nombre reservado con CORPORACION DESARROLLO SOCIAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, cédula de identidad Nº RUT reservado, Directora del Liceo Artístico F-60, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales consagrada en el artículo 19 N°3 incisos 5 y 6 de la Constitución Política de la República en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, persona jurídica de derecho privado, representada por nombre reservado, secretaria ejecutiva de la corporación y en contra de nombre reservado Valdivia, Fiscal instructor de sumario, domiciliados en domicilio reservado, todos de la ciudad de Antofagasta.

Informa la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se funda en que con fecha 19 de junio de 2018, se dispone la instrucción de sumario administrativo en contra de la recurrente, por Decreto Nº 675/18, de la Corporación recurrida, por hechos que presuntivamente serían constitutivos de vulneración de derechos fundamentales, declarando ante el Fiscal instructor el 20 de junio pasado. Luego el 6 de julio de los corrientes el Fiscal decide la suspensión de sus funciones laborales, procediendo a la notificación al efecto.

Refiere que lo anterior corresponde a las únicas diligencias del referido sumario de las que ha tenido conocimiento, solicitando por escrito el 03 de agosto pasado a la Secretaria Ejecutiva de la Corporación que se le otorgaran copias simples del expediente del sumario, para los efectos de instar por su defensa, indicando que hasta la fecha de la interposición de la presente acción constitucional, 14 de agosto del año en curso, no ha obtenido respuesta alguna sobre la referida petición.

Expone que las únicas disposiciones legales que se refieren a la materia en comento son el artículo 72 de la Ley Nº19.072- Estatuto Docente y el D.S. N° 453, de 1993 del Ministerio de Educación. Por su parte, el inciso 1º y 2º del artículo 145 del D.S. N° 453, de 1992, de Educación, preceptúa que la causal señalada en la letra b) del artículo 144 sólo procede cuando se han probado fehacientemente las condiciones que en ella se establecen mediante sumario, y que para tales efectos, el jefe del departamento de administración de la Corporación Educacional ordenará que se practique un sumario, el que no podrá durar más de 20 días (artículo 133 de la Ley N° 18.883, Estatuto Funcionarios Municipales). Si a su término resultaren cargos éstos se notificarán personalmente al profesional de la educación quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para formular descargos y, con el mérito de ellos o del simple transcurso del tiempo si no se formularen, el funcionario antes mencionado resolverá absolviéndolo, ordenando que sea amonestado mediante constancia del hecho en la Hoja de Vida o solicitando a la autoridad respectiva que ponga término a la relación laboral. De esta forma, la aplicación de la causal establecida en el artículo 144 letra b) del reglamento, esto es, falta de probidad, conducta inmoral al profesional de la educación, sólo resulta procedente cuando dichos hechos O conductas se han acreditado a través de un sumario.

Expone que en el procedimiento sumarial, han transcurrido a la fecha de su interposición, 56 días corridos, sin que se le haya formulado cargo alguno y, pese a ello, ha sido suspendida de sus funciones, ignorando las razones o fundamento de lo mismo, dado que, la resolución que lo decretare, nada señala al respecto, siendo por tanto la tramitación del sumario seguido en su contra arbitrario e ilegal, afectando las normas del debido proceso.

Indica que la conducta de los recurridos al instruir un sumario administrativo, sin los fundamentos fácticos, sin cumplir los plazos y términos establecidos por la ley y la posterior suspensión de sus actividades laborales, mediante órganos disciplinarios que carecen de facultades legales para el efecto, constituye una infracción a la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, lo que constituye a su juicio un juzgamiento por una comisión especial, infringiendo el debido y justo proceso, solicitand0o en definitiva que se proceda al cierre de la investigación sumarial y se decrete el sobreseimiento o la resolución que proceda, conforme a derecho y que se deje sin efecto la suspensión de las funciones laborales de la recurrente, decretando que se reintegre a sus labores de inmediato, con costas.

SEGUNDO: Que informó Pablo Cornejo Castillo, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta y de nombre reservado Valdivia, solicitando el rechazo del presente recuro de protección, con costas. Fundado en que su interposición es extemporánea, ya que, si existiese un acto que pudiese conculcar las garantías invocadas por la recurrente, tal acto estaría constituido por la suspensión de funciones aplicada el 06 de julio de 2018 en virtud del sumario administrativo instruido en virtud de resolución N° 675/18 de 19 de junio de 2018, constando que el recurso fue interpuesto el 14 de agosto pasado, es decir, un mes y medio después de que la recurrente fuese notificada por el fiscal instructor de la medida preventiva de suspensión de funciones de la actora.

Expone que la Corporación recurrida decide instruir sumario administrativo mediante resolución N° 675/18 de fecha 19 de junio de 2018, al tomar conocimiento de la presunta existencia de hechos de acoso laboral por parte de la recurrente en contra de la docente nombre reservado a raíz de la denuncia efectuada por esta última ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta; unido a las denuncias efectuadas en contra de la Sra. nombre reservado por las funcionarias de la unidad educativa nombre reservado, nombre reservado y la propia actora, designando como fiscal instructor al director del Liceo Técnico de esta ciudad, nombre reservado Valdivia, enmarcándose por tanto dentro de la instrucción dada por su empleador, la que debe acatar y ejercer, de conformidad a la labor encomendada por su jefatura directa.

Explica que el marco normativo se encuentra establecido por la Ley N°19.070, Estatuto Docente, disponiendo en su artículo 72 la facultad de instruir sumarios administrativos, de conformidad a los artículos 127 a 143 de la Ley N°18.883, y de conformidad al Reglamento del Estatuto Docente, contendido en el Decreto Supremo N° 453 del año 1192, del Ministerio de Educación, de modo que cuenta la Corporación recurrida con las facultades legales para iniciar e instruir sumarios administrativos cuando existan hechos de relevancia que lo ameriten, habiendo sido dictada la resolución que instruye el sumario, dentro del ámbito de las facultades delegadas de la alcaldesa a la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Municipal, de conformidad a la instrucción en sesión extraordinaria del directorio de la recurrida de 29 de marzo pasado, de modo tal que no puede ser catalogado como un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente.

En cuanto al plazo de duración del sumario administrativo, señala que los plazos fijados es de días hábiles administrativos, de conformidad al artículo 25 de la Ley N°18.880, y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley N°18.883, los plazos de tramitación son de 20 días hábiles para la etapa de investigación, los que pueden ser prorrogables hasta por 60 días más, habiéndose constituido la fiscalía el 26 de junio de los corrientes y la etapa de investigación fue cerrada por el fiscal instructor el 17 de agosto de 2018, habiéndose extendido por tanto por 35 días hábiles, por el receso por vacaciones de invierno entre el 9 al 20 de julio y la prórroga solicitada por el fiscal instructor de 5 días hábiles, la que fue notificada mediante resolución N°1125/18 de 07 de agosto pasado. Luego, el 22 de agosto el fiscal decide formular cargos a la recurrente, la que le fuera notificada con igual fecha, presentando el 29 de agosto prorroga del periodo de prueba y sus descargos el 3 de septiembre de 2018 y el 10 de septiembre el fiscal instructor emite su informe final, el que fue entregado al día siguiente a la Corporación Municipal, el que actualmente se encuentra en análisis de la Secretaria Ejecutiva de la recurrida para emitir la resolución que establezca o no, la aplicación de sanción disciplinaria a la actora, indicando las razones que a su juicio justifican que la etapa indagatoria se haya extendido por más de 20 días hábiles.

Arguye que la suspensión de funciones de la recurrente se fundamenta en la letra a) del inciso 1º del artículo 134 de la Ley Nº 18.883, basado en que la sumariada en su calidad de directora de la Escuela F-60 ejerciera influencias y presiones indebidas de aquellos trabajadores de la unidad educativa sujetos a su dependencia y dirección que fueron testigos de los hechos denunciados en el sumario, como asimismo, evitar la ocultación o destrucción de todo antecedente que se encontrara en el establecimiento y que tuviera relación para la investigación sumarial y la continuidad de la medida una vez terminada la etapa indagatoria, se sustenta en que mientras se encuentre pendiente la decisión final del sumario administrativo, es conveniente para el resguardo del buen clima laboral mantener a la recurrente suspendida de sus funciones como directora de la Escuela F-60, en el entendido que es una medida razonable en su calidad de empleador asegure a los docentes del establecimiento el respeto de sus derechos fundamentales en virtud de los deberes legales contenidos en los artículos 184 del Código del Trabajo y 8º bis de la Ley Nº 19.070, encontrándose por tanto debidamente justificada en conformidad a la ley la medida de suspensión.

En cuanto a la garantía fundamental alegada por la contraria, indica que en ningún caso el fiscal instructor se ha arrogado facultades de un tribunal sin serlo, ejerciendo de hecho funciones que le corresponden a los Tribunales de Justicia, correspondiéndole solo un rol de investigador de los hechos que pueden ameritar la aplicación por parte del jefe de servicio de la correspondiente sanción disciplinaria, pues a pesar de que el fiscal al emitir su informe final indique la propuesta de sanción, es la Secretaria General Ejecutiva de la Corporación quien se encuentra facultada para aplicar o no una sanción disciplinaria a un profesional de la educación.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de los recurridos, que dice relación con la extemporaneidad en la interposición del presente recurso, el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone que "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

QUINTO: Que, sobre este punto se indica en el recurso de protección que la recurrente solicitó copias simples de lo obrado en el sumario administrativo, documento que cuenta con el timbre de la Corporación recurrida, de fecha 14 de agosto de 2018, y que habiendo interpuesto la presente acción constitucional con fecha 14 de agosto pasado, su interposición se encuentra contemplada dentro del plazo preceptuado en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que se rechaza esta alegación.

SEXTO: Que, en la especie, debe descartarse la pretendida ilegalidad en el actuar de los recurridos, ya que es el legislador quien entrega la facultad de iniciar e instruir sumarios administrativos cuando existan hechos que reviertan de gravedad, entidad y naturaleza que ameriten su esclarecimiento, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.070, Estatuto Docente, Reglamento del mismo, contenido en el Decreto Supremo N°453, de 1992 del Ministerio de Educación, que se remite a las normas contenidas en la Ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

SÉPTIMO: Que de los documentos acompañados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, consta que el sumario administrativo se inició por Resolución N°675/18, de fecha 19 de junio de 2018 fundada en las cartas que en ella se detallan y que se acompañan a estos antecedentes.

De consiguiente debe concluirse que no hay arbitrariedad en la decisión de la Corporación Municipal recurrida, ya que como se lee en la resolución señalada precedentemente, esta se encuentra sustentada en antecedentes objetivos previos, motivados y razonados.

OCTAVO: Que así las cosas debe, necesariamente concluirse, que los recurridos no se han constituido en una comisión especial juzgadora, sino que ha dado cumplimiento a su deber consagrado en la ley y que la etapa de investigación del sumario administrativo llevado en contra de la recurrente se enmarca dentro del plazo establecido por ley, habiendo solicitado el fiscal instructor la prórroga de la investigación fundado en la realización de nuevas diligencias, lo que fue resuelto mediante Resolución N°1125/18 de la Corporación Municipal recurrida favorablemente, por 5 días hábiles.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, señala la recurrente que en la “tramitación del procedimiento sumarial a que me encuentro afecta, es ilegal, arbitrario y violatorio de las mínimas normas del debido proceso”, pudiendo concluir de ello que alega como garantía constitucional vulnerada la del debido proceso, la que no se encuentra protegida por la presente acción cautelar, de tal modo que las alegaciones que se contienen en el recurso en relación a éste no pueden ser objeto de análisis y decisión en esta sede, rechazándose por tanto el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y en contra de nombre reservado Valdivia, en su calidad de fiscal instructor.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2332-2018 (PROTECCIÓN)