nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR

Antofagasta, a veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Isadora Paredes Vennek, abogada domiciliada para estos efectos legales en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, del mismo domicilio, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior por la Notificación N°2500100260319 de fecha 14 de noviembre del 2025, que rechaza la solicitud de Residencia Definitiva y entrega una Residencia Temporal en subsidio; por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del actor garantizados en el artículo 19 en sus números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, y artículo 27 de la Ley 19.880, solicitando se ordene al recurrido a resolver la solicitud de residencia definitiva del recurrente, y que, asimismo, se instruya al Servicio Nacional de Migraciones a proceder a una nueva revisión documental, y decidir conforme a derecho la solicitud de residencia definitiva, o las medidas que se estimen.

El recurso se tuvo por interpuesto únicamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacuó el informe y solicitó el rechazo del recurso de protección.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se señala que el recurrente, de nacionalidad colombiana, reside en Chile con trabajo estable como dependiente para la empresa “TRANSILVER SPA”, de manera indefinida, lo que le permite solventar sus gastos mientras resida en el país. Añade que su ingreso a Chile fue el año 2018, año en que se promulgó por primera vez mediante Decreto el proceso de “Regularización Extraordinaria” que abarcó a personas irregulares y aquellas que ingresaron por paso no habilitado. Añade que el actor tramitó su primera residencia temporaria mediante el proceso de regularización la que fue otorgada el 10 de octubre de 2018 hasta el 10 de octubre de 2019, por un año, lo que le permitió establecerse con un trabajo estable.

Señala que después, gestionó una Prórroga de Residencia Temporaria por un año más, enviando todos y cada uno de los requerimientos exigidos por el ente migratorio, siendo aprobada con fecha 23 de agosto de 2021 y siendo activada el 18 de noviembre de 2021, y estuvo vigente hasta el 18 de noviembre del 2022, es decir por un año y transcurrido el tiempo, estando dentro de plazo legal y en cumplimiento de lo indicado en la Ley 21.325, el recurrente envió su solicitud de residencia definitiva con fecha 25 de octubre de 2022, la cual quedó signada con el número de trámite 53731966 y fue recepcionada exitosamente por el ente migratorio.

Refiere que posteriormente, fue notificado que su postulación fue admitida a tramitación recibiendo el comprobante que así lo indica, lo que significa que se cumplían con los requisitos para continuar su tramitación, y en esta misma fecha recibió la notificación donde le solicitan el “pago de derechos” por el beneficio migratorio solicitado, el cual realizó en tiempo y forma; y finalmente, fue notificado que su solicitud estaba incompleta y que debía subsanar sus documentos de sustento económico, es decir, contrato de trabajo, vigencia laboral, los cuales fueron enviados dentro del tiempo establecido para gestionar ese procedimiento y complementar su solicitud de residencia enviada.

Hace presente que al acoger a trámite la solicitud y notificar sobre el pago de derechos correspondiente, se da a entender por el recurrido que la evaluación y análisis previo de los requisitos para la postulación se encuentran de forma correcta y por lo tanto el proceso avanza de manera exitosa; sumado a lo anterior, al efectuar el pago, la gestión avanza a etapa de resolución, siendo exitoso el análisis por parte del Servicio recurrido.

Destaca que, de haber algo incorrecto o faltante es en esta etapa donde el ente migratorio se pronuncia con resoluciones tales como “Rechazo de la solicitud, Inadmisibilidad, No Acoge a Trámite o Archivo” lo que no fue el caso del actor porque avanzó de forma exitosa. Añade que con el pasar de los meses, se le informó al recurrente de una notificación previa rechazo, la cual indica que debe adjuntar su documentación relacionada a sus antecedentes penales negativos, hechos ocurridos en el año 2007 en Colombia y en esa instancia el recurrente envió su certificado de “PAZ Y SALVO” y adicionalmente envió un informe relacionado a la ampliación de sus antecedentes penales de su país de origen emitido por la DIJIN de Colombia y finalmente acompañó los documentos antes individualizados con una carta explicativa, para que el analista del Servicio Nacional de Migraciones entienda el contexto en que ocurrieron los hechos que produjeron el antecedente negativo en la historia del recurrente.

Explica que el actor vivía con su madre en Medellín Colombia y al cumplir 7 años, su madre fallece, quedando solo en dicha ciudad, en un escenario de absoluta vulnerabilidad y comenzó a vivir en las calles, a deambular buscando en ellas un hogar, siendo apenas un niño, por lo que sometido a la necesidad y el hambre y al ser este su sistema de sobrevivencia y crianza, en el año 2007 siendo un joven - adulto de 22 años – cometió un hurto calificado para poder alimentarse y sobrevivir y al ser sorprendido fue condenado a la pena privativa de libertad de 1 año, 5 meses y 15 días de prisión; sin embargo, al no tener condenas anteriores dio cumplimiento en libertad condicional, por lo cual, nunca pasó ni un día en cárcel. Añade que decidió enmendar su vida y comenzó a trabajar y 11 años después emigró a Chile, donde se estableció con un núcleo familiar compuesto por su conviviente civil doña nombre reservado, logrando reinsertarse en la sociedad y ser un aporte positivo. Agrega que transcurrieron más de 37 meses de silencio administrativo, desde que ingresó su solicitud de residencia definitiva hasta que con fecha 14 de noviembre de 2025 recibe la Notificación N°2500100260319 donde se indica que: “Se rechaza la solicitud de Residencia Definitiva y se entrega una Residencia Temporal en subsidio”, contradiciendo totalmente todo lo anterior, derivando nuevamente a un trámite que no fue el que el solicitante postuló, es decir, una tercera residencia temporal, lo que configura una actuación totalmente ilegal y arbitraria por parte del Servicio recurrido, ya que como órgano de la administración estaría declinando el trámite del recurrente sin la posibilidad de poder enviar una reconsideración administrativa para exponer sus argumentos para optar a su tan anhelada residencia definitiva, sin considerar que cuenta con solvencia económica, pagando impuestos, arrendando una propiedad, sin deudas, y contando con un fuerte arraigo familiar, además, de no poseer antecedentes penales negativos en el país.

Arguye que se ha violentado claramente el principio de confianza legítima al admitir a trámite la solicitud, declarar plenamente acogida, solicitar el pago de derechos, recibir dicho pago, generando así al recurrente expectativas jurídicas que validan que los documentos enviados para el trámite se encuentran plenamente acordes a su postulación y tras más de 37 meses, actúa de forma arbitraria y contradictoria, desechando básicamente la documentación enviada, el cumplimiento de requisitos, la tramitación, el pago de derechos del recurrente, y además el tiempo de espera; el cual supera hasta la fecha de resolución el plazo establecido por la Ley 19.880.

Enfatiza que el recurrente está en el país desde hace más de 7 años, y desde su llegada, se ha esforzado por mantenerse activo laboralmente y regularizar su situación migratoria, realizando cada trámite que ha correspondido, presentando la documentación y cumpliendo a cabalidad en cada solicitud, por lo que nunca ha incurrido en una permanencia irregular, lo que demuestra la buena fe, conducta intachable y buena voluntad de mantenerse conforme a derecho, además de generar inquebrantablemente un arraigo laboral y social en nuestro país, lo que hace aún más incomprensible la notificación de rechazo de su solicitud ingresada, lo que le ha ocasionado los perjuicios que refiere.

Seguidamente se refirió a la admisibilidad del recurso de protección y al trámite de residencia definitiva citando jurisprudencia, destacando que la Excelentísima Corte Suprema hace énfasis en que el ente migratorio debe actuar conforme a derecho, promoviendo un proceso racional y justo, términos que son la esencia de un debido proceso, mismos que fueron vulnerados gravemente en perjuicio del recurrente, quien habiendo cumplido los requerimientos para obtener su Residencia Definitiva en Chile, le fue negado este derecho sin opción a defenderse o a complementar con documentos adicionales para que la recurrida realice un análisis completo de la situación de don nombre reservado, quien en consecuencia queda en estado de máxima vulneración e incertidumbre jurídica y migratoria.

Finalmente, y tras sostener la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política, las que desarrolla latamente, citando jurisprudencia y destacando luego una serie de principios de la Ley 19.880 según las normas que reproduce, termina solicitando que se ordene al recurrido a resolver la solicitud de Residencia Definitiva del recurrente, y que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se instruya al Servicio Nacional de Migraciones a proceder a una nueva revisión documental, y decidir conforme a derecho su solicitud de residencia definitiva, o las medidas que se estimen.

SEGUNDO: Que informó la abogada María José Astudillo Vásquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por el recurrente.

Indica que el actor, nacional de Colombia, ingresó al país por paso no habilitado y el 10 de octubre de 2018, se regularizó su situación migratoria mediante Resolución Exenta N°316359, la cual le otorga permiso de residencia temporal por el periodo de 1 año y el 1 de marzo de 2020, el extranjero solicitó permiso de residencia definitiva, la que fue rechazada al no cumplir con los requisitos de plazo, y se le otorgó permiso de residencia temporal, por 1 año mediante Resolución Exenta N°104965 de 23 de agosto de 2021.

Refiere que el 25 de octubre de 2022, presentó solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID N°53731966; con un certificado de antecedentes penales del país de origen que indica que el extranjero “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, como consta en la fotocaptura del certificado y por ello el 9 de julio de 2025, mediante comunicación electrónica se le indica que su solicitud no está en condiciones de avanzar, y se le solicita subsanar lo siguiente: “Certificado de antecedentes del país de origen o Ampliación de Certificado de Antecedentes: Se requiere que Ud. presente a esta autoridad un Certificado de Ampliación de Antecedentes Judiciales, debidamente apostillado”.

Expresa que el 14 de julio de 2025 el extranjero acompañó el mismo certificado acompañado en su solicitud, por lo que con fecha 9 de octubre de 2025, mediante notificación previo rechazo se le notifica que se encuentra comprendido en la siguiente causal de rechazo: “ANTECEDENTE EN PAÍS DE ORIGEN Registra antecedente negativo en país de origen, específicamente una condena como autor del delito de hurto calificado artículos 240 y 350 Código Penal de Colombia, a la pena privativa de libertad de un año cinco meses y 15 días de prisión, en proceso N°07164-2007 del Juzgado 34 Penal Municipal de Medellín, Colombia, según consta en ampliación de antecedentes penales” y se le otorga un plazo de 10 días hábiles, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los documentos que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello.

Hace presente que el 22 de octubre de 2025, el extranjero acompañó ampliación de su certificado de antecedentes penales de país de origen, que acompaña en un otrosí y el 21 de febrero de 2025, el extranjero acompañó una carta explicativa, la misma presentada en el anexo de su recurso, sin embargo, ella se ha estimado insuficiente para desvirtuar la causal de rechazo.

Destaca que de la revisión de los antecedentes acompañados se desprende que el extranjero no cumple con los requisitos que lo habilitan para obtener el beneficio impetrado, así, mediante Resolución Exenta N°2500100260319, de fecha 14 de noviembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó su solicitud de residencia definitiva, otorgándole en subsidio, una visa de residencia temporaria, por el período de 2 años, de manera sustitutiva a la orden de abandono. Asimismo, se resolvió restituir la diferencia de dinero a favor por los derechos entre la residencia definitiva y la temporal, y reservar los recursos administrativos correspondientes para impugnar la resolución en cuestión, añadiendo que el recurrente no interpuso ninguno de los recursos administrativos reservados para impugnar la Resolución en cuestión, no existiendo actualmente orden de abandono ni expulsión que esa autoridad haya emitido en contra del extranjero recurrente, quien está habilitado para descargar el estampado electrónico en la página web https://tramites.extranjeria.gob.cl/, tal como se puede vislumbrar de la fotocaptura del Registro nacional de Extranjeros.

Seguidamente aludió a la residencia definitiva y a la autoridad competente para resolverla, reproduciendo los artículos 78 y 37 de la Ley N°21.325, destacando luego que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente dentro de sus esferas de competencias, reproduciendo el artículo 157 N°5 de la precitada Ley, añadiendo que dicha norma está redactada en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296 de 12 de febrero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley Nº21.325.

Sostiene que, para efectos de excluir las vulneraciones de garantías alegadas por la contraparte, es necesario aclarar que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado acorde la ley aplicable en cuanto a causales para rechazar su solicitud de permanencia definitiva, otorgando en subsidio una visa de residencia temporal, ya que al no cumplir el amparado con los requisitos establecidos para obtener el beneficio solicitado, la Ley N°21.325 obligaba a ese Servicio a rechazar la solicitud del extranjero, por aplicación del artículo 88 N°1.

Indica que el artículo 91 inciso 5° de la Ley 21.325, faculta al Servicio para sustituir la medida de abandono en caso de rechazo de una solicitud de residencia por otra más restringida.

Termina solicitando rechazar el recurso interpuesto, por las razones expresadas precedentemente.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber rechazado la solicitud de residencia definitiva del actor.

Al efecto, la recurrida señaló que el extranjero no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado por registrar como antecedente negativo, una condena como autor de hurto calificado de los artículos 240 y 350 del Código Penal de Colombia, con una pena privativa de libertad de un año cinco meses y 15 días de prisión, en proceso N°07164-2007 del Juzgado 34 Penal municipal de Medellín, Colombia, demostrando una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 inciso final, con relación al 33 N°2 de la Ley N°21.325. En la cuestionada resolución y sin perjuicio de lo resuelto, se otorgó al actor un permiso de residencia temporal en la subcategoría de “Reunificación Familiar” en calidad de titular por dos años, además de disponer la restitución de la suma de $91.589.- por el saldo a favor entre los derechos pagados por la residencia definitiva y los derechos de la residencia temporal otorgada.

SEXTO: Que, el artículo 88 N°1 de la Ley 21.325 señala:

“Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70”.

A su turno, el artículo 157 N°5 de la Ley 21.325 establece:

“Artículo 157.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones:

… 5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior”.

SÉPTIMO: Que, con los antecedentes allegados por la recurrida, es posible advertir que el rechazo de la solicitud de residencia definitiva mediante la Resolución Exenta N°2500100260319, de fecha 14 de noviembre de 2025 obedeció a la circunstancia que el actor presenta antecedentes negativos en su país de origen, por la condena referida.

Asimismo, con el documento acompañado por el recurrente sobre ampliación de antecedentes, el que se encuentra apostillado, se constata la extinción de la pena impuesta al recurrente, cuya declaración se verificó el 11 de septiembre de 2009.

OCTAVO: Que, debido a lo anterior, la decisión de la autoridad migratoria, fundada en la única circunstancia de una condena impuesta al actor el 31 de julio de 2007, que a la sazón, se encuentra extinguida, carece de la debida racionalidad y proporción, tornándose en arbitraria, pues, no consideró los factores de arraigo laboral y familiar presentados por el recurrente. A lo anterior se une la natural expectativa generada en el solicitante por cuanto su petición presentada con fecha 25 de octubre de 2022 fue admitida a tramitación, pagando incluso los derechos correspondientes al pretendido beneficio migratorio y acompañando todos los antecedentes que fueran requeridos, no resultando atendible que tres años después la autoridad migratoria rechace la petición sobre la base del único antecedente negativo que presenta el recurrente, y que como se dijo, data del año 2007, razones que bastan para acoger el recurso en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por la abogada Isadora Paredes Vennek, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°2500100260319 de 14 de noviembre de 2025, debiendo la autoridad migratoria proceder a una nueva revisión documental, que considere todos los antecedentes allegados por el actor y que dan cuenta del arraigo que esgrime, emitiendo un nuevo pronunciamiento sobre el pretendido beneficio de residencia definitiva del actor, dentro de treinta días corridos desde la dictación de la sentencia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2254-2025 (Protección)