Protección contra K y K Seguridad Integral

Antofagasta, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, guardia de seguridad, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de K y K Seguridad Integral, con domicilio en domicilio reservado contra la Unidad de Fiscalización de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, con domicilio en domicilio reservado, por su actuar ilegal y arbitrario.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda su recurso en que trabajaba para la empresa recurrida, desempeñando sus funciones en el Ferrocarril de Antofagasta, bajo modalidad indefinida desde marzo del presente año, y que se le informa el día 24 de mayo que trabajará hasta el 30 de junio, por necesidades de la empresa, sin que existiera ninguna razón laboral para el despido, ya que siempre cumplió con sus obligaciones.

Señala que tuvo que pedir permiso un día laboral para asistir al Tribunal, lo cual informó a su empleador el 22 de mayo, por lo que le llama la atención que la carta tenga fecha 23 de mayo y le fuera entregada el día 24 del mismo mes. Cree que su empleador tomó conocimiento del motivo de la citación al Tribunal y por eso lo despidió.

Agrega que se le efectuaba alcotest todos los días antes de entrar al trabajo, solo a él y otro trabajador, pese a que la empresa tiene alrededor de 150 trabajadores, lo cual considera discriminatorio y arbitrario.

En consecuencia, presentó carta a la Inspección del Trabajo, quien ordenó realizar una fiscalización, pero que pese a que concurrió en varias oportunidades a consultar por su reclamo, no le entregaron respuesta hasta el día del comparendo que se realizó el 26 de julio. En dicha oportunidad, el Jefe de Fiscalización le solicita comprensión, ya que tenían poco personal.

Indica que retrasó la firma de su finiquito esperando la fiscalización, pero que finalmente lo firmó, reservándose el derecho a reclamar de la causal de despido.

Solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, tomando conocimiento si fueron vulnerados sus derechos.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Morán Ledezma por la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso, por no concurrir los elementos de hecho y derecho que la Constitución exige para su interposición, ya que no existen actos ilegales o arbitrarios de parte de la recurrida.

El recurrente deduce la acción constitucional aludiendo a la inactividad de la Inspección del Trabajo frente a una denuncia realizada en contra de su ex empleadora, la empresa KyF Seguridad Integral E.I.R.L, con fecha 6 de junio de 2018. Dicha denuncia dice relación con un examen de alcohol realizado por la empleadora que resultaría arbitrario y discriminatorio; con el horario en que debe desempeñar sus funciones (08:00 a 20:00 horas), debiendo realizar parte de estas estando oscuro y; con que la empresa le envió carta de término de contrato de trabajo, encontrándose con contrato indefinido.

En su oportunidad, el Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, ante la concurrencia del trabajador a la dependencia de dicha repartición, le informó que existiendo comunicación de despido, la Inspección pierde la titularidad activa para conocer de denuncias por vulneración de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo. Se le indicó que se tendrían presente los hechos denunciados frente a eventuales futuras denuncias por conductas similares, sin perjuicio de encontrarse facultado para deducir en contra del empleador las acciones judiciales que estime pertinentes.

Posteriormente, el 18 de julio del presente, el recurrente presentó reclamo Nº 201/2018/2581 en contra de su ex empleadora, por una serie de conceptos adeudados por la empresa al término de la relación laboral. En consecuencia, la Inspección citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 26 de julio, a la que comparecieron ambas partes, pagando la empleadora los conceptos adeudados, por lo que se firmó y ratificó finiquito, con reserva de derecho por parte del trabajador, en lo que dice relación a la causal invocada para poner término al contrato de trabajo. Además, se le explicó al actor la imposibilidad de la recurrida para pronunciarse respecto de la causal invocada, orientándolo en orden a que dicho conocimiento corresponde a los Tribunales de justicia.

Sin perjuicio de lo señalado, con fecha 14 de agosto del año en curso, se dio inicio a un procedimiento de fiscalización a la empresa KYF Seguridad Integral E.I.R.L, a fin de verificar un eventual incumplimiento a normas laborales y de higiene y seguridad, cuyos resultados constan el informe Nº 2018/0201/1651. El procedimiento de fiscalización se limitó a verificar los hechos denunciados por el trabajador.

Que para que la presente acción prospere, resulta indispensable, la existencia de alguna acción u omisión en que haya incurrido el recurrido, que sea ilegal o arbitraria y que produzca alguna privación, perturbación, o aun amenaza, respecto de alguna de las garantías constitucionales de la recurrente. No obstante, la actuación impugnada no constituye un acto ilegal, pues se ha efectuado conforme a las atribuciones legales del Servicio y no existió una inactividad ilegal, dándose inicio a los procedimientos conforme a las instrucciones vigentes. Así, la Inspección actuó dentro de la competencia que el ordenamiento jurídico le demarca, siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias que determinan la legalidad de su accionar, contrariando toda imputación de arbitrariedad.

Concluye que el recurso de protección interpuesto en contra de la Inspección resulta improcedente, por lo que deberá ser rechazado.

TERCERO: Que informó la abogada Katherine Segura Cortés por la recurrida, KYF Seguridad Integral E.I.R.L, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a las alegaciones del recurrente, respecto a los controles aleatorios de alcohol y droga, refiere que no existe acto ilegal o arbitrario, puesto que conforme al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la empresa se establece que “será obligación de los trabajadores cooperar con la empresa en los registros y en someterse a evaluaciones médicas y a los exámenes de alcohol y droga”, de lo que el recurrente estaba en conocimiento y entendía que estas estipulaciones eran parte del contrato, según declaró al firmar el mismo. Además, el trabajador se desempeñó en las instalaciones de FCAB, por lo que debía cumplir con las instrucciones impartidas por la mandante, quien efectúa controles tanto a los trabajadores contratistas como propios lo cual se encuentra regulado en el “instructivo para la toma de test de droga y alcotest” y “Reglamento de alcohol y drogas para el grupo FCAB” que hace aplicable a todo trabajador que ingrese a sus faenas. En consecuencia, no existió acto ilegal o arbitrario toda vez que las tomas de muestra, se sujetaron a un procedimiento previamente establecido.

En cuanto al despido, señala que el actor fue contratado bajo modalidad de contrato a plazo, pero no se presentó en oficinas administrativas a suscribir anexo de contrato por nuevo plazo fijo, por lo cual, al continuar prestando servicios devino en indefinido. No obstante, sus labores, conforme a los requerimientos de servicio a la empresa mandante, sólo eran necesarias hasta el día 30 de junio, por lo cual, se procedió a despedir al actor por la causal establecida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, enviándose las comunicaciones conforme a la normativa.

Señala que de la negativa a firmar anexo de renovación por plazo fijo se dejó constancia en la comunicación del despido enviada a Inspección del trabajo. Asimismo, en denuncia presentada por el trabajador a Inspección del Trabajo el 6 de junio hace presente que su despido se habría producido por no firmar anexo de contrato.

No es efectivo que el despido se haya producido en virtud de una citación a declarar como testigo en una causa laboral, siendo mera conjetura intentando configurar una vulneración de derechos, ya que de la citación no tenía conocimiento la empresa.

En consecuencia, el despido del actor no puede ser considerado ilegal o arbitrario, por haberse realizado conforme a derecho.

Agrega que el recurrente suscribió finiquito ante la Inspección del Trabajo al momento de comparecer por reclamo interpuesto, efectuando reserva de acciones sólo respecto de la causal de despido invocada, sin que se le haya impedido efectuar reserva respecto de otras acciones.

Señala que el recurso de protección no cumple con los requisitos legales para su procedencia. En primer lugar, respecto al plazo, todos los hechos descritos en el recurso respecto de KYF Seguridad Integral E.I.R.L. ocurrieron durante la vigencia de la relación laboral. Al haber concluido ésta el 30 de junio, la acción interpuesta el 7 de agosto se efectúo fuera del término legal.

Indica que además, no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida, ya que actuó dentro la normativa laboral y contractual de las partes. Asimismo, no existe vulneración, perturbación o amenaza de ninguna Garantía Constitucional protegida por la acción constitucional de protección.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

SEXTO: Que de la disposición transcrita se desprende que para que resulte admisible tramitación una acción constitucional de protección, éste debe ser deducido en tiempo y mencionar hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en caso contrario, el numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, autoriza a desestimarlo, por resolución fundada.

SÉPTIMO: Que desprendiéndose del propio recurso de protección que los hechos imputados como vulneratorios a la empresa recurrida, ocurrieron durante la vigencia de la relación laboral y con ocasión del término de esta, es decir el 30 de junio del presente.

En consecuencia, habiendo ejercido la acción constitucional fuera del plazo de treinta días que establece el numeral 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del presente recurso, se acoge la alegación de extemporaneidad alegada la recurrida KYF Seguridad Integral E.I.R.L.

OCTAVO: Que respecto de la segunda recurrida, es menester señalar que de acuerdo a la documentación acompañada se pudo observar que el procedimiento seguido por la Inspección Provincial del Trabajo está conforme a derecho, actuando dentro de la esfera de sus competencias.

Por tanto, acorde al mérito de autos, se concluye que no ha existido en la actuación de la recurrida acto u omisión arbitrario o ilegal que hubiere motivado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que reclama el recurrente, motivo por el cual se rechazará el presente recurso de protección a su respecto.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, mediante esta acción no es el medio idóneo para determinar si el despido es justificado o no, o si existió vulneración con ocasión del mismo, tal como pretende la recurrente, no siendo éste el objeto del recurso de protección, más si para ello se requiere de un procedimiento de lato conocimiento ante los tribunales ordinarios de justicia, es decir, en lo sustancial teniendo presente que se trata de un procedimiento de emergencia, cautelar constitucional, requiere para que opere el ordenamiento jurídico en respeto de las garantías individuales o derechos fundamentales, la existencia indubitada de estos derechos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra KYF Seguridad Integral E.I.R.L y la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2263-2018 (PROT)

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