nombre reservado con ASOCIACION ATACAMEÑA DE REGANTES Y AGRICULTORES SAN PEDRO DE ATACAMA

Antofagasta, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece Luis Orellana Retamales, abogado, en representación convencional de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores San Pedro de Atacama, persona jurídica indígena, por haber negado la distribución de aguas a la que tienen derecho los recurrentes en su calidad de asociados de dicha organización y propietarios de inmuebles en el ayllu de Solor, comuna de San Pedro de Atacama. Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida carece de facultades legales para arrogarse la distribución de aguas conforme al régimen jurídico vigente y ha procedido sin fundamentación racional alguna, vulnerando, con ello, el derecho fundamental de propiedad sobre los derechos de aguas que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19, Nº 24, inciso final, por lo que solicita se ordene la entrega efectiva de las aguas correspondientes y la constitución de la recurrida como comunidad de aguas conforme al Código de Aguas vigente.

Informa la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Dirección General de Aguas y la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los recurrentes fundan su recurso indicando que son propietarios de inmuebles agrícolas ubicados en el Ayllu de Solor, comuna de San Pedro de Atacama. Asimismo, son asociados de la organización recurrida, la cual se atribuye la potestad de distribuir las aguas captadas en el río San Pedro y hacerlas llegar por diversos canales a los inmuebles de sus socios. Sin embargo, la directiva a cargo de la administración de la recurrida les ha comunicado que existirían deudas provenientes de cuotas impagas de la organización, por lo cual se les niega el acceso al agua mediante un supuesto acuerdo de la asamblea de regantes que prohíbe el uso de agua para el riego de sus inmuebles.

De acuerdo con lo expuesto en el recurso, ninguno de los recurrentes ha recibido notificación alguna ni resolución por escrito del supuesto acuerdo de parte del directorio o de la asamblea, situación que se agrava por el hecho de que los tres no son residentes permanentes en el Ayllu de Solor, siendo calificados como "afuerinos", circunstancia que la recurrida utiliza como fundamento adicional para negarles la entrega del agua. En este contexto, el sistema de distribución cuenta con 240 parceleros inscritos, de los cuales aproximadamente 180 riegan actualmente, encontrándose los recurrentes entre los aproximadamente 20 parceleros ubicados al oriente de la Ruta 23ch, quienes reciben el agua al final del turno según el sistema de distribución por turnos mensuales.

Invoca la protección del artículo 19, Nº 24, inciso final de la Constitución Política, que ampara el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes incorporales, entre los cuales se encuentran los derechos de aguas reconocidos conforme a la ley. En este sentido, argumenta que la Carta Fundamental protege los derechos históricamente asociados al riego de inmuebles, los cuales, conforme a la legislación previa a la Constitución actual, formaban una entidad única con los predios.

Hace referencia al Decreto Ley Nº 2.603 de 1979, que estableció las bases generales sobre las aguas que habría de recoger la futura Constitución, destacando particularmente su artículo 7°, que presume dueño del derecho de aprovechamiento a quien lo sea del inmueble que se encuentre actualmente utilizando dichos derechos. En caso de no ser aplicable dicha norma, se presume titular del derecho de aprovechamiento a quien se encuentre haciendo uso efectivo del agua.

Por otra parte, el recurrente sostiene que, dictado el Código de Aguas de 1981, las organizaciones de usuarios históricamente reconocidas, como las comunidades de aguas, persistieron como las únicas con base legal para distribuir las aguas tomadas de fuentes naturales o artificiales que permitan el riego de predios agrícolas. En consecuencia, argumenta que una organización indígena no puede arrogarse la distribución de aguas, menos aún si se encuentra al margen de la ley vigente de aguas, dado que la ley indígena no constituye una legislación que prime sobre aquella que sostiene el régimen de aguas vigente.

En cuanto a la permanencia en el tiempo del acto inconstitucional, el recurso invoca el numeral 1° del Texto Refundido del Auto Acordado sobre Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 2015, que establece que la permanencia en el tiempo constituye un antecedente suficiente para permitir la interposición del recurso más allá del plazo de treinta días desde la ocurrencia del acto u omisión.

Estima que se ha vulnerado el derecho constitucional de propiedad garantizado en el artículo 19, Nº 24, inciso final de la Constitución Política, mediante la privación flagrante del acceso al agua de riego por parte de la recurrida, acto que presenta efectos permanentes dado que actualmente los recurrentes no tienen agua de riego para sus predios. Dicha conducta es calificada como arbitraria por carecer de fundamentación racional, siendo el supuesto acuerdo de prohibición de repartición de aguas irracional a todas luces.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida la entrega efectiva de las aguas que corresponden a los recurrentes como asociados de la denominada Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores San Pedro de Atacama, en el volumen y con la periodicidad que ha sido costumbre entregarles por los canales que colindan con sus predios, sin condiciones de ningún tipo, dentro de tercero día de que la sentencia cause ejecutoria; se ordene a la recurrida su constitución como comunidad de aguas conforme al Código de Aguas vigente; se condene en costas del recurso por no tener la recurrida motivo plausible para litigar; y subsidiariamente, se adopten las providencias que la Corte estime convenientes.

SEGUNDO: Que evacúa informe la Dirección General de Aguas, estableciendo el marco normativo aplicable, señalando que el Título III del Libro II del Código de Aguas vigente, específicamente entre los artículos 186 al 293, regula de manera exhaustiva la materia relativa a las organizaciones de usuarios, constituyendo aproximadamente un tercio del referido cuerpo legal. Asimismo, precisa que conforme al artículo 299, literal e) del mismo código, corresponde a la Dirección General de Aguas "supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, y brindarles la asesoría técnica y legal para su constitución y operación de acuerdo con lo dispuesto en este Código".

Consecuentemente, el informe desarrolla los fundamentos normativos que rigen la constitución de organizaciones de usuarios, explicando que el artículo 186 del Código de Aguas establece que cuando dos o más personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal, embalse, o aprovechan las aguas de un mismo acuífero, pueden reglamentar la comunidad existente, constituirse en asociación de canalistas o en cualquier tipo de sociedad, con el objeto de administrar las aguas del caudal matriz y realizar las obras necesarias para su aprovechamiento.

Adicionalmente, detalla que la legislación reconoce cuatro tipos específicos de organizaciones de usuarios: las comunidades de aguas, las comunidades de obras de drenaje, las asociaciones de canalistas y otras organizaciones de usuarios, y las juntas de vigilancia. En este contexto, resulta fundamental la disposición contenida en el artículo 196 del Código de Aguas, que establece categóricamente que "las comunidades se entenderán organizadas por su registro en la Dirección General de Aguas", agregando que las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica.

Por otra parte, hace referencia al marco reglamentario complementario, citando el Decreto Supremo N°203-2014 respecto de las Comunidades de Aguas Subterráneas, y el Decreto Supremo N°1.220 de 1998, que aprueba el reglamento del Catastro Público de Aguas, estableciendo que este comprende diversos registros, incluyendo específicamente el Registro Público de Organizaciones de Usuarios.

En relación al punto central de la consulta formulada, el organismo técnico efectúa una verificación exhaustiva de sus registros oficiales, concluyendo de manera categórica que la recurrida "Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama" no se encuentra registrada ante la Dirección General de Aguas como organización de usuarios en conformidad al Código de Aguas. Para sustentar esta afirmación, el informe proporciona datos estadísticos detallados sobre las organizaciones registradas en la Región de Antofagasta, indicando que existen 42 comunidades de aguas distribuidas en las distintas comunas, ninguna comunidad de obras de drenaje, asociación de canalistas o junta de vigilancia, sin que entre las organizaciones registradas figure la recurrida.

No obstante lo anterior, señala que tanto la "Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama" como la "Comunidad Atacameña de Santiago de Río Grande" son, en común, titulares de derechos de aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo en la comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

Indica que estos derechos de aprovechamiento fueron regularizados conforme al artículo 2° Transitorio del Código de Aguas de 1981, en causa Rol 4067-96, mediante sentencia declarativa del Segundo Juzgado de Letras de El Loa – Calama. Asimismo, precisa que tal derecho se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de El Loa, a Fojas 46 N°45, del año 1999, y registrado en el Catastro Público de Aguas que lleva la Dirección General de Aguas, según consta en el Certificado del Catastro N° 2285, extendido el 18 de abril de 2010.

Finalmente, refiere que la recurrida corresponde a una asociación indígena constituida al amparo de la Ley N° 19.253, encontrándose por tanto sujeta al régimen jurídico establecido en dicha normativa, diferente al régimen de las organizaciones de usuarios del Código de Aguas.

Concluye que la recurrida no se encuentra registrada como organización de usuarios conforme al Código de Aguas vigente, no pudiendo entenderse organizada como comunidad de aguas para los efectos del inciso primero del artículo 196 del referido cuerpo legal, sin perjuicio de su condición de titular de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales debidamente inscritos en los registros correspondientes y de su naturaleza jurídica como asociación indígena regulada por legislación especial.

TERCERO: Que evacúa informe la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, señalando que la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama se encuentra constituida legalmente desde el 24 de mayo de 1995, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 19.253, encontrándose inscrita en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas a cargo de la Corporación con el N° 08, que corresponde al número de personalidad jurídica.

Asimismo, informa que la comunidad se encuentra actualmente constituida por 450 socios según el registro que lleva la Corporación, y que su directorio se encuentra vigente hasta el 15 de enero de 2026.

Establece que las señoras nombre reservado y nombre reservado se encuentran acreditadas y cuentan con certificados de calidad indígena, cuya procedencia corresponde a la etnia o pueblo Lickanantay o Atacameña. Por el contrario, nombre reservado no cuenta con certificación de calidad indígena. De manera relevante, precisa que las personas antes referidas no se registran en la base de datos que mantiene la Corporación como socios de la Asociación de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama.

Adicionalmente, señala que en la base de datos no se encuentra registro de que nombre reservado posea la calidad de presidente y sea socio de la Asociación de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama.

Respecto a los fundamentos de derecho que sustentan la defensa de la entidad informante, esta articula una excepción de incompetencia sustantiva basada en los principios de autonomía, autodeterminación e independencia de los pueblos indígenas. En efecto, argumenta que las comunidades y asociaciones indígenas, como personas jurídicas, se rigen por sus respectivos estatutos conforme a los usos y costumbres propios de su etnia, incluso por reglamentos internos que acuerden en sus asambleas.

Fundamenta jurídicamente esta posición invocando los principios consagrados en la Constitución Política sobre independencia, autodeterminación y autonomía de los pueblos, lo establecido en la Ley N° 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo indígena que crea Conadi, así como el Convenio N° 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Chile y promulgado mediante Decreto Supremo N° 236 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Complementariamente, invoca el inciso 2° del artículo 2 de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que previene que los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones, no pudiendo el Estado adoptar medidas que interfieran en la vida interna de estas organizaciones.

Sobre la base de estos instrumentos normativos, el informante sostiene que la Corporación no puede interferir en las decisiones internas de las organizaciones indígenas, toda vez que estos instrumentos reconocen como principio rector la autonomía de los pueblos y asociaciones indígenas.

En consecuencia, argumenta que los estatutos de las comunidades y asociaciones indígenas corresponden a la materialidad de la manifestación de voluntad de sus asociados y, por tanto, cualquier inconveniente de interpretación de sus disposiciones debe ser resuelto e interpretado por los mismos asociados, quienes obligan su actuar a las disposiciones estatutarias, salvo que su aplicación sea constitutiva de actos vulneratorios de derechos y garantías constitucionales.

Refuerza esta línea argumentativa reiterando que la Ley N° 19.253 no contiene normas que autoricen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para intervenir directa o indirectamente en las decisiones o actuaciones de las organizaciones indígenas, toda vez que ello importaría atribuir al servicio facultades diversas a aquellas que le han sido señaladas expresamente por la ley.

Refiere que la Asociación de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama cuenta con título inscrito de derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río San Pedro, con un caudal de 870 litros por segundo, inscritos a fojas 46 N° 45 del año 1999 del Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe.

CUARTO: Que evacúa informe la recurrida Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama, objetando la calidad de asociados que invocan los recurrentes, sosteniendo que dicha alegación carece de veracidad y se encuentra desvirtuada por los antecedentes oficiales proporcionados por las propias instituciones que los recurrentes solicitaron oficiar. En efecto, argumenta que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad encargada del registro de comunidades y asociaciones indígenas, ha informado expresamente que, revisada su base de datos, los recurrentes doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado no se registran como socios de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama.

Consecuentemente, sostiene que existe una clara falta de legitimidad pasiva, toda vez que los recurrentes, al no estar registrados como socios, simplemente no forman parte de la Asociación, no existiendo vínculo alguno que permita entender que la supuesta vulneración se produzca. Añade que no existe una relación directa entre el acto u omisión imputado y el derecho constitucional supuestamente afectado, puesto que la negativa de acceso al agua no proviene de un capricho del recurrido, sino de la falta de calidad de socia de los recurrentes.

Explica que se trata de una persona jurídica indígena legalmente constituida el 24 de junio de 1995 como asociación indígena de conformidad a la Ley N° 19.253, que goza de personalidad jurídica N° 8 y cuyo directorio se encuentra vigente. Precisa que sus estatutos regulan su organización, derechos y deberes de sus miembros, y su funcionamiento, siendo uno de sus principales objetivos tomar las aguas del Río San Pedro y repartirlas entre sus regantes asociados, rigiéndose la distribución de aguas por los usos y costumbres y por un reglamento interno dictado por la Asamblea General.

Asimismo, destaca que, conforme ha informado la Dirección General de Aguas, la Asociación, conjuntamente con la Comunidad Atacameña de Río Grande, es titular de derechos de aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes del Río San Pedro, regularizados y debidamente inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de El Loa, con un caudal de 870 litros por segundo. Enfatiza que estos derechos fueron regularizados de conformidad al artículo 2° Transitorio del Código de Aguas de 1981, en causa Rol 4067-96, mediante sentencia declarativa del Segundo Juzgado de Letras de El Loa – Calama.

En tercer término, sostiene que opera bajo el marco legal de la Ley Indígena, la cual reconoce autonomía a las organizaciones indígenas. Refuta el argumento de los recurrentes respecto a que solo una comunidad de aguas puede distribuir agua, señalando que la Conadi ha sido clara al indicar que las comunidades y asociaciones indígenas, como personas jurídicas, están regladas por sus estatutos y usos y costumbres, rigiéndose por los principios de independencia, autodeterminación y autonomía reconocidos en la Constitución, la Ley N° 19.253 y el Convenio N° 169 de la OIT.

En cuarto lugar, argumenta que la presunción del artículo 7° del Decreto Ley N° 2.603 de 1979 no resulta aplicable para fundar un derecho a recibir agua de la Asociación si no se ostenta la calidad de miembro de ella. Explica que dicha norma se refiere a la presunción de titularidad del derecho de aprovechamiento en sí mismo, no al derecho a recibir la distribución de agua de una organización específica, agregando que los derechos de aprovechamiento del Río San Pedro están inscritos a nombre de la asociación recurrida, por lo que los recurrentes, al no ser miembros, no pueden invocar un derecho a recibir agua basado en dicha presunción.

En quinto término, respecto a la ausencia de notificación formal, manifiesta que resulta irrelevante ante la falta de calidad de socios de los recurrentes. Argumenta que si los recurrentes no son miembros de la asociación, no tienen derecho a recibir notificaciones de los acuerdos internos de la Asamblea, ni están sujetos a los motivos de suspensión de derechos que se aplican a los socios.

Finalmente, la recurrida concluye que la acción de la asociación no constituye un acto arbitrario o ilegal contra los recurrentes, toda vez que la negación del acceso al agua no es ilegal porque la asociación, como titular de los derechos de agua, distribuye dicho recurso entre sus miembros conforme a sus estatutos y la Ley N° 19.253, no siendo arbitrario porque existe una razón objetiva y lícita para la negativa: los recurrentes no son socios de la organización que gestiona y distribuye el agua.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe, por contestado el recurso de protección deducido en su contra y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes con costas.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados eventualmente afectados por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que en la presente acción constitucional, los recurrentes persiguen que ordene a la recurrida la entrega efectiva de las aguas que a los recurrentes les corresponden como asociados de la denominada Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores San Pedro De Atacama, en el volumen y con la periodicidad que ha sido costumbre entregarles, por los canales que colindan con sus predios, sin condiciones de ningún tipo, dentro de tercero día de que la sentencia cause ejecutoria, y que se ordene a la recurrida su constitución como comunidad de aguas conforme al Código de Aguas vigente; todo ello en que son propietarios de inmuebles agrícolas en el Ayllu de Solor, comuna de San Pedro de Atacama, que son asociados de la recurrida quien se atribuye la potestad de distribuir las aguas que se captan en el río San Pedro y hacerlas llegar por diversos canales a los inmuebles de sus socios, que la directiva a cargo de la administración de la recurrida les ha señalado que existirían deudas provenientes de cuotas impagas de la organización por lo que se les niega el acceso al agua por un supuesto acuerdo de la asamblea de regantes de prohibir el uso de agua para el riego de sus inmuebles, y ninguno de los recurrentes ha recibido notificación alguna al efecto.

OCTAVO: Que de los antecedentes acompañados es posible tener por asentado los siguientes hechos:

1.- La recurrida es titular de derechos de aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes del Río San Pedro, regularizados y debidamente inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de El Loa, con un caudal de 870 litros por segundo, derechos que fueron regularizados de conformidad al artículo 2° Transitorio del Código de Aguas de 1981, en causa Rol 4067-96, mediante sentencia declarativa del Segundo Juzgado de Letras de El Loa – Calama.

2.- La recurrida es una persona jurídica indígena, legalmente constituida el 24 de junio de 1995 como asociación indígena de conformidad a la Ley N° 19.253, que goza de personalidad jurídica N° 8 y, considerando su naturaleza, se rige por su estatuto y conforme a los usos y costumbres propios de su etnia.

3.- Según sus estatutos, su principal objetivo es tomar las aguas del Río San Pedro, repartirlas entre sus regantes, pudiendo integrar la misma como asociado los indígenas atacameños mayores de edad que acrediten ser propietarios de un predio agrícola que aproveche las aguas de dicho rio, pudiendo participar de la misma con similares derechos los que el estatuto llama “regante”, que son personas que justifiquen ser propietarios de un terreno agrícola que utilice las aguas de dicho rio, sea o no indígena, indicando el título III que se llevará un Registro de Regantes, y que quienes figuren en el mismo tendrán derecho a gozar del reparto de agua en la proporción que corresponda a la heredad, estableciendo la obligación de registrar las transferencias de dominio; en su título VIII regula la distribución de las aguas, indicando que para estos efectos se establecerá un sistema de turnos conforme a usos y costumbres que se regulará por un reglamento interno dictado por la Asamblea General disponiéndose que las cuestiones que se susciten entre los regantes relativas a la distribución de aguas, y previo a recurrir a la justicia ordinaria, debe someterse al Directorio quien actuará como árbitro arbitrador. Por último, cabe tener presente que se establece que el Directorio podrá privar del agua a algún regante que se retrase por más de sesenta días, sin causa justificada, en el pago de sus compromisos pecuniarios con la asociación, y mientras persista el incumplimiento, disponiéndose que son deberes de los regantes pagar puntualmente las cuotas establecidas por la asociación y las cuentas de agua.

4.- Doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado no son miembros de la Asociación Atacameña de Regantes.

NOVENO: Que, considerando lo anteriormente establecido, debe tenerse como punto de partida que, la asociación antes indicada, constituida legalmente conforme a la Ley Indígena, es titular de derechos de agua en la comuna de San Pedro de Atacama, siendo el objeto de la asociación distribuir dicha agua entre los socios y regantes inscritos en sus registros, exigiéndose para esto último sólo ser propietarios de terrenos en el sector.

De lo anterior fluye como consecuencia que los recurrentes no son titulares de derechos de aguas, sino que es titular de ellos la asociación recurrida, teniendo derecho al uso de las aguas los socios y “Regantes” inscritos, según las reglas establecidas en el estatuto y en el reglamento de la institución, no según las reglas del Código de Aguas, sobre todo considerando que, por tratarse de una asociación indígena, tiene derecho a autodeterminarse según las reglas que se hayan aprobado para su funcionamiento.

Lo segundo que se puede extraer de aquello es que, sin ser relevante si los recurrentes sean o no indígenas, para tener derechos al uso de las aguas no basta sólo con ser propietario de terreno en el lugar en cuestión, sino que se requiere, en base a dicha calidad, solicitar su incorporación en el Registro de Regantes, sin que exista posibilidad de rechazo al efecto si se acredita la calidad de propietario.

DÉCIMO: Que, dicho lo anterior, negando la parte recurrida el derecho de los recurrentes a la distribución de agua, estos últimos se limitaron a acreditar su propiedad sobre los terrenos ubicados en el sector de Solor, sin acreditar, y ni siquiera alegar, estar inscritos en el Registro de Regantes, situación que les haría acreedor del derecho al uso del agua conforme a los estatutos, y estando claramente asentado que no son socios de la institución (aparece claramente del registro de socios que no tienen tal calidad), sólo cabe concluir que no se ha establecido la legitimidad activa para accionar, como tenemos el ser titular de un derecho indubitado que permita solicitar medidas de urgencia para su resguardo, por lo que no cabe sino rechazar el recurso.

Cabe tener presente que tampoco se prueba en alguna forma que aquellos usaban el agua de la asociación en términos de poder requerir no alterar el statu quo.

UNDÉCIMO: Que a la misma conclusión se arriba si estamos al tenor del recurso, desde que, incluso sin tener la calidad de regantes (lo que no se invoca), o teniéndola, indica la recurrente que la directiva le habría cortado el agua por deudas de cuotas, sin indicar haber pagado las mismas (establecidas en el estatuto por lo demás), y en esa situación claramente el directorio tiene facultades al efecto conforme al artículo 39 del estatuto, por lo que, incluso de ser cierto aquello, no habría acción ilegal, desde que se actuó conforme a la reglamentación de la institución, y tampoco es arbitraria en tanto tiene sustento en la deuda, lo que constituye una nueva razón para rechazar el recurso.

DUODÉCIMO: Que, en todo caso, de formar parte de la asociación como socio o regante, única forma de eventualmente tener derecho al uso de las aguas que contiene el derecho de aprovechamiento, los usuarios tienen la obligación de someter el asunto antes de recurrir a la justicia ordinaria al Directorio conforme al artículo 51 de los estatutos, por lo que, ante la ausencia de dicho trámite previo, muy justificado además en una asociación indígena, no resulta procedente accionar a través del arbitrio constitucional en examen, sobre todo considerando que previo a la adopción de medidas resulta necesario declarar derechos.

DECIMOTERCERO: Que, por último, en relación a la petición de que se ordene a la recurrida su constitución como comunidad de aguas conforme al Código de Aguas vigente, más allá de lo improcedente que resultaría aquello considerando que el titular del derecho de aguas es la asociación y no los regantes, lo cierto es que para dichos efectos los intervinientes pueden proceder conforme con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Aguas, que regulan el procedimiento relacionado a la existencia de las comunidades de aguas o sobre los derechos de los comuneros, siendo improcedente resolver temas como aquellos a través de las facultades conservadoras.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por el abogado Luis Orellana Retamales, en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores San Pedro de Atacama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2261-2024 (Protección)

Redactó el ministro titular señor Juan Opazo Lagos.

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