nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, cinco de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que comparece doña nombre reservado abogada en representación de nombre reservado, chileno e indígena atacameño, agricultor, cédula de identidad N° RUT reservado, de don nombre reservado cédula, chileno e indígena atacameño, agricultor, cédula de identidad N° RUT reservado y de don nombre reservado, chileno e indígena Atacameño, agricultor, RUT RUT reservado; todos con domicilio en domicilio reservado, quienes vienen en interponer recurso de protección en contra de nombre reservado, representada por doña nombre reservado, Rut. RUT reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que vulnerarían la garantía Constitucional establecida en el artículo 19 Nos. 1, 2, 3, 4, 15 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Informó el recurso el recurrido, solicitando el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción constitucional, señalando que la nombre reservado, constituye una agrupación de personas, reconocida por la Ley Nº 19.253, conformada de acuerdo a lo estblecido en el artículo 19 letra d), tiene personalidad jurídica vigente, con 103 socios aproximadamente inscritos, según libro de registro con fecha 13 abril 2023. Sus estatutos y reglamentos se rigen por la ley referida precedentemente y su directorio esta dirigido por doña nombre reservado.

Hace presente que por medio del whatsapp se realiza las notificaciones, en el que arbitrariamente solo pueden hacer publicaciones, comentar y/o interactuar la presidenta y su secretaria doña Vianney Sabina.

Que con fecha 2 de abril del año 2023, se llevó a cabo la asamblea ordinaria, convocada mediante publicación vía Whatsapp con fecha 18 de marzo del año 2023, los temas a tratar, se encontraban en la puerta de la sede del poblado, estos eran: a) Estudio de la solución agua potable (APR), b) paneles solares, c) elección de hito ceremonial. Dicha asamblea se realizó de forma normal y se trataron los puntos indicados, finalizada ésta, los socios como es de costumbre estanparon su firma.

Sin embargo, con fecha 11 de abril 2023, la secretaria de la Comunidad publica en grupo de WhattsApp el acta de la asamblea, en dicho momento se dan cuenta que ésta contenia un numeral nuevo (9), que señalaba una solicitud de proceso disciplinario por parte de la asamblea en contra don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, lo que nunca ocurrió, ya que el acta original tenía 8 numerales solamente, luego un espacio en blanco y en la hoja siguiente se firmó la asistencia, indica que nunca se trató en la sala o se solicitó por parte de los asistentes la expulsión, lo grave de esto es que se indica que “por la autodeterminación de la mayoría de la asamblea quienes aprobaron esta misiva para la notificación de la misma a las personas mencionadas”.

Sostiene que lo contenido en dicha acta no es cierto, que la secretaria adulteró de manera deliberada, arbitraria e ilegal un acta haciendo parecer que los socios que firmaron estaban de acuerdo, lo que no es cierto, ya que de acuerdo a las declaraciones juradas que adjunta al recurso, de los socios que asistieron a dicha asamblea y firmaron el acta solo contenia 8 puntos y, además, no se habló o solicitó al directorio un proceso disciplinario, mas aún cuando el acta es firmada por don nombre reservado quien es uno de los expulsados, lo cual carece de toda lógica.

Agrega que dicha asamblea era ordinaria, por lo que el directorio no podría plantear dicho tema y que son varios los socios que están en desacuerdo con el actuar del directorio, puesto que, a través de sus firmas, validaron el inicio de un procedimiento sancionatorio no discutido en la asamblea, punto agregado por el directorio, el cual a juicio del recurrente, está manipulando los hechos creando un respaldo para validar un proceso que es arbitrario e ilegal.

Suma que en el mismo whatsapp se convoca una asamblea extraordinaria para el día 16 de abril 2023 con el fin de realizar el proceso disciplinario, adjuntando la “Pauta de Reunión” por lo tanto, el acto fraudulento de agregar el numeral noveno, tenía como objetivo realizar este proceso, sin haber sido solicitado, ni validado por la asamblea, manipulando el acta, lo cual claramente es un acto arbitrario e ilegal por parte del directorio.

Ahora bien, en la “Pauta de reunión” se describe el procedimiento disciplinario que se llevaría a cabo, en la cual sólo confería 15 minutos a los socios, objeto del proceso, para su defensa, quedando en una situación desfavorable, puesto que desconocían las acusaciones. Sin embargo, aun cuando hubieran realizado una informada defensa, esta no alteraria en nada la decisión del directorio, pues de la lectura del documento, se infiere que la decisión de expulsión ya estaba tomada, incluso antes del inicio del procedimiento; de hecho, se dio la opción a los socios de escuchar o no las defensas, pudiendo firmar la expulsión que según la pauta, es validada por la asamblea.

Afirma que todas las acciones realizadas por la asamblea van en directa contravención a la normativa estatutaria de la comunidad y al ordenamiento jurídico. Es mas, los recurrentes no fueron notificados personalmente como lo indica el artículo 9 letra c), por lo que un aviso por medios tecnológicos no cumpliría con la normativa. Además, tal como lo indica el artículo 15, esto debe realizarse con “una anticipación mínima de cinco días corridos”, pero en el caso del Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado, su notificación fue por carta certificada de fecha 13 de abril 2023, es decir, no se respetó los requerimientos mínimos de la normativa. En cuanto al contenido de la citación, en esta se señala “...por mandato de asamblea sostenida el día 2 de abril del año 2023, en la que, conforme al acta, se acordó por mayoría, citar con el motivo de realizar “PROCESO DICIPLINARIO” establecido en el artículo 14 de nuestros estatutos F y G”, evidenciaría que el directorio realizó una serie de actos destinados a generar una falsa aprobación de la asamblea, para dar inicio al proceso disciplinario.

Así las cosas, llegado el día 16 de abril año 2023, se realiza la asamblea extraordinaria, en la cual la presidenta de la comunidad les indica las acusaciones y el proceso a seguir, a lo que los recurrentes señalaron estar en desacuerdo porque dicho procedimiento no estaría regulado en los estatutos; a pesar de aquello, se continuó con el proceso y se ordenó que las personas que no eran parte de la comunidad se retiraran del recinto. Posteriormente, se les solicita a los actores retirarse del recinto, ya que serían llamados uno a uno. Dicha actitud, los hizo sentir vulnerados y denigrados, siendo privados de sus derechos y encontrándose en completa indefensión, por lo que decidieron retirarse de la asamblea.

Destacan que al inicio de dicha asamblea, se encontraban presentes 48 personas, no cumpliéndose con el quorum necesario, en efecto, 27 socios estaban a favor de realizar el proceso y 21 socios no estaban de acuerdo, por ende, de acuerdo al estatuto se requiere la mayoría absoluta de los socios, es decir de 103, por lo tanto el número de personas no era suficiente. Sin perjuicio de ello, igualmente se realizó la asamblea, en la cual la presidenta señala que terminada la asamblea, concurriría junto a su secretaria casa por casa para obtener las firmas de los socios para poder cumplir con el quorum, cometiendo un nuevo acto arbitrario e ilegal.

Refiere que a la fecha de presentación de esta acción, no se ha publicado el acta de fecha 16 de abril, por lo que desconocen lo que se estableció en ella. Reitera que tanto la presidenta y la secretaria de la comunidad, han actuado de manera antojadiza, avalando y manipulando un acta de una asamblea ordinaria, creando un procedimiento disciplinario que no está regulado en los estatutos, y sometiendo a los recurrentes a juzgamiento público, sin garantías, ni respeto a sus derechos fundamentales, en ausencia de un debido proceso.

Por todo lo anterior expuesto, los recurrentes reiteran que las acciones realizadas por el directorio tiene como fin expulsar de por vida y sancionarlos gravemente siendo “Expulsados de la Comunidad de por vida, prohibición de participar en las prácticas de tradiciones y costumbres, la prohibición de ingreso al pueblo, censura y expulsión total y definitiva de la nombre reservado sin derecho a indemnización alguna”. Este acto, a juicio de los recurrentes es ilegal, ya que contraviene lo establecido con el estatuto de la Comunidad, regulado en la Ley Nº 19.253, en las garantías constitucionales amparadas por nuestra Constitución Política de la Republica y en el Convenio N° 169.

Luego, expone las normativas infringidas y afirma que, todos los actos anteriormente expuestos representan en primer lugar a una conculcación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (art. 19 N°1), toda vez que han sufrido graves perjuicios psicológicos al ser objeto de acusaciones en su contra, por hechos que no tienen sustento alguno, siendo difamados por el directorio delante de todos los miembros de Cupo, siendo tratados como delincuentes, lo que afecta gravemente su psiquis, honra, y la de sus familiares, en desmedro de su imagen.

En cuanto al derecho a no ser discriminado arbitrariamente (art. 19 Nº 2 CPR), de acuerdo a los hechos latamente expuestos, la recurrida los discrimina vulnerando sus garantías constitucionales, al no respetar las normas y derechos estatutarios y exceder en sus atribuciones en su posición de directorio, implementando y desarrollando de manera antojadiza un procedimiento disciplinario mediante vías fuera de la normativa que la rige. Cuestión que está expresamente prohibida en nuestra carta fundamental.

Respecto al juez natural, regulado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, la recurrida pretende ejercer potestad disciplinaria, investigando y sancionando a aquellos socios que incurran en una supuesta contravención a los estatutos de la comunidad, todo ello, sin apegarse estrictamente a las normas estatutarias y legales. Por ello, crea documentos para validar su decisión de expulsar a los recurrentes, redactando de manera unilateral, una pauta de reunión similar a un juicio, transformándose la presidenta y secretaria en una comisión ad-hoc, cuestión que la Constitución Política prohíbe.

Por otro lado, vulnera el derecho a la honra, establecido en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, señala que los actores son indígenas pertenecientes a la nombre reservado, sus ancestros han estado vinculados desde sus orígenes a su tierra y, son personas conocidas y respetadas dentro de su comunidad. En este contexto, ya su sola exclusión, sin haberse efectuado el procedimiento correspondiente, afecta su fama o reputación; acciones que no tienen otra intención que no sea afectar el prestigio de los recurrentes dentro de la nombre reservado y de otras comunidades vecinas.

En relación al derecho de asociación (art. 19 Nº 15 CPR); indica que el Directorio debe someter su accionar a las disposiciones que los rigen, especialmente, a los Estatutos de la Comunidad que constituye el pacto social que los mismos miembros de la comunidad aprobaron al momento de la constitución de la Comunidad, sin embargo las vías de hecho realizadas por el Directorio tienencomo único afán el implementar y concretar la expulsión de sus representados, lo que es una falta grave al derecho de los recurrentes.

Explica que en cuanto al derecho de propiedad (art. 19 Nº 24 CPR) la nombre reservado es beneficiaria de diferentes convenios con instituciones públicas y privadas, al hacerse efectiva las sanciones pretendidas por el Directorio, se conculca el derecho de los recurrentes a los beneficios sociales y económicos que les corresponde, entre estos un inmueble en el pueblo de Cupo que pertenece a la Comunidad, en el cual desarrollan la agricultura y otros trabajos en la tierra, materializando en estas prácticas sus tradiciones y costumbres originarias, que de aceptarse su expulsión de la Comunidad, se verían perjudicados gravemente en su patrimonio.

Concluye solicitando, que se declare que el proceso sancionatorio o disciplinario realizado por el directorio de la nombre reservado en contra de los recurrentes constituye un acto ilegal y arbitrario y, contrario a la Constitución por lo que no produce efectos jurídicos, que se ordene dejar sin efecto la o las sanciones establecidas por el Directorio y/o la asamblea del 16 de abril año 2023 y de todos los actos posteriores que pudieren derivarse de las sanciones, sin perjuicio de las medidas para restablecer el imperio del derecho; que, la presidenta de la nombre reservado, se retracte públicamente ante la Asamblea de esta comunidad, de las imputaciones y acusaciones hechas a los recurrentes, todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, en representación de la nombre reservado, quien informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone en primer lugar que, la comunidad fue inscrita en el registro de comunidades indígenas de CONADI con el Nº12, en cuyo registro oficial se encuentran inscritos 78 socios activos y, que su funcionamiento se rige por sus estatutos y la Ley Nº19.253, y su correspondiente reglamento de comunidades indígenas. Actualmente su directorio está compuesto por doña nombre reservado, presidente, Vianney Sabina Cruz Copa, secretaria, Karyn Wendoline Illanes Berna, Tesorero, nombre reservado, primer consejero y nombre reservado, segundo consejero.

En cuanto a los hechos que se le imputan, sostiene que con fecha 22 de febrero del 2023 en el marco de la celebración de sus festividades don nombre reservado amenaza y agrede a varios socios mayores de edad, e incluso utiliza elemento corto punzante en contra de uno de ellos. A raíz de esto, dos de las socias presentan una querella penal en su contra. Cuyo certificado de envío de la querella y los videos de los hechos señalados acompaña en su informe.

Por lo anterior, el 24 de febrero del 2023 el directorio de la nombre reservado recepciona carta de la Familia de la socia doña nombre reservado en la cual da cuenta de los graves actos cometidos en su contra por el Sr. nombre reservado; con la misma fecha se recepciona carta de los socios don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, en la cual denuncian a los recurrentes por múltiples actos sucedidos en los carnavales, solicitando a la directiva que se tomen acciones definitivas ante estos hechos; denuncias que adjunta a su informe.

Posteriormente, el día 16 de marzo de 2023, se envía carta a alcalde de Calama don nombre reservado relatando los hechos sucedidos con la intención de que nos brinde protección de Carabineros en el poblado, ya que, don nombre reservado habría amenazado con volver y cumplir con sus amenazas. Y, con fecha 30 de marzo del 2023 se recepciona carta de 30 socios de la comunidad quienes relatan los constantes malos tratos por parte de don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, quienes actúan de forma agresiva y con conductas violentas cada vez que van a la localidad de Cupo; cabe precisar que estas personas no viven en Cupo, no son agricultores, ni cuentan con terrenos dentro de su poblado.

A consecuencia de la actitud agresiva de los recurrentes, muchos de los socios más antiguos, de tercera edad, no participan en sus celebraciones tradicionales ni en las reuniones de la comunidad, ya que sienten temor al verse expuestos a los malos tratos de los recurrentes.

Sostiene que en la carta en que se solicita la desvinculación de don nombre reservado fecha al 30 de marzo del presente, se explica cómo éste se burlaba indiscriminadamente de los comuneros más ancianos e intimidaba a los más jóvenes invitándolos a “salir para afuera” cuando le molestaba alguna opinión, y que con fecha 18 de marzo se envía mensaje al WhatsApp de la Comunidad para avisar de la reunión del 02 de abril del 2023, lo cual se realiza con dieciséis días de anticipación a la celebración de la misma; además, en la misma fecha la presidenta de la comunidad instala el cartel de citación en el acceso principal de la sede de Cupo, lo cual también adjunta al informe.

Llegada la fecha de la reunión ordinaria, esto es, el dos de abril del presente y siendo las 11:30 horas, por petición escrita de 30 socios se lleva a cabo un proceso disciplinario contra don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, este último en calidad de postulante a socio, por lo cual no esta inscrito. En la misma reunión se fijó que la fecha para llevar a cabo este proceso sería el día 16 de abril de 2023, quedando todo plasmado en el punto N° 9 del acta de la reunión. Luego con fecha tres de abril se cita a reunión extraordinaria online a realizarse el martes 11 de abril, en la cual se vuelve a informar sobre proceso disciplinario, citando a los recurrentes mediante correo electrónico, WhatsApp y Carta Certificada, enviados con fecha 12 de abril de 2023, informando nuevamente sobre el procedimiento disciplinario que se solicitó en su contra, y la fecha de la reunión en la cual se discutirá este asunto; misma fecha en que se instaló un cartel de citación a reunión extraordinaria en la sede comunitaria de Cupo.

Con fecha 13 de abril, a requerimiento de los recurrentes, la secretaría de la Comunidad les hace entrega material de los documentos de la comunidad solicitados por estos.

Luego con fecha 15 de abril envían “pauta de reunión” que fija el procedimiento para llevar a cabo el proceso disciplinario, asegurando de esta forma la bilateralidad de la audiencia, el derecho a la defensa y a un procedimiento justo y racional. En ella se establecía que cada proceso sancionatorio sería llevado a cabo de forma individual, en donde se le informaría detalladamente de los hechos de los que se le acusan y dispondrán de 15 minutos para hacer su defensa. Dicha pauta, fue sometida a la votación de los socios en la misma asamblea del 16 de abril siendo aprobada por 27 votos contra 21, lo cual consta en el acta de reunión de esa misma fecha.

Con fecha 16 de abril de 2023, se lleva a efecto la reunión extraordinaria de socios, celebrada en 2° citación, en la cual se ratifica el acta de reunión del 2 de abril de 2023 y se lleva a cabo el proceso disciplinario en contra de los recurrentes, con un quórum de asistencia de 48 socios, que de acuerdo a la votación resultan expulsados y con fecha 17 de abril se envía acta de asamblea de fecha 16 de abril y listado de socios asistentes a CONADI Calama, solicitando el registro de lo decidido por la comunidad, dicha institución emite con fecha 09 de mayo la Resolución Exenta N° 165 a través de la cual procede a eliminar como socios de la nombre reservado a don nombre reservado y don nombre reservado, siendo informados de aquello, el 10 de mayo del presente por whatsapp y carta certificada.

Hacen presente que Sr. nombre reservado, nunca ha pertenecido a la comunidad y no figura en los registros históricos de socios ni en el registro de CONADI. Por esta razón, solicitan se rechace el presente recurso respecto de aquel y se le condene expresamente en costas.

Afirma que, cada una de las alegaciones de los recurrentes son erróneas y/o carecen de fundamentación fáctica y jurídica, esto por que los Estatutos establecen en su artículo primero que la nombre reservado “nombre reservado” se regirá por sus costumbres, tradiciones, por los presentes Estatutos y, por la Ley N° 19.253 y su correspondiente reglamento de comunidades indígenas. Posteriormente, expone y analiza las normas de los estatutos aplicables al caso en concreto, reiterando que la comunidad sí se ajustó al contenido de éstas y a la disposición normativa.

Expone que de acuerdo al artículo 14 de los estatutos, se convocó a la asamblea general extraordinaria, única instancia ad hoc para discutir la expulsión de miembros de la Comunidad, la cual se realizó a partir de una denuncia recibida el 30 de marzo del presente solicitando expresamente la expulsión del Sr. nombre reservado, el contenido de ésta fue comunicada a la comunidad el 2 de abril del 2023, fecha en que se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria. Destaca que la denuncia estaba firmada por 30 socios, lo cual, constituye el 38,4 % de los socios registrados en la comunidad. En la misma reunión se fijó que la fecha para llevar a cabo este proceso sería el día 16 de abril de 2023, todo esto quedó plasmado en el punto N° 9 de la reunión.

Respecto a la pérdida de calidad de miembro de la comunidad y después del análisis de los artículos nueve, once y quince del Estatuto, sostiene que, la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, si bien se constituye por el conjunto de los miembros de la comunidad, puede también constituirse con un quórum inferior si se cumple con las formalidades del artículo 11, es decir, si se hace en segunda citación. Por lo tanto, concluyen que independientemente que concurrieran o no la totalidad de los socios, la asamblea constituida en segunda citación tiene todas las atribuciones de la primera, la cual es el reflejo inequívoco de la voluntad de todos los socios de la comunidad. Por lo tanto, a juicio del recurrido, los recurrentes fueron expulsados con voto de la mayoría absoluta de los socios presentes en la reunión extraordinaria del día 16 de abril de 2023, la cual se convocó y llevó a cabo con todas y cada una de las formalidades procedimentales establecidas en el estatuto social.

Que, en cuanto a la forma de citación a la asamblea general extraordinaria, reitera el artículo noveno del estatuto y señala que el recurrente incurre en un error al entender que debieron ser notificados personalmente, ya que de acuerdo al espíritu de la norma y de su correcta lectura, sólo es posible entender que los implicados debían ser citados a presentarse de forma personal a la Asamblea General Extraordinaria, y no que sean avisados de forma personal de su procedimiento disciplinario. Por otro lado, en cuanto al plazo de citación, refiere el artículo quince del Estatuto, señalando que se cumplió mediante el envío de carta certificada, correos electrónico e incluso Whatsapp.

Ahora en cuanto a la información sobre los objetivos de la Asamblea General extraordinaria, señala que al momento de citar a los implicados a la Asamblea General Extraordinaria, se indicó expresamente que el objeto de la reunión del 16 de abril era llevar a cabo un procedimiento disciplinario en su contra.

Seguidamente, niega la existencia, de un acto ilegal o arbitrario que vulnere la integridad física y psíquica de los recurrentes, ya que, la expulsión fue realizada sujeta al proceso estipulado en el estatuto y las costumbres ancestrales del pueblo Licanantay, sanción adoptada a consecuencia de un actuar que va contra las reglas sociales de la comunidad; además, afirma que en ningún caso se ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, puesto que recibieron el mismo trato que a cualquier integrante de la Comunidad, de hecho, la recurrente no describe ni demuestra cuál habría sido el actuar discriminatorio o diferenciado con respecto a otros miembros de la Comunidad.

Reitera que el proceso fue llevado acabo de acuerdo a la pauta aprobada por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la reunión del 16 de abril, la cual, crea un procedimiento específico para tratar este asunto, contemplando, el derecho a tomar conocimiento de los cargos, a ser oído, a la defensa y a ser juzgado por la asamblea general extraordinaria como máximo organismo resolutivo de la comunidad, por lo tanto, no ha vulnerado el debido proceso. Ahora en cuanto al derecho a la honra, es a consecuencia de actos anteriores realizados por la parte recurrente, pues no existe una relación de causalidad entre el supuesto acto ilegal y arbitrario y las consecuencias que menoscaban la honra de la parte recurrente, que como reiteradamente ha señalado solo se adhirió a los estatutos, correspondiendo la expulsión.

Explica que en cuanto al derecho de asociación, al ser miembros de la comunidad tienen conocimiento que existen sanciones para los socios que no cumplen con sus deberes, por lo tanto, no existe un nexo causal entre la expulsión y una supuesta vulneración sobre el derecho de asociación, ya que, nada les impide constituir otra nombre reservado o asociarse con otras personas de la manera que mejor les parezca.

Por último, los territorios y “beneficios” a los cuales hace referencia la recurrente son terrenos que forman parte del territorio ancestral de la nombre reservado en su totalidad, derechos y beneficios a los que pueden optar los socios por pertenecer a la comunidad se correspondan con el respeto irrestricto a las obligaciones impuestas por los estatutos, por lo tanto es evidente que no se ha vulnerdo su derecho a la propiedad.

Concluye, reafirmando que no existe un acto ilegal y arbitrario, ya que la expulsión fue llevada a cabo conforme al estatuto y los procedimientos aprobados por los mismos socios de la comunidad, solicita se rechace la presente acción y se condene expresamente en costas.

TERCERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien informa que la nombre reservado, se encuentra constituida legalmente desde el día 20 de mayo de 1995, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas a cargo de la Corporación con el N°12, que corresponde al número de personalidad jurídica.

Señala que actualmente se encuentra constituida por 78 socios y, su directorio se encuentra vigente hasta el 1 de mayo de 2025, el que está conformado por su presidenta doña nombre reservado, secretario doña Vianney Sabina Cruz Copa, una tesorera doña Karyn Wendoline Illanes Berna, dos consejeros técnicos doña nombre reservado y don nombre reservado.

Sostiene que los recurrentes, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, mantienen la calidad de indígena respecto a su pueblo y/o Pueblo cuya procedencia es efectivamente la Lickanantay o Atacameña, pero no son parte de la nombre reservado, de acuerdo a su registro, según lo informado en su oportunidad por la propia nombre reservado.

Refiere que la Ley N°19.253 no contiene normas que autoricen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para intervenir, calificar o impugnar las decisiones o actuaciones efectuados al interior de la comunidad, ni emplazar a aquellos que no participaron del proceso, resultando, además, que no compete a CONADI interpretar los instrumentos que se solicita registrar o rechazar fruto de las elecciones que se llevan a cabo en esas organizaciones, toda vez que ello importaría atribuir a tal servicio otras facultades que aquellas que le han sido señaladas por la ley.

Las comunidades indígenas, como personas jurídicas que están normadas tanto por la Ley N° 19.253 como la Ley N° 20.500 y sus respectivos estatutos, y la toma decisiones se hace siempre de conformidad a los mecanismos determinados en sus respectivos estatutos.

Asimismo, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, previene que los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna.

En la misma línea indica que la Ley N°19.253 sobre protección, fomento y desarrollo indígena, como el Convenio N° 169 de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por la nación, promulgado mediante Decreto Supremo N° 236 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconocen como principio rector la autonomía de los pueblos y asociaciones indígenas.

Expone que la medida sancionatoria recurrida, de acuerdo con lo manifestado por propios intervinientes en el recurso y el informe evacuado de la recurrida, fue tomada en asamblea realizada el día 2 de abril del presente año, firmando los asistentes el acta el día 11 de abril, por la cual se acogió un procedimiento disciplinario planteado a la asamblea, privando con ello a los recurrentes de su calidad de socios en dicha nombre reservado, situación que es ajena a cualquier resolución o supervigilancia de esta Corporación; agrega que, las divergencias en cuanto al criterio o interpretación del texto de la asamblea, de acuerdo a su estatuto no corresponde ser valorada por la corporación, por escapar aquellas materias de las atribuciones legales de CONADI.

Por lo anterior, CONADI no está facultada para discutir o cuestionar la decisión de expulsión de los integrantes o socios de las comunidades indígenas, solo actúa registrando lo que se pide registrar conforme a lo ya establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.253.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la discusión viene dada por la decisión adoptada en Asamblea extraordinaria, celebrada en segunda citación, de fecha 16 de abril de 2023, que expulsa a los recurrentes de la Comunidad, y que conforme lo señala la propia recurrida y consta en las actas respectivas que el proceso disciplinario se lleva a cabo con un quórum de asistencia de 48 socios, resultando expulsados de la comunidad los recurrentes con las siguientes votaciones: a.- nombre reservado: 25 votos en favor de su expulsión, 23 abstenciones b.- nombre reservado: 26 votos en favor de su expulsión, 22 abstenciones c.- nombre reservado: 26 votos en favor de rechazar su solicitud de incorporarse como socio, 22 abstenciones.

SÉPTIMO: Que a efectos de resolver si existe actuación ilegal o arbitraria de la recurrida debe estarse a las normas reguladas en los Estatutos de la Comunidad que cuenta con personalidad jurídica propia, respetando el derecho a la autodeterminación y procedimientos regidos por los Estatutos de la Comunidad a los que han adherido todos sus socios, y que se encuentran registrados en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que según sus registros, la comunidad cuenta con 78 miembros.

En este sentido, debe atenderse que en los Estatutos de la comunidad se establece que conforme al artículo 9, “son causales de pérdida de la calidad de miembro de la comunidad: (...); c) La expulsión acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Comunidad, para lo cual deberá celebrarse una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad al artículo 14 del presente Estatuto, y citarse de manera personal a los involucrados, debiendo ser informados acerca de los hechos por los que se les acuse, a fin de respetar su derecho a defensa y puedan defenderse en la respectiva asamblea; de no asistir los citados se continuará con el procedimiento en su rebeldía, afectándoles lo que resuelva la Comunidad”.

Por su parte, el artículo 14 de los referidos estatutos establece que: “Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas por el Presidente con el acuerdo de la mayoría absoluta del Directorio, estimando éste que así lo exigen las necesidades de la comunidad. También deberá convocarlas cuando lo pidan por escrito y especificando el objeto, a lo menos el veinticinco por ciento de los miembros de la comunidad.

En la Asamblea Extraordinaria solo podrán ser tratadas las materias señaladas en la convocatoria y necesariamente deberán ser tratadas en ellas las siguientes: .. f) Discutir acerca del proceso de censura o expulsión de algún miembro de la Comunidad”.

Por su parte, en lo pertinente el artículo 15 de los Estatutos establece que: “Si en la primera convocatoria no se reuniere la mayoría absoluta de los comuneros, se citará para una segunda citación durante el mismo dia, pero a distinta hora y se realizará la asamblea con los miembros que asistan.”

OCTAVO: Que conforme a los antecedentes, se tiene por establecido que el procedimiento se inició con el acta de fecha 2 de abril de 2023, ya que en el punto número noveno, se indica que se pone en conocimiento a la comunidad de las denuncias realizadas con fecha 24 de febrero, por la familia nombre reservado – nombre reservado, familia nombre reservado - nombre reservado, además de la carta de 30 socios, que representan un 38,4 % de los socios activos, de fecha 30 de marzo de 2023 dirigida en contra de los recurrentes quienes solicitan su expulsión de la comunidad.

Posteriormenete se citó a Asamblea Extraordinaria para el 16 de abril de 2023, efectuándose las comunicaciones y notificaciones respectivas según consta de los antecedentes, y no habiéndose reunido la mayoría absoluta de los socios, se procedió a una segunda citación para el mismo día, conforme con lo que establece el artículo 15 de los Estatutos, y en tal asamblea extraordinaria, con una asistencia de 48 comuneros, por la mayoría de ellos se acordó la expulsión de los recurrentes.

De esta manera, habiéndose procedido en la forma indicada y, encontrándose regulados en el propio Estatuto el procedimiento disciplinario interpuesto a los recurrentes, el cual se encuentra fundado y ajustado a sus normas de autodeterminación, la decisión adoptada por las Asamblea Extraordinaria con fecha 16 de abril de 2023, no deviene en ilegal o arbitraria, al haberse respetado los Estatutos, la Constitución y las leyes.

En consecuencia, no es posible estimar la actuación como ilegal o arbitraria, por lo que solo cabe rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en representación nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

ROL 2264-2023 (Protección)

Redactó el Ministro Titular Sr. Eric Sepúlveda Casanova.

No firma el Ministro Suplente Sr. Álvaro Saavedra Sepúlveda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por haber concluido su suplencia.