AES GENER S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TOCOPILLA

Antofagasta, a uno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Emilio González Corante, abogado, en representación de AES GENER S.A., RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla, representada por nombre reservado, desconoce RUN, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución que niega lugar al recurso administrativo, declarando en consecuencia que el recurso se encuentra presentado dentro de plazo ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que estime pertinente, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Evacuando informe la recurrida solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 11 de marzo de 2019, la fiscalizadora de la recurrida dictó la resolución nº 8249/19/15, notificada el 1 de abril por la que se aplicó una multa administrativa. Agrega que el 15 de mayo último presenta reconsideración administrativa de multa con el objeto de obtener una rebaja substancial de la misma, sin embargo la Inspección del Trabajo decide no dar curso a ella, en el Ordinario Nº 171 de 23 de mayo último fundado en que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles contados desde su notificación, por lo que la solicitud sería extemporánea.

En cuanto a los fundamentos de derecho, citando jurisprudencia, indica que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen cómo debe computarse el plazo para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior y ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley 19.880 y, en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial, cabe dar plena aplicación al artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Agrega que la recurrida no sometió su actuación a las normas aplicables, excediendo la órbita de su competencia, por cuanto determinó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que se encuentra dentro de plazo, vulnerando el principio de legalidad contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, vulnerando en definitiva el artículo 19 nº 3 de la Carta Fundamental.

Finalmente en relación al derecho de propiedad, con la resolución pronunciada se afecta dicha garantía constitucional, ya que de forma indebida y arbitraria la obliga a pagar una multa, habiendo ejercido correctamente el recurso administrativo y hacer uso de la rebaja que contempla la norma para dicho procedimiento, sin existir motivo justificado, actuando contra de texto expreso legal.

SEGUNDO: Que el abogado Eduardo Machuca en representación de la recurrida, evacua informe y solicita el rechazo con costas.

Indica que el procedimiento de fiscalización se inicia a partir de reclamo efectuado, generando citación a comparendo de conciliación en la Inspección del Trabajo el 11 de marzo último, constando su realización y constatando en dicha oportunidad infracción a la legislación laboral, aplicando multa 8249/2019/15.

Agrega que la multa fue notificada conforme lo prescribe el artículo 508 del Código del Trabajo, siendo depositada en la oficina de correos el 21 de marzo de 2019, entendiéndose notificada al sexto día hábil contada desde el depósito, esto es, el 29 de marzo de 2019. En seguida, la recurrente, mediante su remisión vía correo certificado interpuso recurso administrativo de reconsideracion el 15 de junio de 2019, es decir fuera del plazo de 30 días hábiles administrativos contados desde notificada la infracción, por lo que se dicta Ordinario 171 de 22 de mayo de 2019, que declara la extemporaneidad de la presentación efectuada por la empresa.

Expone que en virtud de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la resolución de multa fue depositada el 21 de marzo de 2019 y en cumplimiento de la normativa la notificación se entiende practicada al sexto día hábiles administrativos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 25 de la Ley 19.880, corresponde al 29 de marzo.

Agrega que respecto de la interposición de la solicitud de reconsideración, el artículo 512 del Código del Trabajo establece un plazo de 30 días desde la notificación, para efectos de solicitar la reconsideración administrativa de multa, aún cuando el legislador no ha indicado expresamente la naturaleza del plazo en cuanto que el mismo corresponde a días hábiles administrativos, hábiles judiciales o corridos, tanto la jurisprudencia judicial como recientemente la jurisprudencia administrativa, a través de dictamen 25891 de 16 de octubre de 2018, han determinado que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, al tratarse de un procedimiento administrativo especial necesariamente debe aplicarse supletoriamente lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19880, es decir, que el plazo corresponde a uno de días hábiles administrativos, esto es, que se cconsideran los días hábiles de lunes a viernes.

En este sentido, el plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la multa corresponde al 29 de marzo de 2019, donde el plazo para interponer la respectiva reconsideración administrativa vencía el 14 de mayo de 2019. Ahora bien, el recurso fue interpuesto fuera de plazo, toda vez que fue depositado en el sistema postal el 15 de mayo de 2019, ya vencido el término legal.

En consecuencia, indica que la Inspección del Trabajo actuó dentro de su competencia, siguiendo un procedimiento administrativo reglado, lo que determina la legalidad de su accionar, sin que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales que indica el recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que conforme se ha resuelto reiteradamente por parte de la jurisprudencia, a modo ilustrativo en Rol 314-2017 por la Excma. Corte Suprema: “el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante la autoridad administrativa no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos. Al existir un plazo especial como es el contenido en la Ley 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”.

En efecto, la recurrida aplica dicho criterio para la contabilización de los plazos establecidos en los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, de acuerdo a los antecedentes que se han tenido a la vista, la resolución de multa fue depositada en correos el 21 de marzo de 2019 y por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, la resolución fue notificada el sexto día hábil administrativo, esto es, el 29 de marzo de 2019. Por lo anterior, el recurrente desde esa fecha contaba con 30 días hábiles conforme lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo para efectuar la reconsideración administrativa de multa, plazo que se cumplía indefectiblemente el 14 de mayo de 2019, constando que el recurso de reconsideración fue despachado el 15 de mayo de 2019, por lo que el mismo fue deducido fuera de plazo.

SEXTO: Que los hechos asentados en el considerando anterior impiden incluso analizar la alegación formulada en estrados respecto a que la notificación habría ocurrido el 1 de abril pasado, toda vez que no hay ningún antecedente en este recurso que le dé sustento.

Por lo anteriormente razonado, la actuación de la recurrida se ajusta a derecho al efectuar una correcta interpretación de las disposiciones legales aplicables al contabilizar el plazo para deducir un recurso de reconsideración de multa administrativa, rechazando aquél por haber sido deducido extemporáneamente, sin que se advierta medida alguna que pueda adoptar esta Corte y, en consecuencia, no se estiman vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por lo que es procedente el rechazo del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por Emilio González Corante, abogado, en representación de AES GENER S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla.

Regístrese y comuníquese.

ROL 2353-2019(PROT)

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