Protección contra Gobernación Provincial de Antofagasta y del Departamento de Extranjería y Migrac

Antofagasta, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Colombiana, cédula de identidad colombiana número RUT reservado, pasaporte AN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, presentando recurso de protección en contra de la Gobernación Provincial de Antofagasta y del Departamento de Extranjería y Migración, por la resolución que rechaza la solicitud de reconsideración en contra de aquella que denegó su solicitud de visa de trabajo y ordenó el abandono del país.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señala en su recurso haber ingresado legalmente a Chile en calidad de turista, solicitando visa sujeta a contrato que fue rechazada por Resolución Exenta N° 72804 de 04 de Julio de 2014, emitida por el DEM de Santiago de Chile y notificada en agosto del mismo año, por poseer antecedentes penales por hurto agravado.

A su turno, señala, se dictó orden de abandono del país contra la cual presentó solicitud de reconsideración, que fue rechazada el 01 de julio de este año.

Indica que efectivamente por sentencia de fecha 12 de Marzo de 2012, fue condenada en Colombia por el delito de falsedad de documento privado, en concurso con el delito de hurto calificado, en ambos casos en grado de participación tentado, a la pena de 13 meses prisión, concediéndose el subrogado de condena a ejecución condicional por el termino de 2 años, beneficio que equivale a una suspensión condicional en Chile, plazo que se cumplió el 12 de Marzo de 2014.

Agrega que el único fundamento para negar la solicitud de reconsideración es la existencia de dicho delito, sin considerar que en razón del equivalente a la suspensión condicional de la pena impuesta, se extinguió su responsabilidad penal y en consecuencia fueron eliminados dichos antecedentes por lo que ni siquiera debieron ser informados al Consulado, todo lo cual consta en el documento que acompaña. Agrega que han transcurrido más de 4 años desde la fecha en que fue procesada y no ha vuelto a ser procesada o condenada por otro delito. Por el contrario, su único objetivo es trabajar para mejorar su calidad de vida, teniendo una proyección de trabajo conforme la declaración jurada suscrita en Notaria en la que se le ofrece trabajo como vendedora en una comercializadora. Además, indica tener una pareja estable en el país con quien piensa contraer matrimonio.

Señala finalmente que la resolución que rechazó su solicitud de reconsideración es infundada y que la no renovación de su visa atenta contra el principio de la doble incriminación toda vez que se le sanciona nuevamente por un hecho ya sancionado en la causa criminal.

Por ello, solicita se suspenda o se deje sin efecto la medida de abandono del país impuesta y en su lugar le sea otorgada una nueva visa.

SEGUNDO: Que en su informe, la recurrida Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del recurso señalando que se recurrió de amparo, en su oportunidad, contra la Resolución de fecha 4 de julio de 2014 que rechazó la solicitud de permiso de visación de residente sujeta a contrato y dispuso el abandono del país de la recurrente en el plazo de 15 días. Dicho recurso fue rechazado por esta Corte en fallo Rol Corte 5-2015 y confirmado por la Corte Suprema en autos Rol 2443-2015.

Indica que el acto que rechazó la solicitud de permanencia definitiva fue dictado por autoridad competente dentro de la esfera de sus atribuciones, en razón de lo dispuesto en los artículos 6°, 13 y 67 del DL 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, así como en las normas que cita del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, que cita.

Asimismo, indica que el acto administrativo que rechaza la solicitud de permanencia definitiva se funda en causal legal expresa, artículos 63 en relación al artículo 15 y 64 inciso final de la Ley de Extranjería, debido a que el extranjero registra antecedentes penales en su país de origen. En concreto, la condena de 13 meses de prisión por el delito de hurto agravado, hurto calificado, por hechos que en Chile son calificados como robo, es decir, una pena de crimen. Destaca además que el beneficio de subrogación obtenido por la recurrente para el cumplimiento de la pena, de acuerdo a los artículos 63 y siguientes del Código Penal colombiano, es equivalente a las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 y no a la figura contemplada en el artículo 237 del Código Procesal Penal chileno que regula la suspensión condicional del procedimiento.

En el mismo sentido, indica que el acto administrativo tiene la debida razonabilidad, ya que rechaza la solicitud de visa en virtud de una causal legal expresa, fundada en que el extranjero tiene una condena a la pena de 13 meses de prisión por un delito que la ley nacional califica de crimen, por el delito de hurto calificado y agravado en su país de origen. Refiere que la autoridad no solo evalúa la condena, sino también el tipo penal y los bienes jurídicos protegidos y afectados por la conducta ilícita, dado que el hurto calificado y agravado atenta contra la propiedad y seguridad pública, es decir, contra intereses colectivos protegidos severamente por el Estado, así como también por los antecedentes relevantes, que en el presente caso solo se acompaña un contrato de trabajo, que solo para que los motivos invocados tengan correspondencia con la salida del territorio nacional de la persona extranjera.

Por tales motivos, solicita sea rechazado su recurso.

TERCERO: Que la recurrida Gobernación Provincial, en tanto, alega que las autoridades del Ministerio del Interior han actuado dentro del marco legal regulatorio en materia de extranjería, por lo cual no se ha perturbado el derecho de la recurrente CUARTO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

Así las cosas, de la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente;

QUINTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

SEXTO: Que la acción de tutela de derechos constitucionales deberá rechazarse, en primer término, porque de los antecedentes allegados al proceso aparece que la resolución exenta que generaría el acto ilegal y arbitrario, fue resuelto por autoridad competente y dentro de las facultades expresamente establecidas en la ley, de conformidad a las normas citadas por las recurridas contenidas en el Decreto Ley 1.094 que establece normas sobre extranjeros en Chile y su Reglamento, Decreto N° 597, publicado en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 1984, correspondiendo a una facultad discrecional contemplada por el legislador para denegar este tipo de solicitudes, y fundada además en hechos objetivos y razonables como son el registrar la recurrente antecedentes penales en su país de origen, por lo que en ningún caso puede considerarse dicho actuar como ilegal o arbitrario, o bien excedido de sus funciones.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, no advirtiéndose que la autoridad recurrida hubiere incurrido en una conducta ilegal o arbitraria al disponer el rechazo de la solicitud de reconsideración de la solicitud y su consecuente expulsión del país, en la medida que la misma se ha adoptado previa mensura de los elementos necesarios para ello, es que el recurso deberá ser rechazado.

OCTAVO: Que sin perjuicio de ello, el mismo asunto sometido a debate fue ya zanjado por esta Corte en los autos Rol Crimen N° 5-2015, no habiendo variado desde entonces, según se desprende de la resolución que rechazó la reconsideración de la recurrente y el contenido mismo del recurso, las circunstancias que fundaron el recurso en aquel entonces.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Gobernación Provincial de Antofagasta y del Departamento de Extranjería y Migración.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2357-2016 (PROT)