nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, doce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Elio Olcese Rojas, abogado, en nombre de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber efectuado descuentos unilaterales en la remuneración del actor, solicitando que la recurrida se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, asimismo, pide el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustados hasta el momento de dicha devolución, con costas.

Informa la recurrida, al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso señalando que el 6 de abril de 2016 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito”, el cual fue pactado en 48 cuotas, venciendo la primera fecha el 30 de junio de 2016 y la última el 31 de mayo de 2020, cuyos pagos se efectuarían según el art. 22 de la ley 18.833, pero por causas ajenas a la voluntad del recurrente, transcurridos un par de meses, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, y en consecuencia los pagos realizados mediante descuentos por planillas dejaron de efectuarse. Añade que, tras diversas conversaciones, fue imposible para las partes llegar a un acuerdo sobre la forma de proseguir con el pago de las cuotas, por lo que el actor quedó en mora, y sabía que repactar la deuda lo dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales que en Derecho corresponda.

Refiere que a ello se suma que durante los últimos años el recurrente ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara monto alguno a través del sistema “Intercaja”, no obstante, y para total sorpresa del actor, en el mes de diciembre de 2025 recibió en su remuneración un descuento de $228.305, a través de un descuento de parte de Caja Los Andes por el crédito ya mencionado, lo que es un actuar antojadizo de la recurrida, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el art. 22 de la ley 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos, quedando el actor en un estado de total indefensión, pues luego de más de 5 años desde que la obligación cayó en mora, un porcentaje importante de su remuneración le será arrebatada de forma totalmente intempestiva arbitraria, vulnerando abiertamente el derecho de propiedad, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el art. 19 N°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Explica que el artículo 22 de la ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, pero dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, no pudiendo hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, resultando irracional, abusivo y arbitrario, que la recurrida haga uso del art. 22, sin previo aviso y sin que el actor tenga posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita, citando jurisprudencia.

Señala que el actor fue privado de su integra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, vulnerando con ello el art. 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; asimismo, pide, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustados hasta el momento de dicha devolución, con costas.

SEGUNDO: Que evacua informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, señala que esa Caja de Compensación el 6 de abril de 2016 otorgó a don nombre reservado el crédito código 030397113-0, por $3.770.195 con tasa de 2.16%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $130.460, cuyo primer vencimiento fue el 30.06.2016.

Asevera que las cuotas de junio de 2016 a diciembre de 2018 (1 a 31), se pagaron regularmente durante el periodo 07.07.2016 al 10.01.2019 y las cuotas de enero y febrero de 2019 (32 y 33), se pagaron con fecha 20.01.2020 y 10.02.2020, encontrándose las cuotas restantes en mora.

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor según el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Añade que su parte se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, agregando que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho, por lo que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible, a lo que ha de agregarse que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, por lo que mal puede el recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su parte a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento, por lo que su parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Afirma que, no obstante, lo indicado y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Explica que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, y su parte dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, por lo que su parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su parte ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados, citando jurisprudencia.

Termina solicitando rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras.

TERCERO: Que, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado. En este sentido, en principio el descuento de las remuneraciones cuestionado se ha realizado al amparo de la ley y conforme a los contratos suscritos por las partes, siendo el cuestionamiento si el actuar de la recurrida una vez demandado excede el marco de dicha autorización.

SEXTO: Que, debe puntualizarse que el actor, en el presente arbitrio, estimó como arbitrario e ilegal el descuento en el pago de la remuneración de diciembre de 2025, aludiendo a un crédito que solicitó el 6 de abril de 2016 pagadero en 48 cuotas sin especificar su monto.

A su turno, la recurrida, sin reconocer la extinción de la deuda, afirmó que dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, añadiendo, asimismo, que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio que el citado artículo 22 de la Ley N°18.833, autoriza el descuento por planilla de los montos provenientes de créditos sociales, deuda que en la especie no ha sido judicializada y cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, lo cierto es que, sobre la base de lo informado por la recurrida, no existe a la sazón cautela urgente que adoptar, ni se advierte en razón de ello la conculcación de la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razones por las que se rechazará el recurso de protección interpuesto, según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Elio Olcese Rojas en favor de don nombre reservado, en contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº2218-2025 (Protección)