nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Antofagasta, a cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de Antofagasta, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, por la omisión, a su juicio, ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, pidiendo que se ordene al recurrido pronunciarse de la solicitud de residencia definitiva, emitiendo la resolución que en derecho corresponda, en un plazo no mayor a sesenta días, con costas.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe, pidiendo el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la actora, de nacionalidad colombiana, ingresó al país en calidad de turista, cambiando su condición migratoria a residente por visa temporaria. Con fecha 13 de septiembre de 2023, la recurrente solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva mediante comprobante de solicitud N° 67250371, realizando el pago de los derechos correspondientes en tiempo y forma.

Sostiene que, a la fecha de interposición del recurso, la recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que le ha mantenido en una situación de preocupación e incertidumbre, encontrándose privada de derechos fundamentales debido a la demora arbitraria, lo que le limita en trámites esenciales de la vida cotidiana, como actos de compra-venta, inversiones, acceso a financiamiento o crédito, contratación de servicios, apertura de cuentas bancarias, postulación a mejores oportunidades laborales y solicitud de licencia para conducir, además de generar incertidumbre respecto a la reunificación familiar. Alega la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, así como los principios de celeridad, conclusivo y economía procedimental establecidos en la Ley N° 19.880, y lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley N° 21.325 y 46 de su Reglamento.

Argumenta la admisibilidad del recurso, señalando que, al tratarse de una omisión de carácter permanente, el plazo de treinta días para su interposición se mantiene vigente, citando jurisprudencia al efecto (Rol N° 67873-2018). En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión, destaca que ha transcurrido un plazo de más de dos años, tres meses y ocho días desde la solicitud sin pronunciamiento, excediendo el plazo legal de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 244727 de 4 de diciembre de 2023 y Civil/22692-2022) que ha calificado como ilegal y arbitraria la dilación en el pronunciamiento y ha declarado la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. También invoca el Informe N° 178/2022 de la Contraloría General de la República sobre las demoras y extravío de documentación en el Servicio Nacional de Migraciones.

Finalmente, descarta la procedencia de la causal de excepción de caso fortuito o fuerza mayor, aludiendo a que no existe imprevisión (CA Concepción Rol 48188-2022), y la improcedencia de justificar la demora en la existencia de otras vías administrativas, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Civil / 81212 – 2021). Subraya la aplicación supletoria del artículo 1 inciso 3 de la Ley N° 19.880 a procedimientos administrativos especiales, tal como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones de Concepción. En mérito de todo lo expuesto, la parte recurrente solicita que se acoja el presente recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento respectivo en un plazo no mayor a sesenta días, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, por medio de su abogada doña María José Astudillo Vásquez, solicitó el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expuso que doña nombre reservado solicitó la residencia definitiva con fecha 13 de septiembre de 2023. Posteriormente, con fecha 06 de septiembre de 2024, se le solicitó subsanar antecedentes (certificado de antecedentes del país de origen), documento que la extranjera acompañó el 28 de octubre de 2024, en el cual se observa que registra una condena en su país de origen por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por lo anterior, su solicitud ingresó a etapa de análisis jurídico, encontrándose actualmente en etapa de Revisión Jurídica desde el 16 de enero de 2026.

En cuanto al derecho, el recurrido argumenta que no existe una conducta ilegal o arbitraria. En primer lugar, esgrime la excepción de caso fortuito o fuerza mayor debido al aumento exponencial de movimientos migratorios (alrededor de 635.000 solicitudes de residencia definitivas entre 2020 y 2024), lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como una causa justificante de retraso. En segundo lugar, sostiene que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es de carácter fatal para la administración, sino un plazo “no fatal”, referencial y prudencial, citando la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 20 de marzo de 2023, causa Rol N° 115064-2022, que zanjó dicha discusión.

Además, señala que no existe vulneración de garantías fundamentales, puesto que la Ley de Migración y Extranjería (N° 21.325) establece normas protectoras, como el certificado de residencia en trámite (Art. 1 N° 25 Ley y Art. 45 Reglamento) que acredita su situación migratoria regular, permite desarrollar actividades remuneradas, y la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad (Art. 43 Ley), lo que le permite salir y entrar del país (Art. 38 Ley) y ejercer sus derechos civiles (Art. 57 Código Civil). Cita la misma sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 115064-2022, la cual concluyó que la mera pendencia de la solicitud no implica por sí misma una vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, argumenta la falta de legitimación pasiva del Servicio en caso de dificultades que otros órganos públicos y/o privados interpongan a los extranjeros, debiendo la acción dirigirse contra esas entidades. Hace presente diversa jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema y de esta Iltma. Corte de Apelaciones que han rechazado acciones de protección similares. Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, sin costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de residencia definitiva presentada con fecha 13 de septiembre de 2023.

SEXTO: Que, no obstante lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, de los antecedentes que obran en la causa se ha podido evidenciar que no ha habido una respuesta definitiva a la petición de la recurrente, quien sigue en un estado de incertidumbre con respecto al destino de su solicitud, la que se encuentra en actual tramitación en etapa de "Revisión Jurídica", pese al tiempo transcurrido, que excede con creces los dos años desde su ingreso.

SÉPTIMO: Que, para resolver, se debe tener en consideración que la Ley N°19.880 regula los procedimientos administrativos y consagra entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8), los que en la especie aparecen infringidos. Estos principios encuentran consagración, además, en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que dispone que las solicitudes de residencia deben ser tramitadas en el más breve plazo. Asimismo, el Reglamento en su artículo 46 señala que el Servicio debe tramitar las solicitudes con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad. En consecuencia, la infracción señalada se configura en este caso, pues lo esperable es que la Administración dé una respuesta expedita a los usuarios, sin afectar con indebidas dilaciones los derechos de las personas, de manera de hacer realidad los principios indicados, máxime si ya ha transcurrido un plazo que excede largamente el máximo para la conclusión del proceso administrativo – según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 -, sin que este haya terminado.

OCTAVO: Que si bien es cierto que el plazo de seis meses no es fatal en los casos de excepción que la propia norma contempla – a los cuales aludió el recurrido –, en este caso dicha excepción no se configura. La alegación de caso fortuito fundada en el aumento de la carga de trabajo no puede ser considerada imprevisible ni irresistible para la Administración, la cual debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la celeridad y eficacia de sus procedimientos, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en su Informe N° 178/2022. La solicitud de la recurrente continúa en "Revisión Jurídica" desde enero de 2026, lo que demuestra una dilación que no puede justificarse como un "plazo referencial" cuando se extiende por más de dos años desde su inicio, contraviniendo el "plazo razonable" al que debe ajustarse la Administración según la propia jurisprudencia citada por el recurrido (SCS Rol N° 115064-2022).

NOVENO: Que, por lo anterior, se evidencia respecto de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, y finalmente la expedición del acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

En consecuencia, la demora en el procedimiento administrativo no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, vulnerando - además de los principios administrativos señalados - la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, otorgando un trato desigual al recurrente frente a otros administrados que, en situaciones equivalentes, han obtenido respuesta oportuna, afectando su derecho a un procedimiento administrativo racional y justo, motivo suficiente para acoger la acción deducida.

A mayor abundamiento, en este mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 244727 de fecha 04 de diciembre de 2023, y Rol Civil/22692-2022, calificando como ilegal y arbitraria la dilación que vulnera la garantía de igualdad ante la ley.

DÉCIMO: Que, debido a todo lo anterior, se acogerá el recurso de protección en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, deberá dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, dar respuesta definitiva a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2298-2025 (Protección)