nombre reservado con SERVICIO DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, médico, interponiendo recurso de protección a su favor, contra el Servicio de Salud Antofagasta, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por descuentos a su remuneración del mes de noviembre de 2025, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de la vida e integridad física y derecho de propiedad, garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°1 y 24 respectivamente.

Informa el recurrido, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción exponiendo que desde julio del año 2018 se desempeña como funcionaria a contrata del Servicio de Salud de Antofagasta, como médico cirujano bajo el régimen de la Ley N°19.664, esto es, como profesional funcionario.

Refiere que, en su liquidación de remuneraciones del mes de noviembre del año 2025, el Servicio recurrido efectuó un descuento por la suma de $2.712.273 bajo el concepto de restitución de licencias médicas rechazadas, resultando sus haberes totales en dicho mes $3.760.934. Con ello, el descuento aplicado representa aproximadamente el 72% de su remuneración total.

Afirma que tomó conocimiento del referido descuento el 22 de noviembre del año en curso al recibir su liquidación de sueldo, siendo la decisión adoptada mediante Resolución Exenta N°3664 de fecha 12 de noviembre de 2025, expedida y firmada electrónicamente por el Director del Servicio de Salud, don nombre reservado.

Señala que el descuento masivo indicado ha dejado su remuneración líquida en un monto irrisorio que le impide cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios, afectando gravemente su subsistencia y la de su familia.

Expresa que el acto recurrido es ilegal y arbitrario por cuanto vulnera el límite legal de descuentos contenidos en el artículo 67 de la Ley N° 10.336, pues si bien existe la obligación de reintegrar sumas por licencias rechazadas, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República -Dictámenes N° 38.785 y N° 46.312, ambos del año 2008- y judicial ha establecido consistentemente que estos descuentos no pueden exceder el 50% de las remuneraciones mensuales. Cita jurisprudencia de los tribunales supriores de justicia en ese sentido, en particular, fallo de la Excelentísima Corte Suprema (causa civil Rol 13378-2024).

Explica que se produjo una afectación al carácter alimenticio de la remuneración, toda vez que ésta tiene por objeto sustentar la vida del trabajado y un descuento del 72% es desproporcionado y atenta contra la dignidad funcionaria.

Reclama que el acto conculca las garantías comprendidas en el artículo 19 N° 1 derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por la privación abrupta de la mayor parte de sus ingresos lo que genera una angustia y precariedad económica que afecta su integridad psíquica y calidad de vida, el artículo 19 N° 24 derecho de Propiedad, por haber sido privada arbitrariamente de la propiedad sobre sus remuneraciones devengadas más allá de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico.

Pide se declare que el descuento de sus remuneraciones es ilegal y arbitrario, y ordene dejarlo sin efecto en la parte que excede el 50% de sus remuneraciones o el 45% si se estima aplicable por analogía las normas del Código del Trabajo; la restitución inmediata de las sumas descontadas en exceso, debidamente reajustadas; y para el saldo insoluto y futuros descuentos que se apliquen a sus remuneraciones futuras, se disponga que estas no superen el tope legal mensual del 50% de su remuneración o el 45% con costas.

SEGUNDO: Informa el Servicio de Salud Antofagasta, solicitando el rechazo íntegro del recurso, afirmando, en primer término, que la acción constitucional resulta improcedente por pretender el amparo revisar y dejar sin efecto un acto administrativo válido, dictado dentro del procedimiento legal aplicable y cuya naturaleza excede el objeto cautelar del recurso de protección. Sostiene que la recurrente busca impedir o revertir descuentos remuneracionales derivados de licencias médicas rechazadas, materia que exige un procedimiento de lato conocimiento y no puede ventilarse mediante esta vía.

Indica que la deducción se funda en la Resolución Exenta N° 3664, de 12 de noviembre de 2025, acto dictado por autoridad competente, que ordenó descontar a la funcionaria la suma de $3.763.268, en virtud del artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que impone la obligación de reintegro de remuneraciones indebidamente percibidas por reposos no autorizados, rechazados o invalidados por COMPIN. Añade que tanto la normativa sanitaria como la jurisprudencia administrativa de Contraloría imponen al empleador el deber legal de recuperar íntegramente dichos montos, sin contemplar límite porcentual para efectuar los descuentos.

Explica, además, que la funcionaria fue oportunamente notificada de la situación de sus licencias médicas y de la obligación de reintegro, primero mediante el Reservado N° 1217, de 19 de junio de 2025, que informó el rechazo de tres licencias y ordenó restituir la suma de $2.738.191; y posteriormente mediante el Reservado N° 4787, de 3 de julio de 2025, que comunicó un nuevo rechazo y exigió la restitución adicional de $1.061.477. En ambas comunicaciones se le instruyó sobre el procedimiento, los plazos, la posibilidad de solicitar condonación o facilidades ante Contraloría, y la necesidad de informar eventuales subsanaciones, lo que —según afirma el Servicio— nunca realizó.

Señala también que la Contraloría General de la República ha establecido reiteradamente —en dictámenes tales como los N° 55.663 de 2010, 19.999 de 2016 y 56.059 de 2016— que, tratándose de licencias médicas rechazadas o reducidas, el empleador está obligado a recuperar íntegramente los montos indebidamente percibidos, pudiendo efectuar los descuentos pertinentes sin límite porcentual y respetando únicamente el plazo general de prescripción.

Agrega que la restitución completa responde al principio de evitar el enriquecimiento sin causa y que, conforme a dicha jurisprudencia, estos descuentos no pueden considerarse una privación ilegítima de remuneraciones, pues no existe derecho adquirido respecto de prestaciones indebidamente percibidas.

En relación con el límite del 50% alegado por la recurrente, sostiene que tal restricción no existe en el ordenamiento jurídico aplicable. Explica que el artículo 72 del Estatuto Administrativo regula únicamente deducciones por inasistencias injustificadas o atrasos, pero no contempla ningún límite porcentual tratándose de reintegros por licencias rechazadas. Añade que, por el contrario, el artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984 ordena el reintegro total de los estipendios indebidamente percibidos, y que la normativa vigente no faculta al empleador para fraccionar, reducir o limitar el monto del descuento, toda vez que la obligación legal es restituir íntegramente lo indebidamente pagado. En consecuencia, cualquier referencia a un supuesto tope del 50% carece de sustento normativo y contradice la jurisprudencia administrativa obligatoria.

Finalmente, expone que los descuentos ya fueron materializados en dos oportunidades: el primero en la remuneración del mes de noviembre de 2025, por un total de $2.476.359, y el segundo en la remuneración de diciembre de 2025, por $1.051.065, completando así el reintegro de los montos indebidamente percibidos por concepto de licencias médicas rechazadas.

Sostiene que ambos descuentos fueron efectuados conforme a la normativa vigente, precedidos de las notificaciones reservadas que advirtieron a la funcionaria del rechazo de sus licencias y de la obligación de restitución, lo que —a su juicio— descarta toda ilegalidad o arbitrariedad.

Concluye afirmando que no existe lesión a las garantías de los artículos 19 N° 1 ni N° 24 de la Constitución, toda vez que las sumas descontadas no constituían propiedad legítima de la recurrente, solicitando en definitiva el rechazo del recurso TERCERO: Que, informó asimismo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Antofagasta, señalando que las licencias médicas cuya restitución motiva el descuento impugnado fueron todas rechazadas por dicho organismo técnico, conforme al procedimiento y normativa vigente.

Expone que la recurrente mantiene cuatro licencias médicas rechazadas, correspondientes a los folios 4‑13864327, 3‑86976287, 3‑88668296 y 3‑101638841, emitidas entre febrero de 2023 y mayo de 2024, cuyos diagnósticos refieren a episodio depresivo severo, migraña con aura y trastorno de estrés postraumático.

Indica que tres de ellas fueron derivadas desde la Isapre Colmena a COMPIN por presentarse fuera de plazo legal, sin acreditarse causal de excepción o fuerza mayor, motivo por el cual el médico contralor ratificó su rechazo conforme a la Circular SUSESO N° 3646 y a los artículos 11 y 56 del D.S. N° 3 de 1984. La cuarta licencia, tramitada por la Subcomisión Oriente, también fue rechazada por considerarse el reposo prolongado e injustificado y por no acompañarse informe médico tratante solicitado previamente.

Precisa que la trabajadora no interpuso recursos de reposición ni reclamación respecto de ninguna de las licencias rechazadas, pese a las vías previstas en la Circular N° 3751 de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, que regula los recursos contra resoluciones de COMPIN y detalla los plazos y medios disponibles para ello.

Agrega que la tramitación, trazabilidad y resolución de todas las licencias se realizó dentro de los plazos reglamentarios, cumpliendo lo dispuesto en el D.S. N° 3 de 1984, que regula la autorización, revisión y control de licencias médicas.

Precisa que la licencia médica es un derecho condicionado a la autorización médica y administrativa, orientado a acreditar incapacidad laboral transitoria, por lo que su prolongación injustificada o presentación extemporánea desvirtúa su finalidad y habilita legalmente su rechazo. En consecuencia, concluye que las licencias objetadas por la autoridad sanitaria se encuentran válidamente rechazadas, constituyendo la restitución de remuneraciones indebidamente percibidas un efecto directo y obligado del rechazo de tales reposos.

CUARTO: Que informó la Superintendencia de Seguridad Social, haciendo presente que revisó las bases de datos correspondiente a los expedientes vigentes y archivados del contencioso administrativo, y constató que la recurrente, hasta la fecha, no reclamó en contra de la respectiva COMPIN en materia de las licencias médicas. En consecuencia, no cuenta con antecedentes relacionados con la materia reclamada en estos autos. Agrega que en los expedientes archivados solo se registra una presentación de nombre reservado, de fecha 18 de agosto de 2025, por la cual reclama por el rechazo que habría dispuesto la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., de la licencia médica N° RUT reservado, el que le fue devuelto, sin resolución por OFICIO ORD.: R-01-UNAAD-133957-2025, de 29 de septiembre de 2025, por falta de antecedentes fundantes.

Indica que en el citado oficio se le señaló lo siguiente: “…En efecto, usted no ha aportado informe de su médico tratante, que permitan someter a estudio su situación. Sin perjuicio de lo anterior, Usted podrá ingresar nuevamente su reclamación, para cuyo efecto deberá acompañar todos los documentos que constituyen requisitos de admisión que, en su caso, son los siguientes[…]”

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉTIMO: Que, establecido el marco fáctico y jurídico que rodea la presente acción cautelar, el conflicto jurídico sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el descuento a la remuneración del mes de noviembre de 2025 de la recurrente constituye una omisión actuación arbitraria imputable a la autoridad recurrida, y si resulta apta para vulnerar las garantías del debido proceso, integridad psíquica y libertad de trabajo que se denuncia como conculcada.

OCTAVO: Que, conforme al mérito de los antecedentes queda asentado que se encuentran firmes las resoluciones que determinaron el rechazo de las licencias médicas de la actora que, asimismo, se comunicaron a través de las resoluciones exentas de marzo, junio, y julio de 2023, y julio de 2024 las decisiones de la Comisión de Medicina Preventiva de ratificar los rechazos de sus licencias médicas efectuados por la Isapre Colmena S.A., informándole que contaba con el derecho de recurrir en contra de la resolución ante esa entidad, conforme lo dispone el artículo 39 del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, cuestión que no ha sido gestionado por la recurrente. Asimismo, consta que por Oficios Reservados N° 1217 de 19 de junio de 2025, y N° 4787 de 3 de julio se le comunicó a nombre reservado los montos de $2.738.191 y de $1.061.477 a reintegrar por concepto de licencias médicas otorgándole un plazo de 15 días para ello y la posibilidad de solicitar a la Contraloría General de la República de Antofagasta la condonación o facilidades para la devolución del monto, lo que no consta en autos que haya gestionado, de lo que aparece que la actora carece de un derecho indubitado que autorice a acoger el presente recurso.

En el mismo sentido, se descarta la alegación de que el descuento en la remuneración del mes de noviembre de 2025, fue intempestivo, por cuanto constan en el expediente virtual las Resoluciones exentas citadas, que comunicaron la situación de sus licencias médicas.

NOVENO: Que, en consecuencia, el descuento aplicado en la remuneración del mes de noviembre de 2025 se efectuó en aplicación directa de las normas que regulan el descuento de haberes por inasistencias injustificadas, al no haberse acreditado la regularización de las licencias médicas, y en cuanto al monto del descuento, éste se encuentra respaldado en el Dictámenes de la Contraloría General de la República que dispone la procedencia de devoluciones sin tope, como lo indica el N°012117N17 de la Contraloría General de la República, que expresamente señala que la autoridad administrativa no se encuentra autorizada a parcializar, rebajar u otorgar facilidades para el descuento por constituir una extralimitación a sus facultades legales y constitucionales, pues no se encuentra expresamente autorizado para ello, de tal forma que su actuar en contravención vulneraría lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el 2° de la ley N°18.575.

En tal sentido refiere el órgano contralor que “cabe indicar que la preceptiva que regula el procedimiento aplicable a la materia se encuentra contemplada en el citado artículo 72 de la ley N°18.834, que no establece un límite para dichas deducciones ni concede facilidades para su pago, tal como se ha informado en el dictamen N°7.207, de 2007, de este origen.”

DÉCIMO: Que, por consiguiente, al no encontrarse acreditada la existencia de un derecho preexistente e indubitado cuya tutela pueda ser dispensada por esta vía de urgencia, y tampoco una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, el presente recurso será rechazado según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2299-2025 (Protección)

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