nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a once de marzo del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Leonardo Javier Ledezma Vega, abogado, chileno, domiciliado en domicilio reservado, Edificio nombre reservado, comuna de Antofagasta, en representación de nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, representada por su gerente general nombre reservado, por actos que califica como ilegales y arbitrarios al ordenar retenciones mensuales sobre la remuneración del recurrente, pese a encontrarse la deuda correspondiente actualmente judicializada, vulnerando su derecho establecido en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó del recurso el recurrido, solicitando el rechazo de éste.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que con fecha 22 de septiembre de 2023 el recurrente suscribió con la Caja de Compensación el pagaré N°011CON104529885 por la suma de $11.162.636, correspondiente al capital del crédito social otorgado, pactándose su pago en 48 cuotas mensuales de $389.404 cada una, conforme al régimen regulado por la Ley N°18.010, incorporándose además una cláusula de aceleración que permitía exigir el total de la deuda en caso de mora en cualquiera de las cuotas.

Posteriormente, la Caja dedujo demanda ejecutiva en contra del deudor ante el Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, causa Rol C-783-2025, sosteniendo que el demandado habría pagado únicamente las once primeras cuotas del crédito, adeudando las restantes treinta y siete, motivo por el cual activó la cláusula de aceleración y estimó el saldo exigible en la suma de $14.481.258, más intereses. En dicho procedimiento se practicó requerimiento de pago con fecha 14 de abril de 2025, sin que el ejecutado compareciera ni opusiera excepciones dentro del plazo legal, encontrándose el proceso actualmente vigente y en estado de ejecución no cumplida.

Agrega que el recurrente se desempeña como trabajador del sector privado, ejerciendo funciones de jefe comercial en la empresa Sociedad de Arriendo de Equipos y Maquinarias MPM Limitada, bajo un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, el cual no contempla cláusulas relativas al descuento automático de créditos sociales ni autorización vigente que permita practicar retenciones voluntarias sobre sus remuneraciones. No obstante, y pese a la existencia del juicio ejecutivo en curso, la Caja de Compensación habría continuado informando la deuda al empleador del recurrente, instruyendo la realización de descuentos por planilla de manera paralela al proceso judicial. En particular, señala que en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de enero de 2026 se registraron dos descuentos asociados a la Caja de Compensación, denominados “Descuento Crédito Personal CCAF Los Andes”, por la suma de $492.178, y “Otros descuentos”, por $513.591, los cuales totalizan $1.005.769 descontados de la remuneración líquida del trabajador, sin autorización expresa ni resolución judicial que lo autorice.

Sostiene que dichos descuentos superan el límite legal del 25% del sueldo líquido establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo para deducciones voluntarias y, tratándose de créditos sociales, excederían además el límite especial del 15% que rige para este tipo de operaciones. En tal sentido, afirma que la conducta de la recurrida configura una doble vía de cobro simultánea e incompatible, pues mantiene vigente una demanda ejecutiva destinada a obtener el pago forzado del crédito mientras, paralelamente, continúa percibiendo pagos mediante descuentos administrativos practicados directamente sobre la remuneración del trabajador, lo que desnaturalizaría el sistema de ejecución judicial y constituiría una forma de autotutela proscrita por el ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista jurídico, sostiene que el actuar de la Caja de Compensación resulta ilegal por infringir el artículo 58 del Código del Trabajo, que exige autorización escrita del trabajador para efectuar descuentos distintos de aquellos expresamente establecidos por la ley, y que además fija un límite máximo del 25% de la remuneración para pagos voluntarios. Asimismo, se invoca la Ley N°18.833, que regula el funcionamiento de las Cajas de Compensación y cuyo artículo 22 contempla el descuento por planilla de créditos sociales, el cual, según la interpretación administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social, requiere autorización escrita del afiliado y se encuentra sujeto a un límite máximo del 15% de la remuneración. A lo anterior se suma la infracción al principio de exclusividad jurisdiccional, pues una vez iniciado el cobro judicial mediante juicio ejecutivo, el acreedor debe someter el cumplimiento de la obligación al control del tribunal competente, sin poder ejecutar paralelamente actos de cobro forzado al margen del proceso judicial.

En consecuencia, estima el actuar de la recurrida como ilegal, por infringir normas legales vigentes relativas a los descuentos de remuneraciones y a la ejecución de créditos sociales, y como arbitrario, por utilizar simultáneamente dos mecanismos de cobro incompatibles entre sí, la vía judicial ejecutiva y el descuento administrativo, sin justificación legal ni racional, generando un perjuicio económico concreto al recurrente.

Afirma que esta conducta vulnera diversas garantías constitucionales. En primer término, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, por cuanto se le habría privado ilegítimamente de parte de su remuneración, que constituye un bien de naturaleza alimentaria y protegido constitucionalmente. En segundo lugar, la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2, al someterlo a un régimen de cobro distinto y más gravoso que el aplicado a otros deudores cuyas obligaciones son perseguidas únicamente por la vía judicial. Y, en tercer lugar, el derecho a la integridad psíquica reconocido en el artículo 19 N°1, en atención al impacto económico y emocional derivado de la reducción significativa de su ingreso mensual y de la incertidumbre respecto de la continuidad de los descuentos.

Concluye solicitando se declare que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, se ordene el cese inmediato de los descuentos, disponga la restitución de las sumas indebidamente retenidas y condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó Inés Riquelme Arao, abogados, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado el recurso.

Señala que con fecha 22 de septiembre de 2023 otorgó al recurrente un crédito social identificado con el código 011CON104529885, por un monto de $11.162.636, pactado a una tasa de interés de 2,15%, en un plazo de 48 meses y con una cuota mensual de $385.745, cuyo primer vencimiento ocurrió el 31 de octubre de 2023. Indica que las primeras once cuotas, correspondientes al período comprendido entre octubre de 2023 y agosto de 2024, fueron pagadas regularmente, mientras que las cuotas comprendidas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se encuentran actualmente en mora, manteniéndose vigentes las restantes obligaciones con vencimientos que se extienden hasta septiembre de 2027. En consecuencia, sostiene que se trata de una deuda plenamente vigente, actualmente exigible y respecto de la cual no existe declaración judicial de prescripción, razón por la cual estima legítimo el ejercicio de las acciones destinadas a su cobro.

A continuación, explica el marco normativo aplicable al régimen de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, haciendo referencia al compendio de normas dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, particularmente a la Circular N°3567 de 4 de enero de 2021, la cual establece la obligación para dichas instituciones de iniciar acciones de cobranza judicial cuando las deudas superen determinado monto y registren más de seis meses de morosidad. De acuerdo con dicha normativa, tratándose de deudas superiores a 100 unidades de fomento, las Cajas de Compensación se encuentran obligadas a iniciar la cobranza judicial dentro del plazo señalado, de modo que el inicio de acciones judiciales no constituye una decisión discrecional, sino una obligación regulatoria cuyo incumplimiento podría generar responsabilidades administrativas para la institución. Asimismo, menciona la Circular N°3894 de la SUSESO, de fecha 13 de noviembre de 2025, que modificó el Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, incorporando reglas específicas relativas al reinicio de descuentos por planilla cuando existe un juicio ejecutivo en curso, estableciendo que las cuotas descontadas deben ser informadas al tribunal en la etapa de liquidación de la deuda para su correspondiente imputación al saldo adeudado.

Refiere que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto consiste en la administración de prestaciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.833. Dentro de dichas prestaciones se incluye el régimen de crédito social, que tiene por finalidad contribuir al bienestar de los trabajadores afiliados mediante el otorgamiento de préstamos de dinero. En ese contexto, sostiene que dichos créditos poseen un carácter social derivado de la naturaleza de la institución que los concede, lo cual ha sido reconocido también por la jurisprudencia de la Corte Suprema. En virtud de esta naturaleza especial, afirma que el legislador ha establecido mecanismos específicos para asegurar su pago, entre los cuales se encuentra el descuento por planilla regulado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que dispone que las cuotas adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas directamente de la remuneración del trabajador por parte del empleador y remesadas a la Caja acreedora, aplicándose a este mecanismo las mismas reglas de pago y cobro que rigen para las cotizaciones previsionales.

Sobre ese punto, enfatiza que el descuento por planilla constituye un mecanismo especial de pago establecido por la ley y no una forma de cobranza extrajudicial. Sostiene que dicho mecanismo no depende de la voluntad de la Caja de Compensación, sino que corresponde a una obligación legal que recae sobre el empleador afiliado, quien debe efectuar la deducción al momento de pagar la remuneración del trabajador. Asimismo, argumenta que el trabajador no puede oponerse a este mecanismo, dado que forma parte de las condiciones propias del crédito social que aceptó al momento de contratar. De acuerdo con lo anterior, la recurrida sostiene que, una vez efectuado el descuento en la remuneración del trabajador, la obligación se entiende extinguida respecto de éste en la parte correspondiente, aun cuando el empleador no haya remitido los fondos a la Caja, en cuyo caso las acciones de cobro deben dirigirse exclusivamente contra el empleador.

También aborda la prescripción de la deuda, señalando que, mientras no exista una declaración judicial de prescripción, la deuda derivada del crédito social se mantiene vigente y exigible. Asimismo, sostiene que la acción de protección no constituye la vía procesal idónea para discutir la prescripción de una obligación civil, cuestión que debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento ante el tribunal competente.

En relación con la alegación de vulneración de garantías constitucionales, particularmente del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, sostiene que no existe afectación alguna, por cuanto los descuentos realizados se encuentran expresamente autorizados por la ley y corresponden al cumplimiento de un mecanismo de pago previsto por el legislador para este tipo de créditos. En este sentido, afirma que no existe apropiación indebida ni privación arbitraria de remuneraciones, sino el cumplimiento de una obligación legal destinada a asegurar el pago de una deuda vigente. Finalmente, el informe cita diversa jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que respaldaría la legalidad de los descuentos por planilla aun cuando exista un proceso judicial de cobro en curso.

Concluye solicitando rechazar el recurso de protección interpuesto en su contra, por estimar que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, limitándose a ejercer las facultades y obligaciones que le confiere la ley para la recuperación de un crédito social vigente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación Los Andes, previamente optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento ejecutivo, seguido ante 3° Juzgado Civil de Antofagasta (Rol C-783-2025), caratulada “Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes/nombre reservado”. En la cual el recurrente opuso la excepción del artículo 464 Nº9, 7, 11, del Código de Procedimiento Civil, la que se encuentra en tramitación.

SEXTO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Leonardo Javier Ledezma Vega, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto, la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social N°011CON104529885, vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar el o los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones, luego de interpuesta la demanda ejecutiva por la recurrida en la causa ya singularizada.

Regístrese y comuníquese.

Rol 225-2026 (PROTECCIÓN)