nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a ocho de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Jaime Araya Guerrero, Abogado, en representación de nombre reservado, chileno, periodista, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Director del Servicio de Salud de Antofagasta, por acto que estima ilegal y arbitrario, al lesionar derechos y garantías constitucionales de su representado, en particular, la resolución de termino anticipado de su contratación por no ser necesarios sus servicios, lo que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile.

En su informe, la recurrida insta por el rechazo de la acción cautelar.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la presente acción cautelar constitucional, se funda en la Resolución Exenta RA 426/9372018 de 07 de junio de 2018, relativa al termino anticipado de la designación a contrata de nombre reservado, profesional asimilado al grado 9° de la Escala Única de Sueldos, del Servicio de Salud Antofagasta, vulnerando los derechos y garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2, 3, 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile.

Expone el recurrente, que nombre reservado ingresa a prestar servicios en calidad de profesional a contrata, Grado 11 de la Escala Única de Sueldos, en el Servicio de Salud de Antofagasta, según la resolución de su designación, por el lapso comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 16 de agosto de igual año. El 17 de agosto de 2014 se renueva su contratación, en las mismas condiciones iniciales, por el período iniciado en esa data y hasta el día 31 de diciembre 2014 y posteriormente, se realizan sucesivas prórrogas sin solución de continuidad y hasta el 31 de diciembre de 2018, siendo calificado, durante todo el tiempo que sirvió el cargo de profesional a contrata, en Lista 1 Distinción.

Se agrega en la acción cautelar, que en distintas fechas se le comunicó el término anticipado a su contrata, con indicación, reiterada de la revisión de su caso, debiendo esperar una decisión final, lo que le motivó a pedir documento al respecto, a objeto de prevenir se le acusase de inasistencia injustificada a sus labores, ante lo cual se le mencionó el envío de carta con notificación, la que debía esperar le llegase. Precisa que finalmente, el 18 de julio de 2018 se notifica en forma personal a nombre reservado, la Resolución Exenta RA 426/9372018, relativa al término anticipado de su designación a contrata como profesional asimilado a grado 9° Escala Única de Sueldos, contrata del Servicio de Salud de Antofagasta, con jornada de 44 horas semanales, por no ser necesarios los servicios.

Para el recurrente, el fundamento fáctico de la resolución recurrida, (no ser necesarios los servicios), permite sostener que la desvinculación se realiza de manera arbitraria y discriminatoria, al operar en la contrata en análisis, el principio de confianza legítima reconocido por la jurisprudencia administrativa en su dictamen N°22.766 de 24 de marzo de 2016 y, además en las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, mediante el Oficio Circular N°22 del 30 de noviembre de 2017.

Se indica en la acción cautelar, que con la resolución ya indicada, han sido vulneradas, perturbadas o amenazadas las garantías constitucionales de nombre reservado establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, en lo que atañe a los numerales N°1, derecho a la integridad física y psíquica, pues el arbitrio de la autoridad recurrida ha originado un proceso depresivo en su representado, toda vez que la injusta situación a la que se encuentra sometido, le ha privado de su trabajo y de la legitima remuneración, más aún el contenido de la resolución impugnada, lo descalifica en términos profesionales y personales, toda vez que le resta méritos y calificación profesional, lo que ha afectado su estado emocional; N°2, igualdad ante la ley, el actuar de la autoridad superior de su representado ha vulnerado su garantía de igualdad ante la ley, habida consideración a que no existe razón alguna, que justifique el actuar de la autoridad reclamada, pues existen otros profesionales que se encuentran en la misma situación de su representado y no han sido desvinculados, por lo que aparece de manera grave y evidente que se ha discriminado al recurrente; N°3, derecho al debido proceso, resulta del todo evidente que existiendo un procedimiento administrativo establecido en la Ley 19.880 referido a lo forma en que deben dejarse sin efecto actos administrativos que dañan el interés de terceros, no se ha respetado por tanto se ha vulnerado de manera flagrante la garantía constitucional de su representado; N°16, libertad de trabajo, conforme a los hechos relatados en los apartados respectivos, el actuar de la autoridad superior de su representado ha minado las posibilidades de encontrar trabajo en el futuro, en razón de las afirmaciones contenidas en la resolución de término anticipado de la contrata; N°24, el derecho de propiedad, el actuar arbitrario e ilegal de la autoridad recurrida, lesiona el derecho de propiedad de su representado, por cuanto él tenía incorporado como parte de su patrimonio inmaterial, la legitima expectativa de desempeñar funciones como profesional a contrata en el Servicio de Salud de Antofagasta, derecho que le ha sido usurpado, mediante un procedimiento absolutamente arbitrario e irregular, llevado a cabo por el recurrido. Indica que resulta indesmentible la afectación del patrimonio de su representado, tanto en el plano inmaterial, como en su legítima expectativa de remuneración.

Se precisa, que la acción cautelar de esta causa, pretende reestablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección de los derechos y garantías constitucionales de nombre reservado y, en particular, su reincorporación a las funciones que ejercía y el pago de las remuneraciones que debió haber percibido durante todo el tiempo de la separación arbitraria de funciones a la que ha sido sometido, con expresa condena en costas, en caso de oposición del recurrido.

SEGUNDO: Que nombre reservado, por el Servicio De Salud Antofagasta, en su informe, solicita que el rechazo del presente recurso de protección, en todas sus partes, con costas.

Solicita, en primer lugar, declararlo inadmisible porque el acto administrativo impugnado, la Resolución Exenta RA N°426/937/2018, indicada en el recurso, dice relación con nombre reservado exclusivamente, lo que impide acoger la acción cautelar de autos, en favor de persona distinta. Hace presente que el término del cargo a contrata de nombre reservado se produjo por Resolución Exenta 426/936/2018, de 7 de junio de este año, y nada se pide en la presente acción cautelar a su respecto.

En subsidio de la alegación precedente, solicita se declare inadmisible el recurso de protección de autos, por extemporáneo, por cuanto nombre reservado conocía la resolución recurrida desde la fecha del mismo, solicitando hacer uso de permiso administrativo y feriado y además, se le envió carta certificada de notificación, la que le fue entregada en forma personal el 5 de julio de 2018, data que marca el inicio del lapso de 30 días en que se puede deducir, y que se completó el 4 de agosto de igual año.

En subsidio de la alegación del párrafo anterior, solicita la recurrida, se declare inadmisible el recurso de protección de autos, por indeterminación de la persona del recurrido, ya que el recurrente dirige su acción en contra de nombre reservado, Director del Servicio de Salud, y no en contra del Servicio de Salud como persona jurídica de derecho público representada legalmente por nombre reservado, defecto que, a juicio de la recurrida, incide en algo esencial y no susceptible de corrección, toda vez que, si bien el recurrente señala que ejerce la presente acción por "actos que estima ilegales y arbitrarios" de don nombre reservado (aun cuando no precisa cuáles serían estos actos), luego añade "en particular la resolución que dispuso el término anticipado de su contratación por no ser necesarios sus servicios,...".

Para la recurrida, se debe entender, que el recurrente, cuando usa el término esta "resolución", se está refiriendo a la Resolución Exenta RA426/937/2018 de 7 de junio de 2018, la que le fue “supuestamente” notificada el 18 de julio de 2018, que emana del Servicio de Salud Antofagasta, no habiendo sido dictado por don nombre reservado como persona natural, sino ante todo como Director de dicho ente público y que tampoco dice relación con nombre reservado.

Reitera que la acción cautelar de autos, debe dirigirse contra el Servicio de Salud Antofagasta representado legalmente por nombre reservado, y no contra este último individualmente considerado, lo que le permite concluir en la configuración de este particular defecto, el cual es similar, aun cuando no equivalente, a lo que se conoce como falta de legitimación pasiva y de tal magnitud, que, en definitiva hará que la presente acción no pueda prosperar bajo ningún respecto.

En subsidio, solicita desestimar el recurso de protección incoado, en primer término, por no señalar cuáles serían los actos ilegales y arbitrarios de la recurrida, siendo estos inexistente; y en segundo término porque con la Resolución Exenta N°426/937/2018, no se ha vulnerado ninguna disposición legal y dicho acto, tampoco puede ser calificado como arbitrario, supuestos que aparecen como necesarios para hacer procedente un recurso como el de estos antecedentes, al haberse dictado por el Jefe Superior del Servicio, en uso de sus atribuciones legales, dando cumplimiento a toda la normativa tanto administrativa como legal existente sobre esta materia.

Alega que al no haberse señalado por la recurrente cuáles serían estos actos ilegales o arbitrarios, aparte de indicar la Resolución ya individualizada, la controversia ha quedado delimitada y necesariamente deberá versar sobre el acto administrativo impugnado, y si en la dictación de éste ha existido ilegalidad o arbitrariedad.

Reitera que la recurrente no indica en forma alguna por qué el acto administrativo en cuestión sería arbitrario y discriminatorio, calificativos que resultan improcedentes, porque la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada en cuanto a los aspectos tenidos en consideración para haber procedido al término anticipado de la designación a contrata del recurrente, en sus considerandos signados con las letras b), c), d) y e).

De este modo, aparece claramente que la resolución recurrida se encuentra suficientemente motivada, no es ilegal, ya que cumple con los requisitos de la Ley 19.880 entre otros cuerpos normativos y con la jurisprudencia del órgano de Control sobre la materia, y tampoco es arbitraria, ya que aparece revestida de los debidos fundamentos, que dan cuenta que en la especie no se trató de una decisión antojadiza de su representada, no obedeció a un capricho de la autoridad, y no es irracional, toda vez que obedece a una reformulación de las funciones del Departamento o Unidad del cual formaba parte el recurrente, las que requieren de ciertas aptitudes y habilidades que lamentablemente éste no poseía al momento de discutirse dicha reformulación.

Añade que la actuación de su representada se encuentra ajustada a derecho, no es ilegal ni arbitraria. A este respecto, el Dictamen N°22.766 de 24 de marzo de 2016 de la Contraloría General de la República, y que fue citado por la recurrente en cuanto establece el marco normativo para la no renovación y/o término anticipado de las designaciones a contrata, fue complementado por el Dictamen N°6.400 del mismo órgano de control, y que actualiza instrucciones y criterios fijados en el dictamen sobre confianza legítima en las contratas.

Este último dictamen en su Punto II, referente a las atribuciones de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas (grado, estamento o carga horaria inferior o plazo menor a un año) y término anticipado, ha establecido claramente que los diversos pronunciamientos que han existido al respecto no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas, en particular en cuanto a la atribución de decidir en cuanto a las temáticas ya citadas, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, y que tales pronunciamientos sólo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.

Indica que su representada ha cumplido con todos y cada uno de los criterios que Contraloría General de la República ha fijado, y complementado, en relación con la temática renovación o no renovación de contratas, término anticipado, cambio en las condiciones etc. y el mero desacuerdo de la recurrente con los fundamentos tenidos en consideración en la resolución recurrida no torna a ésta en arbitraria ni menos ilegal, máxime si la recurrente ni siquiera es capaz de señalar por qué la decisión de su representada tendría este carácter de arbitrariedad, o por qué sería discriminatoria tal resolución y tampoco se vislumbra en qué forma se ha vulnerado las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, no existiendo vulneración, amenaza o perturbación de los derechos constitucionales del recurrente Aduce que el presente recurso ha sido deducido en forma extemporánea respecto de la resolución recurrida, emitida el día 7 de junio de 2018, pues nombre reservado sabía o conocía del procedimiento de reestructuración de la antigua Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas y que eventualmente no cumpliría con los nuevos requerimientos del nuevo Departamento y Unidades dependientes de éste, solicitando; no le fuera notificada dicha resolución en el acto, a fin de poder hacer uso de los 24 días de su feriado legal pendiente, a partir del día 13 de junio y hasta el día 18 de julio de 2018, lo que deben entenderse como notificación tácita, pues es índice de que en ese momento ya había tomado conocimiento del acto administrativo, y es más, podría señalar que inclusive se conformó con la actuación de la administración, conforme se revela de este particular acto. La posterior firma de notificación del recurrente, respecto de la resolución recurrida, hecha con fecha 18 de julio de 2018, obedece ante todo a la regularización de una situación que no podía continuar, toda vez que a dicha fecha, ya estaba vigente la nueva institucionalidad del Servicio de Salud Antofagasta. En consecuencia, se hace plausible la alegación de extemporaneidad, ya que el cómputo del plazo debe contarse desde que se toma conocimiento del acto recurrido, o bien desde que éste se notifica, y entendemos que atendida la actuación del recurrente al haber hecho uso de su feriado legal, hubo a lo menos una notificación tácita del acto, en todo caso anterior al día 18 de julio. En este sentido, la presente acción es extemporánea y por ello debe rechazarse.

Finalmente, alega la recurrida, que si bien la Carta Fundamental consagra de manera amplia las facultades con que cuenta la Ilustrísima Corte al momento de acoger un recurso de protección, lo cierto es que dichas facultades están limitadas por los artículos 6° y 7° de la propia Constitución Política, y ello es relevante, ya que es conocido en el ámbito del derecho el principio de que "las cosas se deshacen como se hacen", y por ello es relevante el petitorio de la recurrente toda vez que pide derechamente se ordene el reintegro de éste a sus funciones y el pago de remuneraciones, pero no pide algo tan esencial como es la invalidación del acto administrativo impugnado, la cual por cierto es previa y necesaria para posteriormente ordenar una eventual reincorporación la que también se hace a través de otro acto administrativo.

Estima que hacer caso omiso de esta alegación, implicaría una vulneración a los principios establecidos en los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política, toda vez que la omisión de la recurrente no puede ser subsanada, ya que al no pedirse la invalidación o que sea dejada sin efecto la resolución recurrida, no puede ordenarse ninguna reincorporación y menos el pago de remuneraciones las que como es sabido corresponden a fondos públicos. Desde un punto de vista procesal inclusive, no acoger este planteamiento, en el improbable caso que se estimare como ilegal (lo que no se invoca) o arbitraria la resolución recurrida, y ordenar una reincorporación sin invalidación previa, equivaldría a una suerte de ultrapetita.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En este caso, la acción cautelar deducida en favor de nombre reservado se basa en el término anticipado de su contrata en el Servicio de Salud Antofagasta, en virtud de Resolución Exenta dictada al efecto, la que califica de arbitraria e ilegal, pues vulnera, perturba o amenaza las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, cuyo restablecimiento sólo es factible si se le reincorpora y se le pagan las remuneraciones del tiempo de separación.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que al no haber controvertido la recurrida lo expuesto en el recurso es hecho indubitado que nombre reservado presta servicios a contrata, como periodista asimilado al Grado 11° de la Escala Única de Sueldos, en el Servicio de Salud Antofagasta, a partir del 16 de mayo de 2014, por un término fijo hasta el 16 de agosto del mismo año, y “mientras fueren necesarios sus servicios”, contrata que fue renovada, primero por todo el saldo del año 2014 y luego, en forma correlativa, por los años 2015, 2016, 2017 y 2018, cumpliendo jornada de 44 horas semanales. También resultan indiscutidas las calificaciones de nombre reservado durante el desempeño de su cargo a contrata.

SEXTO: Que se rechaza la petición de declarar inadmisible la acción cautelar de autos, formulada por la recurrida, basado en que nombre reservado, por estimar ilegal y arbitrario lo decidido por la recurrida a su respecto, pide dejar sin efecto la RA. N°426/937/2018, de 7 de junio de 2018, por decir relación la misma con una tercera persona y no con el funcionario en cuyo favor se deduce, habida consideración, que resulta indubitado que lo cuestionado es el acto administrativo que dispuso el termino del cargo a contrata que servía, antes del 31 de diciembre de 2018, por el cual se había renovado, con independencia del número de la pertinente resolución, habida consideración, por una parte, que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 182 permite modificar una sentencia judicial, para salvar los errores de transcripción, máxime si la recurrida reconoce la existencia del acto administrativo en cuestión e indica el número correcto del mismo, esto es, signada RA N°426/936/2018, de igual fecha que la señalada precedentemente.

SÉPTIMO: Que, por el contrario, corresponde acoger la petición de la recurrida relativa al rechazo del recurso de protección de autos, por haberse deducido el 17 de agosto de 2018, esto es después de haberse cumplido el término de treinta días, contados desde la notificación de la Resolución RA N°426/936/2018, de 7 de junio de este año, de la parte recurrida, lo que ocurrió el 5 de julio de 2018, el que resulta corroborado con el comprobante de envío 999059748603, de la empresa de Correos de Chile, aportado en el informe de esta acción cautelar. Por lo demás, el recurso de protección de autos reconoce implícitamente el conocimiento que nombre reservado estaba en conocimiento del cese anticipado en el cargo, e incluso que se le iba a notificar mediante carta certificada. Y en estas condiciones, el apersonarse dicho funcionario ante la recurrida el día 18 de julio de este año a objeto de notificarse personalmente de la Resolución en cuestión, en modo alguno se altera el lapso fijado en el Auto Acordado para la tramitación de la acción cautelar de derechos y garantías constitucionales, que empezó a correr el día en que se le entregó personalmente la carta certificada y que se cumplió el 4 de agosto de este año, es decir, con anterioridad al 17 de igual mes y año, en que se presentó el libelo.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo concluido en el considerando precedente, debe tenerse presente lo siguiente:

a) En esta causa resulta controvertido el hecho relativo a si la decisión de nombre reservado, en su calidad de Director del Servicio de Salud Antofagasta, materializada en la Resolución Exenta RA 426/936/2018, de 7 de junio de 2018, que pone término a la contrata de nombre reservado es un acto ilegal y arbitrario, que vulnera determinados derechos o garantías constitucionales de dicho funcionario o si, por el contrario, la misma resulta ajustada a derecho, por cuanto, se aduce que la circunstancia de no ser necesarios sus servicios, que se indican como fundamento fáctico de la Resolución ya indicada, es lo que permite al recurrente, calificarla de ilegal o arbitraria, con lo que discrepa la recurrida, que sostiene lo contrario.

b) Al momento de resolver sobre lo controvertido de esta causa, debe tenerse presente que conforme lo establecen los artículos 3° y 10° del Estatuto Administrativo o Ley 18.834, los empleos a contrata, calidad en que se desempeñaba nombre reservado son de carácter transitorio y tienen como plazo máximo de vigencia el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual expiran por el solo ministerio de la ley, salvo que la autoridad administrativa prorrogue su vigencia, con a lo menos treinta días de anticipación, prórroga que fue ejercida en este caso tanto en 2014, 2015, 2016, y 2017, pues nada dijo en contrario la recurrida. Por lo demás, conforme al artículo 89 de la ley ya indicada, los funcionarios (titulares, contrata, interinos o suplentes, al ser las calidades en que pueden ser nombrados), gozan de estabilidad en el empleo, lo que implica que tiene derecho a permanecer en sus cargos en tanto no se configure alguna causal de expiración de las funciones, que se indican en el artículo 146, como causales de cesación en el cargo.

c) Debe rechazarse la petición de la recurrida, de declarar inadmisible la acción cautelar deducida en esta causa, por no resultar claro si se dirige en contra de nombre reservado como persona natural o como Director del Servicio de Salud, habida consideración que es justamente en esta última calidad, que se deduce el recurso, basado en el cese en el cargo a contrata que desempeñaba a nivel regional, en el Organismo Público, cuyo Director es nombre reservado, lo que obsta a concluir que se dirige en contra del ya individualizo, en calidad de persona natural.

d) El decreto o resolución de nombramiento en el cargo en calidad de contrata, importa, para el funcionario, establecer una estabilidad en el cargo mientras esté vigente el término del mismo, pues su duración es por un plazo definido, que limita que la voluntad unilateral de la Administración para extinguir la relación funcionaria antes del cumplimiento del término fijado en la resolución de designación, máxime si se considera que el artículo 10 de la Ley 18.834, establece que los funcionarios que sirvan cargo a contrata, expirarán en sus funciones en la data fijada o el treinta y uno de diciembre de cada año, por el solo ministerio de la ley, lo que también expresa el artículo 153 del mismo cuerpo legal ya señalado.

La estabilidad referida en el párrafo anterior, la establece el artículo 89 de la ley 18.834, esto es, el Estatuto Administrativo de funcionarios públicos, calidad que era la detentada por nombre reservado en el ejercicio del cargo a contrata en el Servicio de Salud Antofagasta y aparece ratificada por el artículo 146 del ya indicado cuerpo legal, relativo a las causales de cesación en el mismo, de lo que se infiere que solo por las circunstancias indicadas en dicha disposición, se pierde la estabilidad en el cargo. La continuidad obligada en el cargo, que importa la estabilidad ya señalada, unido al artículo 7° de la Constitución Política de Chile, respecto a que los órganos del Estado actuar en la forma que prescribe la ley, por lo que “ninguna magistratura, persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes” obsta a producir el cese en el cargo, por “no ser necesarios los servicios”, que contiene la Resolución 426/937/2018, de la recurrida, porque el Estatuto Administrativo no la contempla como causal de cesación de funcionarios.

e) La resolución Exenta RA N°426/936/2018, de 7 de junio de 2018, de la recurrida, como fundamentos de la misma, expresa que la autoridad administrativa ha decidido modificar y tecnificar el Departamento de Comunicaciones, modificando de igual manera el perfil de cada cargo de los funcionarios que en ella se desempeñan, estableciendo una estructura basada en la confianza y en la especialización según la letra b). Se agrega, en la letra c), que por lo considerado en el “literal c), los cargos de profesional periodista del Departamento de Comunicaciones, uno de ellos ostentado por el funcionario, serán reemplazados por los cargos especializados de profesional experto en comunicación estratégica y profesional experto en manejo de redes, los que, en razón de su especialización, deben ser ejercidos por profesionales con calificación profesional y experiencia acreditables. Asimismo en el letra d), se precisa que en atención a los literales a) c) y d), esto es, la cláusula mientras sean necesarios los servicios, la modificación referida y la calificación profesional inadecuada, ha determinado el término de la referida contrata”.

Para la dictación de la Resolución ya indicada (la que desvirtúa la estabilidad en el cargo establecida en el Estatuto Administrativo reseñado en la letra “d” precedente), la recurrida, aplica dictámenes de la Contraloría General de la Repúblico, señalados en dicho acto administrativo, conforme a los cuales es posible poner término anticipado a una designación a contrata dispuesta con la formula “mientras sea necesario sus servicios, siempre que se expresen “las condiciones” que los posibilitan y justifican, “los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión”, lo prescrito en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 (que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en lo que atañe a la fundamentación de decretos y resoluciones).

Empero, en relación a las aseveraciones precedentes de la recurrida, no puede dejarse de tener en cuenta, por una parte, que el Dictamen 6.400 de 2 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República, que es uno de los que se indican en la Resolución indicada en el primer párrafo de este motivo, precisa entre otras materias, que no resulta suficiente como fundamentación de la misma, la expresión “no ser necesarios sus servicios“ u otras análogas, agregando, que también resulta objetable “que las decisiones antes mencionadas se fundamenten en que se estudiaran e implementarán modificaciones y una reestructuración en materia de persona, de acuerdo a las nuevas políticas a instaurar”.

f) En sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en causa Rol 16.868-2018, la E. Corte Suprema, por no contener una descripción de los nuevos perfiles a los que no se ajusta el recurrente, concluyó que no era razonable afirmar que no se reunía el perfil.

g) En relación al fundamento de la Resolución Exenta RA N°426/936/2018, de 7 de junio de 2018, de la recurrida cuestionada en esta acción cautelar, la misma se basa en la modificación y tecnificación del Departamento de Comunicaciones y también del perfil de cada cargo de los funcionarios que en ella se desempeñen, pues deben ser expertos en comunicación estratégica y profesional, así como en manejo de redes, “con calificación profesional y experiencia acreditables”.

Ahora bien, la referida modificación y tecnificación del departamento así como el perfil de los funcionarios del Departamento de Comunicaciones se produjo por la Resolución Exenta N°1945, de 12 de junio de 2018, (dictada en fecha posterior a la indicada en el párrafo anterior de este motivo), pues es la que se señala en el informe de la acción cautelar, y en ella se establece, aparte de dejar sin efecto el Organigrama Institucional del Servicio de Salud Antofagasta, establecido en resolución de 19 de marzo de 2019, la aprobación de uno nuevo, en el que se crea el Departamento de Asuntos Públicos y Gestión del Usuario, del que depende técnica y administrativamente la Unidad de Comunicación Estratégica, cuyas funciones, son la de “diseñar e implementar los planes, programas, y proyectos de comunicación interna y externa del Servicio de Salud Antofagasta, con mirada en Red; Posicionar al Servicio de Salud Antofagasta en prensa escrita, como asimismo, en medios digitales y redes sociales a fin de fortalecer las comunicaciones hacia la ciudadanía; Evaluar, monitorear y establecer planes de mejora hacia el cumplimiento de los programas y proyectos relacionados con las comunicaciones internas y externas; Apoyar a los diferentes departamentos/unidades de la Dirección del Servicio en establecer estrategias comunicativas, plan de medios y posicionamiento en virtud de las diferentes líneas de acción y objetivos que cada unidad establezca, entre otros; los compromisos de gestión 10-11 y, Supervisar el trabajo de las unidades de Comunicación de los Hospitales de la Red”. Se establece asimismo, que todas las Unidades de Comunicación, Participación Ciudadana y O.I.R.S. de la Red Asistencial del Servicio de Salud Antofagasta, dependerán técnica y administrativamente del Departamento de Asuntos Públicos y Gestión de Usuarios de la Dirección del Servicio de Salud Antofagasta.

Dicha resolución, sin embargo, en parte alguna precisa las características que deben detentar quienes se desempeñen en la Unidad de Comunicación Estratégica, omisión o deficiencia que resultó corroborada por la circunstancia de no mencionarlos el representante de la recurrida, en la audiencia, de vista del recurso, cuando se le consultó sobre el nuevo perfil profesional. Asimismo tampoco la resolución permite establecer que nombre reservado carece de las característica de quien se desempeña en la referida unidad, que justifique y amerite el cese en el cargo a contrata que detenta, lo que importa concluir que la decisión de término anticipado del mismo carezca de fundamento fáctico y legal, y obliga a concluir que la resolución Exenta RA. N°426/937/2018, ya indicada, constituye un acto arbitrario, por cuanto lo indicado como fundamento de la misma, no tiene su correlato en la Resolución N°1945, de 12 de junio de 2018, de la recurrida.

En sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en causa Rol 16.868-2018, la E. Corte Suprema, concluyó en que una resolución de cese anticipado en el cargo a contrata que no contiene el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho que lo sustenta, “carece de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio”.

h) Teniendo los cargos a contrata duración hasta el 31 diciembre de cada año o vigencia hasta la fecha indicada en la resolución de designación, el agregar que el cargo se mantendrá “mientras sean necesarios los servicios” aparte de no estar considerado dentro de las causales de cesación en el cargo, que contempla el artículo 146 del Estatuto Administrativo o Ley 18.834, también importa dejar sin efecto la normativa relativa al plazo general de vigencia de los cargos a contrata, lo que obsta a su consideración, al tenor de la regla de interpretación del artículo 24 del Código Civil, relativa a considerar el modo “que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”, cual es el de estabilidad en el cargo y su cesación solo por las causales que taxativamente indica el artículo 146 de la ley ya indicada, de lo que se infiere la ilegalidad de dicho acto administrativo.

g) La Resolución Exenta RA. 426/936/2018, de 7 de junio de este año, del Servicio de Salud recurrida, por consiguiente vulnera la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, toda vez que se le ha privado, en forma ilegal y arbitraria de continuar desempeñando el cargo a contrata desempeñado por nombre reservado y por ende a recibir las remuneraciones del mismo.

Dicha privación y perturbación del derecho de propiedad que corresponde a nombre reservado hace innecesario analizar la infracción a las demás garantías y derechos constitucionales, alegados como infringidos, en la acción cautelar ejercida en favor del funcionario ya individualizado.

NOVENO; Que los razonamientos de las letras anteriores de este motivo, haciendo abstracción de lo concluido en el considerando SÉPTIMO precedente de esta sentencia, permitirían acoger la acción cautelar ejercida en autos, como también se hizo en causa Rol 1265 y 1409, ambas de 2018 Protección de esta Corte, la primera de las cuales fue confirmada por sentencia de veintiséis de septiembre de este año, Rol 16.778-2018, de la E. Corte Suprema, dejando sin efecto la Resolución Exenta RA N°426/937/2018, de 7 de junio de 2018, dictada por el Director del Servicio de Salud Antofagasta, y consecuencialmente corresponde reintegrarlo al cargo que desempeñaba y pagarle las remuneraciones del tiempo en que no ha podido desempeñarlo, todo ello con costas, en virtud de lo dispuesto en los Auto Acordados sobre Recurso de Protección. Empero, al haberse deducido la acción cautelar constitucional en análisis después de vencido el término de 30 días, contados desde la notificación del correspondiente acto administrativo, se debe rechazar, sin costas, por estimarse que se ha litigado con motivo plausible.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de Director del Servicio de Salud Antofagasta, por la dictación de la Resolución Exenta RA 426/936/2018, de 7 de junio de 2018, que puso término, a contar de su total tramitación, al cargo a contrata que ejercía.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Titular Sr. Manuel Díaz Muñoz.

Rol 2362-2018 (PROT)