nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a seis de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Ramón Alejandro Miranda Tapia, abogado, en representación del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Empresa CMDS Antofagasta deduciendo dos recursos de protección en los que se ha decretado su vista conjunta en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de los recursos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su primer recurso de protección (2244-2020) en la rebeldía de la recurrida de reconocer el derecho a la titularidad del cargo o contrato indefinido consagrado en la Ley 19.648 incurriendo en discriminaciones arbitrarios al momento de aplicar dicha normativa beneficiando a un grupo de trabajadores en desmedro de otros y particularmente a los asociados del sindicato recurrente. Asimismo, la discriminación se materializa en la exclusión de ciertos trabajadores por la ausencia de requisitos que la ley no contempla, privando a los trabajadores afectados de contar con un contrato indefinido.

Para contextualizar los hechos que fundan la acción, cita la Ley 19.648 modificada por la Ley 21.152 de fecha 17 de abril de 2019 publicada en el Diario Oficial el día 25 del mismo mes y año, que en lo que interesa en su único artículo prescribe lo siguiente: “Concédase, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio, Corporación Educacional Municipal o Servicio Local de Educación a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2018, se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas.”

De la norma transcrita, se desprende que el legislador otorgó a todos los docentes contratados a plazo definido la titularidad del cargo, cuando se cumplan los requisitos expresados. Circunstancia que quedó corroborada cuando la Alcaldesa en mayo del 2019 en el marco de la celebración del día del trabajador anunció que el sostenedor voluntariamente otorgaría dicho beneficio a todos los docentes que cumplieran con más de un año de antigüedad a esa fecha, lo que implica que alrededor de 225 profesores pasarían de contrato definido a indefinido.

Sin perjuicio de aquello, la recurrida no ha cumplido con lo dispuesto en la norma citada, negándose a suscribir los anexos de contrato al efecto, realizando interpretaciones antojadizas en la materia y discriminando arbitrariamente a los docentes que cumplen con los requisitos legales, añadiendo otros no contemplados en la ley y dando preferencia a ciertos grupos por sobre los trabajadores asociados a la organización sindical recurrente. Así, la respuesta de la recurrida es que se dará preferencia a aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos anunciados por la Alcaldesa, es decir, que cuentan con una antigüedad superior a un año, y que luego revisaran los casos de los demás trabajadores que cumplan con la norma, finalizando dicho proceso en el mes de septiembre.

Producto de lo anterior, el sindicato envió una nómina de los trabajadores que cumplían con los requisitos, manifestando la recurrida que si en el mes de septiembre no se llamaba a trabajadores que se encontraban en la hipótesis de la norma se implementaría un proceso de apelación, información que el sindicato entregó a cada uno de sus asociados. Sin embargo, el proceso de elección de trabajador estuvo marcado por irregularidades dándose preferencia a trabajadores de menor antigüedad, comenzando un llamado a firmar anexos de contrato para trabajadores que sólo contaban con un año de antigüedad discriminando a aquellos que tenían una antigüedad mayor y por tanto derecho a que se actualizara su calidad laboral conforme a una norma de carácter obligatoria.

En este escenario, comenzaron a realizarse una serie de denuncias por la discriminación del sostenedor en el proceso de selección para suscribir contratos indefinidos considerando además el rechazo de las apelaciones por incluirse requisitos no contemplados en la ley, entre ellos, el sostenedor indicó que no se reconocería el beneficio a los docentes que tengan la calidad de habilitados aun cuando contaran con la antigüedad, tampoco se les reconocería a aquellas trabajadores bajo la modalidad de reemplazo y a los profesores de religión sólo se les reconocería el derecho parcialmente reconociéndoles la titularidad por 20 horas y no por 30. Además, se sostuvieron distintas reuniones en las que participó nombre reservado, Director de Educación, quien a viva voz se arrogó el rol de intérprete de la normativa, circunstancia que también quedó plasmada en la respuesta del Sr. nombre reservado a las apelaciones deducidas la que adolece de una serie de defectos y poca claridad, siendo la peor parte de la respuesta otorgada aquella en que la misiva da a entender que la aplicación de la Ley 19.648 es un beneficio que queda a la voluntad del sostenedor, cuestión que se discutió entre los involucrados en distintas instancias no alcanzándose una solución, es más, los docentes se han visto obligados a judicializar el conflicto, puesto que se les citó para que firmaran una nuevo contrato a plazo definido burlándose de manera grosera la aplicación de la normativa.

Hace presente cual ha sido la posición de la Dirección del Trabajo en la materia y el alcance de la condición de habilitado respecto de un docente conforme al artículo 4 del Decreto 352 del Ministerio de Educación y el artículo 2 del Estatuto Docente. Así, el órgano administrativo establece que la ya citada ley se aplica en forma estricta sin dar pie a la incorporación de nuevos requisitos. Por su parte, esta también se hace extensiva a los docentes de reemplazo que cumplan con los requisitos de antigüedad, a quienes la recurrida igualmente ha discriminado. En el caso de los profesores de religión, a quienes la denunciada ha tratado de rebajar las horas semanales en la aplicación de la ley, también el citado organismo ha sostenido una interpretación diferente, postulando que el docente de religión habilitado para ejercer la labor docente y con el certificado del arzobispado se le otorga el mismo tratamiento jurídico que a cualquier docente que es beneficiado por la ley 19.648 sin hacer distinción alguna de trato. Todo lo anterior, en armonía con las reglas de interpretación y los principios que rigen el derecho laboral.

Finalmente, indica que la recurrida con su actuación arbitraria e ilegal ha vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes consagrados en el artículo 19 N° 1 en el sentido que se les obliga a suscribir un pagaré por la adquisición de un Tablet que es una herramienta de trabajo el cual se continúa descontando a los trabajadores antiguos, a través de un descuento mensual por planilla de $10.000. mensuales, y $5.000 para el pago de la función de internet que es necesario para realizar el trabajo con el Tablet. Además se afecta el derecho a la no discriminación, pues a la organización sindical y a sus trabajadores se les impide tener acceso a un proceso de negociación reglada o no reglada pero a través de su , esta prohibición se manifiesta a través de los actos de la propia empresa, en cuanto promueven un sistema de negociación colectiva que se realiza a través de la empresa, con el sistema ya latamente señalado, esto es la designación de delegados regionales que solo informan a los trabajadores de la oferta de la empresa la cual deben aceptar si o sí. Por su parte, también se vulnera el artículo 19 N° 16 derecho a la no discriminación y el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental. Insiste que la igualdad ante la ley, la recurrida por las razones latamente expuesta ha incurrido en discriminaciones arbitrarias en contra de los docentes.

Respecto a la arbitrariedad de la actuación de la recurrida, esta no tiene justificación válida para no reconocer el derecho del cual son titulares los docentes, esto es la titularidad de su cargo y que se les reconozca a través de la suscripción de un anexo de contrato de trabajo el carácter indefinido de su contrato, pues aun apelando a los tiempos de administración, han transcurrido 9 meses desde la dictación de la ley sin que siquiera se les haya explicado a los trabajadores si se hará o no efectivo esté derechos. A la fecha casi el 90% de la dotación de docentes beneficiados con esta ley no se les ha hecho efectivo el derecho del cual ya son titulares.

Solicita en definitiva que:

1. Se declare que la denunciada incurrió en vulneración de derechos constitucionales en contra de los docentes que figuran en la nómina que acompañó en un otrosí de esta presentación.

2. Se ordene mediante sentencia a la denunciada que se abstenga de incurrir en vulneración de derechos fundamentales en contra de los docentes, y en consecuencia se les extienda a cada uno de ellos un anexo de contrato de trabajo en el cual se dé cuenta de la naturaleza indefinida de la relación laboral, en el plazo de 10 días contados desde que la sentencia que así lo ordene cause ejecutoria o en aquel plazo que se considere en justicia bajo apercibimiento de multas y de incurrir en rebeldía 3. Que se dejen sin efecto los contratos a plazo definido y que fuesen firmados por los docentes durante lo que lleva transcurrido el 2020 en el plazo de 10 días contados desde que la sentencia que así lo ordene cause ejecutoria o en aquel plazo que se considere en justicia bajo apercibimiento de multas y de incurrir en rebeldía 4. Que se condene en costas a la denunciada.

SEGUNDO:

Que respecto al segundo recurso de protección, la recurrente sostuvo que la recurrida ha afectado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, por cuanto, el 02 de octubre de 2019 se publicó la Ley 21.176 que entró en vigor el día 11 y en su artículo único establece: “Concédase la titularidad de las horas de extensión horaria a contrata para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente en calidad de titulares en un mismo Municipio, Corporación Municipal o Servicio Local de Educación y, que, a la fecha de publicación de esta ley, se hayan desempeñado como docentes de aula, directivos o técnico pedagógicos durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos.

En adelante, se otorgará la titularidad de las horas de extensión a contrata para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente en calidad de titulares en un mismo Municipio, Corporación Municipal o Servicio Local de Educación, que se hayan desempeñado como docentes de aula, directivo o técnico pedagógicos durante, a lo menos, cuatro años continuos o seis discontinuos, y posean al menos treinta horas de titularidad." Precisado lo anterior cabe señalar que el artículo ya transcrito el legislador al otorgar el beneficio de la titularidad no estableció qué debía entenderse por profesional de la educación, siendo posible sostener que, para los efectos referidos, debe estarse al concepto que se consigna en el artículo 2º del Estatuto Docente, conforme al cual son profesionales de la educación las personas que poseen título de profesor o educador concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales como, asimismo, las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarse de acuerdo a las normas legales vigentes. Se corrobora aún más lo expuesto precedentemente, si aplicamos el aforismo jurídico de la no distinción, en cuya virtud "cuando la ley no distingue no puede el intérprete distinguir.", cuestión que además ha sido zanjada en dicho sentido por la Dirección del Trabajo.

A fin de ilustrar de la situación de los profesores de Antofagasta, cada docente dependiente de la recurrida es contratado con un número de horas semanales base y que es determinada en su contrato de trabajo que en la mayoría de los casos asciende a 30 horas, lo que implica, que su remuneración base sea baja en comparación con aquellos contratados por 40 o 45 horas semanales. Los casos en que los docentes registran más de 30 horas de trabajo semanales se deben a que el Estatuto Docente ha permitido que en forma anual, en los meses de diciembre al finalizar el año escolar o en marzo al iniciar el mismo, se modifique la relación contractual aumentando “transitoriamente” el número de horas base del contrato a través de la figura denominada “horas de extensión”. Sin perjuicio de lo anterior, que el trabajador preste más de 30 horas semanales a través de la extensión horaria dependerá de la voluntad del director de cada unidad educativa, las cuales son entregadas a discreción por este último, es decir, es el director quien decide a discreción y a su simple voluntad, a quien otorgará las horas adicionales de trabajo permitiendo complementar la jornada ordinaria de cada trabajador y elevar así su remuneración, por tanto, la remuneración de cada docente sin la extensión horaria no alcanza para poder subsistir pues resulta ser una remuneración muy por debajo del promedio, lo que trae como consecuencia que la totalidad de los docentes necesiten y soliciten la extensión horaria a fin de elevar su remuneración.

Pues bien, la dictación de la ley 21.176 nace con la finalidad de acabar con la lamentable práctica ya referida y terminar con la discrecionalidad de la entrega de horas de extensión, ya que como se dijo, en la mayoría de los casos se ha prestado para abusos. Sin embargo, la recurrida se ha negado arbitraria e ilícitamente a reconocer el derecho otorgado por la norma citada, haciendo caso omiso del mandato legal imperante desde octubre de 2019, sólo reconociendo en forma discrecional el derecho a un minoritario grupo de docentes.

Agrega que la organización sindical recurrente ja solicitado un proceso de regularización, pero la contraria se ha negado bajo la excusa reiterada en el tiempo de no haber recibido las directrices para hacerlo o que lo harán de forma paulatina, no obstante, han transcurrido nueve meses desde la dictación de la ley, perjudicando mes a mes a los docentes quienes no han recibido su remuneración por las horas de extensión, debiendo el empleador en marzo de cada año procurar que los profesores beneficiados presten servicios en la totalidad de horas que son titulares. Por su parte, la recurrida también ha hecho reparos en reconocer el derecho a los docentes habilitados, distinción que no recoge la norma.

En virtud de lo expuesto, solicita acoger el presente arbitrio, se ordene a la recurrida se abstenga continuar incurriendo en la vulneración de derechos fundamentales y realice todas aquellas actuaciones administrativas necesarias para que se les reconozca el derecho a la titularidad de dichas horas, esto es a través de la firma del respectivo anexo de contrato de trabajo que se le regularice el pago de su remuneración acorde a las horas de la cuales son titulares y finalmente se le haga pago retroactivo a cada uno de ellos de las horas de trabajo que no han sido pagadas desde el mes de marzo de 2019 y en adelante hasta el mes en que se regularice esta situación todo lo anterior con expresa condena en costas.

TERCERO: Que informando ambos recursos compareció nombre reservado, solicitando el rechazo de estos, en base a las siguientes consideraciones.

Respecto de ambos expone como antecedentes preliminares que existe una falta y confusión en el orden de las ideas, particularmente de los derechos supuestamente vulnerados , ya que en el recurso 2062-2020 no se alude a ningún transgresión al artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política de la República, sólo se menciona, y más aún en la acción rol 2244-2020 para demostrar la afectación de dicha garantía hace referencia a supuesta una obligación de suscripción de un pagaré para la adquisición de una Tablet, lo cual, además de ser falso, no tiene ninguna relación con el tema central de dicho recurso. Luego, la recurrente confunde el derecho a la igualdad ante la ley, al precisar que se encuentra establecido en el artículo 19 N° 16 del mentado cuerpo normativo.

En lo relacionado con el fondo de ambas acciones niega todos los hechos expuestos en estas, aludiendo al cumplimiento del marco normativo que regula la dotación docente de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.

Refiriéndose a los antecedentes del recurso 2062-2020 alega la existencia de dificultades en la aplicación e interpretación del artículo único de la Ley 21.176 el que tiene diversos e importantes vacíos que ha puesto en una difícil situación a la Corporación, ya que la relación laboral con los docentes se rigen por normas de orden público contenidas en la Ley 19.070, considerando además que la nueva ley no otorga financiamiento al sostenedor por los mayores gastos que significa su aplicación, circunstancia que debe tener en cuenta la Corporación, pues esta se financia con 100% de recursos fiscales y por ende se debe cumplir con la legalidad del gasto público. Por las dificultades esgrimidas, se retrasó más allá de lo esperado el cumplimiento de la norma y la adecuación de los contratos de los profesionales considerados en ella. Lo anterior, sin perjuicio de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República el 18 de mayo de los corrientes, mediante las cuales, se pudieron aclarar la mayor parte de las dudas.

En definitiva, a raíz de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en el mes de mayo del año en curso, se hizo necesario para la Corporación Municipal iniciar nuevamente el proceso de revisión de todos los antecedentes contractuales de los 1.902 docentes titulares de CMDS (que se estaba llevando a cabo desde marzo de 2020), para saber cuántos docentes contratados en calidad de “titular” pueden acceder a la titularidad de sus horas de extensión docente.

Además, el mismo órgano contralor se pronunció en cuanto a la factibilidad al alero de la nueva ley en el otorgamiento de la titularidad docente bajo la vigencia de las leyes 19.648, 19.933, 20.804 y 21.152, señalando que un actuar en tal sentido implicaría obtener dos o más beneficios de idéntica naturaleza, por la vía de utilizar los mismos servicios prestados para un solo empleador, y con cargo a los recursos de este último, lo cual no se ajusta a derecho, pues significaría un perjuicio para el patrimonio municipal (aplica criterio del dictamen N° 2.927, de 2020. Lo anterior, en armonía con la legalidad del gasto público que debe observar la Corporación de Desarrollo Social respecto a las contrataciones de docentes regidas por la Ley 19.070 y cuya fiscalización corresponde a la Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República, omitiendo este último y la propia ley 21.176 referirse al financiamiento de las horas de extensión, resultando complejo arribar a una solución a este respecto, pues el reconocimiento de tales horas de extensión docente en calidad de titular va implicar a CMDS la fijación de costos en materia de remuneraciones de manera vitalicia que hasta antes de la ley 21.176 constituían gastos transitorios que se adecuaban a las necesidades educativas de cada año lectivo. En definitiva, el reconocimiento en calidad de titular de horas de extensión docente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la ley 21.176, debe realizarse de forma cuidadosa a fin de evitar que se produzcan mayores gastos en materia de remuneraciones que no sean posibles de financiar con la subvención remitida por el Ministerio de Educación, ya que, dicha subvención se fija mes a mes, tomando en cuenta la cantidad de alumnos que efectivamente asistan a clases, y que año a año puede cambiar por el aumento o baja de matrícula en los establecimientos educaciones que CMDS administra.

Respecto al segundo recurso de protección correspondiente al Rol 2244-2020, opuso la excepción de cosa juzgada en relación con la causa T-378-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, ya que los hechos alegados en la acción cautelar se condicen con los ventilados en dicho proceso judicial. A mayor abundamiento, las partes en dicho litigio el 07 de febrero del presente año arribaron al siguiente acuerdo:

“AVENIMIENTO: Que, las partes con el sólo propósito de poner término al presente juicio, sin aceptación las pretensiones demandadas en el libelo de la demanda vienen en este acto en llegar al siguiente acuerdo:

1.- La denunciada Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta se obliga en este acto a finalizar el proceso de evaluación y selección de profesores para efectos de determinar la aplicación de la ley N° 21.152, el día 30 de marzo de 2020, relativa a la titularidad del cargo de docentes, respecto de los docentes que, se encuentran en la nómina acompañada por la denunciante en su demanda, excluyéndose de aquella nómina sólo aquellos trabajadores que, se encuentran contratados bajo las normas del Código del Trabajo.

2.- La denunciada se obliga a través del director de educación don nombre reservado, a enviar mediante correo electrónico correo reservado al Sindicato de Profesores de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, una nómina dando cuenta de aquellos trabajadores que fueron efectivamente traspasados a contrato titular dicho correo deberá ser enviado a más tardar el día 10 de abril de 2020.

3.- Que la parte denunciante atendido a lo señalado precedentemente, viene en desistirse expresamente y en todas sus partes de la denuncia por práctica antisindical deducida en autos y denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

4.- Que cada parte pagará sus costas.

De esta forma, el avenimiento transcrito, tiene el valor de sentencia firme y ejecutoriada, conforme a los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

Continua exponiendo la recurrida, los antecedentes relativos al proceso de traspaso de docentes en calidad de contratados a titular durante el año 2019, siendo efectivo que el día 1° de mayo de 2019, con ocasión de la conmemoración del “Día Internacional del Trabajo”, la alcaldesa Karen Rojo en su calidad de presidenta del Directorio de la Corporación Municipal anunció que CMDS en su calidad de sostenedor del servicio educativo, otorgaría el beneficio de la titularidad del cargo a todos aquellos docentes que cumpliesen con más de un año de antigüedad laboral a la fecha del ofrecimiento, lo que implicaría que alrededor de 225 profesores que se encontraban con contrato de trabajo en calidad de “contratado” pasarían a tener un contrato en calidad de “titular”, considerando los términos establecidos en la Ley N° 19.648. Se hace presente que dicho ofrecimiento tendría vigencia solamente para el año 2019.

Sobre la base de dicho procedimiento se consideraron 2 etapas, la primera denominada “regular” la que se verificó entre julio y septiembre de 2019 consistente principalmente en verificación de antecedentes curriculares y laborales. Durante ella, el sindicato recurrente envió a CMDS una nómina con docentes pertenecientes a la entidad sindical, la cual contaba con diversas falencias de rigurosidad y verificación de los datos consignados en dicha nómina. Sin perjuicio de esto, se informó al sindicato que de las 146 personas de la nómina, 59 ya habían firmado contrato en calidad de “titular” en el mes de agosto, 25 docentes estaban repetidos, y 5 personas tienen contrato bajo las normas del Código del Trabajo, por ser asistentes de aulas y no ejercer labores de docencia.

La segunda etapa denominada “apelación” se desarrolló desde mediados de septiembre de 2019 hasta fines del mes octubre de ese año, la que consistió en que aquel docente, que no cumplió con los requisitos señalados en la primera etapa (carencia de fotocopia de título legalizado, no poseer un año de antigüedad o no cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley N° 19.648), podía presentar una carta, apelando a la decisión del sostenedor, teniendo más tiempo para regularizar su situación (ante el no cumplimiento de uno o más requisitos) y para que la Corporación Municipal, procediera a reevaluar su situación y solicitar para dichos efectos, la ayuda del Colegio de Profesores y del Sindicato denunciante, en el sentido de informar a sus asociados del proceso de apelación.

En correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2019, la Corporación Municipal informó al Sindicato denunciante que, del análisis de 108 carpetas de docentes se determinó que 34 docentes cumplían con los requisitos para ser contratados en calidad de “titular”; que 51 docentes no cumplen con el requisito de título y/o antigüedad; que 02 docentes presentaron renuncia a CMDS; y que había 01 docente sin contrato vigente con CMDS desde el año 2010; quedando 20 casos pendientes que serían resueltos al 1° de octubre de 2019.

Además, la Corporación Municipal poseía en el año 2019 una dotación de más de 2.500 docentes, lo que lógicamente, permite inferir que, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley N° 19.648 a través de la modificación dispuesta en la Ley N° 21.152, se deba realizar un arduo proceso de análisis de los antecedentes de todos aquellos docentes que cumplían con los requisitos establecidos en la ley. Teniendo en cuenta además, que la Dirección de Recursos Humanos y Educación de CMDS cuentan con personal limitado, ello generó que el proceso de análisis de antecedentes realizado en el año 2019 se extendiera más tiempo del que se tenía pensado para concretar los respectivos traspasos en la calidad de “titulares”, teniendo en cuenta que la misma Ley N°19.648 no impone un plazo mínimo o máximo para realizar la ejecución por parte del ente sostenedor de los respectivos anexos de contrato. Por otro lado, en el caso de los docentes que debían revisarse sus antecedentes de acuerdo a la ley 19.648 en virtud del avenimiento arribado entre el SIPPE y CMDS en juicio RIT T-378-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, aquellos docentes que cumplan con los requisitos indicados en la ley precitada, se realizará el correspondiente anexo de contrato en calidad de “titular”, siendo citados por la Dirección de Recursos Humanos de CMDS a firmar dicho anexo durante el transcurso del mes de julio del año en curso.

Posteriormente, la recurrida analiza la Ley 19.648 respecto a los docentes habilitados para ejercer la profesión, los docentes de reemplazo y los profesores de religión y el marco normativo en la materia.

En relación a la situación contractual de los docentes objeto del recurso, explica que las 227 personas indicadas – de acuerdo a los documentos acompañados por el recurrente en la causa de autos – como presuntos afectados por las conductas que se le imputan a CMDS, 158 de ellos ya poseen contrato docente en calidad de “titular”; otros 57 se encuentran a la fecha con contrato docente en calidad de “contratado”; 10 personas ya no mantienen vínculo laboral vigente con CMDS a la fecha de este informe; y 02 personas mantienen relación laboral regida por el Código del Trabajo. Luego, realiza el análisis particular de la situación contractual de cada uno de los docentes y de la titularidad de estos sobre las horas de extensión.

Concluye descartando que en la especie se hayan vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por la recurrente o que existan prácticas antisindicales, pues del análisis efectuado, se indicó con anterioridad que 28 de los 158 profesionales de la educación señalados por la recurrente, y que se encuentran contratados con CMDS en calidad de “titulares” de acuerdo a la ley 19.070, tienen derecho al beneficio del reconocimiento de las horas de extensión en calidad de titular, ya que, cumplen con los requisitos de la ley 21.176 que ha sido analizada en extenso en el presente informe y en virtud de las instrucciones vertidas por la Contraloría General de la República de fecha 18 de mayo de 2020, se ha hecho reconocimiento de aquellas horas de extensión a contrata que ejercían los 28 docentes al 11 de octubre de 2019 y que correspondieran a funciones de aula, directivas y técnico-pedagógicas. De la totalidad de los docentes, existen diferencias de horas de extensión a favor de 11 trabajadores. Por lo que CMDS procederá a realizar el cálculo respectivo de tales diferencias de horario a favor estos, con el fin de proceder al pago retroactivo de esas horas que comprenden desde el mes de octubre de 2019 a junio de 2020. Lo anterior, en un plazo de tres meses a contar del mes de julio del año en curso, atendido a que la CMDS ha tenido una rebaja importante de subvención escolar a partir de marzo de 2020, debido a la suspensión de clases por la pandemia de Covid-19, que impide realizar en un solo pago tales diferencias de remuneraciones. De esta forma, se indica que la Corporación Municipal ha tomado las acciones tendientes a restituir el imperio del derecho respecto a esta situación, y que, en virtud de los antecedentes latamente expuestos en el presente informe, existen motivos plausibles para litigar por parte de CMDS, a efectos de no ser condenada en costas. Ahora bien, respecto a 8 docentes existen pagos en exceso, quienes serán citados para obtener su aquiescencia y reintegrar lo pagado en forma indebida en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, esto es, hasta un máximo de 15% de la remuneración total de cada trabajador.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de los antecedentes expuestos por las partes, se desprende que lo alegado por la recurrente en el recurso Rol 2062-2020 corresponde a un supuesto acto arbitrario e ilegal de la Corporación recurrida consistente en aplicar de manera arbitraria e ilegal el artículo único de la Ley 21.176 en cuanto esta, no ha reconocido la titularidad de horas de extensión docente produciendo una disminución de las remuneraciones de los socios afiliados al sindicato recurrente. Por su parte, lo reprochado por la recurrente en el recurso Rol 2244-2020 es la rebeldía de la recurrida en reconocer a los actores la titularidad en su cargo conforme a los requisitos establecidos en la Ley 19.648, ya que a su juicio, se estaría beneficiando a un grupo de trabajadores en desmedro de los docentes asociados al sindicato.

SEXTO: Que atendido lo anterior, se advierte que la discusión de fondo exige determinar si los recurrentes tienen o no derecho a la titularidad en su cargo y la extensión horaria conforme a las normas citadas, controversia que por su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada a través de la presente acción cautelar, ya que esta no constituye una instancia declarativa de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados por una acción u omisión arbitraria o ilegal y por ende en situación de ser amparados, cuestión que no ocurre en la especie.

SÉPTIMO: Que tampoco procede en esta sede, fijar el alcance y sentido de las normas aplicables a la controversia entre las partes, cuestión que es privativa de los tribunales laborales, principalmente si el sustento fáctico de la acción impetrada descansa en una discriminación arbitraria en la aplicación de estas, respecto a los docentes asociados a la organización sindical, para lo cual nuestro legislador ha contemplado el procedimiento consagrado en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Finalmente, corrobora lo anterior, que los hechos planteados en el recurso Rol 2240-2020, ya fueron conocidos por el tribunal competente, en la causa Rit T-378-2019, en la que compareció el mismo abogado que deduce este recurso interponiendo denuncia de tutela de derechos fundamentales por practica antisindical en contra de la recurrida en autos, alcanzando las partes a instancias de Audiencia preparatoria un avenimiento, mediante el cual la Corporación de Desarrollo Municipal se obligó a finalizar la evaluación y selección de profesores para efectos de determinar al 30 de marzo de los corrientes la aplicación de la ley respecto a la titularidad de los cargos de todas las personas que se encuentren consignadas en la nómina acompañada a la denuncia, exceptuando sólo aquellos cuya relación laboral se rige por el Código del Trabajo.

OCTAVO: Que dicho acuerdo, fue aprobado por el tribunal, y por lo tanto, constituye un título ejecutivo de aquellos contemplados en el N° 2 del artículo 464 del Código del Trabajo, exigible según lo dispuesto en el artículo 465 y siguientes del mismo cuerpo normativo, resultando en definitiva competente para velar por su cumplimiento el Tribunal de Cobranza Laboral.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZAN, sin costas los recursos de protección deducidos por Ramón Alejandro Miranda Tapia, en representación del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Empresa CMDS Antofagasta en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2244-2020 VISTA CONJUNTA CON 2062-2020 (PROT)

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