nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, Kinesiólogo, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Hospital Regional de Antofagasta, representado por su Director nombre reservado o por quien en derecho la represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, de fecha 28 de junio del 2024, que dispone la destitución, y Resolución N°15.159 de fecha 23 de agosto de 2024, que rechaza el recurso de reposición, acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos consagrados en los artículos 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta N°10.021, de fecha 28 de junio del 2024 y Resolución Exenta N°15.159 de 23 de agosto de 2024 del Hospital Regional de Antofagasta disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en contra de la Resolución Exenta N°10.021, de fecha 28 de junio del 2024, que dispone la destitución, y en contra de la Resolución N°15.159 de fecha 23 de agosto de 2024, que rechaza el recurso de reposición, fundando en los cuestionamientos al sumario administrativo incoado en su contra.

Expone que por Resolución Exenta N°18.332, de fecha 06 de diciembre del 2022, se inicia sumario administrativo con el objetivo de investigar las denuncias realizadas por las funcionarias nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado por un eventual acoso sexual.

Señala que los cargos formulados en su contra, son los siguientes; "Que, en su cargo de kinesiólogo con desempeño en la Unidad de Emergencia (UE) del Hospital Regional de Antofagasta, incurrió en conductas constitutivas de acoso sexual en contra de la funcionaria, D. nombre reservado con desempeño en la UE del Hospital, lo que se desprende de lo declarado por la denunciante y a sus documentos probatorios, agregados a fojas 44 a 50 del cuaderno sumarial refrendado por D. nombre reservado (a Fojas 68 y 69), D. nombre reservado (a fojas 63 y 64) y D. nombre reservado (a fojas 65 y 66).

Que, en su cargo de kinesiólogo de la UE del Hospital Regional de Antofagasta incurrió en conductas constitutivas de acoso sexual en contra D. nombre reservado, kinesióloga funcionaria con desempeño en la UE, lo que se desprende de lo declarado por la denunciante, a fojas 52 a 55 del expediente sumarial, refrendado por el testimonio de D. nombre reservado (a fojas 63 y 64).

Que, en su cargo de kinesiólogo de la UE del Hospital Regional de Antofagasta, incurrió en conductas constitutivas de acoso sexual en contra D. nombre reservado, nombre reservado con desempeño en la UE, lo que se desprende de lo declarado por la denunciante, a fojas 57 y 58 y refrendado por el testimonio de D. nombre reservado (a fojas 63 y 64).

Que, en su cargo de kinesiólogo de la UE del Hospital Regional de Antofagasta, incurrió en conductas constitutivas de acoso sexual en contra de D. nombre reservado, auxiliar de servicio con desempeño en poli dental, lo que se desprende de lo declarado por la denunciante y a su prueba documental, aportados a fojas 128 a 133 del cuaderno sumario, refrendado por el testimonio de D. nombre reservado (a fojas 63 y 64).

Las conductas antes señaladas, cuya participación al infrascrito corresponde al grado de autor, implican una infracción a la letra l) del artículo 84 del Estatuto Administrativo: "el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: l) realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido en los términos del artículo 2°, inciso segundo del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la Ley que establece medidas contra la discriminación". Artículo 2° del Código del Trabajo inciso segundo: ''Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo".

Asimismo, infringe lo estipulado en las letras c), g) e i) del artículo 61 del referido cuerpo estatutario, sobre las obligaciones de cada funcionario:

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución;

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo;

Los cargos descritos, especialmente, constituyen una infracción al Principio de Probidad administrativa, reconocido -como se dijo- en la letra g) del artículo 61 de la Ley N.° 18.834, toda vez que el hecho antijurídico cometido por el funcionario ya individualizado vulnera el principio rector del Estatuto Administrativo al que está sometido en su calidad de funcionario público y como ha acontecido en la especie, se configura juicio de esta Fiscal, una grave falta a la probidad administrativa" Cuestiona los cargos formulados en su contra, ya que no son concretos ni precisos y no contienen los hechos constitutivos de la o las infracciones que se imputan, por cuanto se imputa "incurrió en conductas de acoso sexual en contra de la funcionaría" D. nombre reservado; D. nombre reservado; D. nombre reservado y doña nombre reservado. No indicando en los cargos las acciones que realizó constitutivas de acoso sexual y como la Fiscal logra determinarlas, solo indica que cometió acoso sexual en contra de las funcionarias y señala que lo establece por sus propias declaraciones.

Alega en contra de las declaraciones y valoración de los medios de prueba de cada una de las denunciantes, realizados y presentados en el sumario, y las compara con sus propias declaraciones y descargos realizados en el expediente sumarial, apoyado en la declaración de nombre reservado, quien estima que el recurrente “mantenía una conducta intachable delante de nosotros, era cooperador y se mostraba gentil. Incluso pololeaba con una funcionaria de la UE cuando sucedió lo descrito".

Sostiene que en ningún caso ha ofrecido dinero a la funcionaria D. nombre reservado a cambio de favores sexuales. Tampoco ha realizado tocaciones indebidas o emitido comentarios a la funcionaria D. nombre reservado. En relación con la denuncia de D. nombre reservado, en ningún caso ha ofrecido dinero a cambio de favores sexuales o hostigado ni ha realizado comentarios inadecuados o de naturaleza sexual a la funcionaria. En respuesta a lo denuncia por la funcionaria D. nombre reservado, en ningún caso ha realizado insinuaciones o tocaciones indebidas ni ofreció dinero a cambio de favores sexuales o comentario de connotación sexual.

Arguye que la formulación de cargos sustenta la imputación en las declaraciones de las denunciantes y testigos de oídas de la denuncia, obviando la presunción de inocencia, presumiendo culpabilidad por el sólo hecho de que las denunciantes refieren hechos que nadie presenció.

Argumenta que el caso solo se basa en lo indicado por las denunciantes, quienes actúan de forma coordinada y no aportan medios de prueba de sus dichos. Cumpliendo siempre sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos del Hospital; y sus calificaciones son prueba irrefutable de su actuar funcionario Aduce que la gravedad de la sanción sólo puede ser el resultado de un procedimiento sometido a los máximos estándares del debido proceso y que las resoluciones que lo dispongan estén debidamente fundadas, lo que claramente no se verifica en este caso.

Estima que se incurre en una grave infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones, por cuanto la sanción impuesta no se apoya en ningún elemento de convicción más allá de las declaraciones de las denunciantes, careciendo de coherencia, consistencia y credibilidad.

Solicita dejar sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta N°10.021, de fecha 28 de junio del 2024 y Resolución Exenta N°15.159 de 23 de agosto de 2024 del Hospital Regional de Antofagasta disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional.

SEGUNDO: Que José Versalovic Zamora, abogado, en representación de “Hospital Regional de Antofagasta”, informa solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expone que la Fiscal Sumariante del procedimiento disciplinario, determinó proponer la sanción de destitución respecto de nombre reservado, Kinesiólogo a contrata. La propuesta fue analizada por la Fiscalía institucional, dependiente del departamento jurídico del Hospital Regional de Antofagasta, concordándose con el dictamen del Fiscal Sumariante, estimando pertinente aplicar la medida disciplinaria propuesta, por cuanto satisfacen plenamente el principio de proporcionalidad al efectuar hostigamiento en contra de las afectadas a través de conductas físicas tales como, abordajes o persecuciones intimidantes, o bien por medio de actos de exhibicionismo de contenido sexual explicitó, afectándose gravemente la integridad física y psíquica de las denunciantes contraviniendo lo dispuesto en la letra I del artículo 84 del estatuto administrativo; el artículo 2 inciso 2° del Código del Trabajo y lo dispuesto en las letras C, G e I del artículo 61 del estatuto administrativo.

Indica que mediante la Resolución exenta N°10.021 de 28.06.2024, la Dirección del Hospital Regional de Antofagasta aprobó la Vista Fiscal de fecha 26.12.2023 relativa al sumario administrativo referido, sancionándose al recurrente nombre reservado, con la medida disciplinaria de Destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121° letra d), en relación al artículo 125°, ambos de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa. Al respecto, el inculpado interpuso un recurso de reposición siendo rechazado mediante resolución N°15.159 de 23 de agosto del 2024, por cuanto los antecedentes acompañados no permiten desvirtuar lo dictaminado. Atendida la nueva normativa dicha sanción ya no es necesaria enviarla al trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República para efecto de su revisión y control.

Sin perjuicio de lo anterior, el propio recurrente mediante solicitud de fecha 29 de agosto del 2024 dedujo reclamación de ilegalidad ante la Contraloría Regional de Antofagasta solicitando la invalidación de las resoluciones exentas que aplicaron las sanciones en su contra, reclamación que fue rechazada según consta en resolución 7827/2024 de 12 de noviembre del 2024 de la Contraloría Regional de Antofagasta.

Transcribe las consideraciones que tuvo el ente fiscalizador para rechazar la reclamación del ahora recurrente en especial las contenidas en los número 9 y siguientes de la resolución antes citada.” 9) Que, los artículos 126, 128 y 129 de la ley N° 18.834, en concordancia con la reiterada jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 55.810, de 2014 y E64212, de 2020, señalan que corresponde a la superioridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si los hechos denunciados son susceptibles de ser castigados con una medida disciplinaria, caso en el cual ordenará la instrucción de un procedimiento sumarial.

9) Que, en el mismo sentido, los oficios Nos 24.576 de 2016 y 997, de 2021, de esta Entidad Fiscalizadora, sostienen que la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos tiene el inculpado en un proceso disciplinario, queda entregada a las autoridades de la Administración, siendo útil agregar que si bien a esta Entidad Fiscalizadora le corresponde velar por el cumplimiento de las normas que aseguren el respeto del debido proceso, ese ejercicio no sustituye a la Administración activa en la valoración de las pruebas incorporadas en el procedimiento disciplinario, pudiendo representar lo actuado si observa la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad en su tramitación y conclusión.

10) Que, en lo que dice relación con la falta de precisión del reproche que se reclama, los dictámenes N°s 65.284, de 2011, y 13.576, de 2013, de la Contraloría General, han señalado que el principal objetivo que se persigue con dicho trámite es presentar en forma clara al inculpado el hecho anómalo que se le imputa, de tal manera que tenga la posibilidad de defenderse en cada una de las instancias legales establecidas para ese efecto;

11) Que, a la luz de los antecedentes sumariales, el inculpado formuló descargos -de fojas 223 a fojas 249-, e interpuso recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria, refiriéndose en ambos escritos -y en el reclamo interpuesto ante este Organismo Fiscalizador- latamente sobre los acontecimientos que se le atribuyen y los fundamentos que se tuvieron en vista para estimarlos como una vulneración de la letra l) del artículo 84 y las letras c), g) y e) del artículo 61, todos de la ley N° 18.834, lo que permite concluir que aquel tuvo cabal conocimiento de las imputaciones que se le efectuaron y, por lo mismo, no se vulneró su derecho a defensa, debiendo, por tanto, desestimarse esta alegación (Aplica criterio contenido en dictamen N° 38.722, de 2011, de Contraloría General.

12) Que, seguidamente, en lo que atañe a la vista fiscal, del examen del mencionado instrumento, aparece que este contiene, en forma pormenorizada, un análisis de las circunstancias en que funda su determinación y los antecedentes y diligencias en las que se sustenta, junto a un análisis de los descargos efectuados por el reclamante y de los medios probatorios solicitados de su parte, por lo que no se vislumbra la supuesta irregularidad denunciada.

13) Que, acerca de falta de valoración de los medios probatorios, de acuerdo a lo señalado anteriormente, el mérito que puedan tener los elementos de convicción, la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos tiene el inculpado, son aspectos que deben ser apreciados por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora, correspondiéndole a este Ente de Control objetar la decisión del servicio si del examen del expediente aparece alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se observa una actuación de carácter arbitraria, lo que no se evidencia en la especie;

14) Que, finalmente, sobre la proporcionalidad de la sanción aplicada, el artículo 125, inciso segundo, de la ley N° 18.834, dispone que la medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los demás casos que allí se consigna, estableciendo en su letra b), el infringir la disposición de la letra l) del artículo 84, de la misma ley, esto es, realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, considerándose en estas acciones el acoso sexual. Luego, al haberse aplicado una sanción establecida en la ley para sancionar la conducta reprochada en el referido proceso sumarial, no se observa la irregularidad alegada.

15) corresponde desestimar el reclamo interpuesto.”

Agrega que en contra de la resolución de Contraloría el recurrente no presentó recurso alguno.

Sostiene que se ha cumplido por parte del Hospital Regional de Antofagasta en la dictación de la resolución exenta N°10.021 de 28 de junio del 2024 que aplica la medida disciplinaria de destitución como en la resolución exenta N°15.159 que rechazo el recurso de reposición, un irrestricto apego a la ley, lo cual fue revisado y controlado por la Contraloría General de la República que desestimó su reclamo y ratifico las medidas disciplinarias aplicadas al recurrente.

Concluye que no se vislumbra de qué manera la tramitación del sumario administrativo, la aplicación de la sanción y el rechazo del recurso de reposición pueda haber vulnerado de alguna manera la igualdad de la ley del recurrente, como también el debido proceso, ya que, el sumario fue tramitado conforme al procedimiento establecido en los artículos 114 y siguientes del estatuto administrativo permitiendo rendir prueba, presentar sus testigos; tener acceso al sumario, presentar sus descargos, etc., sin que en forma clara y precisa señale que parte del proceso es el que resulta viciado. Considerando que la denuncia fue formulada por a lo menos cuatro mujeres, nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; lo que reafirma que las denuncias no son un hecho aislado, sino que una conducta reiterada y prolongada en el tiempo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el recurrente persigue mediante la interposición del recurso de protección dejar sin efecto la Resolución Exenta N°10.021, de fecha 28 de junio del 2024, que aplica la medida disciplinaria de destitución de nombre reservado, Kinesiólogo a contrata funcionario del Hospital Regional de Antofagasta, y en contra de la Resolución Exenta N°15.159 de fecha 23 de agosto de 2024 que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el actor en contra de la Resolución de destitución.

Por su intermedio, cuestiona los antecedentes de fondo que dieron curso al sumario administrativo seguido en su contra, discutiendo la indeterminación de los cargos y la valoración de los medios de prueba incorporados al sumario administrativo. Así, pretende modificar la sanción impuesta en el sumario seguido en su contra, desde que estima que existe una infracción al principio de proporcionalidad, por cuanto la sanción impuesta no se apoya en ningún elemento de convicción más allá de las declaraciones de las denunciantes, careciendo de coherencia, consistencia y credibilidad.

SEXTO: Que reiteradamente esta Corte, así como la jurisprudencia, ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que de los antecedentes acompañados se colige que el actor dedujo ante la Contraloría General de la República reclamo de ilegalidad en contra del sumario administrativo solicitando la invalidación de las resoluciones exentas que dieron término al procedimiento disciplinario sustanciado en su contra.

En este sentido, con fecha 12 de noviembre de 2024, Contraloría mediante Resolución Exenta N°17408/2024, rechazó el reclamo presentado por nombre reservado en contra del Hospital Regional de Antofagasta por el sumario sustanciado en su contra, el que culminó con la medida disciplinaria de destitución.

OCTAVO: Que la controversia promovida por el actor dice relación exclusivamente con la disconformidad en la sanción impuesta, cuestionando el mérito de los antecedentes que obran en el expediente sumarial, solicitando mediante este recurso modificar la medida disciplinaria de destitución.

En este sentido y para resolver la cuestión controvertida debe estarse a lo sostenido de manera consistente la Excelentísima Corte Suprema en causas Rol N°43.378-2021, N°79.613-2020, N°1.237-2022, y N°40.371-2022, en cuanto; “(…) el control que se ejerce por la presente vía de urgencia cautelar, no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, cuestión que por su propia naturaleza y en función de la atribución de competencias fijado por la Carta Fundamental, corresponde a la Administración activa.

Siendo ello así, el examen de juridicidad en el contexto de la efectiva tutela de garantías tuteladas por la Constitución Política de la República, comprende analizar la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad; principio respecto del cual el control judicial adquiere relevancia, si se tiene en cuenta que el ilícito disciplinario, además de principios de tanta relevancia como la reserva legal o la tipicidad, ceden ante la regulación legislativa de ilícitos configurados en la forma de tipos abiertos, indeterminados y, en ocasiones, en blanco.

De esta manera, el establecimiento de los hechos, la participación y la valoración de la prueba rendida en el procedimiento, como asimismo la calificación de gravedad de la infracción que se le atribuye al funcionario, son cuestiones privativas del superior que adoptó la decisión, y no pueden ser objeto de escrutinio en esta sede, salvo en el caso que concurran los elementos para estimar que dicha valoración y calificación ha sido adoptada contra ley y/o producto del capricho de la autoridad.

Quinto: Que, en la línea de lo anotado, cabe tener en consideración que la medida disciplinaria de destitución es la sanción más gravosa que contempla el Estatuto Administrativo para un funcionario público, pues el afectado no solo pierde el empleo que sirve, sino que además queda impedido de ingresar a la Administración Pública por el lapso de cinco años, sin perjuicio, de otras normas especiales que contengan prohibiciones similares.

Así, el artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, señalando que este “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Su inciso final indica que su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º del mismo Título.

A su turno, en el párrafo 4° antes referido, se encuentra el artículo 64 N°3, que dispone que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, entre otras conductas, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros.

Luego, el artículo 125 de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, dispone que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los casos que reseña en la letra a) a e). De este modo, una contravención especial del principio de probidad administrativa implica una vulneración de la misma, que acarrea en su supuesto de mayor gravedad, la destitución del infractor, más no necesariamente, en otros casos desprovistos de la gravedad del hecho calificada en su mayor expresión.”

NOVENO: Que el reproche atribuido al actor y acreditado en el sumario administrativo dice relación con una conducta reiterada de parte del acusado nombre reservado, en contra de cuatro funcionarias a quienes ofrecía dinero a cambio de favores sexuales o realizaría insinuaciones referentes a sus cuerpos, además de asegurarles a ellas que él ostentaba un cargo de jefatura y era amigo de las jefaturas de la unidad de Emergencia.

En estas circunstancias, las conductas implican una infracción a la letra l) del artículo 84 en relación con el artículo 125 letra b, ambas del Estatuto Administrativo. Además, de acuerdo a lo establecido en el sumario se infringe lo estipulado en las letras c), g) e i) del artículo 61 del referido cuerpo estatutario. Así, la autoridad administrativa estimó que los cargos descritos, especialmente, constituyen una infracción al Principio de Probidad administrativa, reconocido en la letra g) del artículo 61 de la Ley N°18.834, toda vez que el hecho antijurídico configura una grave falta a la probidad administrativa.

En consecuencia, de los antecedentes acompañados, sumado al examen de legalidad del ente contralor, es posible colegir que tratándose de un procedimiento sancionatorio reglado, donde el recurrente ha ejercido debidamente todos los derechos que el procedimiento contempla no puede pretender por la vía del recurso de protección un examen de las declaraciones y medios probatorios incorporados en el expediente sumarial y por sus intermedio modificar la sanción disciplinaria impuesta, debido a que el recurso de protección no es una instancia declarativa de derechos, sin que se observe actuación ilegal o arbitraria en la actuación del recurrido, desde que la sanción impuesta es proporcional a los hechos acreditados en el sumario incoado. Por ende, no existiendo actuación ilegal o arbitraria solo cabe rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de Protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°2368-2024 (Protección)