Protección contra Subsecretaria del Interior

Antofagasta, a veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, en beneficio -según el numeral 2° del Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, acta número 94/2015- de doña nombre reservado DNI N°V NUM000 de nacionalidad venezolana con domicilio en domicilio reservado, Región Antofagasta, e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaria del Interior, por no dar respuesta a la solicitud de regularización, enviada por medio de carta certificada, y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, solicitando se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por la recurrente, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, bajo el artículo 155 de la Ley N°21.325, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada de la recurrente.

La recurrida evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de Venezuela e ingresar por paso no habilitado, ya que su seguridad ha sido amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen, por lo que la actora tomó la difícil decisión de salir de su país de origen, lo que ocurrió el 6 de noviembre de 2021 y su posterior ingreso tuvo lugar el 12 de noviembre de ese año.

Explica que ya en territorio nacional, la recurrente luego de recabar información sobre cómo regularizar su situación y habiendo pasado por un largo proceso de regularización en el Servicio Nacional de Migraciones, el cual lamentablemente terminó negativamente, envió con fecha 2 de mayo de 2025 una carta certificada a la Oficina de la Subsecretaria del Interior, con dirección en domicilio reservado, para solicitar la regularización bajo el artículo 155 de la Ley 21.325, oportunidad en la que fue enviada toda la información junto a la mencionada carta de solicitud.

Añade que, hasta la fecha, la actora no ha vuelto a ser contactada por la autoridad y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inc. 1° de la Ley N°20.430.

Sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio de forma arbitraria, citando normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Constitución Política de la República, de la Ley N°20.430 y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de las Naciones Unidas, añadiendo que el artículo 27 de la Ley N°20.430 establece claramente que los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, por lo que no les corresponde a los funcionarios de las distintas Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones deliberar sobre la legitimidad o validez de los antecedentes expuestos por los solicitantes del trámite referido -acción con la que imposibilitan el inicio de la tramitación del procedimiento- siendo por el contrario sus únicas y precisas actuaciones válidas las de: 1°) proporcionar el formulario que deberá ser completado por el interesado, para 2°) formalizar de esa manera la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado quien pondera el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante y no los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones, citando jurisprudencia.

Reitera que en el caso sub-lite, si bien ese derecho ha podido ser ejercido por la actora, cuya manifestación de voluntad ha sido recibida por los organismos indicados, no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32 inc. 1°, de la Ley N°20.430, siendo lo anterior causal suficiente para la interposición del presente recurso, ya que la circunstancia referida vulnera la garantía constitucional establecida en el N°2 del art. 19 de la Constitución Política de la República, añadiendo que el proceder por parte de la Oficina de Migraciones, importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.

Sostiene que en la especie se cumplen las exigencias que permiten la procedencia del recurso de protección impetrado, habida consideración de que se han vulnerado -con la actuación de la recurrida- garantías constitucionales y derechos fundamentales de la recurrente.

Termina solicitando que la recurrida concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por la recurrente, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, bajo el artículo 155 de la Ley N°21.325, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada, de la recurrente, ya debidamente individualizada.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación del Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Primeramente, hace presente que la parte recurrente alude indistintamente a una solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 155 de la ley N°21.325, de Migración y Extranjería; y a una solicitud de determinación de la condición de refugiado, de conformidad a lo establecido en la Ley N°20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados.

Explica, que las dos solicitudes corresponden a mecanismos jurídicos diferentes e independientes entre sí, y se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico de manera diferenciada, pues, por una parte, la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, se realiza en virtud de una hipótesis de regularización migratoria proveniente de la potestad indelegable del Subsecretario del Interior de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios; según el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, mientras que la solicitud de determinación de la condición de refugiado se enmarca dentro de un proceso reglado regido por la Ley N°20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, y el Decreto Supremo N°837 de 2010 del Ministerio del Interior, que Aprueba Reglamento de la referida ley.

Destaca que los mecanismos mencionados presentan naturalezas jurídicas distintas, incluyendo métodos de substanciación del procedimiento, normas regulatorias y diferencias en los órganos competentes en su tramitación y resolución, por lo que, no obstante, la confusión de conceptos en el informe de la recurrente informará respecto de cada una de estas figuras de manera diferenciada, de conformidad a la ley.

Señala que, sobre la competencia del servicio nacional de migraciones para informar el caso de autos en lo relativo a la solicitud de refugio de la recurrente, la Ley N°20.430, y el Decreto Supremo N°837 de 2010, del Ministerio del Interior, regulan el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado, siendo un procedimiento complejo, que contempla una serie de etapas de análisis técnico y jurídico, así como la intervención de distintos servicios e instancias especialmente creadas por la ley al efecto y según dicha normativa, la tramitación de las solicitudes se inicia ante el Servicio Nacional de Migraciones, a quien le corresponde recibirlas y evaluar si cumplen con los requisitos formales exigidos por la ley N°20.430 y su reglamento para que se continúe con el procedimiento. Añade que se puede advertir que los hechos alegados se enmarcan durante la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el citado Servicio, etapa previa a la intervención que le corresponde conforme a la ley al Ministerio del Interior, cartera de Estado que debe pronunciarse fundadamente, a través de resolución del Subsecretario del Interior, respecto del otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de dicha condición, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (artículo 19 de la Ley N°20.430), por lo que no corresponde a esa Cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la acción en cuestión en lo relativo a una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, no obstante, que el artículo 43 de la Ley 19.880, dispone expresamente la declaración del abandono del procedimiento en caso de inactividad de un interesado por un plazo mayor a 30 días, mediando la debida advertencia de la administración y una nueva inactividad de 07 días y asimismo, según el artículo 40 de la Ley 19.880, la declaración de abandono generará la conclusión del procedimiento.

Luego se refirió a la normativa aplicable al caso concreto en cuanto a la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, destacando el artículo 24 de la Ley 21.325 en relación con el artículo 2 inciso 1 del Decreto Supremo N°296 de 2022, añadiendo que los extranjeros que solicitan la regularización de su condición migratoria o han ingresado irregularmente al territorio nacional o habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular, siendo la regularización migratoria en la actualidad una facultad de la autoridad y no una obligación.

Explica que la primera hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual es aquella referida en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8 de la Ley 21.325 los que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, hipótesis general aplicación con procesos reglados; mientras que la segunda hipótesis de regularización migratoria que contempla la norma es aquella del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325 que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer en casos excepcionales el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso.

Indica que es improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratoria efectuada por extranjeros al alero del artículo 155 N°8 de la Ley 21.325 ya que no existen procedimientos vigentes de general aplicación dispuestos por la autoridad para tales efectos.

Asevera que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario de la recurrente, está actualmente en tramitación en la Subsecretaría del Interior, y una vez concluida la tramitación de dicho acto será debidamente notificada la parte recurrente.

Seguidamente afirmó la impertinencia de la acción interpuesta al no existir motivos plausibles para litigar, al no existir una omisión arbitraria o ilegal, ya que el análisis exhaustivo está plenamente justificado, pues ello implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería; y asimismo, estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes mensuales de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por casos calificados o humanitarios.

Expresa que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma.

Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de dicho beneficio significa que la persona extranjera ha incurrido en una o más contravenciones a la normativa migratoria.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento del beneficio mediante una acción de protección.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, sin perjuicio que en pasajes del recurso se aludió a la Ley 20.430 -sin que se allegara antecedente alguno sobre alguna solicitud en el marco de dicha ley - lo cierto es que según se desprende de la parte petitoria del recurso, en que se solicita visa temporaria de refugio sobre la base de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 21.325, lo que se condice, asimismo, con la remisión de carta certificada dirigida por la actora a la Subsecretaría del Interior, quien tramita a la sazón la petición de la recurrente, es dable sentar que en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria extraordinaria de la recurrente del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, remitida con fecha 2 de mayo de 2025 a la Oficina de la Subsecretaría del Interior, atendido el tiempo transcurrido.

SEXTO: Que, de lo informado por la Subsecretaría del Interior, se desprende que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario de la recurrente, fue efectivamente recibida y se encuentra en actual tramitación.

SÉPTIMO: Que, teniendo presente la fecha de envío de la solicitud y habiendo transcurrido, a la sazón, alrededor de ocho meses, no se advierte la vulneración esgrimida en el recurso, por cuanto la tramitación de la solicitud, implica por parte de la recurrida el examen de todos los antecedentes de la solicitante, habida consideración que se trata de un permiso excepcional que permitirá regularizar la situación migratoria de extranjeros, que ingresaron por paso no habilitado o que si bien ingresaron de manera regular perdieron dicha condición, solo en la hipótesis de que se trate de casos calificados o humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, en los términos del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325.

OCTAVO: Que, no existiendo una demora significativa en el procedimiento seguido ante la Subsecretaría del Interior, y habiendo obrado ésta en el marco de sus facultades legales, lo que descarta una omisión ilegal o arbitraria, es que se rechazará el recurso interpuesto según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Franco Brunetti Arredondo, en favor de doña nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2325-2025 (Protección)