nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Antofagasta, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Don Andrés Bruma Ortiz, abogado en representación convencional de doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Antofagasta, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de Tesorería General de La República, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos arbitrarios e ilegales cometidos por la recurrida, estimando vulneradas las garantías constitucional consagrada en los numerales 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando a las recurridas la devolución de las sumas retenidas indebidamente.

Evacuando informe los recurridos, solicitan el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone que el 27 de abril de 2019 procedió a realizar su declaración anual de renta en el portal del Servicio de Impuestos Internos, solicitando una devolución de impuestos ascendiente a la suma de $690.227, devolución que se materializaría el 17 de mayo de 2019 mediante depósito en su cuenta corriente. Agregando que el día 10 de mayo de 2019 revisó el portal del Servicio de Impuestos Internos y constató que su devolución por $690.227 había sido autorizada, sin embargo el día 17 de mayo no recibió ningún depósito, revisó el portal del Servicio de Impuestos Internos, percatándose que Tesorería General de la República había efectuado retención por $695.749, en razón de existir deuda de crédito universitario con la Universidad de Antofagasta y que dicha casa de estudios había solicitado la retención.

En cuanto a la acción ilegal o arbitraria, indica la recurrente que el sistema de Fondo Solidario de Crédito Universitario se encuentra regulado en la Ley N° 18.591 de 1987, modificada por las leyes N°s 19.287 y 19.848, y complementada por el decreto N° 938 de 1994 de educación, y que para efectos del cobro se debe cumplir con los requisitos legales establecidos, sin embargo en su caso jamás fue notificada conforme lo exige el Art. 5 del Decreto 297, por lo que tuvo conocimiento de la efectividad de la deuda, mucho menos su cuantía, y además en el sitio web del administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Antofagasta https://intranetua.uantof.cl/fscu/n index.asp no se publica ninguna nómina de deudores. Sumado a que la recurrente no pudo asistir a las oficinas del Administrador del Fondo Solidario pues atienden sólo en las mañanas y su trabajo no se lo permite.

En subsidio de lo anterior expone que conforme al artículo 7 de la ley N° 19.987 se establece que la exigibilidad de la deuda se hará efectiva después de 2 años desde su egreso en alguna institución superior, en la especie la recurrente cursó estudios en la carrera de “Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos" en la Universidad Arturo Prat (sede Antofagasta) la que pertenece al Consejo de Rectores, los que comenzaron durante el año 2015 y se extendieron hasta el año 2019, por lo que la ilegalidad es manifiesta.

En cuanto a la ilegalidad cometida por el recurrido Tesorería General de la República, conforme al artículo 8 de la Ley N°20.592, se requiere que el deudor tenga conocimiento previo y efectivo de la existencia de la deuda y su consecuencial morosidad, con anterioridad a cualquier cobro. En el caso concreto Tesorería procedió a realizar una retención de impuestos a todas luces improcedente.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas; respecto del artículo 19 N°24 reclama el derecho de propiedad sobre la devolución de impuestos solicitada conforme a la ley, el que solo puede ser privado en virtud de situaciones excepcionales. En cuanto a la garantía del artículo 19 N°2 considera que ha recibido un trato arbitrario y desigual por parte de las recurridas, quienes no han aplicado el marco legal exigible para operaciones tan sensibles como la retención de una devolución de impuestos. Y finalmente la garantía del artículo 19 N°3 indica que la conducta desplegada por ambas recurridas afecta su derecho a defensa y con ello su derecho a un racional y justo procedimiento, porque la retención ya practicada no le permite cuestionar su deuda ante la Tesorería General de la República que hace la retención.

SEGUNDO: Que nombre reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero de la Tesorería Regional de Antofagasta, informa al tenor del presente recurso, solicitando el rechazo por carecer de justificación fáctica y racional.

Manifiesta que la orden de retener la devolución de impuestos de la recurrente no ha sido en caso alguno ilegal y/o arbitrario, puesto que como la Ley N° 19.989 lo establece, deben retener cuando les ha sido mandatado hacerlo como, en la especie, así lo ordenó la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, sede Antofagasta, observando el procedimiento del reglamento de esta ley, contenido en el Decreto N° 297, del Ministerio de Educación, tratándose además de una deuda vigente de carácter universitaria, derivado precisamente de un crédito fiscal universitario, solventado por el fondo solidario cubierto por el Estado para apoyar el estudio universitario, administrado por la respectiva casa de estudio estatal.

TERCERO: Que don Eladio Cuadra Vacca, abogado, actuando en representación de la Universidad De Antofagasta, informa al tenor del presente recurso, solicitando el rechazo por los siguientes argumentos.

Manifiesta que el artículo 7° de la Ley N° 19.287, regula la exigibilidad del Fondo de Crédito Universitario en los siguientes términos “Si por cualquier causa el beneficiario no se matriculare por dos años consecutivos en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado, la obligación se hará exigible. Para estos efectos, se entenderá que los dos años vencen el 31 de diciembre de aquel en que efectivamente se cumplan”. Por lo que al ser eliminada la recurrente en febrero de 2012 por no tomar sus asignaturas, los dos años de plazo de exigibilidad computados conforme a la norma citada vencieron el 31 de diciembre de 2014, considerando que hasta a esa fecha no se había matriculado por dos años consecutivos en una institución de Educación superior reconocida por el Estado. Esta circunstancia de nueva matrícula según la confesión de la parte recurrente y los certificados acompañados en su recurso sólo se habría efectuado, sin dar aviso a la recurrida, durante el año 2015 al ingresar a Universidad Arturo Prat. Por lo que la deuda contraída con el Fondo Solidario Administrado por esta Casa de Estudios es completamente exigible.

Indica que la recurrente está en completo conocimiento de su situación, ya que según los registros informáticos de la oficina de Administración del Fondo, el día 12 de septiembre de 2012 concurrió a las oficinas donde fue atendida por funcionaria Técnico de Cobranzas a quien solicitó timbre hoja de ruta y se le explicó el procedimiento a seguir. Consultó también informalmente el año 2016, momento en que se produjo la última actualización de sus datos personales en la Universidad (24 de octubre de 2016). Por lo que desde el año 2018 se ha iniciado el proceso de cobro administrativo, incluso remitiéndole cartas por cobro de la cuota anual 2018 al último domicilio registrado en la ciudad de Coquimbo en los meses de febrero y agosto de 2018, y enviando correos electrónicos a la última dirección registrada.

En cuanto al cumplimientos de los requisitos legales, para efectos del cobro, la nómina de deudores estuvo en dependencias de la Universidad, además de ser publicada en el Consejo de Rectores, en cuanto a la notificación esta se realizó a través de Equifax, empresa que se ocupa del envío de correo certificado en estos trámites, se remitió la carta a la última dirección registrada ante la Universidad de domicilio reservado, mediante envío N° 8323414222257, carta efectivamente entregada el 12 de marzo de 2019 en domicilio. Además, a efectos de cumplir con el artículo 12 del Reglamento se envió por Oficio a la División de Educación Superior el 27 de marzo de 2019 la nómina completa de deudores a quienes se pediría retención a efectos que proceda a revisar el cumplimiento de requisitos ya mencionados.

CUARTO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

QUINTO: Que la recurrida Universidad Antofagasta, para acreditar la notificación, acompañó fotocopia del recibo de envío de una carta certificada a través de empresa Equifax de fecha 12 de marzo de 2019, en donde hay una constancia indicando que ninguna persona lo recibió. Junto con lo anterior se acompañó fotocopia sobre un correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2018, que aparece enviado a correo reservado en donde hace presente cuota adeudada. También se acompañó certificado de conformidad de fecha 11 de abril de 2019, emanado del Ministerio de Educación que da cuenta del cumplimiento de la normativa vigente, ordenando la remisión de la nómina de deudores a la Tesorería General de la República, en cumplimiento al Decreto 297 del 7 de agosto de 2009 del Ministerio de Educación, sobre el Reglamento que fija el procedimiento para la retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República.

SEXTO: Que en suma el recurrente invoca la privación de las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque Tesorería General de la República retuvo una suma determinada que correspondía a devolución de impuestos, porque conforme a la Ley 19.989 con relación a las Leyes 18.591, 19.287 y 19.848, como también al Decreto 938 del 13 de diciembre de 1994, que aprueba Reglamento de los artículos 2 y 4 de la Ley 19.287, tenía una deuda con una Universidad que cumpliendo la normativa solicitó la debida retención.

SÉPTIMO: Que debe dejarse constancia que además se reclamó vicios del procedimiento de retención invocándose el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que desde ya debe desestimarse, porque la garantía del debido proceso lógicamente no se incluye en esta protección. No obstante cualquier divergencia sobre el procedimiento y en especial sobre la notificación o el emplazamiento al deudor, hasta la fecha no se ha impugnado por las vías propias ante la autoridad correspondiente, de manera que ninguna consecuencia tiene para los efectos de la resolución de la presente cautelar.

OCTAVO: Que sobre las diferencias arbitrarias o ilegales y la conculcación del derecho de propiedad, desde ya debe rechazarse, porque la actuación de Tesorería lo ha sido en términos de las leyes mencionadas apoyándose en una certificación que justamente se le exige para estos efectos respecto de una deuda estudiantil en un periodo que permitía la retención en la forma que se ha efectuado, de manera que no es ésta la sede para discutir la procedencia o improcedencia de la medida administrativa adoptada por la Tesorería General de la República como consecuencia de un mandato legal, menos aún si en la audiencia no se cuestionó la existencia de la deuda.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin Costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Antofagasta, y en contra de Tesorería General de La República.

Regístrese y comuníquese.

ROL 2223-2019 (PROT)