nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, tres de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Jorge Andrés Correa Fuentes, abogado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, a favor de nombre reservado, chileno, soltero, empleado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, persona jurídica, rol único tributario 70.016.160-9, representada legalmente por, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o quien lo reemplace o subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se disponga la adopción de las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 Nº3 y 24 de la Constitución Política de la República, cuyo ejercicio ha sido perturbado a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la caja de compensación recurrida, solicitando se ordene el reintegro y devolución de las sumas que se indican y se abstenga de realizar nuevos descuentos en las remuneraciones del recurrente, por los argumentos que expone, con costas.

Evacua informe la recurrida, instando por el rechazo de la acción deducida. Asimismo, se solicitó e incorporó informe C.C.A.F. Los Andes, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda su recurso indicando que el recurrente, nombre reservado, es conductor en la empresa logística Hualpén Ltda., Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, cuya fecha de ingreso data de 23 de agosto del 2024, obligándose el empleador a pagar mensualmente sus remuneraciones conforme a derecho. Refiere que, en el mes de noviembre de 2024, el recurrente recibió su liquidación de remuneración, en la cual detecta un descuento denominado “Crédito Personal Caja La Araucana”, por la suma de $103.547.- (CONFORME A LIQUIDACION QUE SE ACOMPAÑA POSTERIORMENTE EL DESCUENTO CORRESPONDE A $197.565.-)

Considera que este descuento es absolutamente ilegal y arbitrario, toda vez que existe un juicio ejecutivo seguido en contra del recurrente, ante el 4° Juzgado de Letras de Antofagasta, en la causa ROL C-327-2024, en el cual se ha hecho efectiva la cláusula de aceleración, cuya tramitación compulsiva se encuentra en tramitación y en un escenario donde el recurrente se ve afectado en su patrimonio, no obstante la recurrida sigue efectuando descuentos de su remuneración afectando su derecho de propiedad, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir su remuneración de forma íntegra.

Recalca que, la recurrida persigue el mismo crédito que es objeto de juicio ejecutivo por Caja de compensación Familiar Los Andes, por lo que, es evidente la intención de doble cobro.

Añade que el recurrente nunca fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el abusivo descuento que se materializó mediante la liquidación de remuneración otorgada por su empleador, a mayor abundamiento, el recurrente, fue notificado de un juicio ejecutivo en su contra haciendo efectiva la cláusula de aceleración, sin perjuicio de ello, en un actuar arbitrario la recurrida, pretende cobrarse mediante el descuento en las remuneraciones del actor.

Sostiene que, la recurrida, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, pretende burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la Ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que demás no procede por los antecedentes que han sido expuestos, debiendo la recurrente seguir con el juicio ejecutivo que inició, y de paso, restituir las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

Se refiere a la admisibilidad del recurso, en relación a la fecha en que el actor tomó conocimiento del acto arbitrario e ilegal que impugna, consistente en el descuento de su regulación del mes de noviembre 2024.

Agregando que el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de su representado, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha realizado y ha obviado su tramitación presuntamente amparada en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha se hallaría prescrita.

Asimismo, indica que el actuar de la recurrida no sólo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, resultado de su trabajo honesto. De lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman su representado tiene el derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de la recurrida importa una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la Republica.

Finalmente, previas citas legales y jurisprudenciales, solicita se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida: el cese de los descuentos de la remuneración de su representado, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $103.547.- por descuento de NOVIEMBRE de 2024, y de todos los demás descontados durante la tramitación del recurso de protección, adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Luego, con fecha 30 de diciembre de 2024, informa nuevo descuento realizado en la liquidación de remuneración del actor correspondiente a diciembre de 2024, por la suma de $220.595.- SEGUNDO: Que, informó al tenor de lo solicitado nombre reservado, en representación de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, quien solicita el rechazo del recurso, en atención a los argumentos que expone. En primer lugar, da cuenta de antecedentes del caso, indicando que el Sr. nombre reservado NO figura en los registros de C.C.A.F. La Araucana, con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, mi representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Inter cajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales que las regulan. Agrega que su representada, ha hecho una remesa a C.C.A.F. Los Andes, por la suma de $197.565, enviada el 12 de diciembre del 2024.

Añade que, el artículo 1° de la Ley 18.833, establece que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social y se encuentran regidas por la referida ley y sus reglamentos, sus estatutos particulares y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. En lo relativo a las prestaciones que administran, cabe señalar que, respecto de todos sus afiliados, las Cajas de Compensación, entre otras funciones, administran prestaciones de seguridad social, consistentes en el régimen de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias.

En relación con el crédito social, indica que su naturaleza de prestación de seguridad social se manifiesta concretamente en una serie de aspectos que los diferencian significativamente respecto de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento. Además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social; refiere que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y es con cargo a dicho fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley 18.833, entre ellas financiar sus gastos operacionales, además, posibilita el acceso a nuevos créditos sociales por parte de trabajadores y pensionados afiliados, y a los demás beneficios de seguridad social, tales como bonos por natalidad, nupcialidad y fallecimiento; bonos por becas escolares, prestaciones de salud y prestaciones de carácter recreacional, entre otros beneficios vinculados con el bienestar social de los mismos.

En relación con las prestaciones de seguridad social que brindan las Cajas a todos sus afiliados, señala que éstas determinan que, las Cajas de Compensación están obligadas al resguardo del Fondo Social, al cumplir un rol social determinado por el legislador, es por ello que los principios y normas que imperan al establecer un régimen de seguridad social son de orden público, normas que también alcanzan lo relacionado con la recaudación y cobro de las cuotas de crédito social, importante fuente de financiamiento de las Cajas en las que ni siquiera existe un interés pecuniario detrás sino la prestación de un servicio de seguridad social que interesa a toda la sociedad.

Refiere que, a propósito de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, normas, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Agrega que, en este contexto y para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Inter Cajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema Inter Cajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos, lo cual ha sido refrendado por la Superintendencia de Seguridad Socia.

De acuerdo a lo señalado, este sistema Inter Cajas, consiste en un procedimiento integrado de recaudación de deudas pendientes o vigentes de las C.C.A.F. provenientes de los créditos sociales otorgados. Dicho sistema opera cuando el trabajador deja la entidad empleadora y es contratado por otra que se encuentra afiliada a otra Caja y cesa el respectivo descuento por planilla de la deuda, permitiendo que sea la Caja de Compensación de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, con el objeto de incentivar un ordenamiento financiero y evitar el sobreendeudamiento; en cuanto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F., son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores.

Hace presente que, los descuentos que se efectúan por medio del Sistema Inter Cajas, no sólo es validado por la jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, sino además por la Dirección del Trabajo conforme Dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada el 21 de abril 2016, Rol N°15032-2016, el cual en su considerando quinto señala: “Quinto: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración del actor una de las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.” 18.404-2015”. Es por lo expuesto precedentemente que una vez detectado a quien mantiene una deuda ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, esta se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema Inter Cajas, la que a su vez lo remesa a la Caja acreedora, mecanismo que es legal y carece de arbitrariedad, todo lo anterior en razón a la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social.

Asimismo, indica que el descuento aplicado al actor, se encuentra amparado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Todo lo cual, además, encontraría respaldo en lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Concluye que, conforme lo expuesto, su representada no han vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de su parte actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación a lo expuesto por el recurrente, ya que su parte ha solicitado el descuento en calidad de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que constituye su acreedor, es por ello que solicita rechazar el recurso de protección en contra de la C.C.A.F. La Araucana.

TERCERO: Que, informó al tenor de lo solicitado nombre reservado, en representación de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, quien solicita el rechazo del recurso, en atención a los argumentos que indica.

Refiere que, con fecha 06.04.2022, otorgó al recurrente el crédito código 185CON103450106, por la suma de $8.986.929.- a una tasa de 1.25%, pagadero en un plazo de 48 meses con una cuota de $271.082.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.06.2022. Las cuotas del mes de junio de 2022 a abril de 2023 (1 a 11), se pagaron regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses. La cuota del mes de mayo de 2023 (12), no fue pagada en el plazo establecido. El saldo de capital fue pagado con fecha 02.05.2023, a través de una nueva solicitud de crédito otorgada en esta última fecha.

Indica que, en virtud del sistema integrado cobranza inter caja, con fecha 12.12.2024, recibió la suma de $197.565.-, cuyo monto se contabilizó en el crédito 185CON103450106, como abono en la cuota pendiente del mes de mayo de 2023 (12), quedando un saldo pendiente por la respectiva cuota por la suma de $73.717.- En esa misma línea a través del sistema integrado cobranza inter caja, Caja los Andes con fecha 13.01.2025, recibió la suma de $220.595.-, con este último monto se contabilizo como pagada la diferencia de la cuota del mes de mayo de 2023 (12), quedando pagada la totalidad de dicha cuota. Y el remanente por $146.878.- se abonó al crédito código 003CON103901404.

Sostiene que, en este contexto Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, con fecha 2 de mayo de 2023, otorgó al sr. nombre reservado el crédito código 003CON103901404, por la suma de $9.483.421.-, a una tasa de 2.15%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $291.845.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.07.2023.

Agrega que, de esta operación, la primera cuota fue diferida a través del sistema integrado denominado cobranza inter-caja y con fecha 13.01.2025, se contabilizo la suma de $146.878.-, como abono en la cuota del mes de agosto de 2023. La diferencia de la cuota del mes de agosto de 2023, y las cuotas del mes de septiembre de 2023 a noviembre de 2024 (3 a 17), se encuentran en mora. Las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31.12.2024 al 31.07.2028.

Concluyendo que, en consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Agrega fundamentos de Derechos, en cuanto al carácter social de los créditos otorgados por su representada y la normativa vigente, en los términos que ya han sido expuestos a propósito del informe evacuado por la recurrida C.C.A.F. La Araucana, haciendo hincapié en el mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Añade que, la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declara judicialmente, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Niega la supuesta vulneración al artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, conforme al artículo 22 ya mencionado anteriormente.

Enfatiza en que, la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, como ya se ha expuesto latamente. Cita jurisprudencia en su favor.

Solicita el rechazo de la acción, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada en relación con los hechos expuestos.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que no se encuentra controvertido que el recurrente, obtuvo un crédito social otorgado por Caja de compensación Los Andes, sin perjuicio que en el libelo recursivo no se individualiza el mismo, de lo señalado por la recurrida es posible concluir que éste obedece al crédito código 003CON103901404, por la suma de $9.483.421.-, conferido a una tasa de 2.15%, plazo de 60 meses, con una cuota de $291.845.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.07.2023, el cual a la fecha se encontraría moroso.

SÉPTIMO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama consiste en los descuentos realizados en sus remuneraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2024, por las sumas de $197.565.- y $220.595.- respectivamente, correspondientes a crédito social respecto del cual se ha ejercido la acción ejecutiva por parte de la recurrida, encontrándose actualmente en tramitación la causa ROL C-327-2024, ante el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta.

OCTAVO: Que, a la luz de los antecedentes acompañados por las partes y, habiendo tenido a la vista Ebook de causa ROL C-327-2024, del Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, es posible concluir que a la fecha la recurrida ha iniciado acción ejecutiva a fin de obtener el pago del crédito social adeudado por el recurrente, encontrándose embargado un automóvil de propiedad del actor, marca KIA MOTORS, Modelo RIO 4 EX 1.4, número de motor G4FAES769242, número de chasis KNADN412AE6447434, color PLATEADO PLATA BRILLANTE, año 2015, inscripción GVTJ.93-8, conforme a estampe receptorial de fecha 30 de mayo de 2024, el cual se encuentra inscrito en el Registro de Vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. Posterior a ello no se presenta movimiento en la causa.

NOVENO: Que, sin perjuicio de haber ejercido la acción ejecutiva, la recurrida de manera unilateral e inconsulta, por intermedio de la Caja de compensación La Araucana, a la cual se encuentra actualmente afiliado el actor y en virtud del Convenio Inter cajas existente entre ellas, procede a descontar de las remuneraciones del recurrente las cuotas impagas, haciendo valer el contrato preexistente y dejando de lado la tramitación de la acción ejecutiva. En este caso, sólo procede la continuación de la acción ejecutiva, no siendo sostenible que la autorización efectuada por el trabajador pueda estimarse vigente, si se ha iniciado la legítima acción de cobro por parte de la Caja acreedora en cuanto al cobro de lo adeudado mediante la interposición de la demanda ejecutiva. De esta manera, se ha configurado la arbitrariedad e ilegalidad reclamada al vulnerar los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política. Por lo anterior deberá acogerse la acción, en los términos que a continuación se indicarán.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por JORGE ANDRÉS CORREA FUENTES, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, por lo cual la misma deberá abstenerse de realizar nuevos descuentos de la remuneración del recurrente; asimismo, se dispone que CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, deberá abstenerse de realizar nuevos descuentos de la remuneración del recurrente, por sí o por intermedio de terceras personas, sumado a lo cual dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, desde la notificación de la sentencia, deberá devolver al recurrente los valores indebidamente descontados desde el mes de noviembre de 2024, circunstancia que deberá informar a esta Corte, acompañando comprobantes que den cuenta del cumplimiento de ello.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2377-2024 (PROTECCIÓN)