nombre reservado con SUBSECRETARÍA DELINTERIOR

Antofagasta, a veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Camila Cortés Palma y Francisco González Sepúlveda, abogados en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N°RUT reservado en domicilio reservado de Antofagasta, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en contra de la Subsecretaría del Interior, pidiendo que se ordene a los recurridos que se pronuncien sobre la solicitud de regularización extraordinaria del actor, dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública evacuó el informe, solicitando su rechazo, con costas, ampliando posteriormente su informe.

Informó el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que el actor, motivado por la difícil situación de su país de origen, realizó un largo viaje vía terrestre atravesando países Colombia, Ecuador y Perú hasta llegar a Chile, viéndose obligado a ingresar por pasos no habilitados.

Señala que para regularizar su situación migratoria, el recurrente con fecha 3 de agosto de 2022 solicitó regularizar su situación de manera extraordinaria ante el Servicio Nacional de Migraciones para que este remitiera la documentación a la Subsecretaria del Ministerio de Interior, porque este último se encuentra con facultades expresas en el artículo 155 numeral 8 y 9 de la ley 21.325 para regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en la misma situación del actor, lo que consta de la solicitud realizada por este, la cual fue enviada por Correos de Chile a la Oficina de partes del Servicio Nacional de Migraciones.

Destaca que el recurrente, debido al excedido tiempo en resolver la solicitud se mantiene en un estado de incertidumbre y preocupación además de su deseo de postular a alguna oferta laboral.

Refiere que el recurrente realizó su declaración voluntaria de ingreso clandestino y también se empadronó, lo cual se encuentra acompañado en el primer otrosí de su presentación, añadiendo que hasta la fecha el recurrente no ha recibido ninguna comunicación por parte del Servicio Nacional de Migraciones en cuanto a haber remitido la información a la subsecretaria del Interior, para que este último resuelva la solicitud del actor, ya sea que otorgue o rechace la petición de regularización, manteniéndolo en una situación de preocupación e incertidumbre.

Explica que el SERMIG remite de manera interna las solicitudes de regularización a la Subsecretaria del Interior mediante oficios, lo cual en el caso de autos no ha ocurrido, siendo absolutamente arbitraria la no entrega de información por parte de la autoridad teniendo presente que a otros extranjeros que en la misma situación del recurrente, que han solicitado regularización, se le ha remitido la información de manera interna a la Subsecretaría del Interior para regularizar su situación migratoria, citando jurisprudencia.

Seguidamente se refirió a la admisibilidad del recurso de protección y tras ello a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado. Indicando que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada, pues desde la petición de fecha 5 de abril de 2024 hasta la presente fecha ha transcurrido un plazo de seis meses y once días, sin que el Servicio Nacional de Migraciones no haya remitido los antecedentes a la Subsecretaría del Interior y que por tanto las autoridades administrativas se hayan pronunciado sobre la solicitud formulada, citando jurisprudencia.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al consagrar, entre otros, los principios de celeridad y economía procedimental.

Por otra parte, sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito o fuerza mayor, pues, el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de nuestra constitución, por lo que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, añadiendo que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendido a debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura, citando jurisprudencia al efecto.

Seguidamente se refirió a la ausencia de un procedimiento reglado, enfatizando que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, añadiendo que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, añadiendo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes, enfatizando los principios de la ley 19.880, e indicando que los mismos se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurrente.

Por otro lado, se refirió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 y tras ello solicitó se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud del recurrente dentro de un plazo razonable, o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Felipe Cerda Sepúlveda, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Primeramente, se refirió a la normativa aplicable, destacando el artículo 24 de la Ley 21.325 en relación con el artículo 2 inciso 1 del Decreto Supremo N°296 de 2022, añadiendo que los extranjeros que solicitan la regularización de su condición migratoria o han ingresado irregularmente al territorio nacional o habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular, siendo la regularización migratoria en la actualidad una facultad de la autoridad y no una obligación.

Explica que la primera hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual es aquella referida en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8 de la Ley 21.325 los que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, hipótesis general aplicación con procesos reglados; mientras que la segunda hipótesis de regularización migratoria que contempla la norma es aquella del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325 que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer en casos excepcionales el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso.

Indica que es improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratoria efectuada por extranjeros al alero del artículo 155 N°8 de la Ley 21.325 ya que no existen procedimientos vigentes de general aplicación dispuestos por la autoridad para tales efectos.

Asevera que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario de la recurrente está actualmente en análisis ante el Servicio Nacional de Migraciones, ya que dicho organismo colabora con esa autoridad en la tramitación de ese tipo de requerimientos.

Seguidamente afirmó la impertinencia de la acción interpuesta al no existir motivos plausibles para litigar, al no existir una omisión arbitraria o ilegal, ya que el análisis exhaustivo está plenamente justificado, pues ello implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería; y asimismo, estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes mensuales de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por casos calificados o humanitarios.

Expresa que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es el recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente acogida, por lo que es improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de dicho beneficio significa que la persona extranjera ha incurrido en una o más contravenciones a la normativa migratoria.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento del beneficio mediante una acción de protección.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Más adelante ampliando su informe indicó que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente se encuentra, desde el 10 de diciembre de 2024, en sus últimas etapas de tramitación en la Subsecretaría del Interior, previo a que su autoridad superior suscriba el acto administrativo que la resuelve, por lo que una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

TERCERO: Que informó el abogado don Guillermo Quezada Bruzzone, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción y de la condena en costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por el recurrente.

Refiere que el actor ingresó al país por paso no habilitado, añadiendo que ese Servicio recibió una carta certificada, en que el recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Indica que por Oficio Ordinario N°64.043 de 4 de diciembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, esa autoridad remitió todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver ese tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior.

Expresa que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Señala que la contraparte ha solicitado formalmente a esa autoridad que regularice su condición migratoria en base a la facultad regulada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, correspondiendo la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha facultad además indelegable, de lo que se sigue que el Servicio Nacional de Migraciones carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por la parte recurrente, no obstante, en cumplimiento del inciso 2° del artículo 14 de la Ley N°19.880, esa autoridad ha remitido todos los antecedentes enviados por la contraparte a la Subsecretaría del Interior, órgano de la Administración del Estado competente para conocer y resolver ese tipo de solicitudes, precisando que al haber remitido el Servicio Nacional de Migraciones todos los antecedentes necesarios a la autoridad competente para que conozca del asunta y emita un acto decisorio, tampoco existe alguna labor pendiente de ser ejecutada por esa parte respecto a la solicitud realizada por la contraria, por lo que al solicitar derechamente la contraria al Servicio Nacional de Migraciones un pronunciamiento final sobre su solicitud de regularización migratoria, la presente acción deducida en contra de su parte debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esa autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección incoadas mediante esta acción constitucional, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria extraordinaria del recurrente, remitida al Servicio Nacional de Migraciones mediante carta certificada, con fecha 3 de agosto de 2022, como da cuenta el documento allegado por el actor; habiendo transcurrido más de dos años y cuatro meses a la fecha.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones, ello será rechazado, por cuanto dicha autoridad migratoria ha intervenido en el procedimiento, debido a su función colaborativa, recopilando y examinado los antecedentes de la solicitud del recurrente, con el fin de remitirlos a la autoridad encargada de resolver, lo que solo ha ocurrido con posterioridad a la interposición del presente recurso.

OCTAVO: Que, de lo informado por las recurridas y de los antecedentes que obran en la causa se ha podido evidenciar que no ha habido una respuesta definitiva a la petición del recurrente, quien sigue en un estado de incertidumbre con respecto al destino de su solicitud, la que se encuentra en tramitación pese al tiempo transcurrido.

NOVENO: Que, para resolver, se debe tener en consideración que la Ley N°19.980 regula los procedimientos administrativos y consagra entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8), los que en la especie aparecen infringidos. Estos principios encuentran consagración, además, en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que dispone que las solicitudes de residencia deben ser tramitadas en el más breve plazo. Asimismo, el Reglamento en su artículo 46 señala que el Servicio debe tramitar las solicitudes con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

En consecuencia, la infracción señalada se configura en este caso, pues lo esperable es que la Administración dé una respuesta expedita a los usuarios, sin afectar con indebidas dilaciones los derechos de las personas, de manera de hacer realidad los principios indicados.

Lo anterior, puesto que aun cuando ya ha transcurrido el plazo máximo para la conclusión del proceso administrativo, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, éste no ha terminado.

DÉCIMO: Que si bien es cierto que el plazo de seis meses no es fatal en los casos de excepción que la propia norma contempla y en este caso dicha excepción no se configura, ya que la solicitud aún se encuentra pendiente, evidenciando así la dilación alegada.

UNDÉCIMO: Que, se verifica el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, y finalmente la expedición del acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

En consecuencia, la demora en el procedimiento administrativo no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, vulnerando - además de los principios administrativos señalados - la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, otorgando un trato desigual al recurrente, motivo suficiente para acoger la acción deducida, en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por los abogados Camila Cortés Palma y Francisco González Sepúlveda, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, ordenándose que esta última repartición pública, dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, deberá dar respuesta definitiva a la solicitud del recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2222-2024 (PROT.)