nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS AHORROCOOP DIEGO PORTALES LTDA

Antofagasta, veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito, Rut N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, por vulnerar su derecho establecido en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó del recurso el recurrido, solicitando el rechazo de éste.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que con la entidad recurrida celebró dos contratos de crédito, con fechas 17 de enero y 12 de julio de 2023, por las sumas de $9.084.572 y $824.085, respectivamente, comprometiéndose al pago de cuotas que en conjunto ascendían a $224.111. Sin embargo, al revisar sus liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2024, constató que su remuneración líquida había disminuido significativamente, verificando la existencia de descuentos automáticos efectuados por su empleador a favor de la Cooperativa por el monto total de las cuotas. Señala que requirió tanto a la empresa empleadora como a la Cooperativa para que cesaran tales descuentos, recibiendo como respuesta que ello no era posible, configurándose así una privación ilegítima de parte de su remuneración mensual.

Sostiene que los descuentos practicados constituyen un acto arbitrario, por carecer de razonabilidad y justificación, e ilegal, por no haberse fundado en norma habilitante ni en consentimiento previo del afectado, vulnerando su derecho de propiedad sobre su sueldo, así como el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental. Aduce que no fue notificado de la medida, que esta fue ejecutada de manera intempestiva, y que constituye una forma de autotutela prohibida, mediante la cual la Cooperativa se apropia de parte de su remuneración sin resolución judicial ni autorización expresa.

En apoyo de su pretensión cita el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho al uso y goce de los bienes y prohíbe la privación de ellos sin ley previa ni justa indemnización, y el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que autoriza a las Cajas de Compensación a efectuar descuentos por créditos sociales únicamente cuando estos se realizan en forma oportuna, dentro del marco legal y con conocimiento del afiliado. A su juicio, el proceder de la recurrida constituye un uso abusivo de esta disposición, ya que no media comunicación ni acto administrativo que fundamente los descuentos, tratándose además de una cooperativa privada que no puede ejercer potestades de autotutela. Invoca además abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso, declarando que la Cooperativa de Ahorro y Crédito ha incurrido en acto ilegal y arbitrario, ordenando el cese inmediato de los descuentos por planilla practicados sobre su remuneración mensual; la devolución de las sumas ya descontadas con motivo de los créditos referidos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado José Antonio Díaz Lagos, solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

El recurrido parte señalando que el recurrente, tras interponer el recurso, suscribió un nuevo crédito con la misma cooperativa (N° 40029076, de 5 de marzo de 2025), pactando nuevamente la modalidad de descuento por planilla desde su pensión en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA). Tal conducta, afirma la defensa, desvirtúa la coherencia de su pretensión y activa la doctrina de los actos propios, pues si estimara ilegal el mecanismo de descuento no lo habría consentido nuevamente. Esta actuación posterior constituye una ratificación expresa del sistema de pago y descarta la existencia de perjuicio ilegítimo o de derecho indubitado.

En cuanto a la situación del recurrente, informa que es pensionado de DIPRECA, y socio N° RUT reservado de Ahorrocoop Ltda. Detalla que ha celebrado tres créditos con la cooperativa:

Crédito N° 20063973, de fecha 17 de enero de 2023, por $9.084.572, pagadero en 79 cuotas mensuales de $189.566, para el cual firmó pagaré y documento de “Aceptación de descuento DIPRECA”.

Crédito N° 40028735, de fecha 12 de noviembre de 2024, por $1.229.378, pagadero en 79 cuotas de $29.730, también autorizado mediante mandato de descuento por planilla contenido en el “Anexo 4” del contrato de crédito celebrado por vía remota.

Crédito N° 40029076, de fecha 5 de marzo de 2025, por $982.408, pagadero en 69 cuotas de $25.323, igualmente con mandato expreso de descuento por planilla.

Enfatiza que en los tres casos, el recurrente autorizó expresamente los descuentos y jamás los impugnó ni revocó válidamente conforme a derecho.

Hace presente que la revocación de este tipo de mandatos, se encuentra regulada en el artículo 18 del Decreto N° 43 del Ministerio de Economía (Reglamento de Créditos de Consumo), que dispone que la revocación solo produce efectos una vez extinguidas las obligaciones del consumidor y notificada la contraparte. Invoca el artículo 241 del Código de Comercio, que prohíbe la revocación arbitraria de mandatos cuando su ejecución interesa al mandatario o a terceros.

Sostiene que el mandato de descuento beneficia a ambas partes, ya que permite al socio obtener créditos en condiciones ventajosas y a la cooperativa asegurar la cobranza sin morosidad, reduciendo costos administrativos. Por tanto, el descuento no es ilegal ni arbitrario, sino el cumplimiento de un contrato válidamente celebrado.

En relación con los hechos del recurso, la cooperativa señala que el actor afirma haber detectado descuentos por $224.111 en su pensión durante agosto y septiembre de 2024 sin haber sido informado. No obstante, destaca que el descuento ya existía en liquidaciones anteriores y responde al cumplimiento de los créditos vigentes. Por lo anterior, califica como falsa y carente de sustento la alegación de que los descuentos fueran unilaterales, puesto que constan los mandatos firmados y la reiterada aceptación del sistema por parte del recurrente.

La defensa desarrolla varios fundamentos jurídicos para el rechazo del recurso, entre ellos afirma la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, ya que los descuentos están autorizados, se ajustan a la Ley General de Cooperativas (arts. 54 y 55) y a los topes de retención establecidos por DIPRECA. No existiendo vulneración del derecho de propiedad, sino ejercicio legítimo de una obligación contractual.

Además, alega la inexistencia de derecho indubitado, y la improcedencia de la vía de protección, dado que las controversias entre socios y cooperativas se resuelven conforme al artículo 114 de la Ley General de Cooperativas, esto es, mediante juicio sumario o arbitraje, no por una acción cautelar. Por último, sostiene que no existe privación ni perturbación del derecho de propiedad del actor (art. 19 N° 24 CPR), sino cumplimiento de un contrato vigente, libremente consentido.

En cuanto a lo solicitado por el recurrente, la cooperativa responde que no procede ordenar el cese de descuentos ni la devolución de sumas percibidas, ya que ello implicaría desconocer un contrato válido y producir un enriquecimiento sin causa. Rechaza también la condena en costas, señalando que no ha existido actuación ilícita y que tuvo motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, debe puntualizarse que la actora estimó como arbitrario e ilegal el descuento en el pago de las remuneraciones desde agosto de 2024, de lo correspondiente al crédito al que accedió por parte de la recurrida.

En concordancia con los antecedentes acompañados al proceso y de lo aseverado por ambas partes, es posible establecer como hechos ciertos que el recurrente accedió a un primer crédito de consumo otorgado por la recurrida en enero de 2023, por el monto de por $9.084.572, pagadero en 79 cuotas mensuales de $189.566. Luego, celebró un crédito el 12 de noviembre de 2024, por $1.229.378, pagadero en 79 cuotas de $29.730. Por último, el crédito de fecha 5 de marzo de 2025, por $982.408, pagadero en 69 cuotas de $25.323, igualmente con mandato expreso de descuento por planilla.

Pues bien, conforme se dispone en el artículo 58 del Código del Trabajo y las normas aplicables a las cooperativas, especialmente artículo 54 del DFL N°5 de 2003, es factible procederse al descuento por planilla de los montos que consienta el o la trabajador/a.

En este caso, de los documentos allegados por la recurrida se advierte de forma expresa que cuando adquirió los créditos, fue bajo modalidad “aceptación descuento DIPRECA” y “crédito-planilla”. Es más, en los documentos se detalla expresamente, “Podrá asegurarse el pago la obligación de que da cuenta el presente pagaré, a través del sistema de descuento por planilla protegido, para estos efectos, por los artículos 54 y 55 de la Ley General de Cooperativas.”

“(…) otorgo mandato expreso a mi actual y futuro empleador o empleadores, y entidades pagadoras de pensión para que descuente el pago de mis emolumentos mensuales, los dividendos correspondientes al presente crédito otorgado por la Cooperativa (…)”.

Tales documentos se encuentran individualizados bajo los datos de la recurrente, por lo que es dable concluir que se encuentra en conocimiento de la modalidad de ambos créditos contratados, esto es bajo descuento por planilla, conforme lo prevé la ley.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito, COOPEUCH.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2228-2024 (Protección)

2