Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Antofagasta, a veinticinco de febrero del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Martina Andrea Araneda Ríos, abogada, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, en representación de nombre reservado, chilena, docente, domiciliada en domicilio reservado; quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por emitir la Resolución Exenta Nº NUM000 de fecha 01 de diciembre del 2025, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°: NUM001, NUM002, vulnerando sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando en primer lugar, que durante el año 2025, dedujo un recurso de protección anterior bajo el Rol 464-2025, también en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de otras licencias médicas vinculadas al mismo diagnóstico. En dicha oportunidad, la Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó la acción; sin embargo, la Excelentísima Corte Suprema revocó esa decisión con fecha 3 de septiembre del año en curso, ordenando que la COMPIN encargara un nuevo informe médico para determinar la procedencia del reposo indicado en esas licencias. En cumplimiento de dicho mandato, se practicó un peritaje psiquiátrico por la especialista nombre reservado, el cual concluyó expresamente que el reposo laboral se encontraba justificado conforme a los antecedentes clínicos recopilados.

Expone que las licencias que hoy se reclaman, rechazadas por la resolución impugnada, corresponden al mismo diagnóstico, son continuas y consecuenciales a las anteriormente cuestionadas, de modo que, a juicio de la recurrente, resulta contradictorio que, existiendo un peritaje ordenado por la Corte Suprema que valida la necesidad de reposo, la Superintendencia haya confirmado nuevamente su rechazo.

En cuanto a la situación clínica, detalla que durante los años 2023 y 2024 la recurrente comenzó a presentar graves afecciones psicológicas derivadas tanto de conflictos familiares como del ejercicio de su labor docente. Entre los síntomas descritos se encuentran pérdida de cabello, insomnio, temblores en las manos, cefaleas persistentes, pérdida de memoria, crisis de angustia y llanto, alteraciones de peso y desregulación emocional. Fue diagnosticada con episodio depresivo moderado, trastorno afectivo bipolar y trastorno de personalidad límite con descontrol de impulsos, sumado a un contexto de disfunción familiar y escasa red de apoyo, considerando además que es madre de una hija con hemangioma y un hijo con trastorno del espectro autista.

Indica que inició tratamiento psiquiátrico y psicoterapia, inicialmente derivada a COSAM Norte, pero debido a la insuficiencia de cupos debió continuar atención en el sistema privado, cuyos costos fueron asumidos por sus padres. Consta además antecedente de hospitalización psiquiátrica en 2019 tras intento suicida, lo que refuerza la gravedad del cuadro y la necesidad de reposo laboral.

Destaca que durante la etapa administrativa acompañó informes médicos complementarios de su psiquiatra y psicóloga tratante, entre ellos informe de julio de 2024 que señala que se estaba trabajando la parte cognitivo-conductual con miras a una eventual reintegración laboral en aproximadamente dos meses, así como certificados posteriores que acreditan adherencia farmacológica y la existencia de sintomatología depresiva significativa, agravada por dificultades económicas derivadas del no pago de las licencias médicas. Sostiene además que ni la COMPIN ni la Superintendencia ejercieron las facultades previstas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, tales como ordenar exámenes adicionales, interconsultas o visitas domiciliarias, omitiendo así medidas destinadas a resolver fundadamente la situación.

Sostiene que el acto impugnado configura ilegalidad y arbitrariedad. Ilegalidad, por infracción al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución y en la Ley N°18.575, así como por vulneración del deber de fundamentación establecido en el artículo 41 de la Ley N°19.880 y en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que exige dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la decisión. Afirma que la resolución recurrida se limita a señalar que no se acompañaron antecedentes que ameriten un nuevo estudio, sin hacerse cargo de los informes médicos aportados ni del peritaje ordenado por la Corte Suprema, incurriendo en una motivación meramente formal y genérica. Asimismo, denuncia infracción al inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880 por omitir indicar los recursos procedentes contra la resolución, órgano competente y plazo para interponerlos.

Argumenta además que el acto es arbitrario, en cuanto carece de razonabilidad y sustento lógico, desestimando el criterio médico de especialistas sin contar con un elemento técnico de contraste. Invoca abundante jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente aquella que exige a la autoridad administrativa un mínimo de diligencia, objetividad y exhaustividad cuando adopta decisiones que impactan gravemente en la vida y salud de las personas, señalando que la COMPIN y la Superintendencia se encuentran en posición idónea para recabar antecedentes adicionales y no pueden limitarse a rechazar formalmente las licencias.

Finalmente, sostiene que la resolución impugnada vulnera garantías constitucionales específicas. En primer lugar, el derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto la negativa de pago de las licencias agrava el cuadro psiquiátrico de la recurrente y la priva del reposo necesario para su recuperación. En segundo término, el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al privarla del subsidio por incapacidad laboral que forma parte de su patrimonio, afectando directamente su sustento y el de sus hijos.

Concluye solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, ordenar la autorización de las licencias médicas rechazadas y disponer el pago del subsidio correspondiente, o en subsidio ordenar la realización de diligencias dentro de plazo determinado para una nueva decisión fundada.

SEGUNDO: Que informa Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social, quien en primer lugar solicita que el recurso sea declarado improcedente, argumentando que la materia discutida dice relación con el derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra amparada por la acción cautelar del artículo 20.

Sostiene que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el eventual pago del subsidio por incapacidad laboral, son materias propias del sistema de seguridad social, reguladas por el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, el D.S. N°3 de 1984 y el DFL N°44 de 1978 del Ministerio del Trabajo, y que el constituyente excluyó expresamente esta garantía del ámbito de protección del recurso. En consecuencia, afirma que la acción resulta improcedente, por versar sobre una materia no incluida dentro del catálogo taxativo del artículo 20 de la Constitución.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, desarrollando extensamente el marco normativo aplicable. En cuanto a los antecedentes del caso, señala que la recurrente reclamó ante la Superintendencia el rechazo, por parte de la COMPIN de la Región de Antofagasta, de las licencias médicas N°NUM003, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 81 días a contar del 9 de octubre de 2024, por reposo no justificado.

Mediante Resolución Exenta N°NUM004, de 9 de junio de 2025, la Superintendencia confirmó el rechazo, concluyendo que los antecedentes médicos y administrativos no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 291 días de reposo previamente autorizados por la misma patología. Indicó que los informes médicos no daban cuenta de elementos psicopatológicos de gravedad, compromiso funcional relevante ni criterios de refractariedad del tratamiento que justificaran la prolongación del reposo. Tampoco se explicaba un plan terapéutico estructurado ni intervenciones orientadas a la reincorporación laboral.

Posteriormente, la recurrente solicitó reconsideración, la que fue rechazada por Resolución Exenta N°NUM005, de 29 de julio de 2025, reiterándose que los informes aportados no describían adecuadamente la evolución clínica, severidad del cuadro ni compromiso funcional, ni acreditaban beneficios clínicos derivados de la extensión del reposo.

Una nueva presentación fue efectuada en noviembre de 2025, la que dio lugar a la Resolución Exenta N°NUM000, de 1 de diciembre de 2025, declarando agotada la vía administrativa, al no concurrir los requisitos para un recurso de revisión extraordinario conforme a la Ley N°19.880.

Detalla además los antecedentes clínicos evaluados por médicos de la Superintendencia, especialmente dos informes de la especialista nombre reservado. En ellos se consigna que la recurrente, profesora de profesión, presenta diagnósticos de trastorno de la personalidad emocionalmente inestable y trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaníaco. Deja constancia de un reposo previo autorizado por 291 días, a continuación de permiso postnatal.

No obstante, se concluye que los informes médicos acompañados, muchos de ellos emitidos por médicos no especialistas, no describen adecuadamente elementos de severidad, tales como ideación suicida, delirios o compromiso funcional relevante; no detallan la temporalidad de los síntomas ni justifican la necesidad terapéutica de prolongar el reposo; y no acreditan un plan estructurado de tratamiento ni objetivos orientados a la reincorporación laboral.

Asimismo, si bien se acredita asistencia a psicoterapia en COSAM, los informes no describen metas ni logros del proceso terapéutico.

La Superintendencia sostiene que la actuación administrativa se ajustó plenamente a derecho, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N°16.395, que la erige como autoridad técnica de fiscalización en materias de seguridad social, con competencia para interpretar la normativa y supervigilar la correcta administración del derecho a licencia médica.

Afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, pues las resoluciones se encuentran debidamente fundadas en antecedentes médicos objetivos y en la normativa vigente.

Añade que el derecho a licencia médica no constituye un derecho indubitado o preexistente, sino eventual, sujeto a la autorización del organismo competente.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, descarta vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N°1, señalando que el rechazo de la licencia no impide el acceso a tratamientos médicos ni atención de salud, limitándose a determinar que el reposo no se encuentra médicamente justificado para efectos previsionales. Igualmente, rechaza la alegación de vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, sosteniendo que el subsidio por incapacidad laboral es un derecho eventual que solo nace con la autorización válida de la licencia médica, lo que en la especie no ocurrió.

Finalmente, invoca jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Talca, que han rechazado recursos de protección en casos análogos, señalando que la sola emisión de una licencia médica no genera automáticamente el derecho al subsidio, y que la autoridad administrativa puede rechazarla cuando no se cumplen los requisitos clínicos y reglamentarios.

Concluye solicitando que se declare improcedente el recurso por versar sobre materias de seguridad social no amparadas por el artículo 20 de la Constitución y, en subsidio, que se rechace en todas sus partes por no existir ilegalidad, arbitrariedad ni vulneración de garantías fundamentales, con costas.

TERCERO: Que, informa nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (COMPIN), quien en primer lugar señala que la recurrente se encuentra afiliada al sistema público de salud FONASA y que las licencias cuestionadas corresponden a dos licencias médicas consecutivas, de 21 y 30 días de reposo, emitidas en noviembre de 2024.

Indica que las licencias médicas discutidas en este recurso y tramitadas por dicha Comisión corresponden a dos formularios específicos: la licencia N° NUM001, extendida entre el 08 de noviembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2024, por 21 días, y la licencia N° NUM002, extendida entre el 29 de noviembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2024, por 30 días. Ambas fueron emitidas por diagnóstico psiquiátrico, descrito como “Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable”, y ambas fueron finalmente rechazadas.

Luego, desarrolla una reseña de la tramitación y trazabilidad de las licencias de la recurrente, señalando que para resolver el caso se revisaron antecedentes médicos y técnico-administrativos.

En esa línea, explica primero su rol institucional como órgano técnico fiscalizador y garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, invocando como respaldo normativo el D.S. N° 3 de 1984 del MINSAL (Reglamento de autorización de licencias médicas) y el Decreto N° 7 de 2013 del MINSAL sobre guías clínicas referenciales y antecedentes exigibles para sustentar licencias, especialmente en salud mental. A partir de esa revisión, COMPIN expone que la recurrente presenta historial de licencias médicas desde 2019 a 2025, en períodos discontinuos y por diversas patologías; que durante 2022 tramitó 9 licencias por 69 días de reposo discontinuo; y que desde el 06 de febrero de 2023 inició un reposo médico ininterrumpido, primero por licencias maternales, continuando luego del postnatal parental con licencias de índole psiquiátrica desde el 23 de agosto de 2023 hasta el 28 de diciembre de 2024, acumulando 732 días de reposo continuo, de los cuales en primera instancia se habrían autorizado 651 días, predominando diagnósticos como episodio depresivo moderado, trastornos del ánimo y trastorno de personalidad emocionalmente inestable.

Bajo ese marco, precisa que las licencias de folio NUM001 y NUM002 fueron rechazadas en primera instancia por la causal de “sin causa médica que justifique el reposo, reposo prolongado para patología”. No obstante la recurrente dedujo recurso de reposición respecto de ambas licencias y acompañó, como nuevos antecedentes, un informe médico de la Dra. nombre reservado de fecha 01 de octubre de 2024, un informe del psiquiatra Dr. nombre reservado de fecha 19 de diciembre de 2024, además de carné de control de COSAM y comprobantes de citación. Sin embargo, la Contraloría Médica de COMPIN concluyó que dichos antecedentes no justificaban la continuidad del reposo, indicando, en síntesis, que los informes no describían adecuadamente la evolución clínica, no daban cuenta de ajustes en el tratamiento psicofarmacológico, y carecían de un pronóstico claro o de elementos que permitieran evaluar la recuperabilidad, razón por la cual se mantuvo el rechazo por la causal de reposo no justificado.

Destaca además que, conforme al artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, se pueden adoptar medidas para una mejor resolución, como solicitar informes complementarios al profesional tratante, y sostiene que, precisamente, durante la tramitación se requirieron antecedentes médicos al tratante para respaldar la continuidad del reposo, enmarcando aquello en las facultades reglamentarias previstas.

A continuación, incorpora un apartado relativo a las actuaciones de la SUSESO en sede de reclamación, señalando que la recurrente también reclamó ante la Superintendencia respecto de rechazos previos y que, en ese contexto, se emitieron resoluciones relevantes. En primer término, cita una Resolución Exenta de 13 de diciembre de 2024 (N° NUM006), donde SUSESO habría confirmado el rechazo de un conjunto de licencias por un total de 150 días, argumentando que los antecedentes evaluados no permitían establecer incapacidad laboral más allá de un cierto umbral de reposo ya autorizado por la misma patología, y destacando la falta de elementos como disfuncionalidad debidamente descrita, ajustes terapéuticos progresivos y psicoterapia con informes de proceso o evaluación de especialista. Luego, menciona una Resolución Exenta de 20 de febrero de 2025 (N° NUM007), por la cual SUSESO reconsidera parcialmente, instruye autorizar una de las licencias reclamadas, pero mantiene el rechazo de otras, sosteniendo que no se justificaba prolongar el reposo más allá del período considerado suficiente para la resolución del cuadro y reintegro laboral, agregando que los informes complementarios no detallaban adecuadamente con fechas específicas la evolución psicopatológica, psicofarmacológica y el impacto funcional.

Con base a dichos antecedentes administrativo, afirma expresamente que la SUSESO confirma lo resuelto por COMPIN en relación con el rechazo de las licencias folio N° NUM001 y N° NUM002, que son precisamente las discutidas en el recurso Rol 2322-2025.

Hace presente que la misma recurrente interpuso ante la Corte un Recurso de Protección Rol 464-2025 contra SUSESO, referido a licencias de un período próximo; que en primera instancia dicha acción fue rechazada sin costas; pero que posteriormente, al conocer la apelación, la Excma. Corte Suprema instruyó, a través de SUSESO, que COMPIN evacuara un nuevo informe médico “suficientemente fundado”, al amparo del artículo 21 del D.S. N°3, a fin de que SUSESO pudiera pronunciarse nuevamente. En cumplimiento de aquello, se habría remitido un peritaje médico de 8 de octubre de 2025, tras lo cual SUSESO dictó resolución de 27 de octubre de 2025 (NUM008), dejando constancia de que, sobre la base de ese peritaje, se estimó procedente autorizar reposos que previamente habían sido rechazados, describiéndose un cuadro depresivo con sintomatología ansiosa y afectiva moderada en contexto de trastorno límite de la personalidad, con reagudización emocional, ajustes farmacológicos y contención psicoterapéutica, estimándose que el reposo era necesario para evitar agravamiento y favorecer la recuperación. COMPIN indica que dio cumplimiento a esa instrucción y que se autorizaron las licencias señaladas por SUSESO.

No obstante, realiza una distinción, señala que, aun cuando ese peritaje justificaba reposo en el período específico evaluado, no resultaría aplicable a reposos posteriores, especialmente atendido el prolongado período de licencias ya autorizadas por patologías de salud mental, lo que sirve como fundamento para mantener criterios de restricción ante extensiones sucesivas.

Refiere que con fecha 3 de diciembre de 2025 se rechazaron tres licencias médicas de la recurrente (folios NUM009, NUM010 y NUM003) por la causal de incumplimiento de reposo, específicamente por salidas del país durante el período de licencia, fundándose en cruces de información y fiscalización asociados a un informe identificado como CIC NUM011 CGR y oficios/ordinarios de SUSESO, los cuales, según informa, constituirían antecedente suficiente para tener por acreditada la causal de rechazo invocada.

Sostiene haber cumplido estrictamente los plazos y reglas del procedimiento, apoyándose principalmente en el D.S. Nº3 de 1984. Refiere que la licencia médica es un derecho para ausentarse del trabajo por indicación profesional, pero de naturaleza temporal y orientada a la recuperabilidad y reinserción laboral, sosteniendo que la prórroga continuada puede desvirtuar su finalidad. Añade referencias a la Circular N° 3751 de SUSESO de 27 de junio de 2023 sobre procedencia y requisitos de reposiciones ante COMPIN y reclamaciones ante SUSESO, enfatizando la necesidad de acompañar nuevos antecedentes. Finalmente, desarrolla con mayor énfasis el Decreto N° 7 de 2013 y su guía para patologías mentales, destacando que reposos superiores a 60 días, prorrogables hasta 180, deben ser otorgados por psiquiatra, con informe de peritaje, y que se excluye el trastorno de personalidad como diagnóstico principal para ciertos supuestos de extensión, concluyendo que en el caso revisado no se cumplirían dichas exigencias técnicas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en primer lugar, corresponde emitir pronunciamiento sobre la alegación por parte de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a la improcedencia del presente arbitrio, por tratarse éste de las materias contenidas en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política; rechazando desde luego tal aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada que en ella fluyen como garantías infringidas aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, están comprendidas en el amparo de la acción constitucional de protección en comento.

SÉPTIMO: Que, para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”.

En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A su turno, el artículo 16 del referido Decreto con Fuerza de Ley dispone que, “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Por lo tanto, es menester exigir de la resolución que resuelve la reconsideración solicitada por la actora una fundamentación que se haga cargo del fondo de las causales de rechazo de las licencias, debiendo para ello desarrollar un análisis de los antecedentes de salud del recurrente y evaluar nuevamente, si fuera necesario, tal condición a fin de adoptar una decisión basada en criterios tanto objetivos como subjetivos.

OCTAVO: Que, en la especie, de los hechos que fundan la acción y de los documentos acompañados, se desprende que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia corresponde al rechazo de las licencias médicas con el objeto de que se ordene a la recurrida dejar sin efecto las resoluciones de la recurrida se aprueben las mencionadas licencias médicas, y en definitiva se pague por el órgano correspondiente los subsidios laborales a los que tiene derecho por incapacidad laboral.

NOVENO: Que, la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social a la hora de desestimar la reclamación de la actora y confirmar el rechazo de las licencias médicas, obedece a que, en los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer que la dolencia en cuestión no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 651 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Para arribar a tal conclusión, la recurrida se basa en que los informes no acreditan una evolución clínica ni un tratamiento proporcional que justifique la prolongación del reposo. No se identifica un rol terapéutico efectivo del reposo, considerando su duración acumulada y la ausencia de intervenciones orientadas a la recuperación funcional.

DÉCIMO: Que, tal como se ha venido razonando, del expediente administrativo en cuestión, si bien contiene el historial clínico de la actora; maestro de licencias médicas; cartolas médicas; y, la propia resolución exenta que por este acto se impugna y que decidió confirmar el rechazo de las licencias médicas, es posible determinar que la recurrida arribó a esa conclusión, sólo con un estudio documental de los antecedentes que el propio recurrente acompañó en el proceso, refiriéndose de forma escueta a los resultados y anotaciones meramente descriptivas. En este sentido, se observa que la decisión adoptada por la Superintendencia no se apoya en la conclusión de algún informe médico emitido luego de realizar un análisis clínico del recurrente, por lo que aquella carencia la priva de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley N°19.880, ya citado, y la normativa sectorial, sin que sea dable discernir que aquélla se baste a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual la recurrente no necesitaba días para recuperar su salud.

UNDÉCIMO: Que, en todo caso, la COMPIN directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo que fue omitido injustificadamente en el actual litigio.

En la misma línea, el artículo 16 de la Ley N°16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que rige la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud del recurrente, máxime cuando el informe evacuado en autos no aportó nada en dicho sentido.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

DÉCIMO TERCERO: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativo especialista, sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimidas por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de lo razonado, el actuar de la SUSESO, evidentemente amenaza el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le podría corresponder por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Martina Andrea Araneda Ríos, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto, la recurrida deberá ordenar la práctica por la COMPIN respectiva, de un peritaje médico al recurrente, que se pronuncie acerca de las patologías de que se trata y de una eventual necesidad de reposo, luego de lo cual la COMPIN indicada deberá pronunciarse nuevamente acerca de la aceptación o rechazo de las referidas licencias médicas, debiendo expresar en detalle las razones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2322-2025 (Protección)