nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN

Antofagasta, quince de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por el rechazo de licencias médicas, ordenando a la recurrida las medidas que correspondan.

Informaron las recurridas instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en que apeló a sus licencias porque se enfermó de un cuadro de depresión y ansiedad debido que su hijo tuvo una sobredosis de consumo de cocaína, y a raíz de ello estuvo al borde de la muerte, no pudiendo dormir, descansar, ni alimentarse. Agrega que fue al doctor y le dio licencias y medicamentos.

Indica que, el no pago de licencias médicas le ha traído problemas económicos ya que tiene que ayudar a su hijo que se encuentra enfermo en un Centro de Rehabilitación, y además viene saliendo de un cáncer de mama donde estuvo con quimioterapia y radiación, todo lo cual la dejó con muchas secuelas.

Sostiene que, la Comisión es muy superficial para ver el diagnóstico, haciendo caso omiso al informe del doctor.

Señala que, ahora se encuentra trabajando con mucho estrés y preocupación porque su hijo está por salir de su tratamiento y no sabe cómo va a enfrentar la vida de aquí en adelante.

Finalmente, precisa que le deben las licencias médicas de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de las recurridas, solicitando se apruebe el pago de sus licencias médicas.

SEGUNDO: Que la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) evacuó informe señalando que la recurrente se encuentra afiliada al sistema previsional de salud de Fondo Nacional de Salud -FONASA-, siendo el detalle de las licencias médicas mencionadas y que fueron tramitadas las siguientes:

1.- N°4-16995349, desde 02-01-2024 hasta 16-01-2024, 15 días, Diagnóstico F43, Rechazada.

2.- N°4-17118264, desde 17-01-2024 hasta 31-01-2024, 15 días, Diagnóstico F43, Rechazada.

3.- N°4-17229150, desde 01-02-2024 hasta 15-02-2024, 15 días, Diagnóstico F43, Rechazada.

4.- N°3-99115556, desde 16-02-2024 hasta 07-03-2024, 21 días, Diagnóstico F43.2, Rechazada.

Refiere que, dichas licencias médicas se emitieron por patología de índole psiquiátrico, específicamente por diagnóstico de “trastorno de adaptación” (F43.2) y “Reacción al estrés grave y trastorno de adaptación” (F43).

En cuanto a la tramitación de estas licencias, menciona que la recurrente cuenta con licencias médicas continuas por enfermedad de origen psiquiátrico desde el 03 de enero de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, por un total de 185 días, las que fueron autorizadas en su totalidad. Agrega que, a finales del año 2023, específicamente el 18 de diciembre de 2023, presenta otra licencia médica por patología de salud mental, la que se da de manera continua hasta el 07 de marzo de 2024, por un total de 81 días.

Señala que, respecto a las licencias médicas N°4-16995349 y 4-17118264, de fecha 11 de enero de 2024 y 24 de enero de 2024, respectivamente, el médico contralor solicitó incorporar informe complementario protocolizado, en el que se señale evolución del cuadro, pronóstico y fecha probable de alta, quedando pendientes las licencias mencionadas a la espera que doña nombre reservado adjunte la información. Luego, respecto de la licencia N°4-17229150, en fecha 06 de febrero de 2024, el médico contralor la deja en estado pendiente, dado que la usuaria no incorpora el informe médico complementario, solicitado anteriormente para justificar el reposo.

Menciona que, el 07 de marzo de 2023 se recibió el informe emitido por el médico general, Dr. nombre reservado, de fecha 08 de febrero de 2024, a fin de justificar el reposo por incapacidad laboral de las licencias médicas pendientes Nº4-16995349, 4-17118264 y 4-17229150, y la Contraloría médica resuelve rechazar las licencias médicas por la causa “sin causa médica que justifique el reposo: no aporta antecedentes suficientes”. Añade que, el informe fue realizado por un médico general y no un especialista, como se esperaría para un cuadro de salud mental, además que la usuaria no presenta certificados u otro documento que dé cuenta de intervención psicoterapéutica.

Expresa que, con fecha 21 de junio de 2024 se recibe un recurso de reposición por las licencias médicas Nº4-16995349, 4-17118264, 4-17229150 y 3-99115556, y en dicha apelación se adjunta informe de médico tratante, de fecha 13 de junio de 2024, Dr. nombre reservado, en el que se detalla diagnóstico, historia clínica, evolución, tratamiento y la fecha probable de alta; no obstante se rechazan las licencias, pues la documentación entregada el 21 de junio de 2024 se encontraba fuera de plazo legal para apelar.

Destaca que, la recurrente interpuso recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de los rechazos pronunciados, y se recibió la Resolución Exenta NºR-01-UME-149495-2024, de fecha 24 de septiembre de 2024, de la SUSESO, que confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse el reposo justificado. Asimismo, la Resolución Exenta NºR-01-IBV-176533-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, también confirmó el rechazo de las licencias médicas.

Finalmente, en relación con la normativa aplicable, cita el Decreto Supremo N°3 de 1984 del MINSAL, específicamente su artículo 1°, la Circular N°3.751 de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27 de junio de 2023 y el Decreto Nº7/2013 del Ministerio de Salud.

TERCERO: Que, asimismo, informó la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al tenor del recurso.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección, con costas, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con materias de seguridad social, ya que la garantía que realmente se encuentra alegada es la del artículo 19 N°18 de la Constitución. Ello, porque la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del D.F.L. Nº1 de 2005 y el Decreto Supremo Nº3 del año 1984, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, ambos del Ministerio de Salud; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), y el pago del subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección.

Luego, en subsidio de lo anterior, informó en cuanto al fondo del asunto, refiriendo el marco jurídico–normativo que regula la materia de la presente acción de protección, mencionando las incapacidades laborales temporales y permanentes, haciendo mención al D.L. N°3.500 de 1980, al D.F.L. N°1 del año 2005 y al D.S. N°3 del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, sosteniendo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Señala que, la recurrente concurrió con fecha 01 de agosto de 2024 ante la SUSESO reclamando que la COMPIN confirmó el rechazo de las licencias médicas Nºs 4-16995349, 4-17118264, 4-17229150 y 3-99115556, extendidas por un total de 66 días a contar del 02 de enero de 2024, por reposo no justificado. Al respecto, mediante Resolución Exenta R-01-UME-149495-2024, de fecha 24 de septiembre de 2024, la SUSESO resolvió que “El reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 99115556-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 185 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, del informe médico adjunto, parcialmente legible, no se logran desprender elementos de severidad psicopatológica, del compromiso funcional significativo durante el periodo de reposo extendido, ni de la necesidad de ajuste en un plan terapéutico que considere intervenciones orientadas a la e incorporación laboral. Asimismo, no se adjunta certificado de un proceso psicoterapéutico, intervención que pudiera favorecer la buena evolución del diagnóstico planteado. Por lo tanto, no se logra fundamentar el rol terapéutico del reposo reclamado”. Seguidamente, con fecha 29 de octubre de 2024 la actora solicitó se reconsidere este dictamen y, mediante Resolución Exenta R-01-IBS-176533-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, la SUSESO resolvió que: “no se logra desprender de los informes adjuntos elementos de severidad psicopatológica o compromiso funcional, detalle de ajustes realizados al plan de tratamiento según curso clínico, que permitan fundamentar la prolongación de la indicación de reposo laboral. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. En consecuencia, con la información adjunta, no se puede realizar una conclusión distinta a la del dictamen previamente emitido.”

Seguidamente, menciona el informe de fecha 24 de septiembre de 2024, elaborado por el especialista don nombre reservado, que señala como antecedente relevante: “Informe parcialmente legible no dan cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional significativo, necesidad de ajuste en el tratamiento farmacológico ni un plan terapéutico que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral. Sin certificado de psicoterapia o apoyo psicosocial, en suma, no hay elementos de severidad, del compromiso funcional ni del plan de tratamiento que fundamenten el rol terapéutico del reposo. Por lo tanto, sugiero no acoger…”. Del mismo modo, expone informe de fecha 12 de noviembre de 2024, elaborado por la especialista doña nombre reservado, que indicó que: “Conclusiones Mujer de 57 años, vendedor. Acumula 200 días de permiso autorizado por patología psiquiátrica suma un total de 467 días Apela LM que suman 66 días en total Adjunta informe médico, emitido por médico no psiquiatra, describe sintomatología sin elementos de severidad, como tampoco evolución clínica ni ajustes farmacológicos en función de esta, no describe limitación funcional ocasionada de alto grado. Sugiero rechazar…”.

Sostiene que, los dictámenes impugnados por la recurrente están respaldados por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo y están en armonía con lo resuelto por la COMPIN. Por otra parte, el expediente de la reclamante no sólo incluye las resoluciones impugnadas, sino también los documentos proporcionados por la propia recurrente, de los cuales se construye la ficha médica e indica: “… Fundamentos de la resolución: Conclusiones Mujer de 57 años, vendedor. Acumula 200 días de permiso autorizado por patología psiquiátrica suma un total de 467 días Apela LM que suman 66 días en total Adjunta informe médico, emitido por médico no psiquiatra, describe sintomatología sin elementos de severidad, como tampoco evolución clínica ni ajustes farmacológicos en función de esta, no describe limitación funcional ocasionada de alto grado. Sugiero rechazar…”.

Indica que, realizó un análisis exhaustivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes que constan en el expediente, de los cuales se pudo observar que no se ha dado cumplimiento a la “Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”, la que establece para reposo superior a 60 días, una serie de requisitos que la Sra. nombre reservado no cumple, lleva 200 días autorizados. Entre los requisitos, se contempla que la licencia médica debe ser “… otorgada por médico psiquiatra, incluir el trastorno de adaptación, trastorno de personalidad y el diagnostico principal, contar con un informe de médico psiquiatra que dé cuenta sobre la refractariedad del tratamiento, ajustes del mismo, así como de los fármacos otorgados, descripción de resistencia al tratamiento y evaluaciones periódicas…”.

Finalmente, se refiere a las facultades de la SUSESO en esta materia, a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar y a la ausencia de derechos vulnerados.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, primeramente, frente a la alegación de la SUSESO en orden a la improcedencia del recurso por tratarse éste de las materias contenidas en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, cabe desde ya rechazar dicha aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada que, dentro de las garantías constitucionales que pretende infringidas la recurrente, se contempla aquella contenida en el numeral 1 de la Carta Fundamental, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está comprendida en el amparo de la acción constitucional de protección en comento.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados por las partes, se desprende que por su intermedio se persigue que se dejen sin efecto las resoluciones de la COMPIN y de la SUSESO, ordenado el pago de las licencias médicas a la recurrente, cuestionando la negativa de pago de las mismas y la decisión denegatoria de las recurridas.

OCTAVO: Que, en este sentido, se debe tener presente que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el D.F.L. N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “Fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; y por el D.S. N°3 del mismo Ministerio que “Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano dentista o matrona "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

NOVENO: Que vale tener en consideración a los efectos de la acción deducida, que el artículo 16 del Reglamento establece de un modo quien debe pronunciarse sobre la licencia médica extendida, esto es, quien puede autorizarla, rechazarla, ampliarla o reducirla. Ahora bien, por convencionalismo, como señala, Osses (Osses Silva, Claudio: “Estándar de motivación o fundamentación en el rechazo de licencias médicas por causales de orden médico: un estudio jurisprudencial” en Revista de Derecho de la Universidad de Concepción Nº245, 2019, pp. 133-172, a quien hemos seguido libremente en todo este capítulo) las causales de rechazo han sido reunidas en dos grupos: Las de orden jurídico-administrativo y las de orden médico.

Las primeras obedecen a criterios legales o reglamentarios, tales como que el paciente no es trabajador (dependiente o independiente) o que el formulario de licencia médica fue presentado para su tramitación fuera del plazo reglamentario, causales que están reguladas, por lo general, en el artículo 55 del Decreto N°3, 1984.

En tanto las segundas –que no están reguladas de modo expreso en nuestro Derecho– se sustentan en razones médicas, comprendiéndose aquí al reposo injustificado, el prolongado y la salud irrecuperable.

En lo que toca al caso concreto, la reconducción de los motivos del rechazo se amparan precisamente en la primera de las causales a las que se alude, esto es, el carácter injustificado del reposo, carácter que deriva en términos generales si tanto de los antecedentes tenidos a la vista o que se obtengan en virtud del ejercicio de un peritaje, como de lo previsto por la lex artis médica, no se logra acreditar la existencia de la enfermedad o la necesidad del reposo prescrito. Eventualmente, si el carácter injustificado es evidente -entendiéndose que la hay cuando existe ausencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito- de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N°20.581, se seguirá un procedimiento administrativo tendiente a la sanción del profesional tratante, lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos 202 del Código Penal y 156 bis del Código Procesal Penal.

En cuanto a la emisión de la licencia médica, como puede derivarse de la definición relacionada en forma precedente, sólo un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona puede emitir una licencia médica, pero quienquiera que la otorgue, deberá ceñirse a lo que la lex artis médica les enseña, que en concepto de nuestro máximo tribunal – Fallo rol Nº38151-2016, de 25 de abril de 2017- “está constituida por el conjunto de principios y normas técnicas cuyo dominio es exigido a cuantos ejercen la actividad.”

Siguiendo siempre a Osses, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 20.585 y el Decreto N° 7 del año 2013, podemos sostener que aunque la lex artis médica demanda que el profesional realice una serie de procedimientos, exámenes e informes en el ejercicio de su labor, nuestra actual regulación ha impuesto, para ciertas patologías, la práctica de exámenes, la elaboración de informes y el acompañamiento de antecedentes, todos ellos preestablecidos, en virtud de las denominadas “Guías Clínicas Referenciales Relativas a Exámenes, Informes y Antecedentes”.

Conforme a lo que se viene indicando, y teniendo en consideración las razones que se han entregado por las recurridas a propósito de justificar el rechazo de las licencias médicas reclamadas por la recurrente, no podemos sino concluir que los actos administrativos que dan cuenta de tal rechazo carecen de explicación del motivo de hecho y de los fundamentos de derecho con que se han pretendido justificar los mismos. Lo anterior, se condice con la tesis de Bermúdez, cuando alude a la justificación y motivación del acto administrativo, en tanto señala: “...la motivación obliga a tener en cuenta lo siguiente: la carga de la motivación corresponde a la Administración, o sea, es ella quien debe exponer las razones de su decisión; aunque, en su parecer, se cumpliría esta exigencia haciendo un desarrollo sucinto o resumido de las razones del acto; debe realizarse mediante referencia a hechos y fundamentos de Derecho; y debe contar con razones de fondo que demuestren que la decisión no se funda en la sola voluntariedad de quien la adopta.” (Bermúdez Soto, Jorge: Derecho Administrativo General, Thomson Reuters, Santiago, 2014, 3ª. Edición, pp. 149-152).

En efecto, como señala Osses, existe un consenso respecto a que los actos administrativos deben expresar las razones fácticas y jurídicas que permiten sustentar la decisión adoptada, y según señala el mismo Bermúdez, es la administración quien lleva la carga de motivar sus actos. Este consenso doctrinario, es seguido por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causal rol Nº19005-2018 de 26 de noviembre de 2018.

En la especie si se considera que las razones esgrimidas por la recurrida pueden ser reconducidas a la especialidad médica de quien debe emitir la licencia médica; a la carga de la prueba y su suficiencia para justificar el reposo prescrito; y en no haberse probado el reposo fundado en la incapacidad laboral durante el reposo prescrito, podemos indicar que todos ellos de acuerdo a los presupuestos de hecho que constan en los antecedentes devienen en ilegales.

En primer término en relación al carácter de médico general de quien ha emitido las licencias médicas de la recurrente, ello aparece solucionado en el artículo 3º del Decreto 7 del año 2013, que “aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en cuanto dispone en sus incisos segundo y tercero que: “ En aquellos casos en que el paciente no pueda aportar los antecedentes que le sean requeridos por la Contraloría Médica correspondiente, debido a falta de acceso u oportunidad en la realización de determinados exámenes o evaluaciones por médico especialista, deberá acreditar esta circunstancia mediante documento en que conste que se encuentra en lista de espera de la prestación requerida, en el establecimiento asistencial correspondiente.

Asimismo, mientras no se disponga del informe del médico especialista, en la situación prevista en el párrafo anterior, deberá ser considerado en su reemplazo un informe emitido por el médico tratante que contenga a lo menos el diagnóstico principal, comorbilidades, características del cuadro clínico, exámenes realizados, evolución, tratamiento y tiempo probable de reintegro.”

Valga indicar que en la especie, el informe a que se hace referencia en el inciso tercero transcrito fue allegado por el facultativo tratante de la recurrente.

Ahora bien, en relación a la carga de probar que el reposo es injustificado corresponde a quien debe emitir el pronunciamiento o resolver el correspondiente recurso administrativo, onus probandi que el caso concreto ha sido alterado por las recurridas, quienes reprochan a la recurrente la ausencia de antecedentes justificativos en tal sentido.

Así las cosas, deviene evidente, que la razón expresada por las recurridas deja en evidencia que ambas instituciones han radicado en la recurrente la carga de justificar el reposo que le fuere cursado por su médico tratante, sin ordenar la práctica de examen alguno útil para establecer el estado de las patologías que en su momento le aquejaron, como las consecuencias respecto a su aptitud laboral, limitándose a realizar una revisión formal de los antecedentes que al pronunciarse examinaron para emitir la decisión que por esta vía se reclama.

Deviene categórico entonces, que las recurridas han incumplido la obligación de motivación exigible a todo acto administrativo, conforme lo prescrito en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880, por lo que la conducta cuestionada a través de este arbitrio debe ser calificada como ilegal, debiendo acogerse la acción deducida en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre la Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas el recurso, deducido por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, SOLO EN CUANTO, se ordena a las recurridas coordinar la práctica de exámenes médicos que permitan establecer el real estado de salud del recurrente, dictando, posteriormente, la resolución que corresponda conforme a derecho respecto de las licencias médicas objeto del recurso.

Acordado anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Opazo, quien fue de parecer de rechazar el recurso, teniendo en consideración los antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista, acompañados tanto por la actora como por las recurridas, no se advierte un obrar ilegal o arbitrario de éstas, desde que actuaron dentro del marco de sus facultades y ajustándose al procedimiento legal, sin que la recurrente lograra acreditar la justificación del reposo, siendo no menor que la licencia no emana de médico especialista, relevante ante la extensión de las mismas, siendo claro que, en todo caso, por esta vía recursiva no resulta posible emitir una decisión de mérito que evalúe si la enfermedad amerita otorgar la licencia respectiva.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2258-2024 (PROTECCIÓN)

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