nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

Antofagasta, siete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Fac. Hum. N°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, notificada con fecha 29 de octubre de 2024, en virtud de la cual se dispuso su expulsión de la universidad por falta grave, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que solicita se deje sin efecto y se ordene su reingreso a la casa de estudios, con costas.

Informó la recurrida al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, primeramente, la recurrente señala que la acción se interpone en contra de la decisión de expulsión de la Universidad que se funda en la Resolución Fac. Hum B°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, la cual fue notificada el 29 de octubre de 2024, por lo tanto, la interposición del libelo se encuentra dentro de plazo.

Seguidamente, expone que en el año 2022 ingresó a la carrera de psicología, y desde el año 2024, mientras se mantenía en primer año, inició transición en el Hospital Regional de Antofagasta en el Programa Incongruencia de Género, el cual comenzó el año 2023, y la derivaron desde el Hospital con una solicitud de interconsulta a COSAM Norte, desde el 28 de septiembre de 2023, siendo atendida por la profesional Dra. nombre reservado, médico psiquiatra, también encontrándose con un episodio de depresión con medicamentos.

Dice que, a raíz de lo expuesto, con fecha 08 de abril de 2024, en atención a que se encontraba con una crisis psicológica, solicitó hora con profesional psicólogo a través de la Dirección General Estudiantil (DGE) de la Universidad recurrida, ya que dicha casa de estudios les otorga ese beneficio a sus estudiantes. Agrega que al ser atendida por la psicóloga nombre reservado, le realiza una serie de preguntas relacionadas con su estado de ánimo, cuando llegan al tema de su intento de suicidio de fecha 04 de abril de 2024. Cuenta que mientras trataban el tema, la psicóloga le pregunta de qué forma se intentaría suicidar, a lo que le indica que se tiraría al mar, se dispararía o se lanzaría frente a un vehículo, y en ese contexto, continúa la profesional haciéndole preguntas, a lo que le señala que dejaría un legado para las personas grandes que no comprendían, lo que le desencadenó una crisis nerviosa.

Expone que, acto seguido, personal de la DGE en atención a su crisis emocional, la lleva al Hospital Regional de Antofagasta, lugar donde la hospitalizan, y seguidamente doña nombre reservado emitió un informe de atención para derivación de red externa, que cita, en el que se indica como indicadores de alerta “Posible hecho constitutivo de delito en desarrollo (planificación de agresión y daños a terceros)”.

Sostiene que lo expresado en el informe sobre dicho punto no es efectivo, ya que simplemente respondió preguntas que efectuó la psicóloga dentro del marco de la atención profesional de salud que se encontraba recibiendo, pero no con relación con hechos constitutivos de delito.

Refiere que, posteriormente, la DGE activa protocolo de riesgo suicida, se comunica con su madre doña nombre reservado para informarle la situación y la derivan al servicio de urgencia del Hospital.

Expresa que el día jueves 11 de abril de 2024, llega personal de Policía de Investigaciones a su domicilio, forzando la entrada de su casa, dejando la chapa destruida estando la casa deshabitada mientras se encontraba hospitalizada, los detectives buscaban armas en virtud de una orden de detención, entrada, registro e incautación, fundado en la solicitud presentada por el Fiscal Adjunto don Liborio Samuel Martín Fajardo nombre reservado, en la investigación de amenazas y el delito de porte de arma de fuego, y los detectives al ingresar a la casa no encontraron nada.

Agrega que ese mismo día 11 de abril, fue detenida en el Hospital por personal de la Policía de Investigaciones y se efectúa una audiencia de formalización de la investigación por amenazas simples contra personas y propiedades, quedando la suscrita con prohibición de ingresar a la UCN, de acuerdo a la letra e) del artículo 155 del Código Procesal Penal y la letra g) del mismo artículo, esto es, prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, a su lugar de trabajo, estudio o en cualquier lugar en que ésta se encuentre.

Luego, tal fue su sorpresa cuando con fecha 29 de octubre de 2024 le llega un correo electrónico de parte del Sr. Cristian Carvajal (abogado), quien le notifica con dicha fecha que se da término a la investigación sumaria y de acuerdo a los resultados de la investigación corresponde aplicar la sanción establecida en el artículo 7 letra b) del Reglamento de Permanencia de la UCN, el cual considera como falta grave “la comisión de actos de violencia, de intimidación o amenaza en contra de cualquier persona comprometida en la letra a) del artículo 5 de éste Reglamento”, lo anterior en razón a las amenazas proferidas en contra de la jefa de la carrera de psicología y otras autoridades. Agrega dicho correo que el estudiante inculpado tendrá un plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación de los cargos para contestarlos, acompañando los antecedentes que fundamenten su defensa; y dicha comunicación tenía adjunta la Resolución Fac. Hum. N°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, que resuelve la expulsión de la universidad de la recurrente, socialmente conocido como “Yamir”.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, afirma que se ha vulnerado su derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, establecida en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, haciendo presente lo que dispone la Ley N°20.584 sobre Derechos y Deberes del Paciente, en su artículo 12, relativo a la ficha clínica, la cual será considerada como dato sensible de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la Ley N°19.628, que cita.

Sostiene que es manifiesto que la psicóloga que la atendió con fecha 08 de abril de 2024 vulneró gravemente sus derechos fundamentales al informar, sea de forma verbal o escrita, a terceros que nada tenían que ver con su atención médica y psicológica, antecedentes sensibles de su estado de salud, mencionando lo que dispone el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile en relación al secreto profesional, y la infracción a ello se materializa con la denuncia que efectuó con fecha 10 de abril de 2024 la Jefa de Carrera de Psicología de UCN, doña nombre reservado, en circunstancias que toda la información que le dijo a su psicóloga se dio dentro del marco de una atención médica, debiendo ser resguardada de conformidad al marco regulatorio citado. Añade que esta situación no es baladí, toda vez que jamás señaló nombres ni efectuó ninguna amenaza verbal o escrita, directa o indirecta a la Sra. nombre reservado, por tanto, no podría ella estar en conocimiento de una situación que se dio en el margen de la esfera de la intimidad y atención médico-paciente.

Expone que todo lo anterior trajo como consecuencia una serie de situaciones a las que nunca se ha visto expuesta, en primer lugar, debido a su situación psicológica fue hospitalizada en el Hospital Regional de Antofagasta, luego vivir de forma injusta una acusación de índole penal a la que jamás pensó llegar a vivir, siendo detenida en el mismo recinto médico, pasando por audiencias de formalización, imputándosele delitos o potenciales delitos que jamás ha cometido y tampoco ha tenido siquiera una mínima intención de cometer.

Posteriormente, se refiere al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que conforme a esta garantía está prohibida toda clase de discriminación que no se funde en hechos justificados, carente de toda subjetividad y arbitrariedad; y al derecho al debido proceso del numeral 3° del referido artículo, citando el Reglamento de Permanencia de los estudiantes de UCN, el cual se encuentra en anexo N°1847 del Decreto N°4/2023 de 10 de enero de 2023.

Finalmente, alega como vulnerado el derecho de propiedad del numeral 24° del artículo 19, ya que la medida de expulsión la priva de su derecho sobre la matrícula en el establecimiento de educación superior en el que fue aceptada en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos para mantenerse como alumna regular de la universidad, cuestión que vulnera gravemente la posibilidad de continuar sus estudios superiores y, por cierto, egresar de la carrera de psicología, agregando que desde que se matriculó ha sido beneficiaria de gratuidad de educación superior.

Solicita se deje sin efecto la resolución recurrida, permitiéndole su reingreso a la carrera de psicología en la Universidad Católica del Norte (sede Antofagasta), todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, don Patricio Ignacio Valdivia Salvo, abogado, en representación de Universidad Católica del Norte, informó al tenor del recurso.

Señala que la recurrente doña nombre reservado, conocida por su nombre social “Yamir”, ingresa a la carrera de psicología en el año 2022, vía cambio de carrera desde la carrera de arquitectura, y en su momento, y debido a sus circunstancias particulares, se admitió su traslado con la condicionante de que reciba acompañamiento psicológico por parte de la profesional nombre reservado, psicóloga del CIAP de la Universidad Católica del Norte, que atiende específicamente a estudiantes de psicología, a lo cual se accedió finalmente.

Dice que, durante el mes de abril de 2022, la recurrente dejó de asistir a clases, para luego comunicarle a la jefatura de carrera que se había ido de Antofagasta, solicitando clases online, a lo cual se le indicó que no era posible según normativa interna, indicándose los procedimientos que podía realizar para pausar su carrera, y luego de esto la ex alumna no realiza ningún trámite curricular, perdiéndose el contacto temporalmente.

Añade que, luego, en el año 2023, se reintegra comenzando a cursar nuevamente las asignaturas de primer año, y en dicha oportunidad se le solicita que retome la atención psicológica con la profesional nombre reservado, y este acompañamiento se retoma durante el mes de abril, solicitando la recurrente nuevamente cursar sus asignaturas de manera virtual, reiterándose que aquello no era posible.

Señala que, en comunicación directa con la jefatura de la carrera, la recurrente le señaló que sus compañeros la estaban discriminando por ser transgénero, en razón de ello se indaga los hechos con la generación, descartándose, no siendo efectiva la discriminación alegada. Durante el mes de mayo de 2023 se toma contacto con la recurrente dado que los docentes reportaron inasistencias reiteradas, dejando de asistir a clases de manera definitiva, pero luego la ex alumna toma contacto con la universidad en el mes de julio, solicitando una cita, y en dicha reunión se le orientó para que realice el trámite de “retiro temporal” ante la reprobación de sus asignaturas del primer semestre.

Indica que la recurrente vuelve a reintegrarse en el año 2024 para cursar las asignaturas del primer año de psicología, y desde jefatura de carrera, se le convoca a reunión y se le señala que debe retomar su acompañamiento psicológico con nombre reservado y que debía aprobar sus asignaturas puesto que corría riesgo académico, según el Reglamento de Docencia de Pregrado. La recurrente se encontraba citada con la jefatura de carrera el día viernes 05 de abril de 2024, no presentándose a dicha cita, volviéndose a citar para el lunes 08 de abril, cita que no se concretó finalmente al ocurrir los hechos que llevaron a iniciar la investigación interna.

Afirma que durante estos años, la recurrente faltó a clases de manera sistemática, incluso en aquellas asignaturas de asistencia obligatoria, pasando por varias transiciones de identidad, cambiando primeramente su nombre legal a nombre reservado para luego identificarse con el género masculino con el nombre social de “Yamir”, razón por la cual en el informe se le refiere a la recurrente con pronombre masculino, y durante su permanencia en la universidad, jamás mostró algún grado de preocupación o responsabilidad para con sus deberes académicos ni compromisos con la universidad o con sus docentes, siendo sumamente complicada la comunicación con la misma, no aportando jamás contactos telefónicos u otros medios de comunicación, dejando como el único canal de contacto el correo institucional.

En cuanto al proceso de investigación y la sanción impuesta, expone que los hechos que motivaron la sanción, contenida en la Resolución N°127/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024, de la Facultad de Humanidades, en la cual se dictamina la sanción de expulsión de la universidad en virtud del artículo 7 letra b) de Reglamento de Permanencia, ocurrieron con fecha 08 de abril de 2024, oportunidad en la cual la recurrente acude a solicitar hora en el Área de Salud Mental de la Dirección General Estudiantil (DGE), en donde luego del proceso de ingreso y clasificación de atención se detecta que la ex alumna presentaba pensamientos suicidas. La profesional que la atendió fue la jefa del Área de Salud, doña nombre reservado, aplicándose el test DAAS 21 + 4, siendo atendida posteriormente por los psicólogos de la DGE, don nombre reservado y doña nombre reservado, quienes realizaron la contención de la crisis que evidenciaba la ex alumna.

Cuenta que, producto de esta atención, con fecha 08 de abril de 2024, la jefa del Área de Salud, doña nombre reservado envía correo electrónico a la Directora General Estudiantil doña nombre reservado, en donde alerta algunos aspectos de la atención expresando que “Nuestro objetivo es que, por el riesgo vital que presenta contra él y contra terceros, lo dejen hospitalizado”. Luego, agrega “Le manifiesto el alto riesgo de esta situación para su conocimiento, y para que junto a las autoridades pertinentes, se tomen medidas para resguardar la seguridad de nuestra comunidad”.

Asimismo, con fecha 09 de abril de 2024, la profesional nombre reservado envía correo a su jefatura directa, en donde detalla los hechos sucedidos, señalando: “Es crucial resaltar que la ideación suicida presentada es de tipo estructural lo que representa un riesgo vital biopsicosocial latente, dado que incluye la formulación de un plan suicida y un discurso ideológico que contempla la posibilidad de atentar contra su propia vida y la de terceros, en particular, miembros de la comunidad educativa, enfatizando en el homicidio de terceras personas, aceptando la vinculación con pares delictivos y criminógenos que podrían facilitar su acceso a armas de fuego”, para luego complementar su relato con lo siguiente: “Como antecedentes importantes del caso, cabe destacar que una de las posibles víctimas identificadas durante el relato de la estudiante es la actual jefa de carrera de psicología, Sra. nombre reservado junto a otras autoridades institucionales que no especifica”, revelándose así el hecho de que la ex alumna tenía cómo conseguir un arma y que tenía intenciones de atentar contra la vida de la jefa de carrera y otras autoridades de la universidad.

Expresa que, frente a esta situación, y producto de estas graves amenazas, se presentó una denuncia en Policía de Investigaciones por parte de la víctima, la Jefa de Carrera de Psicología, doña nombre reservado, por el delito de amenazas de muerte, contemplado en el artículo 296 del Código Penal, siendo detenida la recurrente el día 11 de abril de 2024, para luego en audiencia de control de detención dictarse por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta, las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal en sus letras e) y g), esto es, prohibición de ingresar a la universidad y la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo, estudio o en cualquier lugar en que esta se encuentre, dando cuanta de la gravedad y veracidad de las amenazas profesadas por la recurrente, situación que llevó al juzgado a adoptar las medidas antes señaladas.

Agrega que, de forma paralela y a raíz de la gravedad de estos hechos, se determinó internamente iniciar investigación sumaria a cargo del fiscal externo don Cristian Carvajal de Stefani, quien luego de realizar la investigación, pudo corroborar la falta cometida, motivo por el cual propuso la sanción de expulsión de la universidad, contemplada en el artículo 11 del Reglamento de Permanencia, siendo confirmada la sanción por medio de la Resolución FAC. HUM. N°127/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 sancionándose en definitiva a la recurrente en conformidad al artículo 7° letra b) del Reglamento de Permanencia, sin hacer uso la recurrente de su derecho de apelación, aun indicándosele la posibilidad de hacerlo.

Señala que dentro de este proceso investigativo, se pudo corroborar que el mismo fue llevado a cabo según las propias normas que lo regulan, etapas, derechos y deberes de las partes, principios generales del derecho y sobre todo a los principios del debido proceso, dándose cumplimento a las diligencias necesarias para llegar a una propuesta final, contando con los antecedentes y declaraciones de los profesionales que atendieron a la recurrente y de docentes que tuvieron contacto o comunicación con la misma y demás personas relacionadas con los hechos; agregando que la recurrente fue citada a prestar declaración, tal como lo ordena el Reglamento de Permanencia en su artículo 28°, la cual se realizó por el fiscal a cargo de la investigación al medio oficial de comunicaciones determinado para estos efectos, medio que se encontraba completamente activo y habilitado, toda vez que dicha casilla electrónica era usada usualmente como medio de comunicación entre la recurrente y la universidad, razón por la cual no es posible que la recurrente alegue que no se le notificó de la investigación y que tampoco se le hizo parte de aquella. Añade que es el correo de fecha 21 de junio 2024 en donde el fiscal de la causa cita a la recurrente a prestar declaración, correo que, junto con otros correos que adjunta, permite dar cuenta de que la recurrente hacia uso de este y tenía plena conciencia de que era un medio válido y vigente para las comunicaciones con funcionarios, profesores y autoridades de la universidad.

Menciona que agotadas las diligencias de investigación finalmente con fecha 09 de septiembre de 2024 se dicta el informe del fiscal el cual contenía el resultado de su investigación, junto con las propuestas y el razonamiento que lo llevó a proponer las mismas, contemplando la sanción antes señalada, y confirmándose aquella por medio de la resolución de la Facultad, la cual fue notificada –al igual que la citación a declarar- vía correo electrónico a la recurrente el día 29 de octubre de 2024, a la casilla correo reservado.

Respecto a la vulneración al derecho a la vida e integridad física o psíquica de la persona, dicha afirmación la descarta ya que la profesional, al tomar conocimiento de las intenciones de la recurrente, se limitó a alertar de la comisión de un inminente delito y daño a miembros de la universidad, situación a la que, además, estaba obligada en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal, según la cual están obligados a denunciar los funcionarios públicos y las personas que trabajan en el ámbito de la salud y la educación de cualquier nivel, tanto pública como privada, hecho que comunicó sin revelar los datos sensibles de la atención, a diferencia de lo que se sostiene en el recurso.

Agrega que la recurrente, durante la atención, reveló que había experimentado pensamientos suicidas y deseos de autolesionarse, sin embargo, no menciona cómo “llevaría a cabo su legado”, y conforme a lo señalado por la profesional de la DGE, la recurrente habría manifestado que había elaborado un plan para hacer daño a terceros, específicamente a autoridades de la universidad, en el transcurso de una ceremonia pública. Entre las personas mencionadas como objetivo se encontraba la Jefa de carrera de Psicología, nombre reservado, para impactar a la comunidad universitaria y crear conciencia sobre la importancia de la salud mental.

Con relación a la enemistad de la recurrente con la jefa de carrera, menciona que aquello se puede concluir de los antecedentes del sumario y del relato de los intervinientes, lo que tendría su origen en que esta última había informado sobre el comportamiento errático de la recurrente en las clases, su frecuente inasistencia, y un incidente en el que solicitó permiso para asistir a las clases de manera virtual para realizar una terapia psicológica en el Valle del Elqui, siendo denegada esta solicitud, pudiendo haber sido un detonante para que la recurrente desarrollara su plan de atentar contra ella, entendiendo esta situación como una falta de apoyo y como una injusticia hacia su salud mental.

En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, asevera que en ningún momento, ya sea en la etapa de investigación como al momento de la dictación de la resolución, se ha trasgredido este precepto toda vez que el proceso y decisiones adoptadas, fueron llevadas por medio de un proceso imparcial, objetivo y con pleno respeto a las garantías fundamentales y procesales de las partes, siendo además realizada la investigación por un profesional abogado que no pertenece a la institución, por tanto, tampoco tiene interés en el proceso o su resultado.

Respecto al debido proceso, afirma que la recurrida fue parte del proceso tal como lo dicta el Reglamento, cosa distinta es que la misma haya decido no responder a los correos y solicitudes del fiscal, para luego convenientemente hacer uso del mismo medio para enviar un correo a las autoridades de la universidad.

Por último, en relación con el derecho de propiedad, reitera que la sanción ha sido interpuesta en base a un proceso previamente establecido, el cual se contiene en el Reglamento de Permanencia, al cual todo alumno al momento de ingresar a la universidad accede a acatar sus normas, descartándose toda arbitrariedad o ilegalidad que sostiene la actora, sin existir en consecuencia ningún derecho de propiedad vulnerado, toda vez que el mismo ha caducado en virtud del propio comportamiento de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la institución recurrida, consistente en la expulsión de la alumna nombre reservado, socialmente conocido como “Yamir”, fundado en lo dispuesto en el artículo 7° letra b) del Reglamento de Permanencia de la Universidad Católica del Norte, por los hechos ocurridos según investigación fiscal en proceso sumario, lo que se materializó mediante Resolución Fac. Hum. N°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, notificada con fecha 29 de octubre de 2024, emitida por la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad.

SEXTO: Que, de los antecedentes acompañados y los fundamentos plasmados en la resolución recurrida, se colige que a la recurrente se le aplicó la medida disciplinaria de expulsión de la universidad, en los términos señalados en el artículo 7 letra b) del Reglamento, relativo a: “la comisión de actos de violencia, de intimidación o amenaza en contra de cualquier persona comprometida en la letra a) del artículo 5 de este reglamento”, norma que, a su vez, se refiere a: “Realizar acciones u omisiones que impliquen un insulto o una ofensa, por cualquier medio, a trabajadores/as de la UCN, a quienes presten servicios a honorarios a la UCN, contratistas o subcontratistas que desempeñen funciones en sus dependencias, estudiantes y/o cualquier persona que se encuentre en sus dependencias”, lo anterior por amenazas de muerte realizadas por la actora en contra de la Jefa de Carrera de la Escuela de Psicología, doña nombre reservado, así como también en contra de otras autoridades, falta que es considerada como grave de acuerdo al Reglamento.

SÉPTIMO: Que, para resolver, se tendrá presente que a raíz de estos hechos acontecidos con fecha 08 de abril de 2024, mediante Resolución FAC. Hum. N°051/2024, de fecha 13 de junio de 2024, dictada por doña nombre reservado, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte, se instruyó sumario para aclarar los hechos denunciados, para cuyo efecto se designó como investigador al abogado don Cristian Carvajal De Stefani, cuya investigación se orientó a establecer la verificación de los hechos denunciados y la individualización de responsabilidad y grado de participación de la recurrente.

Para dicho efecto se llevaron a cabo una serie de entrevistas con las personas de la Universidad que tomaron conocimiento de dichos hechos, como doña nombre reservado, ex directora de la carrera de Psicología y actualmente Decana de la Facultad de Humanidades, quien ratificó formalmente la denuncia que motivó el inicio de la investigación y señaló a “Yamir” como autor de las amenazas de muerte proferidas en contra de la jefa de carrera y otras autoridades no identificadas, en virtud de lo cual se presentó una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones. Asimismo, se entrevistó a la Directora General Estudiantil (DGE), la Jefa del Área de Salud de la DGE, y dos psicólogos del Área de Salud de la DGE, quienes básicamente señalaron que esta intención de atentar en contra de autoridades de la universidad se planeaba hacer durante un evento público, razón por la cual se tomó la decisión de suspender un evento de inauguración de proyecto de salud mental como medida preventiva, se activó el protocolo de emergencia y el estudiante fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta, pero posteriormente su madre lo retiró, poniéndose los psicólogos en contacto con él para dar seguimiento a su estado de salud, sin tener éxito.

Por su parte, se acompañó informe especializado de conductas comunicativas, interacción social e interés de Yamir, elaborado por la fonoaudióloga nombre reservado, de fecha 25 de abril de 2024, en donde se indica que el desempeño académico de la recurrente ha sido inconsistente, ha abandonado sus estudios en varias ocasiones, asiste a terapia psicológica en el COSAM y en el Hospital con un especialista de transición de género, y finalmente concluye que su perfil de neurodesarrollo es compatible con trastorno del espectro autista nivel 1.

En el desarrollo de esta investigación se notificó a la recurrente con fecha 21 de junio de 2024 al correo institucional de la universidad correo reservado, a fin de recabar mayores antecedentes, sin que se haya obtenido respuesta.

Finalmente, el fiscal considera que los hechos investigados ocurridos el 8 de abril de 2024, en relación con las amenazas de muerte en contra de la jefa de carrera de la Escuela de Psicología, como así también en contra de otras autoridades, emanados por la alumna de la carrera de psicología nombre reservado, socialmente conocido como “Yamir”, son de aquellas faltas que deben ser consideradas como graves, en atención a la seguridad de los docentes, alumnos, como así de todas las personas que son parte de la comunidad de la Universidad, e incluso del mismo denunciado, pudiéndose determinar la responsabilidad de dicha alumna ya que los relatos de los profesionales y docentes concluyen más allá de toda duda razonable que el alumno denunciado concurre a una evaluación psicológica al área de salud de la Dirección General Estudiantil y le refiere de manera expresa a la psicóloga nombre reservado sus intenciones de querer atentar contra diversas autoridades de la Universidad, nombrando con nombre y apellido a la jefa de Carrera de la escuela de psicología doña nombre reservado, todo lo cual sería realizado en un acto público.

El fiscal investigador estima que la conducta desplegada es considerada de acuerdo al artículo 7° letra j) una sanción grave y además reviste los caracteres de delito, específicamente el de amenaza de muerte tipificado en el artículo 296 del Código Penal, el cual dispone un agravante de pena en virtud del artículo 296 BIS por razón de haberla hecho en contra de un profesional de establecimiento educacional, razón por la cual propone como sanción la expulsión definitiva de la alumna.

Por último, mediante Resolución FAC. HUM N°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, dictada por la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad, doña nombre reservado, se acoge la propuesta de sanción emanada por el fiscal a cargo, pero modificando la causal invocada, en cuanto a que los hechos revisten el carácter de falta grave, en conformidad al artículo 7° letra b) del Reglamento de Permanencia de los estudiantes de la Universidad Católica del Norte, y se resolvió la expulsión de la universidad de la recurrente.

OCTAVO: Que, de lo expuesto en el considerando que antecede, se vislumbra que el proceso en virtud del cual la recurrente fue expulsada de la Universidad, dio estricto cumplimiento al Reglamento de Permanencia de la Universidad, cuyo Título III “Del Procedimiento” regula la investigación sumaria desde el artículo 13 y siguientes.

De otro lado, la Resolución FAC. HUM N°127/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, dictada por la Decana de la Facultad de Humanidades, contiene las citas a las atribuciones que le corresponden a la autoridad de la cual emana el acto impugnado, conforme al Decreto N°73/2024, así como también el Reglamento de Permanencia de la Universidad Católica del Norte y la resolución que instruyó la investigación sumaria en contra de la actora, por medio del fiscal designado.

De esta forma, la Resolución N°127/2024 dictada por la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad, acoge la sanción propuesta fundando su decisión en el Reglamento citado y los antecedentes que constan en la investigación fiscal, lo que permite concluir que este acto fue dictado conforme a los antecedentes que se tuvieron a la vista y a las facultades legales y reglamentarias vigentes.

NOVENO: Que, adicionalmente, la recurrente tuvo oportunidad para ejercer sus derechos y defensas, tanto al momento en que se le notificó del inicio de la investigación sumaria en su contra con fecha 21 de junio de 2024, como cuando se le notifica de la Resolución que dispuso su expulsión con fecha 29 de octubre de 2024, al correo electrónico que ella usaba para comunicarse con la universidad, según consta de los antecedentes acompañados, y al no comparecer en ninguna de las dos oportunidades, sólo se puede concluir que la sanción aparece como debidamente fundada y determinada en virtud a los hechos acreditados en el sumario.

Y aun cuando el abogado recurrente sostuvo que la protegida no recibió el correo electrónico de 21 de junio de 2024, dicha afirmación no resulta razonable, en la medida que se ha demostrado que doña nombre reservado empleó ese correo para comunicarse con la universidad antes y durante el desarrollo del proceso disciplinario, particularmente, después de que tomó conocimiento de la sanción impuesta.

DÉCIMO: Que, asimismo, se tendrá que descartar la alegación de la recurrente en torno a que la psicóloga de la universidad habría informado datos sensibles de su estado de salud, toda vez que, de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal, la profesional de la salud de la universidad tenía la obligación de denunciar delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios del establecimiento educacional al interior de sus dependencias o mientras éstos se encontraren en el ejercicio de sus funciones, cuya omisión incluso acarrea la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal o la que señalen disposiciones especiales, según el artículo 177 del Código Procesal Penal.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, considerando que la Universidad dio estricto cumplimiento al Reglamento de Permanencia para efectos de instruir la investigación sumaria que derivó en la expulsión de la actora, unido a que la alumna desde que ingresó a la carrera de psicología en el año 2022 tuvo un seguimiento constante por parte de la casa de estudios ante sus inasistencias, brindando además acompañamiento psicológico atendidas sus circunstancias particulares, y a que los hechos denunciados pusieron en grave riesgo a las autoridades y comunidad universitaria, esta Corte concluye que no se configura conducta ilegal o arbitraria de la recurrida Universidad Católica del Norte que haya vulnerado las garantías invocadas por la recurrente, razón por la cual debe rechazarse la acción deducida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Universidad Católica del Norte.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2295-2024 (PROTECCIÓN)

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