nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES, DUEÑOS Y ARRENDATARIOS DE TAXIS COLECTIVOS N 6, LINEA

Antofagasta, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno VISTOS:

La comparecencia del abogado Juan Ugalde Tapia, quien en representación de nombre reservado y nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes, Dueños y Arrendatarios de Taxis Colectivas N°6, línea 14, representado legalmente por su presidenta, nombre reservado, solicitando que se le ordene reincorporar a las recurrentes al Sindicato; se abstenga de calificar la calidad de socias de las recurrentes, por ser representantes del socio fallecido; se permita que los vehículos sean depositados en la terminal al concluir el recurrido; se deje sin efecto el oficio dirigido a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, en el cual se solicitó la cancelación del recorrido de los vehículos de la sucesión; se oficie a la SEREMI que, en caso de haber sido cancelados los vehículos, estos deben reingresar al servicio, no dando lugar a la cancelación y; se condene en costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se fundó en el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida - a través de su presidenta - consistente en la expulsión de las recurrentes del Sindicato tras el fallecimiento del causante socio del mismo; amenazar con oficiar a la Secretaria Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Segunda Región (SEREMI) para que cancelen los recorridos de sus tres vehículos e; impedir el acceso de estos al terminal. Lo anterior, excediendo sus facultades y vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N° 3 inciso 5, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señaló que las recurrentes son herederas de nombre reservado, fallecido en septiembre de dos mil veinte y cuya posesión efectiva fue concedida por resolución exenta N°3987 del once de noviembre del mismo año. Al fallecer, el causante era secretario y socio fundador del sindicato recurrido, y tenía tres vehículos adscritos al mismo.

En este contexto, desde el fallecimiento, la hija del causante, la Sra. nombre reservado, asumió la calidad de socia, manteniendo los derechos y deberes. Así, en noviembre se entregó la copia de la posesión efectiva a la presidenta, para que se realizara la modificación de la inscripción en el registro nacional de pasajeros a cargo de la SEREMI. No obstante, el catorce de abril del presente le llamó la atención a la presidenta, pues esta modificación no ha sido realizada, lo que le impediría la circulación de sus vehículos.

Asimismo, en su calidad de socia, le pidió cuenta sobre la gestión de uso de las cuotas de los socios que no habían sido informadas, lo que generó una discusión que terminó con la presidenta expulsándola del sindicato, indicando que no tenían ningún derecho, pues desde el fallecimiento de su padre, cesó su calidad de socio. Además, le señaló que oficiaría a la SEREMI para que cancelaran los recorridos de sus vehículos. Ese mismo día, impidió que los vehículos fueran depositados en el terminal.

Alegó que la presidenta del sindicato se constituyó como una comisión especial, pese a que dicha facultad no se encuentra contenida en los estatutos. Asimismo, no consta en estos que la calidad de socios se pierda al momento del fallecimiento. Por el contrario, esta calidad fue transmitida a sus herederos en propiedad, por lo que se pierde únicamente con el no pago de las cuotas por un periodo superior a seis meses, lo que no se configura en la especie.

Adicionalmente, le fue impedido el derecho a ser oída, aplicando sanciones disciplinarias que no se encuentran establecidas en la normativa. En este mismo sentido, de conformidad al artículo 15 del Decreto 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las variaciones en los datos incorporados al registro nacional deben comunicarse por el responsable del servicio a la SEREMI, y no por la presidenta del sindicato, quien se atribuyó atribuciones que no le corresponden.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, en representación del sindicato recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a la calidad de socios de una asociación sindical, indicó que esta es una materia regulada en el Código del Trabajo, particularmente en el artículo 214 inciso 2°, donde se indica que la afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. En consecuencia, los derechos y obligaciones que emanan de la afiliación, no son transmisibles, por ser personalísimos. Ello además se desprende de la posesión efectiva, en la cual constan los vehículos de propiedad de las herederas, pero nada se indica de los derechos y obligaciones derivados de la afiliación.

Agregó que cualquier disposición estatutaria tendiente a disponer la transmisibilidad de estos derechos, atentaría contra el principio de libertad sindical y de afiliación, coartando a las herederas de la posibilidad de adherir o no a dichas agrupaciones. Por lo tanto, las recurrentes no tienen la calidad de socias, por lo que los derechos que invocan no pueden ser vulnerados, puesto que no existen ni aun como meras expectativas.

Adicionalmente, señaló que se omite en la acción la existencia de tres contratos de comodato suscritos entre el causante y el sindicato, vinculados a los tres vehículos adquiridos posteriormente por las recurrentes como herencia. Estos contratos fueron celebrados en septiembre de dos mil dieciséis, y enero y junio de dos mil diecinueve respectivamente, y se encuentran vigentes, pues estos no se extinguieron con la muerte del comodante. Este es el único vinculo existente entre las partes, y en virtud de aquel, el sindicato asume la administración de los vehículos en los servicios de transportes de pasajeros que el sindicato inscriba ante el ministerio.

En este contexto, desconociendo que el contrato no terminaba con la muerte del causante, se cancelaron los vehículos. No obstante a ello, actualmente no existe interés en continuar con la vigencia de los contratos, por lo que se debe dar cumplimiento a las formalidades que se requieran para poner término unilateralmente.

Así, previo a terminar la relación contractual, era necesario que los vehículos dejaran de usarse para los fines que fueron destinados, es decir, prestar servicios de transporte público que el sindicato tiene inscrito, y la única forma para ello, era cancelarlos temporalmente ante la SEREMI. Por lo tanto, una vez cancelados el día seis de los corrientes, se daría cumplimiento a todas las formalidades para terminar el vínculo contractual, dando aviso mediante carta certificada con la anticipación de al menos treinta días. Ello porque si se hubiese puesto término al contrato previamente, el sindicato los habría estado usando indebidamente los vehículos, al dejar de existir el vínculo jurídico que facultaba su uso.

Hizo presente que no obstante esta cancelación temporal para prestar servicios en el sindicato, las recurrentes tienen libertad para inscribirlos en otros servicios. Al respecto, tiene conocimiento de que los vehículos ya se encuentra prestando servicios para otra empresa, lo que demuestra que el derecho a desarrollar una actividad comercial no se ha visto amenazado.

Refirió que en su calidad de representante del sindicato, se encuentra habilitada como único interlocutor válido ante la SEREMI, por lo que su interacción ante las autoridades de transporte es válida y se encuentra facultada para realizar todas las gestiones vinculadas con el funcionamiento del servicio que presta la Línea 14, entre las que se incluye la cancelación temporal de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de pasajeros, respecto de vehículos adscritos a la línea de su responsabilidad. Por lo tanto, la cancelación solicitada se ajusta a la normativa vigente, pues para que estos sean registrados en un servicio, previamente tienen que ser cancelados en los registros anteriores.

En consecuencia, estimó que no existe vulneración a las garantías invocadas, al no existir ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. En concreto, no existió expulsión, al no haber llegado a formar parte del sindicato y por no existir una relación laboral entre las partes ni impedimento alguno para continuar realizando su actividad económica. Además, la inscripción en el Registro no involucra la adquisición de algún derecho de dominio, por lo que mal podría este verse afectado.

Finalmente, refirió que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección para aquellos de carácter preexistente e indubitado. Por ello, al existir un vínculo contractual entre las partes, cualquier conflicto que se suscite, debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de los escritos presentados por las partes se desprende que lo que corresponde a esta Corte determinar, es la existencia de actos ilegales o arbitrarios de la recurrida - a través de su presidenta - consistente en la expulsión de las recurrentes del Sindicato tras el fallecimiento del causante socio del mismo, amenazar con oficiar a la SEREMI de Transportes para que cancelen los recorridos de sus tres vehículos e impedir el acceso de estos al terminal, y si estos actos vulneraron las garantías invocadas por las recurrentes.

SEXTO: Que en primer lugar, en cuanto de lo alegado respecto de la expulsión del Sindicato del que formaba parte el causante, en virtud de tres vehículos de locomoción colectiva, es pertinente determinar la efectividad de tener las recurrentes la calidad de socias tras el fallecimiento.

Al respecto, consta de los documentos acompañados, especialmente del Reglamento Interno y de los Estatutos, que la organización a la que pertenecía el causante es una de naturaleza sindical, y en este sentido – tal como señala la parte recurrida – se rige por las normas del Código de Trabajo, contenidas en su título I de las Organizaciones Sindicales y por su normativa interna contenida en los estatutos.

En lo que compete a lo alegado por las recurrentes, se debe tener presente que el artículo 214 inciso 2° dispone que “La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable.”. Es decir, se trata de un derecho de carácter personalísimo y no transmisible por causa de muerte. De lo anterior deriva que, tras la muerte de don nombre reservado, este ya no formaba parte del Sindicato y las recurrentes no ocuparon su jurídicamente su lugar en este, puesto que ello sería contrario a la normativa vigente.

De esta situación tenían conocimiento las actoras, pues consta de la carta remitida por la organización sindical, con fecha dieciocho de noviembre del dos mil veinte, que se les indicó como podían formar parte del sindicato, postulando a ser socias y acompañando la documentación correspondiente.

Por lo tanto, debe concluirse que no habiendo adquirido la calidad de socias sindicales, no existió una expulsión del mismo, por lo que no puede estimarse que existiera un acto ilegal o arbitrario del recurrido en este aspecto.

SÉPTIMO: Que respecto de las otras dos imputaciones que se realizan al Sindicato, en cuanto a amenazar con oficiar a la SEREMI de Transportes para que cancelen los recorridos de sus tres vehículos e impedir el acceso de estos al terminal, necesariamente debe concluirse que ambas derivan de la ejecución de los contratos de comodato existente entre las partes. Así, de la documentación acompañada consta que existen tres contratos de comodato – uno por cada vehículo de las recurrentes – celebrados entre el causante y la asociación sindical, y cuya finalidad era la administración de dichos bienes, especialmente con objeto de dar cumplimiento a las normas que exige en Ministerio de Transporte y Comunicaciones, particularmente la inscripción ante dicha autoridad.

En este punto, según consta de las cartas enviadas por la organización sindical a las actoras, la comunicación a la SEREMI se dio en un contexto de poner término unilateral a dicha relación contractual. Además, se puede concluir que por este mismo motivo, estimando que no existía vinculo alguno, no se permitió utilizar las dependencias del Sindicato para depositar los vehículos.

En consecuencia, como se aprecia de lo referido precedentemente, estamos frente a conflictos que se dan en contexto de la ejecución y cumplimiento de un contrato entre privados, cuyas alegaciones de incumplimiento no son materia de una acción de naturaleza cautelar. Por lo tanto, teniendo en consideración la existencia de otras vías idóneas para recurrir e impugnar los incumplimientos o infracciones alegadas, por la vía ordinaria, donde las partes puedan efectuar sus alegaciones y rendir las probanzas en un procedimiento con forma de juicio de lato conocimiento, forzoso resulta concluir que la acción de protección no es la vía idónea para discutir aquellos aspectos de naturaleza contractual que no tienen carácter de derecho indubitado, motivo por el cual solo cabe rechazar el presente recurso.

OCTAVO: Que no se condena en costas las recurrentes, por estimarse que tuvieron motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por el abogado Juan Ugalde Tapia, en representación de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes, Dueños y Arrendatarios de Taxis Colectivas N°6, línea 14, representado legalmente por su presidenta, nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2339 - 2021 (PROT)