llanto persistente—, motivando consulta con pediatra gastroenteróloga, quien indicó dieta de eliminación estricta a la madre lactante, suprimiendo proteínas de leche de vaca, soya y otros alérgenos, comprobándose mediante contrapruebas reacciones adversas evidentes a dichas proteínas.

Indica que la decisión de no administrar por ahora las vacunas del programa nacional de inmunizaciones se fundamenta en antecedentes médicos concretos, en antecedentes familiares de hipersensibilidad por línea materna y paterna, y en el legítimo deber parental de resguardo de la salud e integridad física del hijo, atendida una predisposición genética a reacciones inmunológicas adversas. Agrega que la recurrida realizó investigación previa sobre componentes, advertencias y eventuales efectos adversos descritos en los prospectos de las vacunas; que mantiene exámenes negativos para hepatitis B, descartándose uno de los principales factores de riesgo; y que la postergación fue formalmente informada al establecimiento de salud al momento del parto. 3 Expone que no se descarta la vacunación futura, sino que ésta deberá ser adoptada de manera individualizada, informada y previa evaluación médica especializada, considerando el estado de salud, tolerancia inmunológica e interés superior del niño. Acompaña antecedentes relativos a controles médicos efectuados desde los 18 días de vida hasta los 4 meses por neonatólogos y pediatras, exámenes de laboratorio, evaluación radiológica de caderas, test fecal para detección de hemorragias ocultas, certificados emitidos por la gastroenteróloga infantil Dra. nombre reservado, pauta nutricional materna, informe psicológico de habilidades parentales que descarta situación de negligencia, y certificado médico del Dr. nombre reservado, médico naturópata cuya disciplina se encuentra reconocida como práctica médica alternativa o complementaria por el Decreto N° 5 de 2013 del Ministerio de Salud, sustento —según invoca— de la eximición temporal contemplada en el artículo 33 del Código Sanitario.

Argumenta que los fundamentos para diferir la vacunación se basan en el riesgo estadístico de reacciones adversas graves —anafilácticas, neurológicas, autoinmunes y de desenlace fatal—, en la consideración de componentes potencialmente tóxicos como el aluminio y el mercurio según los perfiles toxicológicos de la ATSDR, y en estudios revisados por pares como los de Krewski et al. (2007), Petersen y Gluud (2021) y Bernhoft (2012). Invoca asimismo el Decreto Exento N° 51 del Ministerio de Salud, de 23 de octubre de 2025, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre del mismo año, que modifica el Decreto Exento N° 50 de 2021, permitiendo la administración de la vacuna BCG hasta los 4 años, 0 días de vida.

Sostiene que las vacunas BCG y anti-hepatitis B se recomiendan en circunstancias epidemiológicas de alto riesgo, no concurrentes en el país ni en las condiciones del núcleo familiar; que la vacuna BCG no ha demostrado eficacia en el control de los tipos más comunes de tuberculosis ni en inhibir contagios; y que la vacuna contra la hepatitis B 4 carecería de sustento epidemiológico tratándose de un recién nacido cuya madre tiene examen negativo, considerando que las vías de contagio comunes son la sanguínea y sexual.

Invoca el principio de precaución, la libertad de conciencia consagrada en el artículo 19, N° 6 de la Constitución Política de la República, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18, N° 2 y N° 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, en cuanto consagran el consentimiento informado como requisito esencial. Refiere, asimismo, el estudio observacional del Henry Ford Health System sobre el impacto de la vacunación infantil en resultados de salud crónicos a largo plazo.

Cita, en apoyo de su pretensión, sentencias de tribunales superiores de justicia y del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

Finalmente, solicita se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, por no existir acto ilegal ni arbitrario en su actuar, ni concurrir los presupuestos esenciales de la acción cautelar deducida, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que 5 sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de nombre reservado, consistente en haber rechazado la inoculación de su hijo recién nacido nombre reservado con las vacunas anti-hepatitis B y contra la tuberculosis (BCG) contempladas en el programa nacional de inmunizaciones del Ministerio de Salud, suscribiendo al efecto, el 5 de enero de 2026, un registro formal de respaldo de rechazo de inoculación, pese a las explicaciones brindadas por el personal sanitario respecto de la obligatoriedad y necesidad de dicha inmunización.

SEXTO: Que, para resolver, se debe tener presente que el inciso segundo del artículo 32 del Código Sanitario habilita al presidente de la República, a propuesta del director de Salud, para declarar obligatoria la vacunación de la población contra enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. En ejercicio de tal potestad, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud, modificado por los Decretos Exentos N° 68 del mismo año y N° 51 de 23 de octubre de 2025, dispone la vacunación obligatoria contra dieciocho enfermedades inmunoprevenibles, comprendiendo expresamente, durante los primeros días de vida, las vacunas BCG y anti-hepatitis B. En el mismo sentido, los incisos primero y séptimo del artículo 38 de la Ley N° 21.430 consagran el derecho de todo niño, niña y adolescente a la inmunización contra las enfermedades prevenibles, imponiendo al Estado el deber de asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria y a los padres, 6 madres o responsables legales el deber correlativo de garantizar que sean vacunados oportunamente.

SÉPTIMO: Que el artículo 14 de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, reconoce ciertamente el derecho a aceptar o rechazar todo tratamiento o procedimiento médico; sin embargo, el propio legislador estableció una limitación inequívoca en el inciso segundo del artículo 16 de dicho cuerpo legal, en cuanto dispone que este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de la intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. Tratándose, como en la especie, de la vacunación obligatoria establecida por decreto supremo en virtud del artículo 32, inciso segundo del Código Sanitario, la negativa parental excede el ámbito de la autonomía individual amparada por la ley, configurando una conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente. La ilegalidad del actuar de la recurrida queda, por tanto, plenamente establecida.

OCTAVO: Que la recurrida ha invocado, como argumento central de su informe, el Decreto Exento N° 51 del Ministerio de Salud, de 23 de octubre de 2025, sosteniendo que la modificación permitiría diferir la vacunación BCG hasta los 4 años, 0 días de vida. Sin embargo, la lectura íntegra de dicho decreto desmiente categóricamente tal interpretación. En efecto, su considerando tercero expresa que pese a la obligatoriedad de las vacunas señaladas en dicho decreto, desde su entrada en vigencia se han constatado diversos hechos que en algunos casos han impedido completar el esquema de vacunación de la población objetivo, como es el caso de los menores de edad, ante la negativa de sus padres o cuidadores, mientras que su considerando cuarto refiere expresamente que aun en los casos en que los tribunales de justicia del país han fallado a favor de la obligatoriedad de la vacunación de menores de edad, pese a la negativa de sus 7 padres o cuidadores, los establecimientos responsables de la ejecución del esquema de inmunización se han visto impedidos de realizar el rescate o puesta al día de aquellos menores no vacunados, en vista de que el tiempo que conlleva la tramitación de dichas causas judiciales, excede muchas veces la ventana u oportunidad respectiva.

En consonancia, dispone que los establecimientos de salud podrán administrar la vacuna BCG hasta los 4 años, 0 días, para realizar la puesta al día de dicha vacuna. Lejos, por tanto, de habilitar la postergación voluntaria de la inoculación o de morigerar su obligatoriedad, el decreto invocado constituye una norma de rescate o puesta al día dictada precisamente para neutralizar los efectos de la judicialización dilatoria del esquema, ampliando la ventana de cumplimiento sin alterar el carácter obligatorio de la vacuna ni habilitar su rechazo. La invocación de la recurrida resulta, así, dirigida en sentido inverso al que la propia norma declara perseguir.

NOVENO: Que tampoco resulta atendible el invocado certificado emitido por el Dr. nombre reservado como sustento de la eximición temporal contemplada en el artículo 33 del Código Sanitario. Si bien la naturopatía se encuentra reconocida como práctica médica complementaria por el Decreto N° 5 de 2013 del Ministerio de Salud, el rigor técnico exigible para justificar el apartamiento de un esquema sanitario obligatorio supone una evaluación inmunológica, infectológica o pediátrica especializada de la cual el certificado acompañado carece, toda vez que de su atenta lectura fluye una descripción del paciente, su dieta, las características de la naturopatía, entre otras cuestiones, certificando, en definitiva, que los niños criados con lactancia materna prolongada y alimentación natural basada en plantas, conforman la población de niños más saludables que el propio facultativo ha conocido en casi medio siglo de práctica profesional, al servicio de instituciones y comunidades naturistas de Santiago de Chile y del resto del país, sin que 8 de ello se desprenda antecedentes alguno que permita satisfacer la exigencia derivada del artículo 33, inciso tercero en comento, el cual dispone que “En casos especiales, las personas podrán ser eximidas temporalmente de las vacunaciones exhibiendo un certificado médico que lo justifique, el que deberá ser visado por la autoridad sanitaria competente”.

Por otra parte, las constancias emitidas por la gastroenteróloga infantil Dra. nombre reservado se refieren a un cuadro de alergia alimentaria por proteína de leche de vaca y soya, condición que no figura entre las contraindicaciones técnicas de la vacuna BCG —circunscritas a inmunodeficiencias primarias diagnosticadas— ni de la vacuna recombinante contra la hepatitis B, cuyo perfil de seguridad se encuentra ampliamente documentado.

Asimismo, la existencia de una pauta nutricional materna restrictiva, un informe psicológico de habilidades parentales o controles pediátricos al día acreditan ciertamente un compromiso parental con el bienestar del niño en otros ámbitos, pero no constituyen contraindicación médica específica a la inmunización ni suplen la exigencia normativa del esquema. Tampoco resulta relevante para enervar la obligatoriedad la circunstancia de que la recurrida presente exámenes negativos para hepatitis B, pues el esquema universal del programa nacional de inmunizaciones no está condicionado a dicha circunstancia, fundándose en consideraciones de cobertura poblacional y salud pública, que trascienden el caso individual.

DÉCIMO: Que tampoco la invocación de la libertad de conciencia consagrada en el artículo 19, N° 6 de la Constitución, ni la apelación al Código de Nuremberg, a la Declaración de Helsinki o a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco en cuanto al consentimiento informado, resultan idóneas para amparar la negativa que motiva el presente arbitrio. La libertad de conciencia, ejercicio eminentemente personal, no se extiende 9 hasta facultar a los padres para disponer de derechos fundamentales de los cuales es titular un tercero —en la especie, su hijo recién nacido—, cuando dicha disposición compromete la vida e integridad física del mismo. La potestad parental, conforme al principio del interés superior del niño consagrado en los artículos 3, N° 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 16 de la Ley N° 19.968, no es absoluta y debe ejercerse precisamente en función del bienestar y desarrollo integral del hijo, lo que excluye decisiones que lo expongan, sin justificación médica idónea, a contraer enfermedades inmunoprevenibles que pueden derivar en consecuencias graves o irreversibles para su salud, incluyendo el daño hepático crónico por virus hepatitis B y la enfermedad diseminada o meníngea por tuberculosis. La arbitrariedad de la decisión queda, asimismo, configurada, en cuanto sus fundamentos descansan en consideraciones científicas que contradicen el conocimiento médico afianzado y en una lectura selectiva e inexacta tanto de la normativa sanitaria vigente como de la jurisprudencia que invoca.

UNDÉCIMO: Que en cuanto a la alegación efectuada por los recurridos en orden a la eventual vulneración de garantías constitucionales y de derechos humanos básicos, alegando afectación a la autonomía de la voluntad en materia de acciones de salud, cabe tener presente que, a este respecto, y desde la perspectiva de los derechos esenciales, en relación a la obligación de vacunación de los menores de edad, por un lado debe considerarse el evidente principio de autodeterminación personal (que eventualmente involucra la autodeterminación familiar), y por el otro el interés superior del niño, que el Estado debe cautelar, principio que para la Convención sobre los Derechos del Niño, constituye un parámetro de protección de los derechos respecto de las medidas que involucran a menores de edad, estableciendo por ejemplo que los órganos del Estado deben orientar sus políticas a cautelar el interés superior del niño y la niña, interés que no necesariamente es el que se cumpla la voluntad 10 de los padres, siendo considerado éste por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un objetivo legítimo e imperioso de actuación estatal, pudiendo el Estado justificar sus medidas amparándose en que dichas actuaciones persiguen una finalidad de protección a la niñez (Corte IDH.

Caso nombre reservado y Niñas Vs. Chile).

Relacionado con lo anterior, se debe tener en cuenta que la Corte Interamericana establece que la restricción de derechos establecidos en la Convención Americana tiene que cumplir tres requisitos fundamentales: dicha restricción debe estar establecida por ley, debe perseguir un objetivo legítimo, y debe ser idónea, necesaria y proporcional (sentencia Corte IDH. Caso nombre reservado y nombre reservado. Vs. Ecuador).

En este caso, la restricción cumple con el principio de legalidad, según se dijo, y considerando que lo que se pretende preservar es la salud del niño, sin dudas dice relación con su interés superior, teniendo en consecuencia un objetivo legítimo, en el caso concreto la protección del niño o niña.

A este respecto debe tenerse que el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “1.

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 11 seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Precisamente una medida de vacunación obligatoria en niñas y niños, en especial en los primeros años de vida, en que se desarrollan el sistema inmunológico, tiende sin lugar a duda a asegurar al niño mismo herramientas de inmunidad frente a enfermedades que constituyeron y pueden volver a constituir un flagelo y poner en riesgo su salud, integridad y vida (sin perjuicio además de asegurar la salud de las demás personas desde que las vacunas aseguran la llamada inmunidad de rebaño).

Determinado esto, se debe analizar si la medida –la vacunación obligatoria– es idónea para la finalidad de su protección; posteriormente hay que evaluar si la medida solicitada es necesaria, o sea, que no existan otras medidas menos lesivas que cumplan la misma finalidad; por último, la vacunación obligatoria tiene que ser proporcional, es decir, que la imposición de la medida genera más beneficios que perjuicios. A este respecto cabe tener presente lo indicado por la Organización Mundial de la salud, que señala que “la inmunización es un logro ejemplar de la salud y el desarrollo a escala mundial, que salva millones de vidas cada año. Las vacunas reducen los riesgos de contraer enfermedades, y para ello refuerzan las defensas naturales del cuerpo a fin de desarrollar protección” (https://www.who.int/es/health- topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1), fomentando la expansión masiva de la vacunación para erradicar las enfermedades eventualmente pandémicas.

En ese contexto con fecha 26 de mayo de 2012 publica su Plan de acción mundial sobre vacunas, reconociendo “la importancia de la inmunización como una de las intervenciones de salud pública más eficaces en relación con el costo, y que debería considerarse como un componente clave del derecho humano a la salud; reconociendo los progresos considerables en inmunización realizados en diversos países 12 para asegurar que todo individuo apto para ello quede inmunizado con todas las vacunas indicadas, sin importar su ubicación geográfica, edad, sexo, discapacidad, grado educativo, nivel socioeconómico, grupo étnico o condición laboral; aplaudiendo la contribución de los programas de inmunización eficaces al logro de los objetivos mundiales de salud, en particular al reducir la mortalidad y morbilidad infantil, así como el potencial de estos programas para reducir la mortalidad y morbilidad a lo largo de todo el ciclo vital; tomando nota de que la introducción de nuevas vacunas destinadas a combatir diversas causas importantes de destacadas enfermedades mortales, tales como la neumonía, diarrea y cáncer cervicouterino, pueden servir de catalizador para agregar intervenciones complementarias y crear sinergias entre los programas de atención primaria de salud; y que más allá de las victorias sobre la mortalidad, estas nuevas vacunas prevendrán la morbilidad con los consiguientes beneficios económicos, incluso en países que ya han logrado reducir la mortalidad; preocupada de que, a pesar de los progresos ya realizados, los objetivos de erradicación y eliminación de enfermedades, como la erradicación de la poliomielitis o la eliminación del sarampión, de la rubéola y del tétanos materno y neonatal, no se pueden alcanzar sin lograr y mantener una cobertura alta y equitativa; alarmada por el hecho de que los servicios mundiales de inmunización sistemática no están llegando a un niño de cada cinco, y de que la cobertura de inmunización sistemática de los países continúa presentando deficiencias considerables;… APRUEBA el Plan de acción mundial sobre vacunas; e INSTA a los Estados Miembros: 1) a que apliquen la visión y las estrategias del Plan de acción mundial sobre vacunas al desarrollar los componentes sobre vacunas e inmunización de sus estrategias y planes nacionales de salud, prestando especial atención a la mejora del desempeño del Programa Ampliado de Inmunización, y en función de la situación epidemiológica de sus países respectivos; 2) a que se comprometan a asignar los recursos 13 humanos y financieros adecuados para alcanzar los objetivos de inmunización y otros hitos importantes pertinentes; 3) a que cada año, durante una reunión especialmente dedicada al Decenio de las Vacunas, informen a los comités regionales sobre las lecciones extraídas, los progresos realizados, los desafíos pendientes y las medidas actualizadas para alcanzar los objetivos nacionales de inmunización; y PIDE a la Directora General: 1) que promueva la uniformización y la coordinación de las actividades mundiales de inmunización de todas las partes interesadas, en apoyo a la ejecución del Plan de acción mundial sobre vacunas;…”. Posteriormente, el 31 de mayo de 2017 dicha organización dicta resolución sobre el “Fortalecimiento de la inmunización para alcanzar los objetivos del Plan de acción mundial sobre vacunas”, indicando en los fundamentos “…Tomando nota de los progresos realizados en la introducción de nuevas vacunas y de su impacto a nivel individual y, cuando se alcanzan altas tasas de vacunación, a nivel de la población, en la reducción de la morbilidad y/o mortalidad por enfermedades prevenibles… Observando que, pese a que los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud tienen objetivos con respecto a la eliminación del sarampión y tres regiones tienen objetivos con respecto a la eliminación de la rubéola, es necesario aumentar los esfuerzos por lograr la eliminación de estas dos enfermedades; Reconociendo la importante contribución de las vacunas y la inmunización a: la mejora de la salud de las poblaciones;…” dispone que “INSTA a los Estados Miembros: 1) a que den pruebas de un liderazgo y una gobernanza más robustos respecto de los programas nacionales de inmunización mediante lo siguiente: a) mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas nacionales de inmunización como componente integral del desarrollo de sistemas de atención de salud robustos y sostenibles;… c) reforzar los procesos y órganos consultivos nacionales que proporcionan asesoramiento independiente, transparente y basado en pruebas científicas, entre otras 14 cosas en relación con la seguridad y la eficacia de las vacunas, como las evaluaciones de las intervenciones y tecnologías sanitarias y/o los grupos nacionales de asesoramiento técnico sobre inmunización que trabajan en colaboración con los órganos de reglamentación nacionales; d) reforzar los mecanismos necesarios para vigilar y gestionar eficientemente los fondos de los programas de vacunación en todos los niveles; e) poner a disposición del público información actualizada y exacta sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas;… g) promover campañas de sensibilización sobre la inmunización, destacando los beneficios para la salud pública y la seguridad y la eficacia de las vacunas; h) fortalecer los sistemas, los procedimientos y las políticas de inmunización necesarios para lograr y mantener una alta cobertura de inmunización;”.

Así, la Organización Mundial de la Salud confeccionó el “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas” para los años 2011-2020, con el objeto de difundir en todo el orbe la necesidad de extender la vacunación como una política pública de salud compartida, buscando así proteger sobre todo a los niños y niñas, quienes se encuentran en una posición más débil ante el ataque de las distintas enfermedades infectocontagiosas debido a sus características físicas y estado de desarrollo.

En este contexto normativo internacional, y avalados que son los procesos de inmunización, en nuestro país la autoridad competente, conforme a la ley, decreta el “Plan Nacional de Inmunización”, considerando vacunas ya aprobadas a nivel internacional y nacional, en este último caso a través de un organismo técnico, el que se decreta en carácter de obligatorio, y cuyo cumplimiento se solicita en este caso por los organismos encargados de su ejecución.

De lo expuesto por la OMS y por la información publicada en virtud de dicho plan, podemos concluir que la medida en cuestión es idónea para la finalidad perseguida, esto es preservar la salud de quien es vacunado y de la 15 población toda (por la protección que arroja la inmunidad de rebaño), porque efectivamente como se acredita por la OMS los planes de vacunación como el nuestro disminuyen y, a veces eliminan, las enfermedades inmunoprevenibles, que eventualmente pueden generar brotes pandémicos. Asimismo es claro que la información recaba en las investigaciones que da cuenta la OMS, la medida se hace necesaria tanto para proteger la vida y salud del vacunado, como para erradicar determinadas enfermedades por los daños que provocan a la población toda. Que, por último, es claro que no existan actualmente otras medidas menos lesivas que cumplan la misma finalidad viviendo en sociedad, por lo que la obligatoriedad del plan decretado por nuestro país es una medida proporcional en relación a los grandes perjuicios que se pueden generar para la persona y para la sociedad toda su no aplicación. Sin dudas la imposición de la medida genera más beneficios que perjuicios.

Podemos así concluir que, si bien la medida en cuestión es intrusiva y afecta la autonomía de la voluntad personal y familiar, y por lo mismo derechos sociales fundamentales, nos encontramos frente a un caso en el cual se puede actuar por sobre ellos atendido el bien mayor que persigue la medida implementada y cuya aplicación se exige por esta vía, siendo sin dudas necesaria para resguardar la salud del infante, y, por lo mismo velar, por su interés superior.

DUODECIMO: Que el rechazo de los padres se funda en que la información entregada por los organismos públicos no elimina las dudas sobre los riesgos de vacunar, más a este respecto la comunidad científica y los organismos internacionales han desechado estas alegaciones, avalando los procesos de inmunización como el de nuestro país, no habiéndose rendido en esta causa prueba en contrario ni existir conocimiento científicamente afianzado en el sentido por ellos alegado, siendo claro que la información que entrega el plan respecto de las características de las 16 vacunas a aplicar en virtud del mismo, se funda en investigaciones científicas y están a disposición de todas las personas.

Cabe tener presente que si bien la referida información no elimina a todo respecto la posibilidad que en concreto pueda desarrollarse algún efecto adverso, no hay antecedentes científicos que establezcan que sí existe riesgo relevante, no siendo suficiente la duda que puede surgir para fundar una negativa a ser parte del plan de vacunación respecto de un niño o niña que no puede manifestar personalmente su voluntad, impidiéndole tener la protección que todos los demás niños tienen, afectando así su interés superior en los términos antes indicados.

Por último, y si bien pueden existir riesgos respecto de determinadas personas que pueden encontrarse en situaciones especiales, primero dicha incidencia es muy menor (establecido además empíricamente en el fallo del TEDH según se dirá), aquello se supera con las medidas adoptadas en el sentido que sólo se realiza la vacunación en ausencia de contraindicaciones, siendo claro que en este caso aquellas que los padres manifiestan como tal, en términos concretos no alcanzan tal carácter por las razones antes dichas, y ninguna en particular ha surgido de las atenciones médicas del niño, que impidan dar cumplimiento al plan obligatorio de vacunación. En consecuencia, la medida sigue siendo proporcional.

DECIMOTERCERO: Que un hecho innegable que por regla general las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero en casos excepcionales como el presente, en que se puede concluir que existe un abuso de esta potestad parental, toda vez que al intentar imponer propias creencias se pone en riesgo la salud del niño, al privarlo de la inmunidad que el plan aporta, actuando en contra de su interés superior, se justifica la intervención del sistema de salud, como ocurre en el presente caso. 17 DECIMOCUARTO: Que en este sentido se pronunció la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa Rol 7074- 2012 el 3 de septiembre de 2012, al confirmar una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que autoriza al Servicio de Salud de Talcahuano para proceder a la vacunación de una niña en contra de la voluntad de su madre, pudiendo tal organismo recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

En esa situación la Corte de Apelaciones acogió el recurso estableciendo que es un imperativo para los servicios de salud pública velar por la salud y la vida de las personas, aún contra la voluntad de estas o su familia, imperativo que nace del derecho fundamental a la vida y la integridad física y psíquica de la persona consagrado en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política. Hace presente que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el deber de los Estados Partes de velar por la protección y el cuidado necesarios para el bienestar de los menores, adoptando para ello todas las medidas legislativas y administrativas que se precisen. Agrega la sentencia en su considerando octavo que “El artículo 24 N°1 de la misma Convención, expresa que ‘los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.’ En el N°2 de este mismo artículo señala que se “adoptarán medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;…”; “c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud…”. Finalmente la Corte señala que la negativa de la madre a vacunar a su hija es ilegal pues contraviene el decreto exento Nº6 de 2010, que establece la obligatoriedad del programa de vacunación para niñas y niños. Por otro lado, que tal actitud es arbitraria pues la negativa obedece a la sola voluntad o capricho de la recurrida”. 18 DECIMOQUINTO: Que, desde otra perspectiva, la Ley de Derechos de los Pacientes establece que la decisión del paciente que se niega a recibir un tratamiento tiene como límite el que se ponga en riesgo la salud pública. Así, aunque en concreto pudiese sostenerse que no se amenace la vida del niño que no se vacuna, ya que ésta sólo lo inmuniza para el caso de que contraiga la enfermedad (lo cual es eventual), la omisión de la vacuna podría ser el detonante de una epidemia que genere un riesgo social importante, y a este respecto cabe tener presente que hay situaciones en que los derechos individuales deben ceder en pos del interés colectivo, presupuesto mínimo que establece el vivir en sociedad.

De esta forma, es claro que la vacunación, como herramienta de política pública y que ha sido definida como un bien público, se encuentra dentro de la excepción de la regla del artículo 14 que limita el derecho del paciente para otorgar o rechazar un tratamiento médico, dado que ello está enmarcado dentro del principio más general que señala que la libertad de un individuo en uso de su autonomía personal, de hacer o no hacer determinada cosa, está limitado cuando ello afecta la libertad o los derechos de otra persona, en este caso del colectivo social, pues al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población.

La justificación científica y ética que avala la obligatoriedad de las vacunas radica en la importancia de conseguir el efecto de inmunidad de grupo, o de rebaño, la que es definida como la protección de una determinada población ante una infección debido a un elevado porcentaje de personas vacunadas.

De esta forma, cuando a una población ingresa una persona contagiosa, frente al aumento del número de individuos inmunes disminuye la probabilidad de contacto entre un susceptible y un infectado, hasta que llega un momento en el que se bloquea la transmisión del agente infeccioso y el desencadenamiento de una epidemia importante. 19 Así, dependiendo de la enfermedad y de su índice de transmisibilidad, la evidencia científica señala cual es el porcentaje de cobertura necesario para el logro de la inmunidad de rebaño, lo que justifica la obligatoriedad, dado que la libertad personal que pudiera tener una persona para rechazar un tratamiento médico (en este caso la vacuna), está limitada o condicionada a que ello no afecte la salud pública del colectivo, en este caso el logro de la inmunidad de grupo.

Desde el punto de vista ético, se justifica la obligatoriedad por el principio de solidaridad, que va más allá del derecho a decidir sobre la vacunación individual, destacando el bien superior de proteger a la totalidad de la población gracias a una alta cobertura.

DECIMOSEXTO: Que en cuanto a la alegación de la eventual vulneración de derechos esenciales alegado por los padres, cabe traer a colación lo resuelto con fecha 8 de abril de 2021 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa nombre reservado y otros contra la República Checa, que rechazando demanda de los padres para dejar sin sanciones impuesta al negarse a vacunar a sus hijos, entre otras cosas, señaló que había "un consenso generalizado de que la vacunación era una de las intervenciones de salud más exitosas y rentables, y que cada Estado debería apuntar a lograr el nivel más alto posible de vacunación entre su población", agregando que sobre las razones pertinentes y suficientes sobre la inmunización, ésta debe ser la protección de todos los niños contra enfermedades graves, concluyendo que si la política de vacunación voluntaria no proporcionaba o no mantenía la inmunidad colectiva, "las autoridades nacionales podrían introducir razonablemente una política de vacunación obligatoria para lograr un nivel adecuado de protección contra enfermedades graves".

Agrega que según la Observación General No. 15 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, la 20 realización de este derecho requiere el acceso universal a la vacunación contra enfermedades infantiles comunes.

Destaca que, en su Plan de acción mundial sobre vacunas de 2013, la OMS recomendó lograr una tasa de cobertura nacional de al menos el 90% para todas las vacunas que forman parte de los programas nacionales de inmunización.

Refiere la importancia de la solidaridad social, siendo el objeto de la obligación en cuestión proteger la salud de todos los miembros de la sociedad, en particular las personas que son particularmente vulnerables a determinadas enfermedades y a que se llama al resto de la población a correr un riesgo mínimo al vacunarse.

Para resolver la cuestión controvertida, relevando que la medida está contenida en la legislación del país, y que el interés superior del niño legitima el objetivo de la medida, señala en cuanto a que la medida es idónea para la finalidad, que la importancia de la vacunación de los niños se reconoce en general como una acción clave de la política de salud pública, una respuesta a una necesidad social urgente, refiriendo que si la ley se convirtiera en un procedimiento meramente recomendado, una posible reducción de la tasa de vacunación sería una carga para la salud pública e individual, apareciendo riesgos asociados a la disminución de la cobertura de inmunización, destacando la importancia de garantizar que los niños estén inmunizados desde una edad temprana contra las enfermedades que les preocupan.

Concluye que, a la luz de estos argumentos, así como de la posición claramente adoptada por los organismos especializados en la materia, se puede considerar que en la República Checa la obligación de vacunación constituye la respuesta de las autoridades nacionales a la imperiosa necesidad social de proteger a las personas y salud pública contra las enfermedades en cuestión y para evitar cualquier tendencia a la baja en las tasas de inmunización infantil.

En cuanto a la suficiencia señala que el objetivo de la inmunización debe ser garantizar que todos los niños 21 estén protegidos contra enfermedades graves, lo que se logra administrando a los niños, desde temprana edad, todas las vacunas previstas en el programa de inmunización, provocando una inmunidad de rebaño, agregando que cuando parezca que una política de vacunación voluntaria es insuficiente para obtener y mantener la inmunidad de grupo, o que la inmunidad de grupo no es relevante dada la naturaleza de la enfermedad, las autoridades nacionales pueden implementar razonablemente una política de vacunación obligatoria para lograr un nivel adecuado de protección frente a enfermedades graves. Para la Corte, la política de salud del Estado demandado se fundamenta en tales consideraciones, por lo que se puede considerar compatible con el interés superior de la niñez, que es el centro de atención de dicha política.

Por último, y en cuanto a la proporcionalidad de la medida, la Corte se refiere al consenso general existente en el tema de la importancia vital de este medio para proteger a la población frente a enfermedades susceptibles de tener graves consecuencias para la salud de la población individual y, en caso de brotes epidémicos graves, perturbar la sociedad.

Uno de los puntos discutidos fue el de la seguridad de las vacunas, y al respecto la sentencia señala que no se discute que las vacunas, si bien son completamente seguras para la gran mayoría de los pacientes, en raras ocasiones pueden resultar perjudiciales para un individuo y causarle daños graves y sostenibles para su salud (agregando que conforme a los estudios del caso de aproximadamente 100.000 niños vacunados cada año hay cinco o seis casos de daños graves y potencialmente permanentes para la salud), existiendo en consecuencia un riesgo bajo pero que exige tomar las precauciones necesarias antes de la vacunación, buscando posibles contraindicaciones caso por caso y controlando la seguridad de las vacunas utilizadas. No obstante aquello, para la Corte, en ninguno de estos aspectos hay razón para cuestionar la adecuación del sistema nacional. 22 Los profesionales sanitarios sólo realizan una vacunación en ausencia de contraindicaciones, siendo este punto verificado en la fase inicial como parte de un protocolo de rutina. Las vacunas deben ser aprobadas por la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y todos los profesionales sanitarios interesados tienen la obligación específica de notificar cualquier sospecha de efectos secundarios graves o imprevisibles. De ello se deduce que la seguridad de las vacunas utilizadas está sujeta a un control permanente por parte de las autoridades competentes.

Por estas razones, el Tribunal considera que las medidas denunciadas por los demandantes, valoradas en el marco del régimen nacional, guardan una relación de razonable proporcionalidad con los fines legítimos perseguidos por el Estado demandado a través de la obligación de vacunación.

Que esta Corte ha traído a colación dicha sentencia del órgano Tribunal internacional referido, porque, efectuando un análisis de un problema similar a la luz de los derechos humanos, concluye que los planes nacionales de vacunación obligatoria a infantes, son de aquellas limitaciones de los derechos individuales aceptadas por los tratados por la absoluta necesidad y utilidad de las medidas.

DECIMOSEPTIMO: Que si bien conforme a la normativa nacional e internacional, atendida la autonomía de la voluntad de personas, el consentimiento constituye una parte importante de la ética médica y de salud pública, cabe tener presente que este caso, ante el conflicto entre la voluntad de los padres y el interés superior del niño y el interés de la sociedad, cede sin dudas el primero.

DECIMOCTAVO: Que, por último, y con relación a las demás alegaciones de la recurrida, cabe tener presente que si bien a esta fecha el riesgo en nuestro país de contraer las enfermedades a prevenir es bajo, es claro que eso se debe al reconocido mérito de nuestro plan nacional de vacunación, lo cual sin dudas no podría mantenerse de aceptar negativas injustificadas (de existir riesgo médico hay excepciones como 23 se dijo pero que no concurren en la especie), y que si bien se ha retardado la aplicación, esto se debe sólo a la negativa parental, la que no puede ser validada sin poner en riesgo la salubridad pública perseguida.

DECIMONOVENO: Que, en definitiva, la negativa esgrimida constituye una acción ilegal y arbitraria que afecta no solo al menor sino también a la salud pública, en tanto que la potestad parental no es absoluta sino que debe ejercerse conforme al interés superior del niño, encontrando el consentimiento informado un límite expreso cuando la negativa a un tratamiento implica riesgos relevantes para la salud del paciente o de la población, toda vez que la vacunación de cada niño no solo permite proteger su vida, integridad y salud en tanto individuo, sino también a todos los niños en el ámbito social de que formen parte.

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la recurrida ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria al rechazar la inoculación obligatoria del recién nacido nombre reservado con las vacunas anti-hepatitis B y contra la tuberculosis contempladas en el programa nacional de inmunizaciones, y que dicha conducta amenaza el derecho a la vida e integridad física y psíquica del menor consagrado en el artículo 19, N° 1 de la Constitución Política de la República, resulta procedente acoger la presente acción constitucional, restableciendo el imperio del derecho mediante las medidas que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Nicolás Pérez Castro, en representación de Centro Médico Antofagasta S.A. o Clínica Bupa Antofagasta, en favor del recién nacido nombre reservado, en contra de su madre nombre reservado, en cuanto la recurrida deberá autorizar, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 24 desde la fecha de esta sentencia, la inoculación inmediata del menor con las vacunas anti-hepatitis B y contra la tuberculosis (BCG) contempladas en el programa nacional de inmunizaciones, debiendo el establecimiento de salud recurrente proceder a su aplicación conforme al calendario y modalidades técnicas que correspondan, pudiendo requerir, en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 238-2026 (Protección) 25