nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Antofagasta, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, en representación de la nombre reservado, representada legalmente por nombre reservado, quien deduce Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente por dictar la Resolución Exenta N°38/ROL F-041-2016 de fecha 29 de agosto de 2022 que “Aprueba programa de cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. y suspende procedimiento administrativo en su contra”, vulnerando sus derechos del artículo 19 N°2, 8 y 24 de la Constitución Política de la República, para que se ordene paralizar la ejecución del programa de cumplimiento y se disponga la realización de un proceso de consulta indígena, en atención a lo estatuido por el artículo 6 letra a) del Convenio 169 de la OIT, con costas.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Requerida la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, informa al tenor del presente recurso.

En calidad de tercero comparece haciéndose parte SQM SALAR S.A.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que la Resolución Exenta N°38 que aprueba el Programa de Cumplimiento presentado por SQM Salar S.A., constituye un acto administrativo ilegal, toda vez que ni durante la tramitación del procedimiento ni tampoco previo a su dictación fue realizada una consulta indígena, trámite exigido expresamente por la ley y tratados internacionales, vulnerando de este modo el bloque de juridicidad al que se encuentra sujeta la Administración del Estado.

Refiere que en esta materia el Convenio 169 de la OIT establece una serie de normas y principios que tienen por objeto lograr una protección íntegra a los pueblos indígenas y tribales que habitan en países independientes. Convenio que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, del bloque de juridicidad. Sobre la vinculatoriedad del Convenio 169 se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia Rol N°25.619​-2020 de fecha 01 de junio de 2021 sosteniendo que el Convenio 169 de la OIT constituye un instrumento internacional vinculante para el Estado chileno y que, por su contenido, la consagración de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana constituye a su vez un límite para el ejercicio de la soberanía, todo en los términos establecidos por la Constitución Política de la República. Por lo que, siendo la nombre reservado una comunidad indígena constituida en conformidad a lo establecido por la Ley Indígena donde sus miembros pertenecen a la etnia atacameña es aplicable el Convenio 169 OIT.

Alega que previo a la dictación del Programa de Cumplimiento, la Superintendencia del Medio Ambiente omitió la realización de un proceso de consulta indígena, vulnerando con creces las disposiciones citadas del Convenio 169 de la OIT, particularmente el artículo 6 letra a) y, por cierto, el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, que establece un verdadero deber estatal de respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, consagrados en dicho instrumento.

Señala que la aprobación del Programa de Cumplimiento constituye un acto administrativo que permite al titular del proyecto, SQM Salar S.A., continuar ejecutando un proyecto minero que ha sido latamente cuestionado por autoridades y comunidades y dentro del que han sido develadas irregularidades de notable importancia.

Aduce que el programa de cumplimiento es un instrumento que el ordenamiento jurídico consagra en favor del titular del proyecto que incurre en infracción, otorgándole la posibilidad de enervar la sanción que corresponde aplicar, mientras retorne al cumplimiento de la normativa ambiental infringida y se haga cargo de los efectos perniciosos que la misma produjo, ya sea contendiéndolos, reduciéndolos o reparándolos.

Arguye que la Resolución Exenta N°38 es un acto administrativo que ampara la ejecución de un proyecto minero aprobado por una Resolución de Calificación Ambiental completamente caducada y que perpetúa la afectación del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Tomando en consideración su contenido y los efectos de su dictación, es evidente que dicha resolución constituye una medida administrativa susceptible de afectar a las comunidades atacameñas -especialmente a la recurrente-, que habitan y tienen derechos sobre el territorio en el que se ejecuta el proyecto minero que ha causado daño ambiental y perjuicios a sus derechos fundamentales. Debiendo realizarse previamente una consulta indígena que recogiera las observaciones y pareceres de la totalidad de las comunidades indígenas que fueran susceptibles de ser afectadas por la decisión.

Concluye que el Programa de Cumplimiento fue presentado por SQM Salar S.A. en el marco del procedimiento sancionatorio Rol F-041-2016, sustanciado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Procedimiento iniciado por haber constatado el órgano fiscalizador infracciones a la RCA N°226/2006, que califica el proyecto denominado "Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”. Resolución de calificación ambiental -acto administrativo de autorización- que la empresa ha utilizado desde hace más de una década para amparar la ejecución de actividades en el Salar de Atacama que, actualmente, son sustancialmente diversas a las planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado originalmente. Según consta del expediente sancionatorio, la Superintendencia del Medio Ambiente constató sobre extracción de salmuera, la afectación de algarrobos, la entrega de información incompleta a la autoridad, la ausencia de un Plan de Contingencia para el sistema Peine, la no realización de estudios de meteorología local y monitoreo de variables hidrogeológicas y la modificación de las variables consideradas en los Planes de Contingencia.

Solicita que se ordene la paralización inmediata de la ejecución del Programa de Cumplimiento, disponiendo la realización de un proceso de consulta indígena, en atención a lo estatuido por el artículo 6 letra a) del Convenio 169 de la OIT, con costas.

SEGUNDO: Que Benjamín Muhr Altamirano, abogado, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente ("SMA"), informa solicitando el rechazo del recurso, desde que la Superintendencia del Medio Ambiente no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, que pueda privar, perturbar o amenazar los derechos fundamentales de la Comunidad recurrente, porque la Resolución Exenta N°38/Rol F-041-2016 ("Resolución recurrida", "Res. Ex.N°38"), que aprobó el PDC de SQM Salar S.A fue dictada conforme a derecho.

Sostiene que la acción Constitucional es inidónea, ya que la vía establecida por el legislador para impugnar actos administrativos ambientales, son los recursos establecidos en la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales y en la Ley 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("LOSMA"). Además, actualmente existe reclamación en curso, ante el Ilustre Primer Tribunal Ambiental, Rol R-82-2022, en contra de la misma resolución que se busca impugnar por esta vía, lo que significa que las materias tratadas en la Res. Ex. N°38, ya están siendo revisadas por la judicatura ambiental, que es la vía idónea definida por el legislador para revisar las resoluciones de esta Superintendencia del Medio Ambiente.

Indica que la Superintendencia del Medio Ambiente mediante Res. Ex. N°38 resolvió aprobar, con correcciones de oficio, el Programa de Cumplimiento Refundido presentado por SQM Salar. S.A. con fecha 29 de septiembre de 2021, en el marco del procedimiento sancionatorio F-041-2016, seguido por esta Superintendencia, iniciado con fecha 28 de noviembre de 2016, mediante la Resolución Exenta N°1/ROL F-041-2016.

Relata que con fecha 21 de agosto de 2017, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°11/Rol N°F- 041-2016, mediante la cual, entre otras materias resueltas, otorgó el carácter de interesado al Consejo de Pueblos Atacameños y a la Comunidad Indígena Camar. También, mediante Resolución Exenta N°14/ Rol F-041-2016, del 16 de noviembre de 2017, se resolvió darle el carácter de interesado a la nombre reservado de Peine y a la nombre reservado de Toconao.

Luego de una serie de rondas de observaciones, con fecha 14 de septiembre de 2018, SQM Salar presentó un programa de cumplimiento refundido, con sus respectivos anexos. Así, con fecha 07 de enero de 2019, mediante Resolución Exenta N°24/Rol F-041-2016, se resolvió aprobar el programa de cumplimiento presentado por la empresa ("PDC"), incorporando las correcciones de oficio indicadas en el Resuelvo I de la resolución indicada y suspender el procedimiento administrativo sancionatorio Rol F-041-2016.

En contra de la resolución señalada, se interpusieron ante el Ilustre Primer Tribunal Ambiental las siguientes reclamaciones judiciales: (i) reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, con fecha 30 de enero de 2019; (ii) reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Atacameña de Camar, con fecha 31 de enero de 2019; y (iii) reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, con fecha 1 de febrero de 2019. Los recursos interpuestos, con diversos matices, solicitaban que se declarase la ilegalidad de la resolución recurrida, dejándola sin efecto y, además, se ordenase a la SMA iniciar un proceso de Consulta Indígena con respecto del PDC presentado por el titular. De esta forma, se dio inicio al procedimiento judicial Rol N°R-17-2019 (acumula causas Rol R-18-2019 y R-19-2019).

Mediante sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019, el Ilustre Primer Tribunal Ambiental resolvió las reclamaciones presentadas, acogiendo parcialmente la reclamación, en lo referido a la resolución de aprobación del PDC, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°24/Rol F-041-2016, de fecha 07 de enero de 2019, por considerar que la aprobación del PDC, no daba cumplimiento a los requisitos de integridad y eficacia exigidos por el D.S. N°30/2012, del Ministerio del Medio Ambiente. Ahora bien, respecto de la procedencia de la Consulta Indígena el Ilustre Tribunal Ambiental rechaza la reclamación.

De esta forma, lo alegado en esta instancia, es algo que ya ha sido discutido previamente, siendo resuelto por la judicatura ambiental, no siendo pertinente volver a plantear un conflicto, que ya ha sido resuelto.

Entonces, en mérito de lo resuelto por el I. Primer Tribunal Ambiental, con fecha 30 de julio de 2020, mediante la Resolución Exenta N°28/Rol F-041-2016, se resolvió incorporar al procedimiento sancionatorio F-041-2016 la sentencia del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, de fecha 26 de diciembre de 2019, dictada en causa rol R-17-2019 (acumula causas Rol R-18-2019 y R-19-2019); dejar sin efecto la Resolución Exenta N°24/Rol F-041-2016 y reiniciar el procedimiento sancionatorio F-041-2016. Por lo que el procedimiento se retrotrajo a su estado anterior a la aprobación del PDC, a saber, etapa de evaluación del PDC, considerándose la última versión de PDC refundido presentada por la empresa aquella de fecha 14 de septiembre de 2018.

De esta manera, después de distintas presentaciones mediante la Resolución Exenta N°38/Rol F-041-2016, de 29 de agosto de 2022, la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento Refundido presentado por SQM Salar. S.A. con fecha 29 de septiembre de 2021 ("PDCR"), suspendiendo el procedimiento administrativo sancionatorio Rol F-041-2016 seguido en contra de la empresa. Asimismo, se resolvió incluir correcciones de oficio.

Alega que el presente recurso de protección no es la vía idónea para recurrir en contra de una resolución que aprueba un programa de cumplimiento, dictada por la SMA, en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio reglado por el legislador, desde que la vía para conocer de impugnaciones en contra de una resolución dictada por la SMA es a través del recurso de reclamación de ilegalidad, del cual conocen los Tribunales Ambientales. Hipótesis de impugnación judicial efectivamente que ocurrió y se encuentra en tramitación actualmente, ya que con fecha 22 de septiembre de 2022, ingresó al Primer Tribunal Ambiental la reclamación R-82-2022, presentada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, donde se impugna la misma resolución respecto a la cual se recurre en estos autos, la Res. Ex. N°38/F-041-2016, que aprobó el PDC de SQM Salar S.A.

Agrega que la Comunidad Indígena de Coyo, no es parte del procedimiento administrativo sancionatorio que dio origen a la Res. Ex. N°38/ ROL F-041-2016, pudiendo haber hecho valer sus intereses en la sede donde precisamente se discutió sobre los hechos que son materia de este recurso de protección: en el procedimiento administrativo sancionatorio F-041-2016, seguido por esta Superintendencia del Medio Ambiente. Donde se discutió sobre la procedencia de consulta indígena. Al respecto, se pronunció la Resolución Exenta N°24/ROL F-041-2016, declarando que en la aprobación de acciones en un Programa de Cumplimiento, no corresponde realizar consulta indígena, porque este tipo de resolución administrativa no es de aquellas respecto a las cuales el legislador ordena la consulta, análisis que fue validado por el Primer Tribunal Ambiental.

Concluye que no es exigible la realización de un proceso de consulta indígena en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio y, mucho menos respecto de actos trámites, como lo es la aprobación del PDC, por expresa disposición del artículo 7° del Reglamento de Consulta, y que la procedencia de una Consulta Indígena es algo que ya ha sido discutido previamente, siendo resuelto por la judicatura ambiental, mediante la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019, del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, en la causa Rol R-17-2019, no siendo pertinente volver a plantear nuevamente esta alegación, que ya ha sido resuelto en el mismo caso, estableciendo la improcedencia de la Consulta Indígena, en el caso concreto.

TERCERO: Que consultada la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena informa que revisado el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas a cargo de la Corporación, se verifica que la comunidad indígena "nombre reservado" se constituyó el 15 de octubre de 1994, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el registro de con el N°5 que corresponde al número de personalidad jurídica inscrita en el Registro de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Calama, en la comuna de San Pedro de Atacama, que actualmente se encuentra constituida por 167 socios que conforman 80 grupos familiares, su Directorio a la fecha se encuentra vigente y registra su domicilio el Ayllú de Coyo, comuna de San Pedro de Atacama.

Añade que el Salar de Atacama se encuentra en la zona que forma parte del Área de Desarrollo Indígena ADI Atacama La Grande, creada por Decreto Supremo número 70 de fecha 10 de marzo de 1997 de MIDEPLAN, hoy Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En consecuencia, según lo establecido en el Art. 26 de la Ley número 19.253, en esta área los órganos de la administración del Estado deben focalizar su acción en beneficio del "desarrollo armónico" de los indígenas y sus comunidades.

CUARTO: Que nombre reservado y nombre reservado, ambos en representación de la sociedad SQM SALAR S.A, comparecen haciéndose parte en calidad de terceros independientes, en la presente causa, o en subsidio en calidad de terceros coadyuvantes, solicitando se desestime la acción constitucional de protección entablada por los recurrentes.

Señalan que conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Código de Procedimiento Civil, atendido el hecho que el Recurso de protección intentado en autos afecta intereses de su representada con independencia de aquellos que afectan a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), está plenamente justificada la concurrencia de esta parte como tercero, en tanto existe un derecho o interés jurídico comprometido en el mismo que afecta a SQM Salar S.A, desde que la Resolución Exenta N°38/Rol F-041—2016, que "aprueba Programa de Cumplimiento presentado por SQM Salar S.A y suspende procedimiento administrativo en su contra", de fecha 29 de agosto de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, atañe a su representada, en tanto se emite como consecuencia de un programa de cumplimiento propuesto por SQM Salar S.A., según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio del cual SQM Salar S.A. es parte, y que contiene distintas obligaciones y compromisos asumidos por SQM Salar S.A. y que a través de su cumplimiento, da por concluido dicho proceso sancionatorio.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, al dictar la Resolución Exenta N°38/ROL F-041-2016 de fecha 29 de agosto de 2022 que “Aprueba programa de cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. y suspende procedimiento administrativo en su contra”, omitiendo la realización de un proceso de consulta indígena.

OCTAVO: Que para resolver, se debe tener presente la normativa vigente aplicable en la especie. Así, en primer lugar, el artículo 6 del Decreto 236, que Promulga el Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, establece que; “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;(…)”.

Que posteriormente el artículo 15 de dicho convenio señala que “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

Por su parte, el artículo 2 del Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo social establece el deber de consulta, disponiendo; “La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento.”

Y en particular, en relación a cuáles son las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, el artículo 7 señala; “Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.

(…) Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

(…)Las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas no estarán sujetas a consulta, como sucede con aquellos actos que no producen un efecto material o jurídico directo respecto de terceros, como ocurre con los dictámenes, actos de juicio, constancia o conocimiento, así como los actos que dicen relación con la actividad interna de la Administración, como los nombramientos de las autoridades y del personal, el ejercicio de la potestad jerárquica o las medidas de gestión presupuestaria.”

De esta manera, para la procedencia de la consulta indígena, se requiere de un acto legislativo o administrativo susceptible de afectar directamente a un pueblo.

NOVENO: Que, igualmente, el Convenio 169 de la OIT citado, indica en su artículo 6 numeral 2: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Ratificado por el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena, el que añade la necesidad de realizar la consulta de acuerdo con los principios que establece el mismo cuerpo normativo en su Título II. Por lo que la consulta requiere ser oportuna, antecediendo a la medida susceptible de generar afectación directa, permitiendo una efectiva intervención sobre ella en su constitución, y no en su ejecución.

DÉCIMO: Que resulta entonces relevante determinar si el acto que se impugna por esta vía tiene el mérito de ser una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la comunidad recurrente, y que por tanto, la consulta indígena era un trámite necesario y obligatorio previo, cuya inobservancia deriva en ilegal y/o arbitral.

En este contexto, del tenor de la acción se desprende que lo que se impugna es la Resolución Exenta N°38/ROL F-041-2016 de fecha 29 de agosto de 2022 que “Aprueba programa de cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. y suspende procedimiento administrativo en su contra”, dictada a propósito de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019 del Primer Tribunal Ambiental en causa Rol R-17-2019 (acumula causas Rol R-18-2019 y R-19-2019), que deja sin efecto la Res. Ex. N.º 24/Rol F-041-2016, de 7 de enero de 2019, mediante la cual se aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. y se suspendió el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra. Así, con fecha 30 de julio de 2020, mediante Res. Ex. N.º 28/Rol F-041-2016, la Superintendencia del Medio Ambiente resolvió reiniciar el procedimiento sancionatorio F-041-2016, retrotrayendo el procedimiento a su estado anterior a la aprobación del PDC.

DÉCIMO PRIMERO: Que en este sentido guarda especial importancia lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en causa Rol R-17-2019, en sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019, que índice en estos antecedentes, en cuanto determina que de acuerdo con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador, no es procedente la Consulta Indígena.

"Quincuagésimo primero. Que, así las cosas, resulta que el procedimiento bajo el cual se sustancia el PdC sigue siendo de naturaleza sancionatoria ya que incluso la autoridad administrativa a cargo podría rechazarlo, reiniciando las etapas propias de dicho procedimiento. Lo anterior, como se ha señalado, no obsta a que para efectos de aprobar un Programa de Cumplimiento el proceso adopte una fase de índole colaborativo con el infractor y admita la intervención de terceros interesados, los cuales, sin embargo, no adquieren por esa sola intervención la prerrogativa de incidir en el ejercicio del lus Puniendi por parte de la Administración, el cual detenta un carácter indisponible para los particulares.

Quincuagésimo segundo. Que, de acuerdo a lo expuesto, no es posible admitir la consulta indígena dentro de un procedimiento sancionatorio toda vez que ésta resulta incompatible con los alcances y objetivos de este tipo de asuntos. En efecto, la consulta indígena se ha concebido como un mecanismo que posibilita el diálogo intercultural entre los organismos del Estado y los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente con determina da medida legislativa o administrativa, con el objeto de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento previo a la implementación de las mismas.

Este diálogo se debe desarrollar en un procedimiento que debe cumplir con determinadas características, a saber, debe ejecutarse de buena fe y ajustándose a las particularidades propias del pueblo indígena consultado. De esta forma el pueblo indígena afectado podrá incidir efectivamente antes de la dictación de la medida.

Quincuagésimo tercero. Que, en efecto, en la especie se ha permitido la intervención de terceros quienes formularon observaciones al PdC presentado por SQM Salar S.A., las cuales fueron debidamente consideradas por parte de la SMA durante toda la tramitación hasta su total aprobación. Que, sin embargo, pretender sostener que dicha intervención en calidad de terceros interesados les confiere el derecho a ser consultados por estimarse que sufren algún tipo de afectación con la conducta del infractor, implicaría desnaturalizar el objeto del aspecto colaborativo de dicha intervención, para transformarlo en uno de tipo dispositivo de una potestad exclusiva y excluyente del Estado".

DÉCIMO SEGUNDO: Que lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en causa Rol 17-2019, surge a propósito de las reclamaciones interpuestas por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, Comunidad Indígena Atacameña de Camar y por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, que entre otras cosas solicitaban ordenar a la Superintendencia de Medio Ambiente iniciar un proceso de Consulta Indígena respecto del Programa de Cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. aprobado con fecha 7 de enero de 2019.

DÉCIMO TERCERO: Que estos sentenciadores comparten el criterio establecido por el Primer Tribunal Ambiental en la sentencia en comento en cuanto; “(…) por su propia naturaleza el procedimiento sancionador presenta una estructura predominantemente unidireccional con el objeto de verificar la existencia o no de una infracción administrativa y su sanción correlativa. Es en esta estructura donde el infractor tiene la posibilidad de presentar un Programa de Cumplimiento, con el objeto de volver rápidamente al cumplimiento ambiental y evitar la imposición de una sanción, como asimismo, la posibilidad de intervención de aquellos interesados que puedan ver afectados sus derechos o intereses, individuales o colectivos, con la resolución que aprueba o rechaza dicho programa, como ha ocurrido en la especie.

Cuadragésimo octavo. Que, no obstante, estas alternativas de intervención, la naturaleza jurídica del procedimiento sigue siendo el mismo, esto es, sancionatorio, no mutando a otro de carácter no contravencional.

Cuadragésimo noveno. Que, lo anterior es así toda vez que tanto la imposición de una sanción administrativa como la aplicación de un instrumento de incentivo al cumplimiento, como es el caso del PdC, se enmarcan dentro del ejercicio del denominado Ius Puniendi estatal, potestad que en último término lo que persigue es el restablecimiento de la juridicidad que ha sido quebrantada.”

De esta manera, no cabe duda de que el procedimiento bajo el cual se sustancia el Programa de Cumplimiento no es susceptible de consulta indígena, desde que, para la procedencia de la consulta indígena es requisito que se trate de un acto legislativo o administrativo, hecho del cual carece el Programa de Cumplimiento al tener naturaleza sancionatoria.

En consecuencia, tratándose de un procedimiento sancionatorio en el ejercicio del Ius Puniendi del Estado, no es posible admitir la consulta indígena toda vez que ésta resulta incompatible con los alcances y objetivos de este tipo de asuntos, por lo que solo cabe rechazar el presente recurso por no existir actuación ilegal o arbitraria.

A mayor abundamiento es dable indicar que la comunidad recurrente como parte indirecta en el procedimiento sancionatorio, pretende por esta vía hacer valer peticiones incompatibles con aquello que se ha resuelto en la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019 del Primer Tribunal Ambiental en causa Rol R-17-2019 (acumula causas Rol R-18-2019 y R-19-2019) que se encuentra firme y ejecutoriada.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, en representación de la nombre reservado, representada legalmente por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°22.339-2022 (Protección).