nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, MINISTERIO DEL INTERIOR

Antofagasta, a veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, pasaporte N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en contra de la Subsecretaría del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la Resolución Exenta que apruebe o rechace la solicitud de regularización extrordinaria, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley 19.880, pidiendo se ordene a la recurrida que resuelva dicha solicitud dentro de un plazo no mayor a sesenta días, o el que se estime conforme al mérito de autos y se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

La recurrida Subsecretaría del Interior instó por el rechazo del recurso, con costas y posteriormente complementó su informe.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la recurrente, e nacionalidad colombiana, motivada por la difícil situación socioeconómica de su país de origen, se vio obligada a ingresar al país por paso fronterizo no habilitado y para residir legalmente en Chile, establecerse y desarrollar su proyecto de vida, en fecha 26 de diciembre de 2024, presentó solicitud de Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaria del Interior, pero hasta la fecha la recurrente no ha recibido ninguna comunicación por parte de extranjería que otorgue o rechace su solicitud, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre personal, pues, su única intención es residir legalmente para poder acceder a un empleo acorde donde pueda desempeñar sus potencialidades y ser un aporte a Chile.

Seguidamente se refirió a la admisibilidad del recurso de protección indicando que se cumplen sus requisitos y luego examinó la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, citando jurisprudencia al efecto, enfatizando que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de regularización extraordinaria, pues desde la petición efectuada con fecha 26 de diciembre de 2024 hasta la presente fecha ha transcurrido aproximadamente un año y cuatro días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente.

Añade que la jurisprudencia nacional ha sido pacífica en el sentido de señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, según los principios que indica.

Tras ello sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito pues, no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, ya que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, cuestión que ha sido superada y con criterio firme por parte de la Excelentísima Corte Suprema y tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendido a que debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura lo que también ha sido abordada por la jurisprudencia nacional en la causa que cita.

Indica que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, y ello se aprecia en el artículo 7°, inciso primero, de la Constitución Política de la República señala que los actos de la administración serán producidos “en la forma que prescriba la ley”; y el artículo 63 N°18 de la carta fundamental dispone que será materia de ley “las bases de los procedimientos que rijan los actos de la administración pública”, por lo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes.

Afirma que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces para atender las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la ley que obligan a las autoridades y personal de la Administración Pública en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales como en el caso de autos, puesto que no resulta razonable las esperas exageradas de parte del Servicio recurrido, y así, la recurrida debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por nuestro constituyente y legislador, y solo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique y motive para el caso particular tal implicancia, ya que no basta una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que solo permite evidenciar el poco interés de la recurrida en adoptar medidas eficaces y reales que permitan dar respuesta a los administrados.

Seguidamente se refirió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 señalando que la naturaleza de estos procedimientos administrativos, requieren de la autoridad un pronunciamiento oportuno y de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación del mismo y si bien la nueva ley de Migraciones, no se pronunció sobre el particular, si estableció ciertos principios, tales como la noción de procedimiento migratorio informado y además el art. 7 de la Ley establece que el Estado debe promover que los extranjeros cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que sólo tiene lugar, con las respectivas autorizaciones que pueda conferir la autoridad.

Termina solicitando que el recurrido se pronuncie sobre la solicitud de regularización extraordinaria de la recurrente, dentro de un plazo no mayor a sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Sebastián González Rubio, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Primeramente, se refirió a la normativa aplicable, destacando el artículo 24 de la Ley 21.325 en relación con el artículo 2 inciso 1 del Decreto Supremo N°296 de 2022, añadiendo que los extranjeros que solicitan la regularización de su condición migratoria o han ingresado irregularmente al territorio nacional o habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular, siendo la regularización migratoria en la actualidad una facultad de la autoridad y no una obligación.

Explica que la primera hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual es aquella referida en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8 de la Ley 21.325 los que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, hipótesis general aplicación con procesos reglados; mientras que la segunda hipótesis de regularización migratoria que contempla la norma es aquella del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325 que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer en casos excepcionales el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso.

Indica que es improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratoria efectuada por extranjeros al alero del artículo 155 N°8 de la Ley 21.325 ya que no existen procedimientos vigentes de general aplicación dispuestos por la autoridad para tales efectos.

Asevera que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario de la recurrente está actualmente en tramitación en la Subsecretaría del Interior, y una vez concluida la tramitación de dicho acto será debidamente a la parte recurrente.

Seguidamente afirmó la impertinencia de la acción interpuesta al no existir motivos plausibles para litigar, al no existir una omisión arbitraria o ilegal, ya que el análisis exhaustivo está plenamente justificado, pues ello implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería; y asimismo, estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes mensuales de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por casos calificados o humanitarios.

Expresa que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de dicho beneficio significa que la persona extranjera ha incurrido en una o más contravenciones a la normativa migratoria.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento del beneficio mediante una acción de protección.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Más adelante complementando su informe informó que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente ya se encuentra resuelta, mediante la Resolución Exenta N°26884, de fecha 14 de agosto de 2025, de esa Subsecretaría, añadiendo que el acto administrativo precitado fue debidamente notificado a la parte recurrente mediante oficio N°52345, de fecha 21 de octubre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que informó la abogada Pamela Ahumada Zamorano, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Señala que la actora, nacional de Colombia, ingresó a territorio nacional por paso fronterizo no habilitado, eludiendo el control de la autoridad contralora de frontera y el 26 de diciembre de 2024, ese Servicio recibió carta de la recurrente, pidiendo se regularice su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Refiere que por Oficio Ordinario N°39353 de fecha 14 de agosto de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, esa autoridad remitió todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior, ya que, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Explica que la contraparte ha solicitado formalmente a esa autoridad que regularice su condición migratoria en base a la facultad regulada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, norma que reproduce, añadiendo que de su tenor literal queda de manifiesto que esa autoridad carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por la parte recurrente.

Indica que al haber remitido el Servicio Nacional de Migraciones todos los antecedentes necesarios a la autoridad competente para que conozca del asunta y emita un acto decisorio, tampoco existe entonces alguna labor pendiente de ser ejecutada por esa parte respecto a la solicitud realizada por la contraria, por lo que la presente acción deducida en contra de esta parte debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrentes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria extraordinaria de la recurrente presentada el 26 de diciembre de 2024.

SÉPTIMO: Que, de lo señalado por la Subsecretaría del Interior al complementar su informe y de la Resolución Exenta N°26884 de 14 de agosto de 2025, que acompaña, se evidencia que dicha autoridad ya emitió pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, rechazando la residencia temporal excepcional de la recurrente, lo que implica que a la sazón el recurso interpuesto ha perdido oportunidad, razón que basta para desestimarlo según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2333-2025 (PROTECCIÓN)