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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2356-201812 sep 2018

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
12 de septiembre de 2018
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 2356-2018, sentencia de 12 de septiembre de 2018

Resumen

Se rechaza el recurso de protección: los recurridos actuaron conforme a su interpretación de los estatutos al renovar el directorio, y el recurrente cuenta con la vía arbitral prevista en esos mismos estatutos para impugnar lo actuado.

Texto íntegro

Antofagasta, a doce de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, empresario, representante legal de la Línea 11 S.A, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por afectar las garantías constitucionales de los artículos 19 N°2; 3° y 24° de la Constitución Política de la República, por su actuar ilegal y arbitrario.

Informaron los recurridos, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda su recurso que en diciembre del año 2017, asumió el cargo de representante legal de la empresa línea 11 S.A., por el periodo de diciembre de 2017 a diciembre del presente, de acuerdo a los estatutos vigentes. No obstante, en reunión del 2 de agosto de este año, fue despojado ilegal y arbitrariamente del cargo por los requeridos.

Señala que la reunión fue solicitada por uno de los socios mediante comunicación dirigida al Tesorero, quien no lo comunicó a los restantes miembros del directorio, sino que se limitó a solicitar a la secretaria de la línea que citara a la respectiva reunión, indicando que se tratarían los siguientes puntos: a) flujo mensual; b) ingresos del mes de mayo y junio y; c) situación de la cuenta corriente de la empresa.

La reunión se inició con la intervención del Tesorero del directorio, señor nombre reservado, sin la presencia del Presidente ni del Secretario, quienes llegaron15 minutos más tarde.

Producto de una discusión entre los asistentes, el Tesorero renunció a viva voz al directorio; y consiguientemente, un grupo de socios asistentes hicieron una lista para juntar firmas para revocar al resto de los directores, incluido su representante legal. Se nombró un directorio interino que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: nombre reservado; nombre reservado, Tesorero; nombre reservado, Secretaria; nombre reservado 1° Director y, nombre reservado, 2º Director.

Señala que lo descrito es un acto ilegal y arbitrario, por cuanto viola la normativa establecida en el estatuto de la empresa, particularmente desde el artículo 9°al 14° inclusive, lo que deviene en la afectación de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19N°2, 3 y 24de la Constitución. En cuanto a la última garantía señalada, indica que se vulneró ya que en su calidad de Presidente y representante legal, recibe una remuneración de la que se ha visto privado desde la fecha de la reunión.

Argumenta que la actitud de los recurridos es arbitraria, ya que de manera irracional se dispusieron a revocar al directorio instaurado, en una asamblea espontánea, al margen de todo procedimiento y protocolo estatutario establecido al efecto.

En consecuencia solicita que se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informaron los recurridos, señalando que el recurso debe ser desestimado por actos propios del recurrente.

Señala que la Sociedad Transportes Públicos de Pasajeros Línea 111 Antofagasta S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 13 de octubre del año 1.994.

El día 2 de agosto de presente, con la asistencia de 17 accionistas que representan al 78,4% del total de acciones - conforme consta en la lista de asistencia - se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. En dicha junta, los socios tratan la grave situación del embargo judicial efectuado sobre 26 millones de pesos que existían en la cuenta corriente, por parte de la Tesorería General de la República, por una deuda de más de 57 millones de pesos.

Reconocen que en la asamblea señalada, el Tesorero renunció a su cargo, debido a las irregularidades e incumplimiento de obligaciones por parte del recurrente, cuya discordancia le impide continuar en su cargo. El desacuerdo decía relación principalmente con el hecho de no haber repactado la deuda que se tenía con el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2015, ya que solo decidió hacerlo una vez efectuado el embargo, el 9 de agosto del presente.

Que como consecuencia de lo anterior, los socios decidieron tomar medidas por el perjuicio causado a la empresa.

A lo señalado, se suma que el recurrente se opuso a las solicitudes de estos de ejercer acciones legales contra la directiva anterior, responsable de las deudas adquiridas. Además, puso en riesgo la continuidad de la empresa al omitir presentar ante la SEREMI de Transportes y Comunicaciones la documentación necesaria para acceder al nuevo sistema de transporte público, cuyo plazo vencía el 31 de julio del presente, vulnerando así el deber de diligencia impuesto por los estatutos en su artículo 21 y 41 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por otro lado, sin autorización, el recurrente utilizó dineros de la empresa para la compra de tambores de aceite para un negocio personal, por un total de $540.000, lo que también constituye una vulneración grave al estatuto y ley previamente citada, al apropiarse de dineros sin autorización, entre otras irregularidades.

Argumentan que no existieron actos arbitrarios e ilegales, ya que se actuó de conformidad a los estatutos, particularmente a los artículos 22, 23 y 25, respecto de las juntas ordinarias y las materias que pueden tratarse en ellas, entre las cuales se encuentra la de elección o revocación de los miembros titulares o suplentes del directorio. Además, el acuerdo de revocar el directorio fue adoptado por el 78,4% de las acciones presentes en la asamblea, la cual fue presidida por el recurrente, cumpliéndose así con la formalidad establecida en el artículo 26 de los estatutos. En consecuencia, se puede concluir que la decisión no viola la normativa vigente y no se trata de una acción carente de fundamento.

Finaliza señalando que no existe vulneración a las garantías fundamentales mencionadas en el recurso. Particularmente, en relación al derecho de propiedad alegado, precisa que el cargo de Director no está sujeto a dominio, es esencialmente transitorio y por tanto, revocable, y en cuanto a su remuneración, esta devenga mes a mes y dura mientras se ostente el cargo.

Hace presente que la forma correcta de acción debió ser la establecida en el artículo 40 de los estatutos, el cual señala que cualquier conflicto que se presente entre los socios y la sociedad o su administración, será resuelta por un árbitro arbitrador.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra de la decisión adoptada en junta ordinaria de fecha 2 de agosto del presente, en la cual los socios asistentes que representaban el 78,4% de las acciones presentes en la asamblea, optaron por remover a los directorios y elegir un directorio interino, por considerar que no se ajusta a la normativa establecida por los estatutos.

QUINTO: Que del mérito de los antecedentes expuestos por las partes y documentos acompañados al proceso, se desprende se está frente a una Sociedad Anónima que tiene una regulación especial en nuestra legislación y cuya organización se encuentra además íntegramente regulada en los estatutos de la misma.

Los estatutos norman en sus artículos 22° a 26° las Juntas de accionistas, y las materias que pueden ser tratadas en ellas, refiriéndose particularmente el artículo 23° N°3 a la elección o revocación de los miembros titulares o suplentes del directorio, y el artículo 26° a las formalidades que debe cumplir dicha junta y decisión.

Así, puede desprenderse que los recurridos no actuaron de forma ilegal o arbitraria, sino que apegándose a su interpretación y aplicación de los estatutos.

SEXTO: Que, eventualmente, para invalidar lo actuado y la sanción que le fue impuesta, por considerar el recurrente que existió una errónea interpretación o aplicación de los estatutos, existe una vía expresamente regulada en los mismos, en el artículo 40 que prescribe “Cualquiera dificultad que se presente entre los accionistas en su calidad de tales, o entre ellos y la Sociedad o su administración, por la interpretación o aplicación de los presentes Estatutos, será resuelta por un Árbitro Arbitrador nombrado de común acuerdo por las partes (…)

De conformidad a los artículos 90 y siguientes del Reglamento en cuestión, en relación a los artículos 84 y siguientes del Decreto 1445 del Ministerio de Defensa Nacional que aprueba el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas (1), tiene la posibilidad de impetrar en contra de la Resolución recurrida los recursos que estime pertinentes, esto es, recurso de reconsideración, recurso de reclamación y apelación, consagrando por tanto, respecto de la resolución recurrida los recursos legales pertinentes para solicitar la impugnación y a través de ellos conseguir su modificación en los términos que pretende se realice por esta vía, no habiendo agotado las instancias que consagra su propia institucionalidad y que se condice con lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso 2°, que dispone que “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.”.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido pornombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2356-2018 (PROT)

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