Protección contra establecimiento educacional nombre reservado

Antofagasta, treinta de enero de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de don Jorge Roberto Gutiérrez Muñoz, abogado, en representación de doña nombre reservado, administrativa, y de don nombre reservado, médico, ambos con domicilio en domicilio reservado; en favor de su hijo nombre reservado, quien en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la República, dedujo recurso de protección en contra del establecimiento educacional nombre reservado, representado por su rectora doña nombre reservado, por la vulneración a los artículos 19 N°1, N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, en virtud del acto u omisión arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de la medida de no renovación de matrícula del alumno para el año 2026 y la ratificación de dicha sanción, solicitando a esta Corte declarar admisible el recurso, anular el procedimiento sancionatorio y dejar sin efecto las resoluciones de fechas 13 y 27 de noviembre de 2025, restableciendo el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas. Informó don José Monrroy Licuime, abogado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. Informó al tenor del recurso la Superintendencia de Educación, evacuando su informe. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción indicando que el niño de autos, quien cursó el séptimo año básico Japón en el colegio recurrido durante el año 2025, es alumno regular desde Kínder y cuenta con un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) desde el año 2021, condición que es de pleno conocimiento del establecimiento educacional. Indican los actores que el actuar del colegio ha sido arbitrario e ilegal, comenzando con una “Carta de Condicionalidad” impuesta en julio de 2025 tras una denuncia de ciberbullying. Alegan que dicha medida se fundamentó erróneamente en el Reglamento Interno del año 2024, pese a que el Reglamento de 2025 ya se encontraba vigente desde marzo de ese año. Agregan que en dicha instancia se vulneró el principio non bis in idem al imponer una doble sanción por un mismo hecho: por un lado, la condicionalidad de matrícula y, adicionalmente, la prohibición de representar al colegio en actividades deportivas o curriculares, sin otorgarles en esa oportunidad la posibilidad de impugnar dicha decisión a través de un recurso de reconsideración. Respecto a los hechos que motivan la sanción actual, exponen que con fecha 5 de noviembre de 2025, tras una clase de deportes, el alumno ingresó al baño y, en un acto que describen como una broma sin la intención de causar daño, bajó los pantalones y ropa interior a un compañero nombre reservado. A raíz de esto, el Comité Extraordinario de Disciplina y Convivencia Escolar resolvió la medida de no renovación de matrícula para el año 2026, argumentando la reiteración de conductas inapropiadas, la afectación al compañero y el incumplimiento de compromisos previos. Alegan que presentaron un recurso de reconsideración el 20 de noviembre de 2025, acompañando un certificado médico del neurólogo tratante, Dr. nombre reservado, quien explicó que la conducta fue un acto de impulsividad propio de su diagnóstico de TDAH y una broma inmadura desprovista de connotación sexual maliciosa. Sin embargo, la Rectora ratificó la medida el 27 de noviembre de 2025, desestimando los antecedentes médicos y sin considerar que el colegio incumplió su propio compromiso de brindar acompañamiento psicológico previo al menor, el cual había sido acordado en la carta de condicionalidad de julio y nunca se materializó. Añaden que el actuar de la recurrida vulnera el principio de igualdad ante la ley, denunciando que el alumno ha sido víctima de ataques discriminatorios y xenófobos por parte de sus compañeros —incluyendo al mismo alumno involucrado en los hechos de julio—, quienes lo han tratado de “negro colombiano, ándate a tu país”. Afirman que, a pesar de estar en conocimiento de estos hechos, el colegio no activó ningún protocolo ni realizó investigación alguna para proteger a su hijo, demostrando un trato discriminatorio y desigual al perseguir con rigor las faltas de nombre reservado, pero ignorando las agresiones sufridas por él. En consecuencia, denuncian la conculcación de las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, alegando una afectación a la integridad psíquica del menor y sus padres por la incertidumbre escolar y el trato recibido; del artículo 19 N°2, por la discriminación arbitraria y la falta de aplicación de la Ley de Inclusión Escolar que prohíbe cancelar matrícula por motivos vinculados a necesidades educativas especiales; y del artículo 19 N°3, acusando la falta de un debido proceso racional y justo, al ser juzgado por comisiones especiales que no consideraron atenuantes como las disculpas públicas del menor, no respetaron la gradualidad de las sanciones y aplicaron reglamentos no vigentes. Por lo expuesto, solicitan a esta Corte declarar admisible el recurso y anular el procedimiento sancionatorio, dejando sin efecto las resoluciones de 13 y 27 de noviembre de 2025 que decretan la no renovación de matrícula, restableciendo el imperio del derecho por ser dichas medidas desproporcionadas, ilegales y arbitrarias, todo con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que, don José Monrroy Licuime, abogado, evacuando el informe requerido en representación de nombre reservado, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas. Primeramente, alega la improcedencia de la acción, sosteniendo que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión de las decisiones disciplinarias adoptadas por los establecimientos educacionales en ejercicio de su autonomía y libertad de enseñanza. Argumenta que la discusión sobre la correcta aplicación del Reglamento Interno y sus protocolos es materia de competencia exclusiva y especializada de la Superintendencia de Educación, existiendo por tanto una vía administrativa idónea para resolver la controversia, careciendo esta Corte de competencia para evaluar el mérito técnico de procedimientos pedagógicos. Asimismo, plantea la extemporaneidad de las alegaciones referidas a la carta de condicionalidad de julio de 2025 y al historial conductual del alumno, por cuanto dichos actos y medidas fueron conocidos, aceptados y suscritos por los recurrentes hace más de treinta días, encontrándose firmes y no pudiendo ser revividos artificialmente en esta sede para justificar la impugnación de la medida actual. Respecto al fondo del asunto y los hechos que motivaron la medida de no renovación de matrícula, relata que con fecha 4 de noviembre de 2025, en los baños del establecimiento, el alumno nombre reservado, sin mediar provocación, bajó los pantalones y la ropa interior al estudiante nombre reservado, dejando expuestas sus partes íntimas frente a otros compañeros. Afirma que, tras activar el protocolo de violencia escolar e indagar los hechos, el propio alumno reconoció la autoría de la conducta, calificándola como una “broma” realizada “de la nada”, demostrando indiferencia frente a la afectación emocional causada a la víctima. Sostiene la recurrida que el Comité Extraordinario de Disciplina, tras ponderar los antecedentes, calificó el hecho como una falta gravísima que vulnera la integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad, considerando especialmente la agravante de reiteración para la determinación de la sanción, toda vez que el alumno ya contaba con una carta de condicionalidad vigente desde julio de 2025 por hechos de ciberacoso previos, habiendo incumplido los compromisos de mejora conductual adquiridos junto a sus padres. En cuanto a las alegaciones sobre el diagnóstico de TDAH del alumno, el colegio argumenta que la condición médica no constituye una eximente de responsabilidad para actos de violencia que vulneran los derechos de terceros, ni obliga a la comunidad escolar a tolerar agresiones físicas o sexuales bajo el pretexto de la impulsividad. Respecto a la supuesta discriminación y xenofobia alegada por los recurrentes, descarta tales acusaciones señalando que se refieren a hechos pretéritos y descontextualizados, utilizados instrumentalmente para desviar la atención de la falta gravísima cometida por el alumno. Finalmente, asegura que el procedimiento se ajustó estrictamente al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y a la normativa educacional vigente, garantizando el debido proceso, el derecho a ser oído y la posibilidad de impugnar la decisión, la cual fue ratificada fundadamente por la Rectora tras evaluar los descargos, concluyendo que la gravedad de los hechos y el riesgo para la convivencia escolar hacían insostenible la continuidad del alumno. Por lo expuesto, descarta la existencia de cualquier acto arbitrario o ilegal y solicita el rechazo de la acción deducida, por no existir vulneración de garantías constitucionales, con costas. TERCERO: Que, requerida al efecto, por la Superintendencia de Educación informó al tenor del recurso don nombre reservado, Encargado Regional de la Unidad de Derechos Educacionales, señalando en cuanto a sus facultades legales, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N.° 20.529, le corresponde de manera exclusiva y excluyente fiscalizar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional, así como formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o infracciones a dicha normativa, o de los que tome conocimiento por vía de denuncias del público. En relación con el caso en cuestión y las alegaciones vertidas por la parte recurrente respecto a la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), el organismo fiscalizador hace presente que el artículo 46 letra f) del DFL N.° 2 de 2009 del Ministerio de Educación, impone a los establecimientos la obligación de contar con un reglamento que regule las relaciones de la comunidad escolar, incorporando protocolos de actuación y medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la cancelación de matrícula. Asimismo, destaca que conforme al artículo 50 del mismo cuerpo legal, y a las instrucciones impartidas en la Circular N.° 482 de 2018 sobre reglamentos internos y la Circular N.° 586 sobre inclusión, corresponde a esta Superintendencia la revisión técnica de la legalidad de dichos reglamentos y la verificación de que, en la aplicación de sanciones, se haya garantizado el debido proceso y el respeto a la normativa de inclusión escolar. En este sentido, informa que cuenta con las competencias técnicas y los procedimientos administrativos sancionatorios idóneos para determinar si en el procedimiento disciplinario llevado a cabo contra el alumno nombre reservado se respetaron las garantías procedimentales, si el reglamento aplicado se encontraba vigente y si las medidas adoptadas se ajustan a los principios de proporcionalidad y no discriminación establecidos en la Ley de Inclusión Escolar y la Ley de Aula Segura, materias que, por su naturaleza de lato conocimiento y especialidad técnica, son propias de la sede administrativa que dicho servicio encabeza. En cuanto a las gestiones realizadas por la Superintendencia, informa que, una vez recibida la resolución de esta Corte, se procedió a revisar el sistema de registro de requerimientos, constatándose que no existen requerimientos asociados al hecho objeto del Recurso. Sin perjuicio de lo señalado, conforme a la Resolución Exenta N.° NUM000 de 2024, del Superintendente de Educación, se ingresa una denuncia de oficio asignándose N.° NUM001, y se procedió a solicitar informe al establecimiento educacional respecto al hecho objeto del Recurso. Luego, con fecha 12 de enero de 2026, mediante correo electrónico, la profesional de gestión de la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación procedió a solicitar un informe al establecimiento educacional respecto a los hechos informados. Agrega que, a partir de la revisión de la documentación acompañada por el establecimiento, el Encargado de la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales determinará si es necesario iniciar un procedimiento de fiscalización, precisando que, sin perjuicio de poder imponer sanciones administrativas ante eventuales infracciones, dicho organismo carece de facultades para ordenar la reincorporación de un estudiante a un establecimiento educacional o dejar sin efecto la medida disciplinaria aplicada al estudiante. CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SEXTO: Que, conforme las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados a sus presentaciones, la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en la conducta atribuida por la recurrente al establecimiento educacional, respecto del alumno de séptimo año básico nombre reservado, consistente en la aplicación de la medida de no renovación de matrícula del alumno para el año 2026 y la ratificación de dicha sanción, al atribuirle haber incurrido el estudiante en conductas calificadas como faltas gravísimas en el reglamento interno del establecimiento educacional. SÉPTIMO: Que, en ese contexto, el análisis de la arbitrariedad o ilegalidad de la decisión debe descansar precisamente en las prerrogativas y los límites que dichas facultades encuentran a la luz de las disposiciones que regulan la actividad educacional en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo la recurrida necesariamente sujetar su actuar a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N.° 2 del Ministerio de Educación del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación N.° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N.° 1 de 2005, la que, en lo pertinente, en su artículo 46 letra f), señala como requisito para los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media: “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”. A su vez, en el caso de marras, resulta pertinente considerar lo dispuesto en la letra d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N.° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que a su vez fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N.° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, y las modificaciones introducidas por la Ley N.° 20.845 sobre inclusión escolar, eliminación del financiamiento compartido y prohibición del lucro en establecimientos educacionales y por la Ley de Aula Segura N.° 21.128, que establece, en lo pertinente: “Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación (…) Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento (…) Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional (…) Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que el o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.”. OCTAVO: Que, previo a analizar la legalidad de la sanción impuesta, resulta indispensable establecer el presupuesto fáctico sobre el cual descansa la decisión del establecimiento recurrido, advirtiéndose de los antecedentes que obran en la causa que los hechos que motivaron la medida disciplinaria no han sido controvertidos en su materialidad por la parte recurrente. En efecto, los propios apoderados reconocen en su libelo que, con fecha 5 de noviembre de 2025 el alumno ingresó al baño y bajó los pantalones y ropa interior a un compañero nombre reservado, exponiendo su intimidad frente a terceros. Asimismo, es un hecho pacífico que el alumno nombre reservado no contaba con una irreprochable conducta, sino que, por el contrario, mantenía una situación de condicionalidad de matrícula vigente desde julio de 2025, medida disciplinaria que fue debidamente notificada, conocida y suscrita por los apoderados en su oportunidad. Dicha condicionalidad, impuesta a raíz de conductas previas de acoso escolar (ciberbullying) calificadas como graves y gravísimas, imponía al estudiante y a su familia un deber reforzado de cumplimiento de las normas de convivencia, estableciendo expresamente que la reiteración de faltas de similar entidad habilitaría al colegio para revisar su continuidad, compromiso que fue aceptado por los padres y que, al momento de los nuevos hechos, se encontraba plenamente vigente y en etapa de observación. En consecuencia, mal pueden los recurrentes alegar desconocimiento o sorpresa frente a la medida impuesta, cuando la situación conductual del alumno pendía de un compromiso estricto de no reiteración que finalmente resultó incumplido. NOVENO: Que, en cuanto a la ponderación de la gravedad de los hechos y su adecuación a la hipótesis normativa, la conducta desplegada por el alumno el 5 de noviembre de 2025 reviste una entidad tal que justifica plenamente la aplicación de la máxima sanción reglamentaria.

De esta forma, el acto de bajar los pantalones y la ropa interior a un compañero en un espacio de intimidad como los baños, exponiendo sus genitales ante otros pares, no puede ser calificado como una mera “broma” o acto de impulsividad excusable, como pretenden los recurrentes, sino que constituye una agresión directa a la indemnidad sexual, intimidad y a la dignidad del estudiante afectado, conducta tipificada expresamente en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) como una falta gravísima. En efecto, el reglamento define como tal aquellas conductas que “atentan contra la integridad física y psicológica propia o de los otros miembros de la comunidad educativa”, incluyendo específicamente la agresión que provoque alto compromiso personal. Al respecto, la medida de no renovación de matrícula adoptada por el Comité de Disciplina se ajusta estrictamente al principio de proporcionalidad y a la normativa educacional vigente, toda vez que la Ley de Aula Segura y la Ley General de Educación facultan a los directores para cancelar la matrícula cuando las conductas afecten gravemente la convivencia escolar. A mayor abundamiento, concurre en la especie la circunstancia agravante de reiteración, prevista en el propio reglamento, dado que el alumno, estando condicional, reincidió en actos que vulneran los derechos de sus compañeros, demostrando que las medidas formativas y de acompañamiento previas resultaron insuficientes para corregir su actuar, haciendo insostenible su permanencia en la comunidad educativa sin poner en riesgo el bienestar de los demás estudiantes. DÉCIMO: Que, finalmente, respecto a la supuesta vulneración del debido proceso, del mérito de los antecedentes se desprende que el establecimiento recurrido dio estricto cumplimiento al procedimiento interno establecido en su Reglamento de Convivencia y a los protocolos de actuación frente a violencia escolar exigidos por la autoridad. Consta en autos que, tras la denuncia de los hechos, se activó el protocolo correspondiente, notificando oportunamente a los apoderados del alumno investigado, garantizando su derecho a ser oídos mediante entrevistas personales tanto al estudiante como a sus padres, quienes pudieron exponer su versión de los hechos. La decisión no fue adoptada de manera unilateral o caprichosa, sino que emanó del Comité Extraordinario de Disciplina y Convivencia Escolar, órgano colegiado el cual, tras ponderar los antecedentes, emitió una resolución fundada con fecha 13 de noviembre de 2025. Asimismo, se garantizó el derecho a la impugnación, permitiendo a la parte recurrente presentar una solicitud de reconsideración, la cual fue analizada y respondida motivadamente por la Rectora del establecimiento el 27 de noviembre de 2025. De este modo, se cumplieron las etapas de indagación, formulación de cargos, descargos y revisión exigidas por el artículo 50 del DFL N.° 2 de 2009 y la Circular N.° 482 de la Superintendencia de Educación, sin que la disconformidad de los apoderados con el resultado del proceso disciplinario constituya una ilegalidad o arbitrariedad susceptible de tutela constitucional. UNDÉCIMO: Que, respecto de la alegación vertida por la parte recurrente en cuanto a que la conducta del alumno estaría justificada o atenuada por su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), esta Corte estima que dichos antecedentes clínicos, si bien contextualizan la situación personal del estudiante, no pueden erigirse como una carta de inmunidad que le exima de responsabilidad frente a actos que vulneran gravemente la dignidad e indemnidad de otros miembros de la comunidad educativa. Lo contrario implicaría normalizar la violencia y trasladar injustamente la carga de soportar dichas agresiones a las víctimas, desvirtuando el deber de garante que le asiste al sostenedor respecto a la integridad física y psíquica del alumnado en su conjunto. En efecto, el deber del establecimiento educacional no se agota en la inclusión del estudiante con necesidades educativas especiales, sino que debe necesariamente ponderar y equilibrar dicho interés individual con la obligación superior de resguardar el bienestar común y la seguridad de todos los integrantes del colegio. Por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la medida adoptada por la recurrida, sino que esta responde al imperativo legal de asegurar un ambiente libre de violencia y riesgos, concluyéndose que, frente a la colisión de derechos, la protección de la convivencia escolar y la dignidad de la víctima deben primar por sobre el interés individual de mantener la matrícula del estudiante por quien se recurre. DUODECIMO: Que, en todo caso, el recurso se dirige en su mayor parte a atacar la resolución que dispuso la condicionalidad, resolución no revisable por esta vía por el tiempo transcurrido desde ella y desde su notificación y hasta la presentación del recurso. DECIMOTERCERO: Que en cuanto a la alegación realizada en orden a que no procede la expulsión del estudiante, atendida su condición, lo cierto es que lo prohibido es la exclusión en virtud de su condición o características, por ser aquello discriminación, más no la comisión de hechos concretos como ocurre en el presente caso, por lo que no existe ilegalidad en lo resuelto. DECIMOCUARTO: Que, por todo lo anterior, se procederá a rechazar el recurso, sin costas por estimar mérito para litigar. DECIMOQUINTO: Que, por último, caber tener presente que no resulta procedente resolver por ésta vía conflictos cuya revisión tiene procedimiento reglado, como en este caso, en que la ley entrega el conocimiento de los conflictos surgido de las materias relacionadas con la aplicación, cumplimiento o eventual infracción de los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar, sus protocolos o procedimientos disciplinarios la Superintendencia de Educación, órgano facultado por la ley para fiscalizar, instruir y sancionar las infracciones que pudieren derivar de la aplicación de dichas normas internas en los establecimientos educacionales, como por lo demás ocurre ya en la especie conforme informa dicho servicio. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Jorge Roberto Gutiérrez Muñoz, en representación de nombre reservado y nombre reservado, ambos en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado. Con motivo de la entrada en vigor del Acta 164-2024 de la Excma. Corte Suprema, se indica que la presente sentencia cumple con el presupuesto de anonimización, aplíquense los correspondientes efectos informáticos. Regístrese y comuníquese. Rol 2314-2025(Protección)