Protección contra Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Antofagasta, a veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, boliviano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado. Juan nombre reservado Latorre N°2428, Antofagasta, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales, en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado legalmente por nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, para que se deje sin efecto la Resolución Exenta cod. trámite N°74592746, de fecha 03 de diciembre del año 2025, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, la que declara que su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, solicitando a esta Corte de Apelaciones declarar que dicha resolución le ha privado y amenazado su igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, dejándola sin efecto y decretando que se acoja la solicitud.

Informó don Guillermo Quezada Bruzzone, abogado, en representación de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La parte recurrente funda su acción en la existencia de un acto que califica de ilegal y arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone como antecedentes fácticos que ingresó a Chile en el año 2023 por el paso habilitado de Colchane, contando con una Residencia Temporal obtenida vía consular y habiendo obtenido su cédula de identidad para extranjeros, la cual mantuvo vigente y renovada hasta el 26 de noviembre de 2025. Refiere que, durante su estancia, se ha radicado en Antofagasta, desempeñándose laboralmente de forma ininterrumpida, primero como ceramista durante 2 años y actualmente como costurero con contrato de trabajo vigente, según documento del 01 de octubre de 2025.

Sin embargo, sostiene que con fecha 3 de diciembre de 2025, fue notificado vía correo electrónico de que su solicitud de Residencia Definitiva (Código N°74592746) no fue acogida a trámite, bajo el argumento genérico de no cumplir con los requisitos del artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley de Migraciones, derivando sus antecedentes a un análisis de residencia temporal.

Añade que el órgano recurrido no dictó un acto administrativo terminal fundado ni especificó las razones del rechazo, dejándolo en una situación de irregularidad migratoria e incertidumbre jurídica.

Indica que, en virtud de lo expuesto, se encuentra con su cédula de identidad para extranjeros vencida, y además el recurrido de autos toma la decisión de derivar su solicitud a tramitación de “Residencia temporal”, de acuerdo como se indica en documento que resuelve su solicitud de Residencia.

Adicionalmente, asegura no haber cometido infracción migratoria alguna, carecer de antecedentes penales y cumplir con los requisitos de estadía y sustento económico que la ley exige para el beneficio solicitado, por lo cual estima que la resolución recurrida carece de sustento fáctico y jurídico.

En cuanto al Derecho, la recurrente califica el acto como ilegal y arbitrario, acusando una falta de motivación esencial en el acto administrativo, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, así como los principios de juridicidad y servicialidad del Estado consagrados en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política. Argumenta que la decisión carece de razonabilidad y proporcionalidad, al sustentarse en fundamentos meramente formales que no consideran su ingreso al país por paso habilitado ni su situación de cumplimiento normativo previo.

Finalmente, alega que la resolución recurrida vulnera sus garantías constitucionales de Igualdad ante la Ley (Art. 19 N°2), al establecer una diferencia arbitraria basada en antecedentes fácticos erróneos, y el debido proceso (Art. 19 N°3), en su vertiente de procedimiento administrativo justo y racional. Solicita, en consecuencia, que se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene al Servicio recurrido admitir a trámite su solicitud de residencia definitiva, restableciendo así el imperio del derecho.

SEGUNDO: Informó don Guillermo Quezada Bruzzone, abogado, mandatario judicial de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional.

La parte recurrida informa sobre la situación migratoria del recurrente, señalando que con fecha 17 de febrero de 2023 este solicitó un permiso de residencia temporal, proceso en el cual debió subsanar su situación de irregularidad mediante el pago de una multa impuesta por Resolución Exenta N°23102124 de fecha 07 de agosto de 2023. Hace presente que dicho beneficio fue otorgado mediante Resolución Exenta N°23451801$, con una vigencia que se extendió desde el 23 de noviembre de 2023 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Expone que, con fecha 04 de noviembre de 2025, el recurrente solicitó la residencia definitiva, la cual no fue acogida a trámite mediante Oficio N°89994871 de fecha 03 de diciembre de 2025. Fundamenta dicha decisión en la aplicación de los artículos 75 y 79 de la Ley N°21.325, en relación con el artículo 65 N°4 de su Reglamento contenido en el Decreto N°296, el cual establece que, en caso de existir infracciones migratorias previas como la sancionada en agosto de 2023, el plazo de residencia requerido para optar a la permanencia definitiva aumenta de 24 a 30 meses.

En consecuencia, la autoridad sostiene que el recurrente no cumple con el tiempo de residencia legal exigido por la normativa especial debido a su antecedente infractor, motivo por el cual se derivaron los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales para la renovación de su permiso actual. Finalmente, la recurrida afirma que el actor se encuentra en situación migratoria regular, sin medidas de expulsión ni abandono pendientes, por lo que su actuación se ajusta a la legalidad vigente y no constituye una vulneración de garantías constitucionales, solicitando el rechazo de la acción incoada.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones del recurrente y el informe evacuado por el servicio recurrido, se advierte que el arbitrio constitucional incoado tiene por objeto dejar sin efecto la resolución de la autoridad migratoria que no admitió a trámite la solicitud de residencia definitiva del actor, lo que la autoridad recurrida justifica en su informe explicitando el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa migratoria para admitir dicha solicitud, reduciéndose la controversia de autos a determinar si la autoridad incurrió o no en un acto ilegal o arbitrario al exigir al recurrente un tiempo mayor de residencia para la procedencia de su solicitud.

SEXTO: Que, de esta forma, para la correcta resolución del arbitrio constitucional intentado, conviene tener presente el marco regulatorio aplicable en la especie. De esta forma, resulta pertinente lo establecido en el Decreto 296 que aprueba reglamento de la Ley N.º 21.325, de migración y extranjería, en su artículo 65:

Artículo 65.- Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos: (…)

4.- Comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la ley Nº 21.325 y su gravedad. En cuanto a este criterio, el tiempo requerido de residencia se exigirá de conformidad a los siguientes rangos:

a) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.”.

SÉPTIMO: Que, la luz de la normativa transcrita y habiéndose acompañado por el servicio la Resolución Exenta n.° 23102124 de fecha 07 de agosto de 2023, que aplica multa al extranjero por residencia irregular en territorio nacional, resulta inequívoco que el actor, al momento de ingresar su solicitud de residencia definitiva, se encontraba en el supuesto establecido en el artículo 65 del reglamento citado, no habiendo transcurrido los treinta meses que exige dicha norma para la procedencia de su solicitud, razón por la cual, el propio servicio derivó los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales para la renovación de su permiso actual.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar de la autoridad, habiendo actuado en el marco de sus facultades y con estricto apego a la ley y reglamento al no acoger a trámite la referida solicitud, razón por la cual deberá rechazarse la acción constitucional incoada, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y, de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2291–2025 (Protección)